Corrupción en Marbella
* La sentencia rebaja la pena de un año de prisión al pago de 36.900 euros
Marta Sánchez Esparza | Málaga
La representación legal de Juan Antonio Roca, el presunto cerebro de la trama de corrupción municipal destapada en Marbella con la operación 'Malaya', planteará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la sentencia dictada por el Tribunal Supremo (TS) sobre el pago de 73.800 euros por parte de Roca al ex juez de Marbella Francisco Javier de Urquía, a cambio de determinadas resoluciones judiciales.
La sentencia es ya de por sí extraordinariamente favorable a los intereses de Roca, ya que ha rebajado la pena de un año de prisión impuesta en agosto de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al pago de 36.900 euros, sustituibles por una responsabilidad penal subsidiaria de 15 días de cárcel, algo ridículo si se tiene en cuenta que Roca lleva en prisión desde marzo de 2006.
Roca, que en su día mostró su conformidad con la sentencia de un año de prisión dictada por el TSJA, se ha visto nuevamente beneficiado, esta vez por la decisión del Supremo de aplicar al juez Urquía un artículo más favorable del Código Penal en cuanto al delito de cohecho por el que se le había condenado en primera instancia.
En concreto, el alto tribunal ha considerado que el magistrado –suspendido cautelarmente desde julio de 2007– no prevaricó al dictar resoluciones judiciales favorables a Juan Antonio Roca, como la suspensión de un programa de televisión crítico con su persona.
Al suprimir de la condena el delito de prevaricación, el Supremo ha aplicado a Urquía el artículo 425.1, y a Roca como coautor del mencionado cohecho, el artículo 423.2, lo que ha dejado las condenas en sendas cantidades económicas, y en el caso de Urquía, además, en 21 meses de suspensión que ya había cumplido.
Tras la sorprendente sentencia del Supremo, la representación legal de Roca pretende llevar el caso todavía más lejos y recurrir ante el Constitucional, alegando que en la instrucción del caso se vulneraron derechos constitucionales de Roca tales como el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad mediante la práctica incorrecta de las escuchas telefónicas.
El equipo jurídico de Roca, liderado por el letrado José Aníbal Álvarez, sostiene que a las intervenciones telefónicas practicadas en torno al ex asesor de Urbanismo tuvieron acceso hasta 72 policías, a través de los sistemas telemáticos de la Policía, que en teoría deberían tener un acceso restringido mediante las oportunas claves.
De prosperar en el Constitucional el recurso de los abogados de Roca las escuchas serías anuladas, y el presunto cerebro del caso Malaya se vería de nuevo beneficiado en el presente caso, pero también a posteriori por la repercución que estas decisiones del Supremo y el Constitucional puedan tener en las futuras actuaciones judiciales del caso Malaya.
Fuentes judiciales explicaron a este periódico que el hecho de que por abonar 73.800 euros a Urquía sólo se haya condenado a Roca a 15 días de cárcel influirá a buen seguro en el tipo de cohecho que se aplique a la hora de calificar y enjuiciar los pagos efectuados por Roca a ex concejales del Consistorio marbellí, y los realizados por los empresarios implicados en el caso al propio Juan Antonio Roca a cambio de la aprobación de determinadas licencias y convenios.
Juicio de 'Malaya'
El procedimiento judicial abierto a raíz de la operación 'Malaya' se encuentra actualmente pendiente de que el juez instructor resuelva los recursos presentados por numerosas partes contra el primer y el segundo auto de procesamiento, éste último dictado en marzo por el magistrado, y que amplía a 102 el número de imputados, que inicialmente estaba en 86.
El juez Óscar Pérez tendrá que practicar además diligencias solicitadas por diferentes partes, entre ellas por la representación legal del propio Juan Antonio Roca, y ordenar en un auto la conclusión del sumario, que será entonces remitido hasta la Audiencia Provincial, que deberá señalar una fecha para el comienzo de la vista oral.
Fuentes de la propia Audiencia Provincial consultadas por este diario sitúan el inicio del juicio en el primer trimestre del año 2010. Para esa fecha se prevé que estén ya concluidas las dos macrosalas que van a levantarse de forma provisional en los aledaños de la Ciudad de la Justicia, destinadas a dar cabida a macrojuicios como Malaya o Ballena Blanca en un espacio lo suficientemente amplio e independiente en accesos y funcionamiento del resto del complejo.
