CORREA, EL BIGOTES Y CRESPO SE SENTARÁN EN EL BANQUILLO JUNTO A CAMPS

El Tribunal de Madrid envía la causa por cohecho a Valencia para que se juzgue conjuntamente

El TSJV tendrá que juzgar a Correa, El Bigotes y Crespo junto a Francisco Camps. Así lo ha decidido el tribunal de Madrid, que, al contrario de lo que decidiera el juez valenciano, sí entiende que el delito de quien presuntamente regaló los trajes está relacionado con el de quien, también presuntamente, los recibió. De esta manera, el juez madrileño, Antonio Pedreira, concuerda con el criterio de la Fiscalía.

El juez que lleva el caso Gürtel en Valencia se negó en su día a juzgar a Correa, Crespo y Pérez por estar siendo ya investigados en el TSJM, a pesar de que la Fiscalía entendía que el asunto de los trajes regalados debía implicar en el mismo tribunal a los regaladores y al que recibió los regalos para evitar que se conculque “la seguridad jurídica”.

Juntos, pero no revueltos
De entre las muchas decisiones polémicas del TSJV, presidido por el juez “más que amigo” de Francisco Camps, una de ellas fue la de rechazar juzgar a Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo junto al molt honorable presidente del Govern, por entender que ya estaban siendo investigados dentro de la causa principal que se llevaba en Madrid por el caso Gürtel.

Delitos conexos
Sin embargo, esa decisión ha sido tumbada por el magistrado Antonio Pedreira, del TSJM, que se ha inhibido de los hechos imputados al presunto líder de la trama y a sus compañeros por los eventuales entregas de prendas de vestir a Camps, Costa, Betoret y Campos, según informa Levante. El auto de Pedreira recoge la opinión del fiscal de que los delitos de cohecho imputados a los presuntos corruptos son conexos con los delitos que el TSJV le imputa a Camps y compañía.

Íntimamente relacionados
Según el fiscal, las conductas de los receptores de los regalos y las de los donantes están íntimamente relacionadas y es ineludible que el enjuiciamiento no sea conjunto. Según el juez “se trata de los mismos hechos aunque examinados desde dos perspectivas: la del particular que entrega y la del funcionario que percibe".

Seguridad jurídica
"La incoación de procedimientos distintos para la investigación y enjuiciamiento de unas y otras conductas por separado podría motivar que se dictaran pronunciamientos contradictorios, conculcándose la seguridad jurídica", concluye.

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ELPLURAL.COM

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE VALENCIA SE DA MÁS TIEMPO PARA DECIDIR SOBRE CAMPS

Los escándalos que afectan al PP

El presidente de la Generalitat está imputado por cohecho en el marco del 'caso Gürtel'

LYDIA GARRIDO - Valencia

No hay acuerdo. Los tres magistrados de la sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana necesitan más tiempo y habilitan los día 1, 2 y 3 de agosto para resolver los recursos presentados por Francisco Camps, presidente de la Generalitat; Ricardo Costa, secretario general de los populares valencianos; Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la consejería de Turismo, todos imputados por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio, contra el auto del magistrado José Flors. La Sala habilita pues tres días del mes de agosto para no dejar a septiembre el asunto.

Los cuatro imputados solicitaron el sobreseimiento libre de la causa por entender que no ha existido delito. Han negado la recepción de los supuestos regalos de la trama de corrupción encabezada por Francisco Correa, cuyo hombre en Valencia era Álvaro Pérez, El Bigotes. Y, en el supuesto "teórico" de que efectivamente hubieran sido agasajados, sería por su relación con el PP y no por sus cargos públicos. La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular que ejercen los socialistas valencianos solicitaron que no se estimaran esos argumentos.

El Tribunal Superior de Madrid se inhibe en favor del de Valencia sobre los trajes de Camps

ELPAÍS.COM

DECLARAN DURANTE TRES HORAS LOS ASESORES DE LA CONSEJERÍA DE INTERIOR

TRIBUNALES | Trama de espionaje en la Comunidad de Madrid

* Cobo recomendó ayer a los tres ex guardias civiles que hoy 'digan la verdad'

Europa Press |

Los asesores de seguridad eventuales de la Consejería de Interior, José Oreja, Antonio Coronado y José Luis Caro Vinagre, han declarado en calidad de imputados ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, que investiga el caso de los presuntos espionajes a políticos de la Comunidad de Madrid.

Según una providencia a la que tuvo acceso Europa Press, la juez justifica esta petición en las gestiones realizadas por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, en el marco de la investigación sobre si hubo malversación de fondos por parte de la Consejería de Interior para sufragar los gastos de los supuestos espionajes sufridos tanto por el ex consejero de Justicia Alfredo Prada como por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ambos del PP.

Precisamente, Cobo recomendó ayer a los tres ex guardias civiles que hoy "digan la verdad". "Mi recomendación es que se diga la verdad, porque otras personas, que públicamente dicen una cosa van contando otra en privado, incluso a los medios de comunicación, con lo cual yo me fiaría muy poco de aquellas personas que en este momento pueden pedirles que sigan manteniendo una versión que no es la real", afirmó.

Además, el vicealcalde recordó a los agentes que "nadie de buena fe les va a reprochar que cuenten qué labores les fueron encomendadas durante el tiempo que han sido detectados los seguimientos" porque son actuaciones realizadas "por obediencia" y porque "es una salida honorable" y "el honor tiene mucho que ver con la Guardia Civil".

Por último, reclamó que no se someta a estos tres agentes a "presiones" porque "bastante presión tendrán ya teniendo que comparecer mañana como imputados en un juzgado". "A todos los que tengan relación con ellos, sea del tipo que sea, les pido que no haya ninguna presión porque estoy seguro y espero que cuenten la verdad de lo sucedido", zanjó Cobo.

Con los interrogatorios de hoy, la jueza descarta archivar las diligencias y cumple con parte de la solicitud de los servicios jurídicos de Prada, cuando pidieron hace unas semanas que fueran imputados dos técnicos y seis asesores del departamento de Francisco Granados, conforme a los datos de los informes policiales, incluidos los posicionamientos de los teléfonos móviles, sobre las presuntas vigilancias ilegales que sufrió el ex consejero entre abril y marzo de 2008.

En concreto, la magistrada tiene sobre su mesa desde el pasado 24 de junio un escrito remitido por el diputado regional del PP en el que Prada reclamaba que se incoen diligencias previas contra el técnico especialista en Seguridad, José Manuel Pinto; el eventual de confianza de la Consejería, José Palomo; y los asesores de seguridad eventuales, José Oreja y Antonio Coronado, José Luis Caro Vinagre, Belén Espartero, José Manuel Rodríguez y Roberto Casielles.

Prada se basaba en que los agentes que elaboraron los partes de seguimientos se referían en los mismos al departamento donde trabajaban, la Dirección General de Seguridad de la Consejería de Interior. Asimismo, dos informes periciales encargados por el diario 'El País' señalan a José Manuel Pinto como autor de algunos de los partes.

Asimismo, el escrito reclamaba que se cite a Prada al objeto que proceda a la ratificación y, en su caso, a la ampliación de la denuncia que presentó ante la Fiscalía General del Estado.

Prada también reclamó en otro escrito una prueba pericial caligráfica de las mismas personas y que, junto con los documentos originales que obran en la causa, se remitieran a la Comisaría General de la Policía Científica, Servicio de Técnica Policial y la Sección de Documentoscopia para que los peritos caligráficos determinen la autoría de los documentos que obran en la causa y si los escritos han sido confeccionados por las personas citadas.

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* Lea el informe policial sobre los seguimientos
* Quién es quién en la trama

ELMUNDO.ES

EL TSJ DE MADRID ENVÍA A VALENCIA LA PARTE DEL CASO RELACIONADA CON LOS TRAJES

CASO GÜRTEL | Se inhibe en favor del TSJ de Valencia

* El juez considera que existe una 'conexión íntima' entre donantes y receptores
* Cree que una investigación por separado podría producir contradicciones

Efe | Madrid

El instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha inhibido en favor del Tribunal Superior de Valencia de la parte de la investigación a los líderes de la supuesta trama de corrupción que presuntamente regalaron trajes al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Así lo ha acordado el magistrado instructor del TSJM, Antonio Pedreira, en un auto, en el que se inhibe de los hechos imputados al presunto líder de la trama, Francisco Correa, a Pablo Crespo y a Álvaro Pérez, 'El Bigotes', en relación con las eventuales entregas de prendas de vestir a Camps, Ricardo Costa, Rafael Betoret y Víctor Campos.

El auto explica que el fiscal estima que los delitos de cohecho imputados a Correa, Crespo y Pérez basados en la eventual entrega de dádivas a los citados cuatro imputados son conexos con los atribuidos a éstos en el procedimiento del Tribunal del Jurado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV).

Asimismo, el representante del Ministerio Público estima que dada la íntima relación entre las conductas de quienes aparecen como donantes de los regalos y quienes aparecen como perceptores de los mismos su enjuiciamiento conjunto resulta ineludible.

