CAN DOMENGEPor los perjuicios en la adjudicación del solar
Europa Press | Palma
Flaquer, presidente de UM/Alberto Vera
La jueza que instruye el caso Can Domenge ha impuesto una fianza de responsabilidad civil que asciende a 38.558.074 millones de euros al presidente de UM e imputado Miquel Àngel Flaquer, a los también encausados Francisco Ferrà (de Construcciones Ferrà Tur), y Mario Sanz y Joan Maria Pujals (de Sacresa Terrenos Promoción), y a las empresas que representan, adjudicatarias de los terrenos de Can Domenge por un precio muy inferior al del mercado en el concurso convocado en 2006 por el Consell de Mallorca y que en la actualidad se encuentra bajo investigación judicial.
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 12, Mari Carmen González, establece en su auto que la fianza solidaria va dirigida así a asegurar las responsabilidades pecuniarias por los perjuicios derivados de la resolución del concurso. Además, establece un plazo de 24 horas para que puedan hacerla efectiva ya que, de sobrepasar este tiempo, se procederá al embargo de bienes para cubrir las responsabilidades.
Por el momento, desde la mercantil Ferrà Tur están estudiando interponer un recurso contra la caución, en forma o en apelación, tal y como apuntaron fuentes de su defensa.
Cabe recordar que las investigaciones giran en torno a las presuntas irregularidades cometidas durante la enajenación de los solares, que fueron adjudicados por 30 millones de euros cuando en la fecha de la licitación estaban valorados en 57.837.107 euros, según las tasaciones que se realizaron al margen del proceso. Es por ello que, según consta en el auto, el perjuicio causado asciende a 28.918.553 euros.
La resolución judicial señala que a raíz de las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento, hay indicios de que los adjudicatarios del concurso, Sacresa Terrenos Promoción y Construcciones Ferrà Tur, pudieron haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude de la administración, al haber adquirido un bien inmueble propiedad del Consell por un precio "muy inferior" al del mercado "mediante el artificio de poner un precio máximo a la enajenación, sin perjuicio de la ulterior calificación de los hechos".
Fue el pasado 28 de agosto cuando, tal y como señala el auto, el Ministerio Fiscal solicitó la apertura de una pieza separada por responsabilidades pecuniarias y se requiriese a Flaquer, Ferrà y Sanz que prestasen una fianza de 40 millones de euros, así como a las mercantiles Ferrà Tur y Sacresa. Esa misma fecha se acordó incoar la pieza de responsabilidad civil.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de la querella interpuesta por Núñez y Navarro, que no se llevó el concurso pese a ofrecer el doble que lo aportado por Sacresa, y que precisamente, ha presentado un escrito ante el Juzgado para solicitar que el procedimiento se eleve al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), debido al aforamiento de los también imputados Miquel Nadal, ex vicepresidente del Consell, y Bartomeu Vicens, ex conseller insular de Territorio.
En concreto, la querella iba dirigida contra el anterior equipo de gobierno insular, liderado por Maria Antònia Munar, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y revelación de secretos oficiales, ya que, "conscientes de las circunstancias, votaron a favor de la adjudicación del expediente de contratación", así como contra "aquellas personas que aparezcan como intervinientes en la comisión de los delitos", tal y como recuerda la resolución.
ELMUNDO.ES
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 12, Mari Carmen González, establece en su auto que la fianza solidaria va dirigida así a asegurar las responsabilidades pecuniarias por los perjuicios derivados de la resolución del concurso. Además, establece un plazo de 24 horas para que puedan hacerla efectiva ya que, de sobrepasar este tiempo, se procederá al embargo de bienes para cubrir las responsabilidades.
Por el momento, desde la mercantil Ferrà Tur están estudiando interponer un recurso contra la caución, en forma o en apelación, tal y como apuntaron fuentes de su defensa.
Cabe recordar que las investigaciones giran en torno a las presuntas irregularidades cometidas durante la enajenación de los solares, que fueron adjudicados por 30 millones de euros cuando en la fecha de la licitación estaban valorados en 57.837.107 euros, según las tasaciones que se realizaron al margen del proceso. Es por ello que, según consta en el auto, el perjuicio causado asciende a 28.918.553 euros.
La resolución judicial señala que a raíz de las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento, hay indicios de que los adjudicatarios del concurso, Sacresa Terrenos Promoción y Construcciones Ferrà Tur, pudieron haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude de la administración, al haber adquirido un bien inmueble propiedad del Consell por un precio "muy inferior" al del mercado "mediante el artificio de poner un precio máximo a la enajenación, sin perjuicio de la ulterior calificación de los hechos".
Fue el pasado 28 de agosto cuando, tal y como señala el auto, el Ministerio Fiscal solicitó la apertura de una pieza separada por responsabilidades pecuniarias y se requiriese a Flaquer, Ferrà y Sanz que prestasen una fianza de 40 millones de euros, así como a las mercantiles Ferrà Tur y Sacresa. Esa misma fecha se acordó incoar la pieza de responsabilidad civil.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de la querella interpuesta por Núñez y Navarro, que no se llevó el concurso pese a ofrecer el doble que lo aportado por Sacresa, y que precisamente, ha presentado un escrito ante el Juzgado para solicitar que el procedimiento se eleve al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), debido al aforamiento de los también imputados Miquel Nadal, ex vicepresidente del Consell, y Bartomeu Vicens, ex conseller insular de Territorio.
En concreto, la querella iba dirigida contra el anterior equipo de gobierno insular, liderado por Maria Antònia Munar, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y revelación de secretos oficiales, ya que, "conscientes de las circunstancias, votaron a favor de la adjudicación del expediente de contratación", así como contra "aquellas personas que aparezcan como intervinientes en la comisión de los delitos", tal y como recuerda la resolución.
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