Vendedores y clientes en una foto de archivo de Mercasevilla, empresa de gestión municipal.REUTERS-JUAN J. BORRERO. SEVILLA
El PP sospecha que en el escándalo de las comisiones exigidas por directivos de Mercasevilla a empresarios de hostelería, que desde mayo investiga la juez Mercedes Alaya, hay una trama que implicaría en estas prácticas no sólo al Ayuntamiento hispalense, como gestor de la empresa pública, sino también a la Junta de Andalucía. Los populares, tras el acoso sufrido por el «caso Gürtel», difundirán la prueba básica del caso, la grabación de una conversación en la que dos directivos de la empresa municipal exigen a dos empresarios el pago de 450.000 euros a cambio de asegurarles la gestión de una escuela de hostelería subvencionada con 900.000 euros por la Consejería de Empleo. El miércoles el diputado del PP Ricardo Tarno preguntará al ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, por el caso Mercasevilla en la sesión de control al Gobierno.
«Pasividad» de la Fiscalía
Desde que estalló el caso tras informar ABC el 31 de marzo de la investigación abierta por la Fiscalía, los populares han sospechado de que se trata de una trama de corrupción que va mucho más allá de los cuatro imputados actuales, dos directivos a los que el PSOE retiró su militancia, una trabajadora de Mercasevilla y el delegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía, que sigue en el cargo. Eso llevó el 24 de abril al parlamentario y portavoz municipal del PP, Juan Ignacio Zoido, a trasladar el asunto al juzgado de guardia, por la «pasividad» con la que la Fiscalía se había hecho cargo, precisamente a través de una denuncia formulada por la propia Junta andaluza. Y es que el origen de la grabación que destapó el caso se encuentra en la recomendación que un colaborador del entonces consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, hizo a los empresarios afectados cuando en febrero éstos le comentaron que un directivo de Mercasevilla les había pedido comisión por lograr el proyecto: 150.000 euros para la toma eléctrica de la escuela de hostelería y otros 300.000 en un maletín que dejarían olvidado en un despacho.
El asesor de la Junta recomendó a los empresarios grabar una segunda conversación, que llegó a la Consejería de la Presidencia dos meses antes de que Zarrías dejara la Junta de Andalucía para acompañar a su jefe, Manuel Chaves, en su nuevo destino. La grabación fue puesta a disposición de la Fiscalía que en dos meses se limitó a pedir su trascripción y el interrogatorio de los implicados.
La denuncia del PP en el Juzgado activó el caso. Las investigaciones han demostrado graves anomalías contables, despilfarro y gastos injustificados en la gestión de Mercasevilla y en su fundación y apuntan además a presuntas irregularidades en la concesión de un gran proyecto inmobiliario al grupo Sando por parte del Ayuntamiento de Sevilla. Para el PP, tanto el alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, a la sazón presidente de Mercasevilla, como su primer teniente de alcalde, el comunista Antonio Rodrigo Torrijos, responsable político directo de la empresa pública, tenían que tener conocimiento de los hechos.
Además, el juzgado investiga la relación entre todas las subvenciones recibidas por Mercasevilla de la Junta, así como las donaciones recibidas por la fundación de la empresa municipal, que a la vista de los primeros datos recibió distintas cantidades de entidades o particulares previamente beneficiadas.
En la investigación ha surgido también la figura de Juan Lanzas, ex sindicalista jiennense vinculado al círculo de Zarrías, que participó como «asesor» de Mercasevilla tanto en conseguir la subvención de la escuela de hostelería como en la regulación de empleo aprobada en 2007 para la empresa pública. En la grabación citada, el director de Mercasevilla, Fernando Mellet, apunta a que también él tuvo que pagar una comisión por conseguir el ERE. Lanzas aseguró a ABC contar con buenos contactos en la Junta andaluza. La juez ha ordenado investigar a Lanzas, quien para los populares es una pieza clave para ratificar una trama de comisiones ilegales que implicaría a altos cargos socialistas.
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Teoría y práctica de una comisión ilegal
Los populares preguntarán a Chaves en el Congreso por la actuación del Gobierno central en el caso
ABC-ES
«Pasividad» de la Fiscalía
Desde que estalló el caso tras informar ABC el 31 de marzo de la investigación abierta por la Fiscalía, los populares han sospechado de que se trata de una trama de corrupción que va mucho más allá de los cuatro imputados actuales, dos directivos a los que el PSOE retiró su militancia, una trabajadora de Mercasevilla y el delegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía, que sigue en el cargo. Eso llevó el 24 de abril al parlamentario y portavoz municipal del PP, Juan Ignacio Zoido, a trasladar el asunto al juzgado de guardia, por la «pasividad» con la que la Fiscalía se había hecho cargo, precisamente a través de una denuncia formulada por la propia Junta andaluza. Y es que el origen de la grabación que destapó el caso se encuentra en la recomendación que un colaborador del entonces consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, hizo a los empresarios afectados cuando en febrero éstos le comentaron que un directivo de Mercasevilla les había pedido comisión por lograr el proyecto: 150.000 euros para la toma eléctrica de la escuela de hostelería y otros 300.000 en un maletín que dejarían olvidado en un despacho.
El asesor de la Junta recomendó a los empresarios grabar una segunda conversación, que llegó a la Consejería de la Presidencia dos meses antes de que Zarrías dejara la Junta de Andalucía para acompañar a su jefe, Manuel Chaves, en su nuevo destino. La grabación fue puesta a disposición de la Fiscalía que en dos meses se limitó a pedir su trascripción y el interrogatorio de los implicados.
La denuncia del PP en el Juzgado activó el caso. Las investigaciones han demostrado graves anomalías contables, despilfarro y gastos injustificados en la gestión de Mercasevilla y en su fundación y apuntan además a presuntas irregularidades en la concesión de un gran proyecto inmobiliario al grupo Sando por parte del Ayuntamiento de Sevilla. Para el PP, tanto el alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, a la sazón presidente de Mercasevilla, como su primer teniente de alcalde, el comunista Antonio Rodrigo Torrijos, responsable político directo de la empresa pública, tenían que tener conocimiento de los hechos.
Además, el juzgado investiga la relación entre todas las subvenciones recibidas por Mercasevilla de la Junta, así como las donaciones recibidas por la fundación de la empresa municipal, que a la vista de los primeros datos recibió distintas cantidades de entidades o particulares previamente beneficiadas.
En la investigación ha surgido también la figura de Juan Lanzas, ex sindicalista jiennense vinculado al círculo de Zarrías, que participó como «asesor» de Mercasevilla tanto en conseguir la subvención de la escuela de hostelería como en la regulación de empleo aprobada en 2007 para la empresa pública. En la grabación citada, el director de Mercasevilla, Fernando Mellet, apunta a que también él tuvo que pagar una comisión por conseguir el ERE. Lanzas aseguró a ABC contar con buenos contactos en la Junta andaluza. La juez ha ordenado investigar a Lanzas, quien para los populares es una pieza clave para ratificar una trama de comisiones ilegales que implicaría a altos cargos socialistas.
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