'Son los mismos hechos'

Al respecto, Pedreira concluye que en definitiva "se trata de los mismos hechos aunque examinados desde dos perspectivas: la del particular que entrega y la del funcionario que percibe".

"La incoación de procedimientos distintos para la investigación y enjuiciamiento de unas y otras conductas por separado podría motivar que se dictaran pronunciamientos contradictorios, conculcándose la seguridad jurídica", concluye.

Además, el magistrado instructor del TSJ ha acordado alzar parcialmente el secreto de las actuaciones "a los solos y únicos efectos" de notificar esta resolución a las partes personadas.

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ELMUNDO.ES

EL SUPREMO ACTÚA CONTRA BÁRCENAS DESPUÉS DE ESCUCHAR SUS EXPLICACIONES

Los escándalos que afectan al PP

El tribunal pide permiso a las Cortes para investigar al senador y al diputado Merino

El Tesorero Nacional del PP Luis Bárcenas, a la derecha durante el pleno del Senado de ayer por la mañana. A la izquierda el lìder del PP Javier Arenas-Gorka Lejarcegi

JOSÉ YOLDI - Madrid

El senador y ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el diputado del mismo partido Jesús Merino no consiguieron convencer de su inocencia a los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo con las explicaciones que ofrecieron en su declaración voluntaria ante el juez instructor. Y ello es así porque una semana después de que se celebrara la comparecencia de ambos, la Sala Segunda ha acordado solicitar al Congreso y al Senado autorización para dirigir contra ellos el procedimiento penal abierto en el alto tribunal por delitos de cohecho (soborno) y contra la Hacienda pública.

Luis Bárcenas Gutiérrez
A FONDO

Nacimiento:
22-08-1956

Lugar:
Huelva

Alguien filtró a Rajoy la inminencia de la decisión para forzar el cese del tesorero

Tanto Bárcenas como Merino habían negado haber recibido fondos de la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa. Bárcenas rechazó que él sea "L.B.", "L. Bárcenas" o "Luis el Cabrón", como figura en algunos apuntes de la contabilidad B incautada al contable de la trama en un lápiz de memoria y que determinan que Bárcenas pudo recibir algo más de un millón de euros de la trama corrupta. El ex tesorero del PP llegó a sugerir que "Luis el Cabrón" era un apelativo que correspondía al empresario Luis Delso, quien inmediatamente se querelló contra Bárcenas. El instructor le puso en apuros cuando le preguntó por un ingreso de 330.000 euros en billetes de 500 que el imputado achacó a la devolución de un crédito que había solicitado para comprar un cuadro de un pintor del siglo XVII, que luego no llegó a adquirir. Al juez le resultó sospechoso ese vaivén de billetes de 500 euros cuando hoy en día existen otros medios de pago más seguros.

Merino siguió idéntica táctica y también negó que él fuera el "J.M." e incluso el "Jesús Merino" que figura en los apuntes contables. Con un punto de originalidad presumió que la palabra Merino tenía una caligrafía aparentemente diferente del resto del documento, por lo que aventuró que podría estar manipulada o añadida con posterioridad. Lo demás, más de lo mismo.

Por eso, la Fiscalía del Supremo, que tampoco se creyó la versión ofrecida por los dos parlamentarios, recabó del juez instructor, Francisco Monterde, que fue vocal del Poder Judicial entre 1996 y 2001 a propuesta del PP, que elevara suplicatorio a las Cortes para proceder "con todas sus consecuencias legales" contra Bárcenas y Merino, tal y como ya había solicitado el pasado 10 de julio.

La Fiscalía considera además que es necesario realizar varias diligencias de investigación, como una indagación patrimonial de Bárcenas, que obviamente no puede realizarse legalmente sin que se haya concedido previamente el suplicatorio para proceder contra el senador. También será necesario oír a otros coimputados, como los jefes de la trama Francisco Correa y Pablo Crespo; así como que se aporten las declaraciones de la renta de ambos imputados entre 2002 y 2007, o los originales de las fotocopias presentadas por Bárcenas.

Por otro lado, no se conoce que el Supremo haya iniciado ninguna investigación sobre filtraciones de esta resolución. Sin embargo, ¿de qué otra forma podía conocer Rajoy que el Supremo iba a dar curso ayer al suplicatorio e instar la dimisión de Bárcenas como tesorero si sólo cuatro jueces lo sabían?

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ELPAÍS.COM

EL SUPREMO PIDE EL SUPLICATORIO PARA PROCESAR A BÁRCENAS Y A MERINO

"CASO GÜRTEL"

Este trámite se presenta ante las Cortes y es obligatorio para proceder penalmente contra ambos senadores del PP por su condición de aforados.

otr press, madrid

El Tribunal Supremo acordó solicitar al Congreso de los Diputados y al Senado los suplicatorios de Jesús Merino y Luis Bárcenas para investigarlos por un presunto delito fiscal y otro de cohecho. En ella, se pide que se levante la inmunidad parlamentaria de los dos aforados para poder abrir una investigación por su presunta relación con el caso Gürtel. Tras conocer la noticia, el diputado Jesús Merino presentó su renuncia como coordinador de comisiones del Grupo Popular, mientras que el ex tesorero y senador Luis Bárcenas evitó hacer declaraciones a la prensa.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo pedirá a instancias del magistrado instructor, Francisco Monterde, que el Congreso de los Diputados en el caso de Jesús Merino y el Senado en el caso de Luis Bárcenas tramiten los suplicatorios para investigar a los dos aforados de presuntos delitos de fraude fiscal y cohecho en el marco del caso Gürtel. La petición estará dirigida al presidente del Congreso, José Bono, y al del Senado, Javier Rojo y llevará la firma del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar. En el texto se solicitará a ambas Cámaras que levanten la inmunidad parlamentaria de los dos imputados provisionales para poder abrir una investigación penal contra ellos.

En el auto, el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Julián Sánchez Melgar acuerdan suspender "por ahora" la tramitación de las actuaciones concernientes a los dos aforados hasta que el Congreso y el Senado resuelvan "lo que tengan por conveniente". La decisión se ha adoptado después de que a lo largo de este miércoles el instructor Monterde elevara una exposición razonada en la que detallaba "la necesidad de cumplimentar" la petición de suplicatorio planteada por el Ministerio Público, al objeto de "proceder con todas las consecuencias legales".

La Fiscalía del Tribunal Supremo ya presentó el pasado martes un informe a Monterde en el que instaba a solicitar suplicatorios "tras examinar la documentación aportada por la defensa de Luis Bárcenas", cuando éste compareció de forma voluntaria hace una semana y "ante la necesidad de practicar diligencias de investigación para dilucidar lo acaecido". Sin estas diligencias, que "no pueden llevarse a cabo legalmente sin la concesión del mencionado suplicatorio", apunta la Fiscalía, "no se puede realizar un pronunciamiento a fondo, fundado en derecho, sobre la calificación jurídica de los hechos investigados".

Más testimonios y documentos

En este sentido, el fiscal cree necesario oír la declaración de otros coimputados en la causa y solicitar las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de Bárcenas y Merino entre los años 2002 y 2007. Además, reclama "los documentos originales de las fotocopias sin autenticar aportados por la defensa de Luis Bárcenas" y que pida a diversas entidades bancarias "la información relativa a movimientos de cuentas corrientes y depósitos bancarios de los que eran titulares los citados aforados".

Monterde tomó declaración a los dos aforados la semana pasada en calidad de imputados provisionales en la causa que investiga la presunta trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa. El juez consideró que de las actuaciones que le remitió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se desprende que podrían haber recibido pagos del entramado.

Renuncia de Merino

Una vez que se conoció la noticia, el diputado del PP por Segovia, Jesús Merino, ha presentado su renuncia como coordinador de comisiones del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. En un comunicado, la dirección del partido ha manifestado su conformidad a dicha renuncia, dado que desde el principio, el imputado había manifestado su intención de abandonar esa responsabilidad de confirmarse el suplicatorio. No obstante, sigue manteniendo su cargo de diputado.

Por su parte, el senador, Luis Bárcenas, que renunció el pasado martes a su cargo de tesorero en el PP, rehuyó a los medios de comunicación congregados en el Senado, tras conocer la noticia de que el Supremo solicitará suplicatorios a las Cámaras. Bárcenas conoció la petición de suplicatorio mientras seguía en el Pleno del Senado el debate sobre el proyecto de Financiación de RTVE. Al término del debate, una decena de periodistas le abordaron para que valorara la decisión del Alto Tribunal pero declinó hacer declaraciones.

