María Rionegro | Sevilla
Las irregularidades en la gestión de Mercasevilla podrían abrir una tercera vía de investigación en el caso. Ésa es, al menos, la intención del Partido Popular. Primero fue la presunta petición de comisiones ilegales, después la venta de los suelos a Sando –que la propia juez calificó de «ilegal»– y ahora los presuntos delitos societarios por parte de la dirección de la empresa pública. Éste es el nuevo horizonte judicial que se ha marcado el PP tras las anomalías detectadas por una auditoría en la administración de Mercasevilla.
Pero antes de acudir de nuevo a los juzgados, los 'populares' quieren contar con la unanimidad del gobierno municipal al completo. El portavoz del PP, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado que su formación llevará al próximo pleno una propuesta para que toda la corporación local, con Alfredo Sánchez Monteseirín a la cabeza, se una a denunciar por la vía penal la presunta comisión de delitos societarios por parte de los directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, ya imputados en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 6.
En busca del respaldo institucional
La oposición tan sólo busca el respaldo institucional, ya que, de ser rechazada, el PP acudirá por segunda vez en solitario a los juzgados para denunciar la trama de «irregularidades» en el seno de Mercasevilla. Zoido respaldó su acusación sobre Mellet y Ponce en los artículos 290 y siguientes –hasta 297– del Código Penal, donde se recoge que «los administradores de una sociedad que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses».
Para Zoido, estos nuevos datos, «constitutivos de delito», podrían ampliar la investigación judicial que instruye la juez Mercedes Alaya, ya que el informe de la auditoría «abre un abanico de posibles actividades ilícitas en el seno de Mercasevilla más allá de los hechos ya denunciados» por la grabación que dos empresarios, presuntamente extorsionados por la dirección de Mercasevilla, aportaron a la causa judicial.
«El Ayuntamiento hispalense debe actuar ante los datos irregulares que arroja la auditoría». Con esta sentencia, Zoido confió en el compromiso de Monteseirín de denunciar a Mellet y a Ponce ante un panorama de gestión «en el que la irregularidad era la costumbre y en la que se enumeran comportamientos que encajan en la tipología descrita en los artículos 290 a 297 enmarcadas en el Capítulo XIII relativo a los delitos societarios».
Además
* El ministro dice que la ley se cumple en el 'caso Mercasevilla'
ELMUNDO.ES
Pero antes de acudir de nuevo a los juzgados, los 'populares' quieren contar con la unanimidad del gobierno municipal al completo. El portavoz del PP, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado que su formación llevará al próximo pleno una propuesta para que toda la corporación local, con Alfredo Sánchez Monteseirín a la cabeza, se una a denunciar por la vía penal la presunta comisión de delitos societarios por parte de los directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, ya imputados en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 6.
En busca del respaldo institucional
La oposición tan sólo busca el respaldo institucional, ya que, de ser rechazada, el PP acudirá por segunda vez en solitario a los juzgados para denunciar la trama de «irregularidades» en el seno de Mercasevilla. Zoido respaldó su acusación sobre Mellet y Ponce en los artículos 290 y siguientes –hasta 297– del Código Penal, donde se recoge que «los administradores de una sociedad que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses».
Para Zoido, estos nuevos datos, «constitutivos de delito», podrían ampliar la investigación judicial que instruye la juez Mercedes Alaya, ya que el informe de la auditoría «abre un abanico de posibles actividades ilícitas en el seno de Mercasevilla más allá de los hechos ya denunciados» por la grabación que dos empresarios, presuntamente extorsionados por la dirección de Mercasevilla, aportaron a la causa judicial.
«El Ayuntamiento hispalense debe actuar ante los datos irregulares que arroja la auditoría». Con esta sentencia, Zoido confió en el compromiso de Monteseirín de denunciar a Mellet y a Ponce ante un panorama de gestión «en el que la irregularidad era la costumbre y en la que se enumeran comportamientos que encajan en la tipología descrita en los artículos 290 a 297 enmarcadas en el Capítulo XIII relativo a los delitos societarios».
Además
* El ministro dice que la ley se cumple en el 'caso Mercasevilla'
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