ELMUNDO.ES
* La sentencia rebaja la pena de un año de prisión al pago de 36.900 euros
Marta Sánchez Esparza | Málaga
La representación legal de Juan Antonio Roca, el presunto cerebro de la trama de corrupción municipal destapada en Marbella con la operación 'Malaya', planteará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la sentencia dictada por el Tribunal Supremo (TS) sobre el pago de 73.800 euros por parte de Roca al ex juez de Marbella Francisco Javier de Urquía, a cambio de determinadas resoluciones judiciales.
La sentencia es ya de por sí extraordinariamente favorable a los intereses de Roca, ya que ha rebajado la pena de un año de prisión impuesta en agosto de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al pago de 36.900 euros, sustituibles por una responsabilidad penal subsidiaria de 15 días de cárcel, algo ridículo si se tiene en cuenta que Roca lleva en prisión desde marzo de 2006.
Roca, que en su día mostró su conformidad con la sentencia de un año de prisión dictada por el TSJA, se ha visto nuevamente beneficiado, esta vez por la decisión del Supremo de aplicar al juez Urquía un artículo más favorable del Código Penal en cuanto al delito de cohecho por el que se le había condenado en primera instancia.
En concreto, el alto tribunal ha considerado que el magistrado –suspendido cautelarmente desde julio de 2007– no prevaricó al dictar resoluciones judiciales favorables a Juan Antonio Roca, como la suspensión de un programa de televisión crítico con su persona.
Al suprimir de la condena el delito de prevaricación, el Supremo ha aplicado a Urquía el artículo 425.1, y a Roca como coautor del mencionado cohecho, el artículo 423.2, lo que ha dejado las condenas en sendas cantidades económicas, y en el caso de Urquía, además, en 21 meses de suspensión que ya había cumplido.
Tras la sorprendente sentencia del Supremo, la representación legal de Roca pretende llevar el caso todavía más lejos y recurrir ante el Constitucional, alegando que en la instrucción del caso se vulneraron derechos constitucionales de Roca tales como el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad mediante la práctica incorrecta de las escuchas telefónicas.
El equipo jurídico de Roca, liderado por el letrado José Aníbal Álvarez, sostiene que a las intervenciones telefónicas practicadas en torno al ex asesor de Urbanismo tuvieron acceso hasta 72 policías, a través de los sistemas telemáticos de la Policía, que en teoría deberían tener un acceso restringido mediante las oportunas claves.
De prosperar en el Constitucional el recurso de los abogados de Roca las escuchas serías anuladas, y el presunto cerebro del caso Malaya se vería de nuevo beneficiado en el presente caso, pero también a posteriori por la repercución que estas decisiones del Supremo y el Constitucional puedan tener en las futuras actuaciones judiciales del caso Malaya.
Fuentes judiciales explicaron a este periódico que el hecho de que por abonar 73.800 euros a Urquía sólo se haya condenado a Roca a 15 días de cárcel influirá a buen seguro en el tipo de cohecho que se aplique a la hora de calificar y enjuiciar los pagos efectuados por Roca a ex concejales del Consistorio marbellí, y los realizados por los empresarios implicados en el caso al propio Juan Antonio Roca a cambio de la aprobación de determinadas licencias y convenios.
Juicio de 'Malaya'
El procedimiento judicial abierto a raíz de la operación 'Malaya' se encuentra actualmente pendiente de que el juez instructor resuelva los recursos presentados por numerosas partes contra el primer y el segundo auto de procesamiento, éste último dictado en marzo por el magistrado, y que amplía a 102 el número de imputados, que inicialmente estaba en 86.
El juez Óscar Pérez tendrá que practicar además diligencias solicitadas por diferentes partes, entre ellas por la representación legal del propio Juan Antonio Roca, y ordenar en un auto la conclusión del sumario, que será entonces remitido hasta la Audiencia Provincial, que deberá señalar una fecha para el comienzo de la vista oral.
Fuentes de la propia Audiencia Provincial consultadas por este diario sitúan el inicio del juicio en el primer trimestre del año 2010. Para esa fecha se prevé que estén ya concluidas las dos macrosalas que van a levantarse de forma provisional en los aledaños de la Ciudad de la Justicia, destinadas a dar cabida a macrojuicios como Malaya o Ballena Blanca en un espacio lo suficientemente amplio e independiente en accesos y funcionamiento del resto del complejo.
ELMUNDO.ES
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