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DIARIODESEVILLA.ES

LA CAÍDA DE BÁRCENAS DEJA A CAMPS SIN ESCUDO

Los escándalos que afectan al PP

Rajoy empujó a su tesorero al decirle que el suplicatorio era cuestión de horas
El presidente valenciano y Costa son los únicos imputados que no han dimitido

CARLOS E. CUÉ - Madrid

Al fondo, en una esquina la la mesa, el Tesorero Nacional del PP, Luis Bárcenas, junto a otros miembros del Comité Ejecutivo Nacional, reunido ayer en Madrid-Samuel Sánchez

Al final, después de cinco meses de agonía, Luis Bárcenas, sentenciado políticamente a muerte hace mucho tiempo, tuvo un funeral político con honores, con comunicado de agradecimiento a sus 28 años de dedicación al partido, con foto final como miembro del Comité Ejecutivo, y con el anuncio de que, como los grandes deportistas, su puesto de tesorero no será ocupado por nadie hasta que, si le absuelven, pueda volver. "Nadie, ni una cofradía de Semana Santa, ni una peña ciclista, echa a su tesorero de mala manera", razonaba un dirigente.

Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia


Luis Bárcenas Gutiérrez
A FONDO

Nacimiento:
22-08-1956

Lugar:
Huelva

El senador, despedido con honores, sigue en la Cámara, y no habrá otro tesorero

Prácticamente todos en el PP, salvo el hombre más representativo de la etapa en la que Francisco Correa lo era todo en el partido, Francisco Álvarez Cascos, querían al tesorero fuera. Algunos incluso se atrevieron a aconsejárselo, como la secretaria general, Dolores de Cospedal. Pero él insistía: sólo se iría si se lo pedía directamente Mariano Rajoy.

El líder nunca lo hizo, para desesperación de sus huestes. "Estamos consiguiendo que Bárcenas sea el tipo más conocido y más odiado de la política española. ¿Qué imagen le estamos dando a la gente que está pensando en saltar del PSOE al PP? ¿Y los jóvenes?", se lamentaba esta semana un dirigente.

Rajoy aguantó hasta el límite y más allá. Y lanzó todo tipo de mensajes a su tesorero. El más contundente de todos, enviar a Cospedal a convencerle. Pero después, en el despacho del líder, cuando se quedó a solas con el senador, lo negó.

"Tú me nombraste, tú me puedes destituir. Si he perdido tu confianza me voy, pero no quiero que nadie me envíe señales de tu parte", le dijo Bárcenas al líder hace tres semanas. Rajoy, según fuentes de la dirección, le contestó que él no iba a pedirle la dimisión, que eso es una cuestión personal y que el tesorero debía manejar sus propios tiempos. También negó que hubiera enviado a nadie.

El líder pensó que Bárcenas cedería en algún momento. Pero visto que no sucedía, que no pudo evitar la foto más dolorosa -la del pasado miércoles, con el tesorero nacional del PP por primera vez en su historia entrando en el Supremo como imputado provisional por cohecho y delito fiscal-, y que las vacaciones se acercaban sin resolver el asunto, Rajoy, al fin, movió ficha.

Al concluir el Comité Ejecutivo, en el que Bárcenas se sentó como uno más y como siempre sin decir palabra, Rajoy improvisó una reunión con su tesorero. Tampoco le pidió la dimisión, según diversas fuentes, pero le dejó caer un dato clave. La petición del suplicatorio, el límite que el propio Bárcenas se había marcado, era cuestión de horas, según las fuentes del líder. El PP siempre ha tenido buenos contactos en la justicia. Bárcenas decidió entonces, según las mismas fuentes, adelantar su decisión. Improvisó, porque pocos minutos antes él hablaba con varias personas y todos tenían claro que esperaría al suplicatorio para dimitir. Adelantó sus tiempos, pero las condiciones que él mismo había impuesto públicamente se mantuvieron. Dimite de forma temporal, no deja su escaño de senador -que le permite seguir siendo aforado- y se va él, nadie le echa.

Resuelto el eterno entuerto de Bárcenas y prácticamente el del diputado Jesús Merino, cuya salida es cuestión de horas ya que siempre mostró su disposición a marcharse mientras el tesorero se resistía, los dirigentes empezaron a mirar a Valencia.

Allí está el otro gran problema del caso Gürtel, la red de corrupción vinculada a gobiernos del PP que investigan tres tribunales. Francisco Camps y Ricardo Costa se han quedado ahora sin el escudo de Bárcenas. Ya sí son, de la quincena de dirigentes del PP imputados en el caso Gürtel, los únicos que no sólo no han dimitido, ni siquiera han puesto su cargo a disposición del partido. Después de una secuencia ininterrumpida de malas noticias judiciales, el entorno del líder está convencido de que aquí al fin se llevarán una alegría. Rajoy confía en que una sala compuesta por tres jueces conservadores tumbará el auto del juez José Flors en el que dejaba claro que el presidente mintió cuando dijo que él se paga todos sus trajes. Claro que, señalan otros dirigentes, Rajoy también estaba convencido hasta hace un mes de que este caso nunca llegaría al Supremo...

Los comunicados sobre la dimisión "transitoria" de Bárcenas

- Comunicado de Luis Bárcenas:

"Una vez que se ha producido la circunstancia de haber podido prestar declaración voluntaria ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo ante el magistrado instructor, y aportar las pruebas que a mi juicio demuestran suficientemente mi inocencia en los hechos que, presuntamente, se me imputan: he tomado, por lealtad al Partido Popular y a su presidente, Mariano Rajoy, y de común acuerdo con él, la decisión de renunciar a la responsabilidad de tesorero nacional del Partido Popular hasta que, definitivamente, quede acreditada mi inocencia ante los tribunales de Justicia".

- Comunicado de la dirección del PP:

"1. El Partido Popular confía en la inocencia de Luis Bárcenas y en que así se demostrará en los tribunales de Justicia.

2. El Partido Popular quiere manifestar su reconocimiento a los más de 28 años de servicios de Luis Bárcenas a nuestro partido que han sido ejemplo de profesionalidad y buen hacer.

3. El Partido Popular expresa su respeto hacia la decisión de Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular, de presentar su renuncia a su actual responsabilidad. La decisión de nuestro tesorero está inspirada, una vez más, en su lealtad hacia nuestra organización.

4. El Partido Popular considera que la renuncia es transitoria hasta que quede acreditada su inocencia ante las instancias judiciales. No se procederá a la sustitución de Luis Bárcenas como tesorero nacional del Partido Popular".
El juez rechaza una demanda del tesorero contra EL PAÍS

El Juzgado de Primera Instancia 77 de Madrid ha rechazado una demanda de Luis Bárcenas contra EL PAÍS por una información que recogía los supuestos pagos al ex tesorero por la trama corrupta. El juez concluye que la noticia se basa en resoluciones judiciales y la considera veraz y exacta. La sentencia acusa al senador de pretender "desvirtuar" esas resoluciones reproducidas por EL PAÍS mediante la publicación en el diario de una rectificación.

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ASÍ SE COCINÓ LA DIMISIÓN FORZADA DE BÁRCENAS

ALIVIO Y SORPRESA EN EL PP

Alivio y sorpresa en las filas del PP tras la salida forzada de Luis Bárcenas.
El vicesecretario de Comunicación del partido, Esteban González Pons, ha reconocido el secretismo con el que Rajoy gestionó la dimisión del tesorero y ha insistido en la inocencia de su compañero.

Bárcenas, en el Comité Ejecutivo del PP.

Según fuentes del partido, el presidente de los populares y Bárcenas mantuvieron la semana pasada, tras la declaración del tesorero ante el Tribunal Supremo, una conversación privada en la que ambos analizaron la situación crítica que sufría la formación. Entonces, quedó casi cerrada la salida del senador, que se concretó el martes en un segundo encuentro tras la última reunión del Comité Ejecutivo antes de las vacaciones de verano.

"El límite de Rajoy para dar una solución política al asunto era el final del presente mes de julio", aseguran fuentes solventes de la dirección del PP recogidas por El Mundo. A esto se sumó que a los despachos de Génova empezó a llegar la información de que el juez instructor del caso Gürtel, Francisco Monterde, había dedicado el fin de semana a redactar el auto de solicitud al Senado del suplicatorio.

En cuanto a las dos reuniones celebradas, poco ha trascendido más allá de que se celebraron en un tono de cordialidad (aunque sin ambigüedades) en la que no hubo implicadas terceras personas. "Es una operación diseñada por Mariano", dicen en Génova, donde recuerdan que el líder del partido siempre se ha caracterizado por "administrar los tiempos". Otras fuentes, recogidas por El País, apuntan a que la decisión y el momento de dimitir habrían sido tomadas por el tesorero.

Sea como fuere, Esteban González Pons reconocía este miércoles el secretismo de la operación. En los micrófonos de "La Mañana" de COPE, ha asegurado que él no hiló "la paz interna" de Bárcenas con el mensaje que Rajoy lanzó ante la dirección del partido: "sé lo que estoy haciendo". "Yo bajé a la rueda de prensa de Cospedal (celebrada mientras ambos se reunían) sin saber lo que iba a ocurrir", apuntó. Tampoco tenía ni idea la número dos del PP, que se afanó en decir a los periodistas que había que "esperar" porque "los procedimientos judiciales seguían su curso".

"Creemos en la inocencia de Bárcenas"
Dicho esto, y sin saltarse una coma del guión oficial, el responsable de Comunicación del PP recalcó que el tesorero "ha aportado pruebas y creemos, con mayor fundamento, en su inocencia". "Es un compañero que nos ha demostrado su inocencia", sentenció, para augurar que "la Justicia le va a reponer en su honor".

