Fuentes de la investigación ven probable que el juez llame a declarar al ex presidente de las Islas Baleares. Los contratos de publicidad fueron fraccionados para evitar los concursos públicos
Quién es quién en el 'caso Palma Arena'
NURIA FELIP - PALMA
Jaume Matas puede ser el próximo imputado en el caso Palma Arena. Según fuentes de la investigación la imputación del ex presidente balear, junto a la que fuera su consellera de Presidencia y Deportes, Rosa Puig, es más que probable. Se trata de una información que ve la luz la misma semana que el juez instructor de la causa, José Castro, ha levantado el secreto de sumario. Un documento, al que ha tenido acceso Público, dividido en 8 tomos que consta de más de 3.000 folios.
En la primera parte se pormenoriza la querella criminal por malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y fraude, que interpuso el Ministerio Fiscal contra 4 de los principales acusados en esta trama de presunta corrupción: Miguel Romero, director de la agencia de comunicación Nimbus, que se encargó de la publicidad del Palma Arena y de diversas campañas electorales del PP de las Islas; Jorge Moisés, ex gerente del Palma Arena; Rafael Duran, entonces gerente del consorcio del velódromo, concejal de deportes en el Ayuntamiento de Palma y actual portavoz municipal de los conservadores en el Ayuntamiento de Palma, y José Luis Pepote Ballester, ex director general de deportes. Precisamente este último admitió ante el magistrado titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma que mantuvo una reunión con el entonces presidente autonómico Jaume Matas, en casa de este último, a la cual asistió el arquitecto original del Palma Arena, el alemán Ralf Schürmman. Éste último es una autoridad reconocida en la construcción de velódromos que fue destituido para que el proyecto pasara a manos de los hermanos García Ruiz. Uno de ellos, Jaime, aseguró ante el juez que el propio Matas le había encargado la finalización de la infraestructura por vía telefónica.
La ex consejera Rosa Puig podría ser llamada también a declarar
Mientras, Pepote insiste en que esa fue la única vez en que habló con el también ex ministro del pabellón personalmente, ya que en el resto de ocasiones se ponían al día cuando se encontraban en actos oficiales. El medallista olímpico en Atlanta dice que esto era así porque él despachaba, directamente, con la consellera de Presidencia y Deportes, Rosa Puig. Precisamente por sus vínculos con Rosa Puig está imputado Rafael Durán. Tal y como asegura, notaba que el procedimiento del Palma Arena no era normal pero se fiaba de la buena fe de las instituciones y por eso firmaba contratos sin leerlos, como el que adjudicó la finalización del proyecto a los arquitectos García Ruiz por 9 millones de euros.
Por último, el director de Nimbus, Miguel Romero admite que cobró 1,8 millones de euros por encargarse de la campaña de publicidad del velódromo. Para eludir el concurso público se fraccionó el importe total adjudicándolo a diversas empresas que no cobraban más de 12.000 euros. Para compensar que en el consorcio se votara el procedimiento administrativo, Romero asegura que pagó al ex gerente del Palma Arena, Jorge Moisés, comisiones de entre un 3 y un 8% que siempre le entregaba en mano.
El coste del videomarcador
Uno de los arquitectos dice se le encargó el fin de la obra por teléfono
Mientras, el juez instructor del caso sigue tomando declaraciones a imputados y testigos. Ayer fue el turno del imputado Ricardo Arroyo, representante de la empresa Smartvision, suministradora del videomarcador del Palma Arena.
Castro le interrogó sobre la adjudicación y el posible sobrecoste de este aparato. Un sobrecoste que ha negado su abogado, Gabriel Garcías: "ni siquiera ha costado la mitad, ni la tercera parte", igual que negó Arroyo que el concurso llevado a cabo para la instalación del videomarcador "estuviese amañado".
PUBLICO.ES
En la primera parte se pormenoriza la querella criminal por malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y fraude, que interpuso el Ministerio Fiscal contra 4 de los principales acusados en esta trama de presunta corrupción: Miguel Romero, director de la agencia de comunicación Nimbus, que se encargó de la publicidad del Palma Arena y de diversas campañas electorales del PP de las Islas; Jorge Moisés, ex gerente del Palma Arena; Rafael Duran, entonces gerente del consorcio del velódromo, concejal de deportes en el Ayuntamiento de Palma y actual portavoz municipal de los conservadores en el Ayuntamiento de Palma, y José Luis Pepote Ballester, ex director general de deportes. Precisamente este último admitió ante el magistrado titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma que mantuvo una reunión con el entonces presidente autonómico Jaume Matas, en casa de este último, a la cual asistió el arquitecto original del Palma Arena, el alemán Ralf Schürmman. Éste último es una autoridad reconocida en la construcción de velódromos que fue destituido para que el proyecto pasara a manos de los hermanos García Ruiz. Uno de ellos, Jaime, aseguró ante el juez que el propio Matas le había encargado la finalización de la infraestructura por vía telefónica.
La ex consejera Rosa Puig podría ser llamada también a declarar
Mientras, Pepote insiste en que esa fue la única vez en que habló con el también ex ministro del pabellón personalmente, ya que en el resto de ocasiones se ponían al día cuando se encontraban en actos oficiales. El medallista olímpico en Atlanta dice que esto era así porque él despachaba, directamente, con la consellera de Presidencia y Deportes, Rosa Puig. Precisamente por sus vínculos con Rosa Puig está imputado Rafael Durán. Tal y como asegura, notaba que el procedimiento del Palma Arena no era normal pero se fiaba de la buena fe de las instituciones y por eso firmaba contratos sin leerlos, como el que adjudicó la finalización del proyecto a los arquitectos García Ruiz por 9 millones de euros.
Por último, el director de Nimbus, Miguel Romero admite que cobró 1,8 millones de euros por encargarse de la campaña de publicidad del velódromo. Para eludir el concurso público se fraccionó el importe total adjudicándolo a diversas empresas que no cobraban más de 12.000 euros. Para compensar que en el consorcio se votara el procedimiento administrativo, Romero asegura que pagó al ex gerente del Palma Arena, Jorge Moisés, comisiones de entre un 3 y un 8% que siempre le entregaba en mano.
El coste del videomarcador
Uno de los arquitectos dice se le encargó el fin de la obra por teléfono
Mientras, el juez instructor del caso sigue tomando declaraciones a imputados y testigos. Ayer fue el turno del imputado Ricardo Arroyo, representante de la empresa Smartvision, suministradora del videomarcador del Palma Arena.
Castro le interrogó sobre la adjudicación y el posible sobrecoste de este aparato. Un sobrecoste que ha negado su abogado, Gabriel Garcías: "ni siquiera ha costado la mitad, ni la tercera parte", igual que negó Arroyo que el concurso llevado a cabo para la instalación del videomarcador "estuviese amañado".
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