LAS DECLARACIONES INCORPORADAS AL SUMARIO DEL 'CASO GÜRTEL'La red de corrupción traspasó supuestamente 420.000 euros a los populares
Francisco Camps, el viernes en un acto del PP celebrado en la paza de toros de Valencia - JORDI VICENT
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid -
La investigación judicial de la trama de empresas que dirigía Francisco Correa apenas ha seguido el hilo de la supuesta financiación ilegal del PP pese a los indicios aparecidos en la documentación incautada a la red corrupta. Un testimonio conocido ahora, el de José Luis Izquierdo, contable de las principales empresas de Correa, arroja alguna luz sobre estas supuestas prácticas. En marzo pasado, Izquierdo declaró que algunos apuntes de la caja B -en dinero negro- de la presunta red de corrupción, que él controlaba personalmente, correspondían a supuestos pagos al PP de Valencia, según figura en un informe del sumario al que ha tenido acceso EL PAÍS. La dirección de los populares valencianos niega tales pagos.
Fran
cisco Camps OrtizA FONDO
Nacimiento:
28-08-1962
Lugar:
Valencia
Fran
cisco CorreaA FONDO
PP
(Partido Popular)
A FONDO
Sede:
Madrid (España)
La operación apunta a una supuesta financiación ilegal del partido de Camps
La Generalitat pudo "direccionar" los concursos públicos, según un informe
El contable Izquierdo aclaró a la policía un apunte donde se reflejaba una entrada de fondos de origen desconocido por un millón de euros y una salida de 420.000 a PPVLC, y afirmó que esta última cantidad correspondía a un pago para "algo relacionado con el Partido Popular de Valencia".
La investigación, según figura en el informe incorporado al sumario, considera que "no existe ninguna lógica en el traspaso de 420.000 euros de la trama corrupta hacía el PP de Valencia, ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas por Francisco Correa se deriva a una formación política que no debería participar en este tipo de operaciones". Los investigadores sospechan que la entrega de dinero de Correa al Partido Popular valenciano "podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Francisco Correa".
Dichos pagos, que apuntarían a la financiación ilegal del PP valenciano, no han sido investigados por el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana dado que éste sólo aceptó instruir un caso de supuesto cohecho impropio de dirigentes del PP y descartó analizar el supuesto tráfico de influencias a favor de la trama que había visto, durante su instrucción, el juez Baltasar Garzón. La documentación incautada a la trama recogía el pago al PP, y la posterior declaración del contable lo ha confirmado.
Garzón entendió, y así lo escribió en un auto, que la trama que dirigía Correa se podría haber beneficiado de sus relaciones de amistad con el Gobierno de Francisco Camps, al que hizo numerosos regalos, para conseguir a cambio contratos públicos. Cuando Garzón se inhibió en favor del Tribunal Superior de Valencia el pasado marzo, sólo había logrado acreditar un contrato adjudicado por concurso por la Administración valenciana a la trama para el montaje del pabellón de Fitur en Madrid.
Sin embargo, la investigación posterior ha logrado acreditar al menos otros 40 contratos menores adjudicados a dedo y algunos de ellos troceados en minicontratos inferiores a 12.000 euros para evitar el concurso público. Y eso sólo referido a Orange Market, una de las empresas de la red que hizo negocios en Valencia. Hay otras sociedades que también trabajaron para la Administración valenciana que, de momento, no figuran entre la documentación examinada por los tribunales.
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia asumió la instrucción del caso pero entendió que no había indicios suficientes para investigar el tráfico de influencias, por lo que sólo indagó si los regalos recibidos por los dirigentes del PP valenciano entraban dentro del supuesto de cohecho impropio.
Aunque el juez instructor entendió que había suficientes indicios de que se hubiese producido ese delito, un recurso de los imputados permitió a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por dos votos a uno, archivar el caso. La fiscalía recurrió la decisión ante el Supremo, que deberá resolver de manera definitiva el mayor escándalo que ha afectado al presidente Camps durante su mandato en Valencia.