Por su parte, para el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, la dimisión de Bárcenas "le honra" y es "buena para él, para su familia y para el partido". En declaraciones desde el Senado también ha señalado que "se ha tomado la decisión en el momento en que se ha tomado, sin que haya ninguna decisión judicial" y la ha considerado "acertada, en el momento y en el fondo".

También se refirió a la dimisión de Bárcenas el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte, la primera voz del partido que pidió públicamente que el tesorero dejara sus responsabilidades. En este sentido, calificó de "muy buena" la noticia porque "es bueno quitarse del foco de la noticia".

La Fiscalía pide los suplicatorios
Desde el punto de vista jurídico, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido al magistrado Monterde, instructor del proceso penal abierto contra Bárcenas y el diputado del PP Jesús Merino, que se tramite los suplicatorios para proceder contra ambos con todas las consecuencias. Es la tercera vez que desde el Ministerio Público se pide al juez que solicite dicho suplicatorio.

En cambio, esta vez la petición tiene especial relevancia, puesto que Monterde ya ha escuchado las alegaciones de los populares y el hecho de que pida el suplicatorio a las Cámaras da por sentando que procederá a la imputación definitiva del senador y el diputado del PP.

No obstante, todo parece indicar que, aunque el magistrado Monterde pida las Cortes sendos suplicatorios, la imputación no llegará hasta septiembre. En primer lugar, porque nos encontramos fuera del periodo de sesiones de las Cámaras y, en segundo, porque agosto es inhábil y la tramitación de dichos suplicatorios conlleva un proceso en el Congreso y Senado de varios días.

Dicho esto, lo que sí parece evidente es que las "versiones" de Bárcenas y Merino no han convencido al juez Monterde. Todo apunta que no se librarán de sentarse en el banquillo de los acusados.

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LIBERTADDIGITAL.COM

EL FISCAL PIDE LOS SUPLICATORIOS CONTRA BÁRCENAS Y MERINO TRAS OÍRLES

Está acusado de presunto fraude fiscal y cohecho

Bárcenas, el martes por la mañana, en el Comité Ejecutivo, antes de dimitir. | Bernardo Díaz

María Peral | Agencias | Madrid

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido al magistrado Francisco Monterde, instructor del proceso penal abierto a los parlamentarios del PP Luis Bárcenas y Jesús Merino, que tramite ya los suplicatorios para proceder contra ambos con todas las consecuencias, según publica hoy EL MUNDO.

El Ministerio Público se ha pronunciado en ese sentido en un informe presentado el lunes a petición de Monterde, que se dirigió al fiscal solicitando su opinión sobre los suplicatorios nada más oír las declaraciones voluntariamente prestadas por Bárcenas y Merino la pasada semana.

El instructor hizo ver al fiscal que tenía cierta prisa en conocer su postura, lo que en el Supremo se interpretó como un indicio de que Monterde quiere elevar a la Sala antes de agosto la resolución en la que se muestra partidario de cursar los suplicatorios.

Fuentes del Tribunal indicaron que, aunque el instructor dicte ya esa resolución, es improbable que la Sala se reúna antes de que termine esta semana para tomar una decisión. En primer lugar porque ya que habría que sustituir a algunos magistrados -que integran el tribunal y que se encuentran fuera de España- y porque, al estar fuera del periodo de sesiones parlamentarias, diputados y senadores no podrán pronunciarse sobre los suplicatorios, como pronto, hasta septiembre.

Fraude fiscal y cohecho
Bárcenas está acusado de presuntos delitos de fraude fiscal y cohecho. Según las investigación iniciada por la Audiencia Nacional, podría haber recibido de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa más de 1.300.000 euros y el abono de un viaje.

Cinco meses desde que se destapara la presunta vinculación de Bárcenas en el 'caso Gürtel', la trama de corrupción que salpica a cargos del PP, el senador del PP por Cantabria desde 2004 y tesorero nacional del partido desde marzo de 2008 presentó su dimisión temporal "hasta que se acredite su inocencia". De hecho, el PP también la califica como "transitoria" y afirma que no le sustituirá porque "confía en su inocencia" y "así se demostrará".

Bárcenas se había comprometido ante Rajoy a presentar la dimisión de forma transitoria en cuanto el Supremo solicitara el suplicatorio para investigarle, pero en contra de lo esperado, ayer a mediodía se reunió en privado con el presidente del PP para comunicarle la decisión. Fue el mismo día que el Comité Ejecutivo del partido se reunía para hacer balance del presente curso político y despedirse antes de las vacaciones.

La charla, en el despacho de Rajoy en la séptima planta de la sede nacional de Génova (Madrid), fue "tranquila" y de "trato espléndido", según fuentes 'populares'. Mientras le informaba sobre su intención de marcharse de forma transitoria, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, daba una conferencia de prensa.

Bárcenas daba el paso. Rajoy había apostado por su continuidad, en contra de la opinión de algunos altos dirigentes, como la propia De Cospedal, y planteaba agotar su presunción de inocencia. Pero también había dirigentes en el PP que esperaban se produjera esta decisión, pues de este modo se evitaba más daño al partido.

Equipo de abogados y estrategia propia
Consciente de que su respaldo se agrietaba a pesar de que la plana mayor del PP se mostraba unida en público, Bárcenas optó por contratar un equipo propio de abogados y a un asesor de relaciones con los medios de comunicación. El entonces tesorero trazaba su propia estrategia.

El 24 de junio, el Tribunal Supremo admitió la investigación de los aforados Bárcenas y el diputado 'popular' Jesús Merino. Después, le imputaba provisonalmente para que pudiera prestar declaración, tal y como había solicitado.

En el auto de imputación a Bárcenas el Alto Tribunal afirma que las anotaciones existentes en los documentos intervenidos en el registro del piso perteneciente a la red de Correa y las que resultan de la contabilidad intervenida "son indiciariamente expresivas de la recepción de cantidades económicas, también del abono de un viaje turístico" del aforado, al que, destaca, "se identifica con su nombre, con las iniciales de su nombre y apellido, con su apellido o con la expresión Luis 'el cabrón' empleada en la causa.

El pasado miércoles, llegó la imagen del tesorero 'popular' entrando en el Supremo para declarar como imputado provisional ante una gran expectación mediática que se agolpaba en la puerta. Negó ser "L.B." o "Luis el cabrón" y apuntó que este último apelativo podría corresponder al empresario Luis Delso, presidente de Isolux. Al salir del Tribunal, Bárcenas dijo estar "muy contento" por haber podido "aportar las pruebas que demuestran mi inocencia". Ahora tendrá que continuar su defensa fuera del cargo que ocupaba desde hace cinco años.

Además:
* Cronología: Una dimisión esperada | Reacciones
* Perfil | Las claves de la trama | Implicados
* Comunicados: PP | Luis Bárcenas (PDF)

ELMUNDO.ES

"TE ENVÍO LAS COMPRAS. CAMPS: CINCO TRAJES A 950=4.750 EUROS"

La investigación del 'caso Gürtel'

Nuevos correos electrónicos de la red de Correa acreditan el supuesto cohecho

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid

Nuevos documentos incorporados al sumario del caso Gürtel en Valencia apuntalan que el presidente, Francisco Camps; el secretario general del PP regional, Ricardo Costa; el ex vicepresiente Víctor Campos; el ex asesor de Turismo Rafael Betoret y el director de la televisión autonómica, Pedro García, recibieron regalos de la trama corrupta. Los cuatro primeros están imputados por cohecho.

Francisco Correa
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Crespo remite a Pérez un correo con la ropa vendida por José Tomás

El director de la televisión valenciana aparece con un traje, un abrigo y zapatos

Los correos electrónicos que se cruzaron los principales dirigentes de la trama corrupta vinculada a Gobiernos del PP, el caso Gürtel, investigada por el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, acreditan el supuesto pago de varios miles de euros en regalos de ropa al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.

La trama corrupta logró a través de varias de sus empresas -Orange Market, Easy Concept, Down Town, entre otras- cerca de ocho millones de euros en contratos de la Comunidad Valenciana a partir del año siguiente de llegar Camps a la presidencia, en 2003.

La investigación abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha permitido recopilar los correos electrónicos que enviaba Pablo Crespo, el número dos de la trama corrupta y ex dirigente del PP en Galicia, a Álvaro Pérez, El Bigotes, cabeza visible de la empresa Orange Market, con la que la red que dirigía Francisco Correa hacía negocios en la Comunidad Valenciana.

De Pablo para Álvaro

Uno de esos correos electrónicos, incorporado el sumario que se instruye en el Tribunal Superior de Valencia, recoge el siguiente mensaje enviado desde la dirección de Pablo Crespo (pablogerencia@fcsgrupo.com) a la dirección de Álvaro Pérez: "Te envío la relación de compras de la Comunidad Valenciana". El correo electrónico, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se envió el 29 de marzo de 2007 a las 11.41 con una relación de la ropa adquirida para Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana:

"Cinco trajes a 950=4.750; 1 zapatos = 274,50; 1 zapatos = 184,50: 1 zapatos = 184.50; total: 5.392,50".

