miércoles, 19 de agosto de 2009

EL JUEZ DEL PALMA ARENA NO DESCARTA CITAR A JAUME MATAS

CORRUPCIÓN | Operación Espada

* 'Puede que esté en la agenda', ha manifestado José Castro
* Hoy ha tomado declaración a dos arquitectos y un constructor más

Europa Press | Palma

El juez que instruye el caso 'Palma Arena', José Castro, no descarta llamar al ex presidente del Govern, Jaume Matas, dentro del procedimiento que investiga las presuntas irregularidades cometidas en torno a la construcción del velódromo palmesano, aunque ha aseverado que si tiene que citarlo "ya lo citaré".

Así lo ha asegurado a los medios a su salida de los Juzgados de Vía Alemania, donde ha manifestado que "puede que esté en la agenda" la citación judicial de Matas, aunque ha eludido dar más datos al respecto. El magistrado ha hecho estas afirmaciones después de tomar declaración a lo largo de la mañana al arquitecto Ignacio Antonio Sáez, al constructor Antonio Marqués y al también constructor Jaime Navarro, quienes, tras sus comparecencias, continúan imputados dentro del caso.

Además, Castro se ha pronunciado de este modo después de que los arquitectos Luis y Jaime García-Ruíz, quienes dirigieron los trabajos de construcción, afirmasen el pasado viernes ante el juez, en calidad de imputados, que el ex jefe del Ejecutivo autonómico fue quien personalmente les instó a contactar con el ex director general de Deportes, 'Pepote' Ballester, para que se incorporasen al proyecto. Para ahondar en esta cuestión, también ayer fue citada a declarar como imputada la ex jefa de Gabinete de Matas, Dulce Linares.

Se trata, precisamente, de una de las principales líneas de investigación del caso y que se centra en averiguar el motivo por el cual se le rescindió el contrato al arquitecto inicial del Palma Arena, Ralph Schürmann, y quién ordenó contratar a ambos hermanos, en concreto por unos nueve millones de euros sin mediar concurso público alguno.

Tres nuevas declaraciones
José Castro ha hecho estas afirmaciones después de tomar declaración a lo largo de la mañana al arquitecto Ignacio Antonio Sáez, al constructor Antonio Marqués y al también constructor Jaime Navarro, quienes, tras sus comparecencias, continúan imputados dentro del caso. Así, en el caso de Sáez, éste ha comparecido por espacio de dos horas y media y tras el interrogatorio, su abogado, Pedro Cerdà, ha confirmado que su patrocinado continúa encausado por un delito de malversación de fondos públicos.

El letrado ha señalado que ni Ministerio Fiscal ni acusación particular, ejercida por el Govern a través del abogado Manuel Pomar, han pedido ninguna medida cautelar contra Sáez, quien el pasado día 6 ya quedó en libertad con cargos tras ser interrogado en las dependencias de la Policía Nacional, un día después de ser detenido junto a otras seis personas en el marco de la Operación Espada, entre ellas el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Duran, 'Pepote' Ballester.

Tras la comparecencia de Sáez ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 -encargado del caso-, los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, su abogado y el de la acusación particular, también ha prestado declaración el arquitecto quien, asistido por el abogado Eduardo Valdivia, también continúa imputado tras su interrogatorio.

La última de las comparecencias ha sido la del constructor Jaime Navarro, cuyo letrado, Alberto de Juan, no ha especificado los cargos que pesan sobre su patrocinado ya que "no han sido concretados" por encontrarse la causa bajo secreto de sumario. Durante los próximos días se prevén más declaraciones, mientras que para el día 31 también está programada la del cuñado de Matas, Fernando Areal, que fue gerente del PP balear entre 2003 y 2007.

Cabe recordar que el juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan posibles irregularidades en los contratos de obras durante la ejecución del Palma Arena, proyecto estrella durante la pasada legislatura del PP, que podrían haber duplicado el presupuesto de esta infraestructura hasta superar los 100 millones de euros. Así, se investigan, entre otros delitos, los de malversación, prevaricación y falsedad documental. El Ministerio público trata de averiguar así el origen de los 45 millones de euros que la Unión Temporal de Empresas que construyó el velódromo (Melchor Mascaró y FCC) reclama al actual Govern, sumando casi el doble del coste inicial de la obra, que rondaba los 48 millones de euros.

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