La trama de corrupción logró cerca de ocho millones de euros en adjudicaciones, la mayoría a dedo, a su filial valenciana Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes. Éste mantenía vínculos estrechos con el presidente valenciano, a quien supuestamente hacia regalos caros de forma habitual.
Otros apuntes encontrados por la policía en la documentación incautada a la red de corrupción también sugieren distintas vías de financiación ilegal del PP. En Valencia, por ejemplo, se recoge un cobro en dinero negro procedente supuestamente del PP por 150.421 euros en relación con la organización del congreso del PP valenciano de septiembre de 2002.
La mecánica sería muy parecida a la que investiga -por un caso distinto- el Tribunal Superior de Justicia de Baleares: allí se ha encontrado documentación que acreditaría cómo el PP balear pagó en dinero negro 70.000 euros a una agencia de publicidad que se encargó de su campaña electoral. En ese caso, alguno de los trabajadores de la agencia de publicidad ya han declarado al juez que cobraron el dinero negro del PP porque había sobrepasado el límite legal de los gastos electorales.
El PP valenciano niega cualquier pago en dinero negro o una financiación ilegal vinculada a la trama de Correa.
Otros indicios en Génova y Madrid
La documentación recogida en el sumario del caso Gürtel incluye indicios de una supuesta financiación ilegal del PP, no sólo en Valencia sino también en el PP de la Comunidad de Madrid y en la organización nacional que ahora preside Mariano Rajoy.
Para el PP de Boadilla del Monte (Madrid) hay dos pagos registrados correspondientes a 2007 por 19.000 euros. En el caso del PP de Madrid, el ex concejal de esta formación en Majadahonda que destapó el escándalo con su denuncia, José Luis Peñas, declaró ante la fiscalía: "Correa me pidió que me pusiera en contacto con Alberto López Viejo [entonces consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid] para conseguir que la Comunidad pagara a las empresas de Correa dos millones de euros que le adeudaba. Correa me pidió que le dijera a López Viejo que si no pagaba se iba a difundir que la Comunidad había pagado facturas de actos del PP por la vía de pagar facturas por servicios no prestados".
Los dirigentes del PP madrileño, que preside Esperanza Aguirre, negaron este extremo aunque sus cuentas en Fundescam, una fundación del partido, acreditan pagos a las empresas de Correa que supuestamente podrían estar relacionadas con financiación ilegal del partido.
Además, en la caja de seguridad que tenía el número dos de la trama de corrupción, Pablo Crespo, se encontraron apuntes que acreditan cobros por 600.000 euros del PP sin ningún respaldo documental.
ELPAÍS.COM
La Generalitat pudo "direccionar" los concursos públicos, según un informe
El contable Izquierdo aclaró a la policía un apunte donde se reflejaba una entrada de fondos de origen desconocido por un millón de euros y una salida de 420.000 a PPVLC, y afirmó que esta última cantidad correspondía a un pago para "algo relacionado con el Partido Popular de Valencia".
La investigación, según figura en el informe incorporado al sumario, considera que "no existe ninguna lógica en el traspaso de 420.000 euros de la trama corrupta hacía el PP de Valencia, ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas por Francisco Correa se deriva a una formación política que no debería participar en este tipo de operaciones". Los investigadores sospechan que la entrega de dinero de Correa al Partido Popular valenciano "podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Francisco Correa".
Dichos pagos, que apuntarían a la financiación ilegal del PP valenciano, no han sido investigados por el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana dado que éste sólo aceptó instruir un caso de supuesto cohecho impropio de dirigentes del PP y descartó analizar el supuesto tráfico de influencias a favor de la trama que había visto, durante su instrucción, el juez Baltasar Garzón. La documentación incautada a la trama recogía el pago al PP, y la posterior declaración del contable lo ha confirmado.