Junto a esta anotación aparecen otras referidas a Pedro García, el director general de la televisión autonómica valenciana, hombre de confianza de Francisco Camps y amigo personal de Pérez: "Dos zapatos, un abrigo, una chaqueta, cuatro sueter, un traje, total: 3.284 euros".

El correo electrónico de Crespo a Pérez copia el texto de otro correo que le envió José Tomás (Josetomas@foreveryoung.es), el sastre director de ventas de Forever Young, la tienda donde El Bigotes llevó a varios dirigentes del PP valenciano para que eligieran la ropa.

Tomás llegó a visitar la Comunidad Valenciana para tomar medidas y mostrar distintos tipos de tela a los dirigentes del PP para que eligieran el vestuario que, según la investigación, acabó pagando la trama a través de sus empresas Orange Market, Servimadrid Integral y otras.

Orange Market, según figura en un informe de la Agencia Tributaria que también tiene en su poder el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, incluyó como gastos para el funcionamiento de su empresa numerosas compras por más de 100.000 euros en las tiendas de Milano, justo el mismo establecimiento donde, según acreditan sus documentos internos y varios testimonios recabados por el juez, regalaban trajes a políticos y altos cargos de la Comunidad Valenciana.

La correspondencia entre los distintos integrantes de la trama prueba que la ropa que Camps y otros dirigentes del PP valenciano adquirían en las tiendas Milano y Forever Young era abonada por las empresas de la red corrupta que dirigían Correa, Crespo y, en Valencia, Álvaro Pérez. Esa documentación desmiente las declaraciones de Camps al juez sobre el supuesto pago en metálico de la ropa, de lo que no queda ni un solo rastro documental dentro o fuera de la tienda.

El director de ventas de la tienda donde Camps se vistió ha declarado en reiteradas ocasiones tanto al juez Baltasar Garzón, que inició la instrucción de este caso en la Audiencia Nacional, como al juez José Flors, que se encarga de la investigación en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que Camps nunca le pagó ni un euro por los trajes y el resto de ropa. El mismo José Tomás acreditó con distinta documentación de la tienda que el vestuario del presidente de la Comunidad Valenciana había sido abonado por las empresas de la trama corrupta.

En el sumario figuran talones bancarios de las empresas como justificante de la ropa para Camps y otros cuatro dirigentes del PP valenciano.

Los correos electrónicos que se cruzaron Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta, y Álvaro Pérez, jefe de la empresa valenciana de la red, constituyen nuevas pruebas para acreditar el sistema de pago de la ropa que se compraba para Camps y el resto de altos cargos de la Comunidad Valenciana.

Mientras Camps ha sostenido desde el primer momento que pagó toda la ropa de Forever Young en metálico, Álvaro Pérez ha buscado otra justificación. En una conversación mantenida con su jefe, Francisco Correa, sostuvo que él compraba los trajes, se los prestaba a Camps para sesiones fotográficas y, posteriormente, el presidente valenciano se los devolvía.

El juez Flors ha señalado en su último auto que la versión ofrecida por José Tomás, el director de ventas de Forever Young, era creíble mientras que ha cuestionado la veracidad de lo declarado por el presidente valenciano en relación con los trajes.

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UNA CONSTRUCTORA QUE PAGÓ COMISIONES A CORREA SACÓ SIETE MILLONES EN BILLETES DE 500

La investigación del 'caso Gürtel'

Hacienda destapa un posible fraude al investigar el 'caso Gürtel' en Castilla y León
El consejero que adjudicó una obra sospechosa es ahora presidente de las Cortes

CARLOS E. CUÉ - Madrid

El caso Gürtel, una red corrupta vinculada a Administraciones controladas por el PP que ya tiene más de 100 imputados, continúa su imparable expansión. Cinco meses después de las primeras detenciones, los investigadores siguen descubriendo nuevas irregularidades y operaciones sospechosas.

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"No conozco a Correa. El expediente es impecable", dice el ex consejero

Los documentos apuntan a un pago del 3% de la obra por gestiones de Correa

En el informe de la Agencia Tributaria, definitivo para que el Tribunal Supremo haya decidido asumir el caso por la posible implicación de Luis Bárcenas, tesorero del PP, y el diputado Jesús Merino, se detalla cómo la investigación de los tentáculos de la red de Francisco Correa en Castilla y León ha destapado unas sospechosas operaciones de casi siete millones de euros en billetes de 500 que se están investigando.

La deriva de Gürtel en Castilla y León ya apareció en el primer auto del juez Baltasar Garzón que implicaba a Bárcenas. Los investigadores encontraron entre la documentación del contable de Correa un fax de la Consejería de Fomento de Castilla y León, dirigida entonces por José Manuel Fernández Santiago (conocido entre sus íntimos como Toti), ahora presidente de las Cortes, con la concesión definitiva de la variante de Olleros de Alba, por 2,45 millones de euros, en noviembre de 2002, a TECONSA, una empresa relacionada con la trama y que tenía entre sus directivos a José Ramón Blanco Balín, uno de los imputados en el caso Gürtel.

Garzón detallaba, basándose en los informes de los investigadores, que la red de Correa había anotado junto al fax 73.650= 12.255. 73.650 euros es exactamente el 3% de los 2,45 millones de euros de la adjudicación, y 12.255 la traducción de 73.650 euros a millones de pesetas. Esto es, que TECONSA habría pagado una comisión del 3% a Correa para que utilizase sus contactos políticos para influir en la adjudicación, un dinero que éste repartió después entre algunas personas aún sin identificar, y que aparecen con las siglas T.O; G; L y J. El 3% es el porcentaje del que siempre se ha hablado como el más habitual para comisiones de adjudicaciones. Más tarde, los investigadores encontraron otra documentación que apunta en el mismo sentido: un folio cuadriculado manuscrito con el encabezado "recibido en sobre 17-1-2003- Junta Castilla y León" sobre otro reparto similar de 96.100 euros.

Todo esto hizo que los investigadores se pusieran en contacto con la Agencia Tributaria, que realizó un informe demoledor sobre TECONSA, una constructora de origen leonés. Según se puede leer en ese documento, la información recibida en relación con las operaciones de movimiento de efectivo realizadas por TECONSA en los ejercicios 2004 a 2007 se refiere al manejo por parte del obligado tributario de billetes de 500 euros por un importe total de 5,5 millones en 2004, 242.000 en 2005, 893 en 2006 y 202.000 en 2007".

En casi todas las operaciones, TECONSA aparece como ordenante y beneficiario de las entregas de dinero. En 2004, en un mes, la empresa hizo nueve operaciones, una de ellas de 2,4 millones de euros, todas en billetes de 500. "No parece razonable el manejo en efectivo de cantidades tan elevadas, existiendo hoy día alternativas mucho más seguras para efectuar pagos. Llama la atención la secuencia temporal de las operaciones, todas en un mes. De ser empleados los fondos dispuestos en efectivo en la gestión corriente de TECONSA, como indicaron don José Luis Martínez Parra (administrador y autorizado en cuentas de la sociedad) y don Pedro Durán Sanz (trabajador de TECONSA), parecería más lógico que fueran retirados de una forma más continua a lo largo del ejercicio, y no concentrados en un solo mes", escribe la Agencia Tributaria en su informe.

Este mismo organismo ya había destapado en ese mismo informe que Constructora Hispánica, otra empresa relacionada con la red de Correa -aparecen pagos de esta constructora en la contabilidad B de 1,6 millones de euros que también habrían ido a parar en parte a Bárcenas, según la fiscalía- había realizado pagos superiores al millón de euros en billetes de 500 a empresas pantalla que emitían facturas falsas. Constructora Hispánica consiguió adjudicaciones de tramos del AVE por valor de 99,1 millones de euros durante el mandato de Francisco Álvarez-Cascos (mayo de 2000 a marzo de 2004) al frente del Ministerio de Fomento.

La polémica por la variante de Olleros de Alba, el nexo principal entre el caso Gürtel, radicado fundamentalmente en Madrid y la Comunidad Valenciana, y Castilla y León, ha llegado incluso a las Cortes. La oposición del PSOE, dirigida por Óscar López en esta comunidad, exigió explicaciones y el actual consejero, Antonio Silván, insistió en que el expediente de adjudicación es "impecable". TECONSA y FCC empataron a puntos, pero la primera ofreció un preció más barato, aunque al final, según denunció la oposición socialista, la obra costó 4,2 millones, frente a los 2,8 que había ofrecido inicialmente TECONSA.

A pesar de esta aparente tranquilidad, en el PP, según varios dirigentes consultados, existe un gran temor de que el escándalo se extienda judicialmente a Castilla y León, ya que serían tres de las seis comunidades gobernadas por el partido que lidera Mariano Rajoy las afectadas por Gürtel, un caso que no para de dar disgustos al PP.

