PALMA ARENA | Declaración ante la Policía
* Romero admite que aplicó un sobreprecio de 'hasta un 100%' a sus encargos
* Moisés y Ballester culpan del desfase a la necesidad de acabarlo a tiempo
Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma
Los principales detenidos en el marco de la denominada Operación Espada admitieron ayer en su primera declaración ante la policía y la Fiscalía Anticorrupción que el proceso administrativo alberga un sinfín de irregularidades y que se abonaron sobreprecios en facturas abonadas por los más diversos aspectos. Eso sí, imputaron el desfase millonario del velódromo, que pasó de 48 a 110 millones de euros públicos en apenas dos años, de una parte, a las deficiencias heredadas del proyecto del primer arquitecto, el alemán Ralph Schürmann, así como a la necesidad por tener listo el recinto deportivo antes del Mundial de Ciclismo de 2007 al precio que fuera.
Eso sí, negaron que el desfase entrañe, tal y como intentan determinar los investigadores, el cobro de cuantiosas comisiones. El primero en declarar fue el publicista que se encargó de la promoción del Palma Arena, que reconoció abiertamente que buena parte de las facturas que pasó a la instalación deportiva por importe de medio millón de euros estaban «hinchadas». No en vano precisó que llegó a aplicar a sus trabajos un sobreprecio de «hasta el 100%» de su coste real.
Miguel Romero, propietario de la agencia Nimbus y uno de los siete detenidos en la nueva operación de Anticorrupción contra el Govern del PP negó que los sobreprecios que estableció estuvieran ligados con los trabajos que realizó para el PP durante la campaña electoral de 2007.
No obstante, la policía judicial ha hallado entre la documentación que le fue incautada una serie de apuntes contables «en negro» que intenta determinar a qué responden exactamente. Romero arguye que se trata de cuantías menores, que rondan los 8.000 euros, y que responden a otros trabajos de la agencia por temas que no están relacionados directamente con el velódromo palmesano. «Podré ser un desastre contable, pero eso no es un delito», razonó.
Con respecto a este apartado la Fiscalía Anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional estiman que los referidos sobreprecios abonados a Nimbus oscilan entre los 100.000 y los 150.000 euros. Una cantidad que contrasta con el presupuesto de 110 millones de euros a que ascendió el recinto deportivo pero que consideran que podría responder a un claro pago camuflado de actos electorales de los populares.
ELMUNDO.ES
* Romero admite que aplicó un sobreprecio de 'hasta un 100%' a sus encargos
* Moisés y Ballester culpan del desfase a la necesidad de acabarlo a tiempo
Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma
Los principales detenidos en el marco de la denominada Operación Espada admitieron ayer en su primera declaración ante la policía y la Fiscalía Anticorrupción que el proceso administrativo alberga un sinfín de irregularidades y que se abonaron sobreprecios en facturas abonadas por los más diversos aspectos. Eso sí, imputaron el desfase millonario del velódromo, que pasó de 48 a 110 millones de euros públicos en apenas dos años, de una parte, a las deficiencias heredadas del proyecto del primer arquitecto, el alemán Ralph Schürmann, así como a la necesidad por tener listo el recinto deportivo antes del Mundial de Ciclismo de 2007 al precio que fuera.
Eso sí, negaron que el desfase entrañe, tal y como intentan determinar los investigadores, el cobro de cuantiosas comisiones. El primero en declarar fue el publicista que se encargó de la promoción del Palma Arena, que reconoció abiertamente que buena parte de las facturas que pasó a la instalación deportiva por importe de medio millón de euros estaban «hinchadas». No en vano precisó que llegó a aplicar a sus trabajos un sobreprecio de «hasta el 100%» de su coste real.
Miguel Romero, propietario de la agencia Nimbus y uno de los siete detenidos en la nueva operación de Anticorrupción contra el Govern del PP negó que los sobreprecios que estableció estuvieran ligados con los trabajos que realizó para el PP durante la campaña electoral de 2007.
No obstante, la policía judicial ha hallado entre la documentación que le fue incautada una serie de apuntes contables «en negro» que intenta determinar a qué responden exactamente. Romero arguye que se trata de cuantías menores, que rondan los 8.000 euros, y que responden a otros trabajos de la agencia por temas que no están relacionados directamente con el velódromo palmesano. «Podré ser un desastre contable, pero eso no es un delito», razonó.
Con respecto a este apartado la Fiscalía Anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional estiman que los referidos sobreprecios abonados a Nimbus oscilan entre los 100.000 y los 150.000 euros. Una cantidad que contrasta con el presupuesto de 110 millones de euros a que ascendió el recinto deportivo pero que consideran que podría responder a un claro pago camuflado de actos electorales de los populares.
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