'CASO GÜRTEL' Es diputado por el PP
El diputado del Partido Popular, Jesús Merino. | El Mundo
Efe | Madrid
La Mesa del Congreso ha aceptado tramitar el suplicatorio del Tribunal Supremo contra el diputado del PP Jesús Merino por el "caso Gürtel", con lo que la Comisión del Estatuto del Diputado se reunirá en próximas fechas para iniciar los trabajos encaminados a decidir si concede o no la solicitud.
Tras el paréntesis estival, el órgano rector de la Cámara Baja se ha reunido y ha calificado el suplicatorio remitido por el Supremo a últimos de julio, en el que el Alto Tribunal pedía permiso para poder seguir investigando a Merino por los supuestos delitos de cohecho y fraude fiscal.
Fuentes parlamentarias han informado a Efe de que todos los miembros de la Mesa han aceptado tramitar el suplicatorio contra Merino, paso imprescindible para que la Comisión del Estatuto del Diputado comience los trabajos sobre la concesión del mismo, que podría ser votada por el pleno del Congreso en octubre.
Una vez calificado el escrito, el presidente del Congreso, José Bono, previo acuerdo de la Mesa de la Cámara, dispone de cinco días para enviarlo a la Comisión del Estatuto del Diputado.
Este órgano es el responsable de analizar la documentación pertinente y de escuchar al propio interesado, para lo cual dispondrá de un plazo de 30 días, antes de que la concesión del suplicatorio sea votada por el pleno de la Cámara.
Junto al suplicatorio de Merino, el Supremo también elevó un escrito al Senado para poder seguir investigando y proceder contra el senador del PP y ex tesorero de este partido Luis Bárcenas.
El proceso desde que se presenta un suplicatorio es similar en el Congreso y el Senado y en ambos casos se entiende que es denegado si la Cámara correspondiente no se hubiera pronunciado en el plazo de 60 días naturales, computados dentro del período ordinario de sesiones desde el día siguiente de recibir el escrito judicial.
La Constitución establece que los diputados y senadores gozan de inviolabilidad en las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones y de inmunidad por la que no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
Sólo pueden ser juzgados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que debe solicitar un suplicatorio a tal fin.
La Comisión del Estatuto del Diputado cuenta a su vez con un plazo máximo de 30 días para estudiar la petición y escuchar al interesado, que puede contestar oralmente o por escrito.
ELMUNDO.ES
Tras el paréntesis estival, el órgano rector de la Cámara Baja se ha reunido y ha calificado el suplicatorio remitido por el Supremo a últimos de julio, en el que el Alto Tribunal pedía permiso para poder seguir investigando a Merino por los supuestos delitos de cohecho y fraude fiscal.
Fuentes parlamentarias han informado a Efe de que todos los miembros de la Mesa han aceptado tramitar el suplicatorio contra Merino, paso imprescindible para que la Comisión del Estatuto del Diputado comience los trabajos sobre la concesión del mismo, que podría ser votada por el pleno del Congreso en octubre.
Una vez calificado el escrito, el presidente del Congreso, José Bono, previo acuerdo de la Mesa de la Cámara, dispone de cinco días para enviarlo a la Comisión del Estatuto del Diputado.
Este órgano es el responsable de analizar la documentación pertinente y de escuchar al propio interesado, para lo cual dispondrá de un plazo de 30 días, antes de que la concesión del suplicatorio sea votada por el pleno de la Cámara.
Junto al suplicatorio de Merino, el Supremo también elevó un escrito al Senado para poder seguir investigando y proceder contra el senador del PP y ex tesorero de este partido Luis Bárcenas.
El proceso desde que se presenta un suplicatorio es similar en el Congreso y el Senado y en ambos casos se entiende que es denegado si la Cámara correspondiente no se hubiera pronunciado en el plazo de 60 días naturales, computados dentro del período ordinario de sesiones desde el día siguiente de recibir el escrito judicial.
La Constitución establece que los diputados y senadores gozan de inviolabilidad en las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones y de inmunidad por la que no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
Sólo pueden ser juzgados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que debe solicitar un suplicatorio a tal fin.
La Comisión del Estatuto del Diputado cuenta a su vez con un plazo máximo de 30 días para estudiar la petición y escuchar al interesado, que puede contestar oralmente o por escrito.
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