De hecho, los populares están preocupados porque se ha trasladado en el partido que Bárcenas, cuando fue interrogado el pasado miércoles en el Tribunal Supremo por su posible implicación en la concesión de la variante de Olleros, contestó al juez y a los fiscales que debían investigar a los responsables de esa adjudicación para identificar esas iniciales. Bárcenas no llegó al extremo de señalar nombres de compañeros suyos de partido, pero dejó caer dónde había que mirar, según las mismas fuentes. Sí fue tajante con Luis Delso, presidente de Isolux, al asociarle al apunte de "Luis, el cabrón".

El actual presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, máximo responsable de esa adjudicación, contestó ayer a algunas preguntas de EL PAÍS. Él insiste en que el expediente "es impecable". "Se concedió la obra a la empresa más barata. Toda la operación es de lo más correcta que se pueda imaginar. Estoy muy tranquilo", insiste.

Fernández Santiago asegura que él no tiene ningún tipo de relación con la trama de Gürtel. Admite que conoce de hace muchos años a Gerardo Galeote, uno de los principales implicados, pero nada más. "No conozco de nada a Correa, no le he visto en mi vida. No tengo la menor idea de a qué se refieren esas iniciales, pero en cualquier caso la presunción de inocencia en un Estado de derecho debe llevar a que a nadie le acusen de algo tan grave sólo porque su inicial pueda coincidir con la que hay en un papel que ha aparecido", sentencia.

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EL FONDO DEL QUE HABLÓ EL TESORERO PARA ESCAPAR LLEVA A "LBÁRCENAS"

La investigación del 'caso Gürtel' Para incriminar a Luis Delso, el senador apuntó a un negocio en el que aparece Ante el estupor de la mayoría de los dirigentes del PP, Luis Bárcenas, al contrario de lo que hizo ayer Jesús Merino, se dedicó ante el juez a especular con los posibles nombres que obedecerían a las siglas de "Luis el cabrón" o "LB". Para escapar del primero -tanto los testimonios del sumario, como las conversaciones grabadas, como los informes oficiales apuntan a que él puede ser "Luis, el cabrón"- Bárcenas mostró un diario digital en el que se habla de un fondo inmobiliario, Real Estate Equity Portfolio, en el que estaría la empresa de Luis Delso, Isolux, con un 7% (600.000 euros).

Luis Bárcenas Gutiérrez
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Nacimiento:
22-08-1956

Lugar:
Huelva

En un documento sobre el proyecto Twain "LBarcenas" recibió 300.000 euros
Según la versión de Bárcenas, ese fondo, controlado por la red de Francisco Correa, puede estar en el origen de ese pago de 72.000 euros, como devolución del dinero aportado ante el fracaso de las inversiones.

Sin embargo, al hablar de ese fondo, Bárcenas está entrando en un terreno que le perjudica. Los documentos del sumario, y en especial el escrito razonado del juez Antonio Pedreira, incorporan un documento en el que aparece vinculado a este fondo no ya "LB" ni "Luis el cabrón", sino directamente "LBarcenas" [ver gráfico].

El juez Pedreira, en su escrito, se detuvo especialmente en explicar un complejísimo entramado de empresas en paraísos fiscales que tienen el objetivo de blanquear dinero y que estarían, según estos indicios, vinculadas finalmente con el tesorero del PP.

Uno de los proyectos estrella del fondo Real Estate Equity Portfolio era uno denominado "Mark Twain". Con él la red logró hacerse con unos terrenos en Majadahonda (Madrid, un ayuntamiento en el que la red tenía concentrados sus negocios) para construir 16 casas de lujo. Se construyeron, y aún están en venta muchas de ellas, a un millón de euros.

El responsable de esta operación es Jacobo Gordon, un ex socio de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar, que también, como Correa, fue testigo en su boda con Ana Aznar. La operación es de 2004.

En el registro de las oficinas del imputado José Ramón Blanco Balín, amigo de Aznar y vicepresidente de Repsol cuando la presidía Alberto Cortina, se encontró un archivador sobre la empresa Rustfield, que registra movimientos en la cuenta que tenía esta firma en una oficina de Barclays en Reino Unido. Desde allí se mandaban fondos a España, a la cuenta que otra empresa, Inversiones Kintamani, tenía en el Banco Pastor.

Los ingresos a Kintamani llegaban desde paraísos fiscales como Madeira o Mónaco. Para encubrirlo, según el juez, "se utilizaban trusts (grupos de empresas) situados en países blancos". Para ocultar aún más, había un tercer trust, Morning Star Holding, que gestionaba en la isla de Nevis, otro paraíso fiscal, a Pacsa, titular a su vez de las acciones de Rustfield.

En ese archivador encontrado, en una hoja manuscrita presuntamente por el abogado Luis de Miguel

[ver gráfico] se puede apreciar un supuesto pago a "LBarcenas" de 50 millones de pesetas (300.000 euros). El texto habla del "Proyecto Twain". La cifra total que figura en la columna B, 125 millones (750.000 euros), coincide con la opción de compra que se pagó por el terreno en Majadahonda en enero de 2004, según datos de Hacienda. Seis meses después, ese terreno se vendió por 4,2 millones de euros. Bárcenas ha insistido en su declaración en que cuando aparece "LBarcenas" se refiere a pagos de viajes suyos, pero ha obviado esta anotación.

Aunque el Supremo no consideró que esta prueba tuviera "fuerza suasoria" como para investigar a Bárcenas por blanqueo de dinero, no la descartó como una de las que le implican en el supuesto cobro de comisiones y dijo que si había alguna nueva prueba habría que seguir esta pista.

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EL SUR BUSCA SU "GÜRTEL"

Las denuncias entre PP y PSM marcan la actualidad política del 'cinturón rojo'
Los tribunales investigan casos en Móstoles, Leganés y Pinto

JERÓNIMO ANDREU - Madrid

El PP de Getafe presentó ayer en la Fiscalía Anticorrupción de Madrid un escrito en el que acusaba al alcalde de Getafe, Pedro Castro (PSM), y a dos de sus ediles de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. En el ojo del huracán está la concejal de Obras y Servicios, Cristina González, sospechosa de favorecer en la adjudicación de la construcción de 461 aparcamientos a una cooperativa presidida por su marido, en la que además sus padres ocupaban los cargos de secretario y tesorera.

Desde la moción de censura de 2008, en Pinto vuelan las citaciones

La visita de políticos del sur de la región a los tribunales no es una situación excepcional, sino más bien la regla: denuncias sonadas contra corporaciones municipales o alguno de sus componentes o ex componentes circulan por ayuntamientos como los de Móstoles, Leganés y Pinto. La política del cinturón rojo de Madrid parece profundamente judicializada.

El escrito contra el alcalde de Getafe fue presentado en la fiscalía el mismo día en que Luis Bárcenas, tesorero del PP, declaraba sobre el caso Gürtel, trama de corrupción que también tejió sus redes en la Comunidad de Madrid y que está minando la imagen de la formación de Mariano Rajoy.

Esta clase de coincidencias han llevado a la indignación al PSM, que considera que el PP está cebándose en el sur -el sector de la región donde los socialistas acumulan más poder- para generar la impresión de que el PSM esconde más de un muerto en el armario, según coinciden varios alcaldes y concejales socialistas del sur.

Pero la proliferación de denuncias no puede considerarse exclusivamente el resultado de una estrategia del PP contra su adversario político. En los municipios en los que el PSM está en la bancada de la oposición también este partido tira a menudo de la toga de los jueces en busca de un poco de atención. Un caso con gran repercusión se dio en Móstoles, donde la portavoz socialista, Paz Martín, denunció al alcalde, Esteban Parro, del PP, por agresión.

La disyuntiva que se plantea es preocupante para la vida política: o bien las acusaciones son ciertas y los gobiernos locales se mueven en la putridez, o las oposiciones están intentando conseguir en los juzgados lo que no logran en los plenos municipales. No se sabe qué es peor.Carlos Delgado, de ULEG, uno de los políticos que más frecuenta los tribunales madrileños, argumenta: "No es que me guste judicializar la vía política, pero es que ante la deriva en Leganés se ha vuelto necesario". Se refiere principalmente al caso de las facturas de la campaña municipal del PSOE en 2007.

Tráfico de influencias, malversación de fondos y vulneración de la ley de partidos son los cargos que encierra la denuncia del PP contra el alcalde, Rafael Gómez Montoya, (contra quien también se querella ULEG), su esposa, ex directora de Medio Ambiente, y el ex concejal de la misma área.

Según la oposición, empresas que tienen contratos con el Ayuntamiento pagaron parte de la publicidad socialista en las elecciones municipales de 2007. Para demostrarlo exhiben copias de correos electrónicos y de facturas que los socialistas aseguran que son montajes y en las que se carga a empresas de servicios públicos el importe de anuncios de prensa de la campaña de Gómez Montoya.

