Los escándalos que afectan al PP
La investigación revela recibos duplicados y partidas que no se ejecutaron
La investigación revela recibos duplicados y partidas que no se ejecutaron
MANU MENÉNDEZ - Palma
La investigación del caso Palma Arena, que suma ya 32 imputados -12 de los cuales son ex cargos del PP de Jaume Matas-, ha certificado la existencia de un agujero de 13.595.467 millones en las cuentas del velódromo. La Unión Temporal de Empresas (UTE) constructora del recinto -formada por FCC y Melchor Mascaró- había facturado este dinero "de forma irregular" a las arcas públicas, según reveló un análisis técnico que se incluye en el sumario y que fue encargado por el juez instructor.
"Yo facturaba a quien me decían los arquitectos, es decir, al consorcio", declaró el jefe de la UTE, Miguel Ángel Rodríguez, quien dejó constancia de que "ya en marzo de 2006 se comprobó que la ejecución de la obra en los términos pactados [un presupuesto de 48 millones de euros] no era viable". Varios imputados coinciden en señalar que la obra se llevó a cabo "con prisas" o "bajo presión" de las "altas instancias". En enero de 2007, con el edificio a medio hacer, Matas se fotografió pedaleando por la pista de pino siberiano. El sobrecoste millonario se liquidó el 22 de mayo de ese año, a cinco días de las elecciones autonómicas, cuando la junta rectora del Palma Arena -con la presencia de cuatro cargos del PP- dio el visto bueno a la certificación de obra por 79,9 millones. Un peritaje posterior, encargado por el nuevo equipo de Gobierno del socialista Francesc Antich, constató un precio final de 110 millones.
Entre los 13,5 millones cuya facturación nunca debió correr a cargo del erario público se detectaron irregularidades de toda clase. La suma más cuantiosa, de más de 1.317.000 euros, corresponde a "partidas no ejecutadas o parcialmente ejecutadas", como la preparación de un aparcamiento para la obra o el tensado de la estructura de malla, al que se dedicó 1,1 millones.
En la contabilidad se hallaron "partidas ya incluidas en otras partidas", como los más de 217.000 euros que se gastaron en el alquiler, montaje y desmontaje de una serie de puntales. Se emitieron asimismo dos facturas de 17.000 y 21.000 euros por conceptos aparentemente similares: los portes de los asientos abatibles y el montaje de los asientos. "El proveedor divide la factura como cree conveniente", justificó el jefe de la UTE. También hubo incrementos de precio por valor de más de 420.000 euros, que se consideran "injustificados".
Por otro lado, se abonaron casi 1.229.000 euros en servicios "no imputables al consorcio". Actuaciones que, por contrato, deberían haber sido asumidas bien por la propia constructora, bien por el estudio de arquitectos García-Ruiz, que dirigió el proceso de construcción. Destacan en esta remesa los 712.000 euros para la pista de ciclismo cuando esta ya había sido instalada, o los 129.803 que costó un servicio de guardia jurado cuyo precio fue "un 400% superior" al del mercado. Finalmente, el informe pericial considera que tanto los gastos de agua como de electricidad deberían haber corrido a cuenta de la constructora. Esta cobró a la Administración más de 62.000 euros en grupos electrógenos y limpieza.
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"Yo facturaba a quien me decían los arquitectos, es decir, al consorcio", declaró el jefe de la UTE, Miguel Ángel Rodríguez, quien dejó constancia de que "ya en marzo de 2006 se comprobó que la ejecución de la obra en los términos pactados [un presupuesto de 48 millones de euros] no era viable". Varios imputados coinciden en señalar que la obra se llevó a cabo "con prisas" o "bajo presión" de las "altas instancias". En enero de 2007, con el edificio a medio hacer, Matas se fotografió pedaleando por la pista de pino siberiano. El sobrecoste millonario se liquidó el 22 de mayo de ese año, a cinco días de las elecciones autonómicas, cuando la junta rectora del Palma Arena -con la presencia de cuatro cargos del PP- dio el visto bueno a la certificación de obra por 79,9 millones. Un peritaje posterior, encargado por el nuevo equipo de Gobierno del socialista Francesc Antich, constató un precio final de 110 millones.
Entre los 13,5 millones cuya facturación nunca debió correr a cargo del erario público se detectaron irregularidades de toda clase. La suma más cuantiosa, de más de 1.317.000 euros, corresponde a "partidas no ejecutadas o parcialmente ejecutadas", como la preparación de un aparcamiento para la obra o el tensado de la estructura de malla, al que se dedicó 1,1 millones.
En la contabilidad se hallaron "partidas ya incluidas en otras partidas", como los más de 217.000 euros que se gastaron en el alquiler, montaje y desmontaje de una serie de puntales. Se emitieron asimismo dos facturas de 17.000 y 21.000 euros por conceptos aparentemente similares: los portes de los asientos abatibles y el montaje de los asientos. "El proveedor divide la factura como cree conveniente", justificó el jefe de la UTE. También hubo incrementos de precio por valor de más de 420.000 euros, que se consideran "injustificados".
Por otro lado, se abonaron casi 1.229.000 euros en servicios "no imputables al consorcio". Actuaciones que, por contrato, deberían haber sido asumidas bien por la propia constructora, bien por el estudio de arquitectos García-Ruiz, que dirigió el proceso de construcción. Destacan en esta remesa los 712.000 euros para la pista de ciclismo cuando esta ya había sido instalada, o los 129.803 que costó un servicio de guardia jurado cuyo precio fue "un 400% superior" al del mercado. Finalmente, el informe pericial considera que tanto los gastos de agua como de electricidad deberían haber corrido a cuenta de la constructora. Esta cobró a la Administración más de 62.000 euros en grupos electrógenos y limpieza.
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