* El PP cree que los socialistas usan la Fiscalía en su beneficio
Miguel Cabrera | Almería
El PSOE de Almería anunció este martes, en la sede provincial del partido y en primicia informativa, que la Fiscalía ha imputado al alcalde de Sorbas y portavoz del Partido Popular en la Diputación, José Fernández, por un delito de prevaricación. El PSOE hacía pública la noticia así, antes incluso de que el propio afectado la conociera, según denunció luego el PP.
El anuncio fue comunicado en una rueda de prensa convocada por el secretario de Relaciones Institucionales y Política Municipal del PSOE de Almería, Juan Antonio Segura Vizcaíno, y también asistió el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sorbas, Francisco Pérez, quienes pidieron la dimisión de José Fernández, que se enfrenta, como informaron pormenorizadamente, a una petición fiscal de seis meses de prisión y siete años de inhabilitación para cargo público por autorizar la construcción de tres viviendas sobre suelo no urbanizable y protegido de Sierra de Cabrera.
Al margen de esta imputación, la sorpresa e inquietud para el Partido Popular se produce por lo que considera otra posible utilización de la Fiscalía por parte del Partido Socialista, que ha dado a conocer una acusación que hasta el momento desconocía el propio afectado.
Garantías procesales
El portavoz del PP de Almería, Francisco Góngora, aseguró que la información facilitada por Segura Vizcaíno «induce a pensar que no se están respetando las garantías procesales», y por lo tanto el PSOE estaría utilizando de nuevo a la Fiscalía en beneficio propio. «Mientras Fernández aún no sabe nada, los socialistas ya disponen del escrito de acusación», denunció el PP.
La utilización de esta 'noticia' está clara para los populares desde el momento en que el PSOE convocó a bombo y platillo una rueda de prensa para hacerla pública en los medios de comunicación. No obstante, el portavoz socialista en Sorbas afirmó que el alcalde sí conocía su imputación, y añadió que desde que la supo «no ha dado ninguna licencia, pues al parecer no quiere que se den casos similares».
Además, el PSOE exigió la dimisión del alcalde popular y puso como ejemplo y antecedente el hecho de que los socialistas almerienses sí ‘obligaran’ a dimitir al que fuera concejal socialista en Lubrín Juan López Camacho, por su imputación por un presunto delito de prevaricación.
Respaldo del PP
No obstante, Francisco Góngora respaldó al imputado afirmando: «Fernández es honesto y trabajador, pero lo único que le interesa al PSOE es meter ruido para intentar silenciar su trabajo al frente del Ayuntamiento y de la oposición en la Diputación almeriense».
El escrito de acusación contra el alcalde de Sorbas hecho público por el PSOE atribuye a José Fernández un presunto delito de prevaricación que extiende al técnico municipal Pablo Antonio L.G. Para ambos solicita una multa de 14 meses a razón de 12 euros.
El afectado, José Fernández, se defendió de las imputaciones asegurando que desconocía que el lugar para el que el Ayuntamiento concedió licencia para construir viviendas estuviera protegido y aseguró que para aceptar la concesión se basó en los informes técnicos, que así lo aconsejaban. «Yo tenía el visto bueno de los técnicos y creo que hizo lo que hubiera hecho cualquier alcalde», se defendió.
ELMUNDO.ES
El anuncio fue comunicado en una rueda de prensa convocada por el secretario de Relaciones Institucionales y Política Municipal del PSOE de Almería, Juan Antonio Segura Vizcaíno, y también asistió el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sorbas, Francisco Pérez, quienes pidieron la dimisión de José Fernández, que se enfrenta, como informaron pormenorizadamente, a una petición fiscal de seis meses de prisión y siete años de inhabilitación para cargo público por autorizar la construcción de tres viviendas sobre suelo no urbanizable y protegido de Sierra de Cabrera.
Al margen de esta imputación, la sorpresa e inquietud para el Partido Popular se produce por lo que considera otra posible utilización de la Fiscalía por parte del Partido Socialista, que ha dado a conocer una acusación que hasta el momento desconocía el propio afectado.
Garantías procesales
El portavoz del PP de Almería, Francisco Góngora, aseguró que la información facilitada por Segura Vizcaíno «induce a pensar que no se están respetando las garantías procesales», y por lo tanto el PSOE estaría utilizando de nuevo a la Fiscalía en beneficio propio. «Mientras Fernández aún no sabe nada, los socialistas ya disponen del escrito de acusación», denunció el PP.
La utilización de esta 'noticia' está clara para los populares desde el momento en que el PSOE convocó a bombo y platillo una rueda de prensa para hacerla pública en los medios de comunicación. No obstante, el portavoz socialista en Sorbas afirmó que el alcalde sí conocía su imputación, y añadió que desde que la supo «no ha dado ninguna licencia, pues al parecer no quiere que se den casos similares».
Además, el PSOE exigió la dimisión del alcalde popular y puso como ejemplo y antecedente el hecho de que los socialistas almerienses sí ‘obligaran’ a dimitir al que fuera concejal socialista en Lubrín Juan López Camacho, por su imputación por un presunto delito de prevaricación.
Respaldo del PP
No obstante, Francisco Góngora respaldó al imputado afirmando: «Fernández es honesto y trabajador, pero lo único que le interesa al PSOE es meter ruido para intentar silenciar su trabajo al frente del Ayuntamiento y de la oposición en la Diputación almeriense».
El escrito de acusación contra el alcalde de Sorbas hecho público por el PSOE atribuye a José Fernández un presunto delito de prevaricación que extiende al técnico municipal Pablo Antonio L.G. Para ambos solicita una multa de 14 meses a razón de 12 euros.
El afectado, José Fernández, se defendió de las imputaciones asegurando que desconocía que el lugar para el que el Ayuntamiento concedió licencia para construir viviendas estuviera protegido y aseguró que para aceptar la concesión se basó en los informes técnicos, que así lo aconsejaban. «Yo tenía el visto bueno de los técnicos y creo que hizo lo que hubiera hecho cualquier alcalde», se defendió.
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