Contra el argumento socialista de que el cerco judicial a los ayuntamientos responde a una estratagema popular, se pueden rescatar varios casos en los que son ediles del PSOE los que han tomado el camino de los tribunales. Los juzgados de Móstoles archivaron en el mes de junio la denuncia de la portavoz del PSOE local, Paz Martín, por el manotazo que le dio en el mes de febrero el alcalde, Esteban Parro, en el transcurso de "una agria reunión". Martín, que afirmaba que el alcalde la trató de "chavala", quiso convertir el asunto en un caso de agresión de género, y se presentó varios días en público con la mano vendada, ante la indignación del PP. Es el segundo litigio que la nueva líder socialista pierde en los juzgados tras una querella con un diputado socialista de una facción contraria que le acusó de tener "una inmobiliaria en su casa".

Incluso donde el PSM gobierna, ha recurrido a los tribunales para dirimir muchas de sus diferencias con los populares. Para demostrarlo, ahí está la elevación al Tribunal de Cuentas de las presuntas irregularidades cometidas en la gestión municipal durante el breve mandato del PP en Pinto. El actual alcalde, Juan José Martín (PSM), no admite partidas presupuestarias de la época de su antecesora, la popular Miriam Rabaneda, a quien acusa de dejar un millón de euros de gastos sin consignación y un millar de expedientes desfavorables.

El caso es que en Pinto vuelan las citaciones desde la moción de censura que en 2008 descabalgó del poder a los populares. Entre varias querellas interpuestas todos contra todos, destaca la que el PP presentó por sospechar que el PSM había comprado el favor de los concejales de IU (Carlos Penit) y Juntos por Pinto (Reyes Maestre) para auparse en el poder.

Pero, sin duda, la estrella emergente de la actualidad judicial pinteña es el caso Pinares. El PP se ha sumado como acusación a la cruzada judicial que ha organizado un abogado local contra el ex alcalde Antonio Fernández González y su hija, la actual concejal de Hacienda, Patricia Fernández. La denuncia, admitida a trámite por el juzgado de Parla, los acusa de haberse enriquecido al frente de una fundación de cooperación al desarrollo que gestiona 18 viviendas para necesitados que el Ayuntamiento de Pinto financió en una localidad argentina también llamada Pinto, y que los populares afirman que han sido vendidas a profesionales liberales.

Fernández es el presidente de la fundación desde que abandonó la alcaldía. El Ayuntamiento niega cualquier relación con la fundación, pero los populares insisten en que la agrupación municipal del PSM ha compartido durante años sede con ella, además de tesorero.

La denuncia recoge que las donaciones que empresarios del pueblo han hecho a la fundación han servido para pagarle a Antonio Fernández un palacete en Argentina que figura inscrito como sede de Pinares y cuyo jardín cuesta 5.000 euros al año.

Los jueces serán los responsables de separar el polvo de la paja. Determinar qué hay de realidad en las acusaciones y cuánto de estrategia política en este agosto judicial del sur de Madrid.

ELPAÍS.COM

EL TSJB ORDENA A HACIENDA QUE CALCULE EL DINERO NEGRO DEL "PELOTAZO" DE SON OMS

* Pide que calcule el dinero B que cobró Montis por vender los solares
* Solicita que incorpore el patrimonio oculto de Vicens a su delito fiscal

Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

EL Tribunal Superior de Justicia acaba de ordenar a Hacienda que calcule cuánto dinero se pudo evadir en la venta de las comisiones cobradas por Gestora Desarrollo Son Oms, la empresa del testaferro de UM Jaime Montis que aglutinó y vendió en nombre de los políticos las comisiones del 15% exigidas a los pequeños propietarios a cambio de reconvertir aquellas tierras en suelo industrial.

El magistrado lo solicita después de que un informe interno incautado a Gestora por la Policía recoja anotaciones donde se hace referencia a pagos de «Beneficio B» y otras transacciones «en metálico».

Además, el juez también solicita ahora a la Agencia Tributaria que prepare un nuevo informe actualizado sobre los «incumplimientos tributarios» en los que el diputado del Grupo Mixto Bartomeu Vicens pudo haber incurrido entre 2004 y 2007, los años en que compaginaba su cargo de conseller de Territorio de UM con el cobro de comisiones derivadas de la recalificación del polígono de Son Oms.

Así lo ha ordenado después de que en abril EL MUNDO desvelase que el diputado había ocultado al juez parte del patrimonio que posee en Esporles y que amasó tras cobrar su parte del negocio. Eso pese a que desde hace más de un año pesa sobre él una orden de embargo de todos sus bienes. Tras aquellas revelaciones en plena investigación, Hacienda elevó un informe en el que detallaba esas propiedades y las cuantificaba en 291.769 euros. Se trata de un local comercial en la calle Ramón Llull, de una vivienda en la calle Son Trías y de sus correspondientes plazas de aparcamiento.

La Agencia Tributaria vio en aquellas operaciones indicios de delito fiscal y comunicó al juez la posibilidad de «realizar una nueva valoración de las cuotas presuntamente defraudadas a los efectos del artículo 305 del Código Penal». El delito contra la Hacienda Pública está castigado con entre uno y cuatro años de cárcel.

ELMUNDO.ES

EL JUEZ CONDENA A JAUME MASSOT POR UN DELITO DE NEGOCIACIONES PROHIBIDAS

CASO ANDRATX | Ex director general de Ordenación del Territorio,

* A dos años y medio de suspensión de empleo y a una multa de 6.750 euros

Efe | Palma

El ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot ha sido condenado a dos años y medio de suspensión de empleo o cargo público y a una multa de 6.750 euros por ser considerado autor responsable de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.

En la sentencia hecha pública hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), correspondiente a la tercera pieza separada del llamado "caso Andratx" de corrupción urbanística, Massot es considerado culpable de lucrarse asesorando a la empresa s'Almudaina Dos, cuando era director general de Ordenación del Territorio y jefe del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx.

El titular del Juzgado de lo Penal número 3, el magistrado Jaime Tártalo, ha dictado además el decomiso de la equivalencia en euros de los 7.000.000 millones de pesetas (42.070 euros) que abonó la sociedad s'Almudaina Dos S.A. a la empresa Territorio Asesores S.L. constituida por Massot, por labores de asesoría.

ELMUNDO.ES

LA ALCALDESA DE LA MUELA SALE BAJO FIANZA

La regidora, acusada de corrupción, ha depositado 800.000 euros

EFE - Zaragoza

La alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, del Partido Aragonés (Par), salió ayer de la cárcel de Zuera, en la que ha permanecido cuatro meses por su supuesta implicación en la trama de corrupción urbanística de su municipio. Tras pagar una fianza de 800.000 euros impuesta por el juez de La Almunia que instruye el caso, Alfredo Lajusticia, Pinilla aseguró que es "inocente" y que "la justicia lo demostrará".

Javier Notivoli, uno de los abogados de la alcaldesa, recalcó que ésta es "inocente de todos los cargos que se le imputan" y aseguró que Pinilla irá al Ayuntamiento, "se sentará en su mesa y cumplirá con sus obligaciones" porque es "una autoridad, es alcaldesa, ostenta esa categoría y lo sigue siendo porque no existe ninguna medida cautelar que se lo impida".

La regidora de La Muela fue detenida el 18 de marzo e ingresó en prisión el 23 del mismo mes, imputada por 11 delitos, entre ellos cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. En este caso están imputadas 35 personas, entre ellas el marido de Pinilla, uno de sus hijos, dos concejales del Ayuntamiento y numerosos empresarios.

Según el auto de libertad, Pinilla deberá entregar su pasaporte y comparecer en el juzgado más próximo a su domicilio los días 1 y 15 de cada mes.

ELPAÍS.COM

LA AUDIENCIA DE GIRONA ORDENA REABRIR LA INVESTIGACIÓN A JOAN CARRETERO POR EL CASO PUIGCERDÁ

El ex consejero de Gobernación de la Generalitat será investigado por las irregularidades en una recalificación de terrenos

EP - Girona

El ex conseller de Gobernación de la Generalitat Joan Carretero será investigado por la recalificación de unos terrenos cuando era alcalde de Puigcerdà, ha decidido hoy la Audiencia de Girona.

* Documento: Auto de la Audiencia de Girona sobre el caso de Joan Carretero

La actuación del tribunal revoca la decisión de un juez de Puigcerdà que enero de 2007 había archivado provisionalmente las actuaciones.

Inicialmente la querella había sido impuesta en junio de 2004 por varios vecinos de la población que acusaban a Carretero y al alcalde del municipio, Joan Planella, de haber modificado el Plan Parcial del sector llamado La Closa de l'Angel para permitir a Gesdip la construcción de un centro comercial, pese a que "multitud de resoluciones administrativas" consideraban esa zona ámbito de urbanización prioritario destinado a viviendas.

