IU Y PSOE se han topado con un muro de silencio
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, donde sólo está representada el Partido Popular, se ha negado reiteradamente a responder a las preguntas que la oposición le planteó por escrito sobre los contratos que el consistorio había adjudicado a empresas relacionadas con la trama de corrupción Gürtel, que investiga por el juez Baltasar Garzón.
Primero preguntó Izquierda Unida (IU). Su concejal, Alfonso Sánchez de Castro, registró el 20 de febrero una pregunta dirigida a la comisión de Hacienda y Función Pública en la que se interesaba por eventuales contratos suscritos durante la última década con alguna de las 23 empresas fantasma dirigidas directamente por Francisco Correa (en la foto), supuesto cerebro de la trama, o sus colaboradores y que se detallan en el primer auto del juez.
El ayuntamiento invitó a IU a revisar una por una facturas de los últimos cuatro años
El Ayuntamiento no ha contestado por escrito, aunque se ha dirigido al concejal invitándole a repasar una por una todas las facturas. La oposición estima que hay al menos 45.000 facturas cada año.
El Grupo Socialista acotó luego la pregunta y la dirigió directamente al alcalde, Francisco Javier León de la Riva. El pasado 20 de marzo, el portavoz del grupo municipal socialista, Javier Izquierdo, registró la pregunta, más sibilina, solicitando "copia en soporte digital de los libros de facturas del Ayuntamiento de Valladolid de los años 2005, 2006, 2007 y 2008".
Silencio administrativo
El 27 de marzo, Javier Izquierdo dirigió una nueva comunicación al alcalde: "Habiendo transcurrido el plazo sin que se haya adoptado resolución alguna por tu parte, entiendo concedida la petición por silencio positivo, por lo que te comunico que nos dirigiremos a la Intervención Municipal para que se nos facilite la documentación solicitada".
Pese a ello, el alcalde de Valladolid ha negado también al PSOE la herramienta informática que permitiría salir de dudas al instante. La respuesta ha sido la misma que se dio a Izquierda Unida: silencio oficial. Sólo informalmente, y de manera verbal, se les ha comunicado que pueden revisar las facturas cuando lo deseen. Eso sí, una a una y sin ningún tipo de ayuda informática.
Negocios polémicos con el Partido Popular
Aunque cuenta con adjudicaciones del Gobierno central y entidades en manos de PSOE, los contratos más polémicos de Begar se han dado siempre con administraciones controladas con mayoría absoluta por el PP:
PONFERRADA.
En 2002 obtuvo de forma irregular (según dos sentencias firmes) parcelas para construir 2.000 pisos, por los que desembolsó sólo 12,1 millones de euros, una cantidad equivalente al 20% de lo que fijaba el mercado. En total, el Ayuntamiento acumula cuatro sentencias judiciales por favorecer a Begar, pero ninguna ha sido ejecutada.
BOADILLA DEL MONTE.
En 2006, el grupo Begar fue el elegido para levantar el proyecto Boadilla Park en el epicentro del ‘caso Gürtel’. El proyecto incluía la construcción de 139 viviendas de alto standing. El juez Garzón investiga si Ulibarri pagó tres millones de euros de comisión.
MADRID.
Ulibarri se asoció para construir un hospital con la esposa del ex edil Sigfrido Herráez, que dimitió por una adjudicación sospechosa a Special Events, la empresa emblemática de la ‘trama Gürtel’.
PÚBLICO.ES
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, donde sólo está representada el Partido Popular, se ha negado reiteradamente a responder a las preguntas que la oposición le planteó por escrito sobre los contratos que el consistorio había adjudicado a empresas relacionadas con la trama de corrupción Gürtel, que investiga por el juez Baltasar Garzón.
Primero preguntó Izquierda Unida (IU). Su concejal, Alfonso Sánchez de Castro, registró el 20 de febrero una pregunta dirigida a la comisión de Hacienda y Función Pública en la que se interesaba por eventuales contratos suscritos durante la última década con alguna de las 23 empresas fantasma dirigidas directamente por Francisco Correa (en la foto), supuesto cerebro de la trama, o sus colaboradores y que se detallan en el primer auto del juez.
El ayuntamiento invitó a IU a revisar una por una facturas de los últimos cuatro años
El Ayuntamiento no ha contestado por escrito, aunque se ha dirigido al concejal invitándole a repasar una por una todas las facturas. La oposición estima que hay al menos 45.000 facturas cada año.
El Grupo Socialista acotó luego la pregunta y la dirigió directamente al alcalde, Francisco Javier León de la Riva. El pasado 20 de marzo, el portavoz del grupo municipal socialista, Javier Izquierdo, registró la pregunta, más sibilina, solicitando "copia en soporte digital de los libros de facturas del Ayuntamiento de Valladolid de los años 2005, 2006, 2007 y 2008".
Silencio administrativo
El 27 de marzo, Javier Izquierdo dirigió una nueva comunicación al alcalde: "Habiendo transcurrido el plazo sin que se haya adoptado resolución alguna por tu parte, entiendo concedida la petición por silencio positivo, por lo que te comunico que nos dirigiremos a la Intervención Municipal para que se nos facilite la documentación solicitada".
Pese a ello, el alcalde de Valladolid ha negado también al PSOE la herramienta informática que permitiría salir de dudas al instante. La respuesta ha sido la misma que se dio a Izquierda Unida: silencio oficial. Sólo informalmente, y de manera verbal, se les ha comunicado que pueden revisar las facturas cuando lo deseen. Eso sí, una a una y sin ningún tipo de ayuda informática.
Negocios polémicos con el Partido Popular
Aunque cuenta con adjudicaciones del Gobierno central y entidades en manos de PSOE, los contratos más polémicos de Begar se han dado siempre con administraciones controladas con mayoría absoluta por el PP:
PONFERRADA.
En 2002 obtuvo de forma irregular (según dos sentencias firmes) parcelas para construir 2.000 pisos, por los que desembolsó sólo 12,1 millones de euros, una cantidad equivalente al 20% de lo que fijaba el mercado. En total, el Ayuntamiento acumula cuatro sentencias judiciales por favorecer a Begar, pero ninguna ha sido ejecutada.
BOADILLA DEL MONTE.
En 2006, el grupo Begar fue el elegido para levantar el proyecto Boadilla Park en el epicentro del ‘caso Gürtel’. El proyecto incluía la construcción de 139 viviendas de alto standing. El juez Garzón investiga si Ulibarri pagó tres millones de euros de comisión.
MADRID.
Ulibarri se asoció para construir un hospital con la esposa del ex edil Sigfrido Herráez, que dimitió por una adjudicación sospechosa a Special Events, la empresa emblemática de la ‘trama Gürtel’.
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