Garzón entendió, y así lo escribió en un auto, que la trama que dirigía Correa se podría haber beneficiado de sus relaciones de amistad con el Gobierno de Francisco Camps, al que hizo numerosos regalos, para conseguir a cambio contratos públicos. Cuando Garzón se inhibió en favor del Tribunal Superior de Valencia el pasado marzo, sólo había logrado acreditar un contrato adjudicado por concurso por la Administración valenciana a la trama para el montaje del pabellón de Fitur en Madrid.
Sin embargo, la investigación posterior ha logrado acreditar al menos otros 40 contratos menores adjudicados a dedo y algunos de ellos troceados en minicontratos inferiores a 12.000 euros para evitar el concurso público. Y eso sólo referido a Orange Market, una de las empresas de la red que hizo negocios en Valencia. Hay otras sociedades que también trabajaron para la Administración valenciana que, de momento, no figuran entre la documentación examinada por los tribunales.
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia asumió la instrucción del caso pero entendió que no había indicios suficientes para investigar el tráfico de influencias, por lo que sólo indagó si los regalos recibidos por los dirigentes del PP valenciano entraban dentro del supuesto de cohecho impropio.
Aunque el juez instructor entendió que había suficientes indicios de que se hubiese producido ese delito, un recurso de los imputados permitió a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por dos votos a uno, archivar el caso. La fiscalía recurrió la decisión ante el Supremo, que deberá resolver de manera definitiva el mayor escándalo que ha afectado al presidente Camps durante su mandato en Valencia.
La trama de corrupción logró cerca de ocho millones de euros en adjudicaciones, la mayoría a dedo, a su filial valenciana Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes. Éste mantenía vínculos estrechos con el presidente valenciano, a quien supuestamente hacia regalos caros de forma habitual.
Otros apuntes encontrados por la policía en la documentación incautada a la red de corrupción también sugieren distintas vías de financiación ilegal del PP. En Valencia, por ejemplo, se recoge un cobro en dinero negro procedente supuestamente del PP por 150.421 euros en relación con la organización del congreso del PP valenciano de septiembre de 2002.
La mecánica sería muy parecida a la que investiga -por un caso distinto- el Tribunal Superior de Justicia de Baleares: allí se ha encontrado documentación que acreditaría cómo el PP balear pagó en dinero negro 70.000 euros a una agencia de publicidad que se encargó de su campaña electoral. En ese caso, alguno de los trabajadores de la agencia de publicidad ya han declarado al juez que cobraron el dinero negro del PP porque había sobrepasado el límite legal de los gastos electorales.
El PP valenciano niega cualquier pago en dinero negro o una financiación ilegal vinculada a la trama de Correa.
Otros indicios en Génova y Madrid
La documentación recogida en el sumario del caso Gürtel incluye indicios de una supuesta financiación ilegal del PP, no sólo en Valencia sino también en el PP de la Comunidad de Madrid y en la organización nacional que ahora preside Mariano Rajoy.
Para el PP de Boadilla del Monte (Madrid) hay dos pagos registrados correspondientes a 2007 por 19.000 euros. En el caso del PP de Madrid, el ex concejal de esta formación en Majadahonda que destapó el escándalo con su denuncia, José Luis Peñas, declaró ante la fiscalía: "Correa me pidió que me pusiera en contacto con Alberto López Viejo [entonces consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid] para conseguir que la Comunidad pagara a las empresas de Correa dos millones de euros que le adeudaba. Correa me pidió que le dijera a López Viejo que si no pagaba se iba a difundir que la Comunidad había pagado facturas de actos del PP por la vía de pagar facturas por servicios no prestados".
Los dirigentes del PP madrileño, que preside Esperanza Aguirre, negaron este extremo aunque sus cuentas en Fundescam, una fundación del partido, acreditan pagos a las empresas de Correa que supuestamente podrían estar relacionadas con financiación ilegal del partido.
Además, en la caja de seguridad que tenía el número dos de la trama de corrupción, Pablo Crespo, se encontraron apuntes que acreditan cobros por 600.000 euros del PP sin ningún respaldo documental.
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