ELPAÍS.COM

LOS "POPULARES" IMPLICADOS EN EL "CASO GÜRTEL"

CORRUPCIÓN | Políticos bajo sospecha

Aforados nacionales en el Tribunal Supremo

* Luis Bárcenas. El tesorero del PP es uno de los dos aforados nacionales implicados en la trama corrupta. Luis Bárcenas es además miembro de la Ejecutiva nacional y senador por Cantabria desde las pasadas elecciones generales. Al responsable de las finanzas del principal partido de la oposición se le imputan delitos de cohecho y fraude fiscal. De acuerdo con las investigaciones, Bárcenas habría recibido un mínimo de un millón de euros, "percepciones económicas irregulares" que "no se corresponden con actividades profesionales o de otro tipo que puedan justificar su recepción", según indicaba la Sala Penal del Tribunal Supremo en su resolución del 23 de junio, por la que inició la causa contra él y Merino. Según publicó EL MUNDO, Luis Bárcenas ha acumulado en los últimos años un patrimonio inmobiliario valorado en unos 3,3 millones de euros. Además, en la contabilidad B de Francisco Correa aparecen distintas anotaciones de pagos que Bárcenas habría ido recibiendo.

* Jesús Merino. El otro aforado nacional que ha sido citado por el juez magistrado Francisco Monterde, designado por la Sala Penal del Supremo instructor del proceso, es diputado del PP por Segovia desde 2000. En su caso, el Alto Tribunal tiene indicios de cohecho y un posible delito fiscal. De acuerdo con las investigaciones, habría percibido del grupo de Correa 317.700 euros. Forma parte del equipo de Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso, donde es encargado de coordinar las comisiones.

Rama madrileña en el TSJM

* Alfonso Bosch Tejedor. Fue el primer aforado madrileño al que se imputó en el procedimiento penal del 'caso Gürtel'. Es diputado del PP en la Asamblea de Madrid. El TSJM señala sobre él que cuando desempeñaba el cargo de Gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte (Madrid), "percibió importantes cantidades que podrían tener relación con la adjudicación de contratos a empresas del entramado societario de Francisco Correa", presunto líder de la trama. El magistrado Antonio Pedreira le ha imputado seis delitos: cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. Tras su declaración, el juez le impuso una fianza de 750.000 de euros.

* Alberto López Viejo. Es el aforado afectado por el 'caso Gürtel' más cercano a la presidenta del Gobierno madrileño, Esperanza Aguirre. Diputado del PP en la Asamblea de Madrid, fue consejero de Deportes de la comunidad hasta el pasado 9 de febrero y con anterioridad viceconsejero de Presidencia. Además del supuesto delito de cohecho, el juez le atribuye tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. El juez Garzón le vinculó con la trama de Correa, a la que "habría beneficiado" otorgándole contratos "a cambio de entregas de dinero", en concreto 563.000 euros. El juez Antonio Pedreira le impuso una fianza de 750.000 euros.

* Benjamín Martín Vasco. Diputado regional del PP, presentó el pasado 2 de abril su dimisión como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid para que su implicación en la 'Operación Gürtel' no perjudicara al Grupo Parlamentario. Según la investigación judicial recibió 437.176 euros de las empresas relacionadas con Francisco Correa a cambio de adjudicaciones de proyectos urbanísticos en el Ayuntamiento de Arganda del Rey. El juez Pedreira le imputó los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad y le impuso una fianza de 955.000 euros.

* Carlos Clemente Aguado. Ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, está imputado por el TSJM por cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. Según el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón habría cobrado 16.000 euros de la caja 'B' de Francisco Correa.

* Arturo González Panero. Al ya ex alcalde de Boadilla del Monte le ha sido impuesta la fianza más alta de las fijadas a los cargos públicos implicados en la trama corrupta: 1,8 millones de euros. González Panero —el primer regidor madrileño citado por Pedreira, ante quien se negó a declarar— es frecuentemente citado en las grabaciones de Francisco Correa, al que implica directamente. Al ex alcalde, el juez Pedreira le imputa los delitos de asociación ilícita, cohecho (sobornos), tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Los autos de Garzón atribuyen a González Panero el cobro de 510.000 euros de la caja 'B' de Correa y figuraría en los libros de contabilidad bajo la referencia de "albondiguilla".

* Ginés López. La Fiscalía Anticorrupción acusa al ex alcalde de Arganda del Rey de haber recibido 1,3 millones de euros en sobornos de las empresas de la trama corrupta. Según el auto de Garzón, que rebajaba el montante a 523.439 euros, durante los últimos seis años de Gobierno en Arganda de 'El Gafitas' (como se conoce a López dentro de la trama) "se ha producido la entrada de las empresas de Francisco Correa en dicho municipio mediante la adjudicación de contratos públicos a la empresa Easy Concept Comunicación, durante los años 2005 a 2007".

* Jesús Sepúlveda. Según el auto del juez Garzón, el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón recibió de la trama corrupta 422.922 euros, en concepto de comisiones a cambio de adjudicaciones a las empresas de Correa.. Antes de convertirse en el primer edil de la localidad madrileña, el ex marido de la 'popular' Ana Mato fue secretario nacional del Área Electoral, cargo desde el que organizaba eventos del PP. Además del dinero, Sepúlveda habría recibido también otros regalos de la trama corrupta, como un Jaguar y un Range Rover, modelo Vogue 4.4 V8.

* Guillermo Ortega. Hasta que se vio salpicado por la trama corrupta, Ortega (alcalde de Majadahonda entre 2001 y 2005) era gerente de la empresa pública de la Comunidad de Madrid Mercado Puerta de Toledo. Su gestión municipal estuvo llena de denuncias, sobre todo relacionadas con la venta de una parcela municipal a muy bajo precio. Su jefa de gabinete cuando estaba al frente de la Alcaldía era, además, la mujer de Correa. A 'El rata', el auto del juez Garzón le atribuye delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

* José Galeote. Según Garzón, el padre del Ricardo Galeote (eurodiputado hasta el pasado junio) percibió 612.506 euros. A José Galeote —12 años concejal de Boadilla y, desde 2004, gerente del Consorcio Deportivo y de servicios de la zona noroeste de Madrid— el juez Pedreira le impuso una fianza de un millón de euros. En su declaración ante el juez, el ex edil negó que hubiese cobrado los sobornos que le atribuye Garzón y admitió que pidió un préstamo a Correa para comprar un coche, aclarando que se lo devolvió íntegro en tres plazos.

* Ricardo Galeote. Al hijo de José Galeote y ex concejal popular del Ayuntamiento de Estepona, Garzón le atribuye haberse embolsado 42.469 euros entre 2001 y 2003, cuando era gerente de la empresa municipal "Turismo y Actividades Recreativas". Su implicación en este caso se deriva de algunas de las investigaciones llevadas a cabo en el marco de la operación 'Astapa' donde trabajó con asiduidad una de las empresas del entramado.

* Tomás Martín Morales. Según consta en el auto de Garzón, el ex vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla (y uno de los hombres de confianza de González Panero) intermedió para que una de las empresas de la trama corrupta (Constructora Hispánica) obtuviera la adjudicación en detrimento de otras constructoras como Sacyr y recibió por ello 378.172 euros.

Rama valenciana en el TSJCV

* Francisco Camps. El presidente valenciano está pendiente de su recurso, último capítulo por ahora de su historia con el 'caso Gürtel'. El TSJ de Valencia investiga desde el pasado 5 de marzo si el presidente valenciano recibió o no trajes por valor de 12.000 euros pagados por Orange Market, filial de la empresa 'Special Events' de Francisco Correa. Camps declaró el pasado 20 de mayo ante José Flors, magistrado instructor de la rama valenciana. El 6 de julio, el juez dictó un auto por el que cerró las diligencias previas y concluyó que existen "indicios racionales de delito" para abrir juicio oral contra Camps. Su defensa intentó sin éxito suspender la causa hasta que se resolviera el recurso.

* Ricardo Costa. Según el auto preparado por Garzón antes de inhibirse en favor del TSJ de Valencia, Costa adquirió trajes en diferentes tiendas de ropa por un importe de 7.325 euros que fueron pagados por Orange Market. El 'número dos' del PP valenciano declaró el 19 de mayo ante el juez Flors, que también ha encontrado 'indicios de delito' contra él. Fue el primero de los imputados valencianos en recurrir. Argumentó que pagó la ropa en efectivo, que nunca fue cliente habitual de Forever Young y que las medidas que figuran en los encargos de ropa no coinciden con las suyas.

* Víctor Campos. Quien fuera vicepresidente de la Generalitat Valenciana entre 2003 y 2007 es el único de los valencianos imputados que ha sido obligado a presentar la "baja temporal" de militancia en el PP. Fue el primero en comparecer ante el magistrado del TSJ. Campos figura en el auto de Garzón como una de los dirigentes que recibió trajes pagados por la trama de Correa por un importe total de 4.850 euros. Pese a que se llegó a decir que iba a aceptar ante el juez que él sí recibió regalos, Campos recurrió el auto de Flors junto al resto de implicados.

* Rafael Betoret. Es el rostro menos conocido de los 'populares' valencianos imputados por Garzón. Betoret fue jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y es el actual jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia. No ha hecho ninguna declaración pública. Prestó declaración en el TSJ el 20 de mayo, tras Francisco Camps y antes que 'El Bigotes'. También sigue a la espera de la resolución de su recurso.

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