El Tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, no quiere abandonar su cargo en ningún caso. No está dispuesto a dimitir. “Si lo hago, será como reconocer que soy culpable, y soy inocente”, ha dicho a la Dirección de su partido que, por ahora, no va a adoptar ninguna decisión. La pretensión del presidente del PP, Mariano Rajoy, y de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, es que Bárcenas deje el cargo de motu propio, previo acuerdo con la Dirección, tal y como ya publicó este diario (ver noticia).
Esa era una manera de que Bárcenas pudiera dedicarse a su defensa personal sin implicar en la misma a todo el partido. Al mismo tiempo se evitaba que la actual situación siguiera dañando a la imagen del PP. Además, esa dimisión no conllevaría necesariamente un reconocimiento de culpa, según creen en la Dirección, ya que la excusa para hacerlo sería la de no hacer daño al partido y poder demostrar su inocencia. Sin embargo, Bárcenas es de la opinión de que dimitir implica un reconocimiento de culpa que no está dispuesto a aceptar.
Por eso, cuando desde la Dirección se le ha sugerido esa opción, se ha negado de manera tajante. Eso obligó ayer a Mariano Rajoy a salir en su defensa de aquella manera. Y es que lo que no va a hacer el PP, al menos hasta que no haya una imputación formal y una aceptación de la misma por parte del Supremo, es cesarle: “Eso sí sería como reconocer su culpabilidad, y no vamos a caer en esa trampa”, señalan fuentes de la Dirección a este diario. Fuentes que añaden que la presunción de inocencia está por encima de “los titulares de los periódicos”.
El PP no va a tomar la decisión de echarle… por ahora
Lo cierto es que el PP está sumido en el desconcierto. La mayoría de los miembros del Comité de Dirección son partidarios de que Bárcenas deje el cargo por iniciativa propia, pero entre los diputados del PP es mayoritaria la opinión de que, si no dimite, debe ser cesado. “Me gustaría ver a muchos de ellos en su lugar”, señalan fuentes de la Dirección, “acusados sin pruebas, sometidos al juicio de la opinión publicada, y acosados por propios y extraños”. Sin embargo, hasta los más reacios a admitir la responsabilidad del tesorero reconocen el daño al partido.
Por eso la opción más razonable para la Dirección sigue siendo el cese por iniciativa propia por mucho que Bárcenas se enroque en su puesto. La Dirección no puede cesarle porque no tiene argumentos para hacerlo: “Estas dos personas no están imputadas por ningún tribunal, no están acusadas por nadie. La propia Fiscalía le ha dicho al juez Garzón que no mande el asunto al Tribunal Supremo porque cree que no hay indicios suficientes contra estas dos personas. Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes”, dijo ayer Rajoy.
“Nosotros no tenemos pruebas de que hayan cometido delito alguno, por lo que tampoco tenemos argumentos para echarles”, señalaron ayer a este diario fuentes de la Dirección que añadieron que “sus explicaciones son lo suficientemente convincentes como para no dudar de su palabra, al menos por ahora”. Por eso confían en que sea la presión, cada vez más creciente, de los medios y de muchos dirigentes del partido la que les obligue finalmente a renunciar a sus puestos para no hacer daño a la imagen del PP.
NOTA DE REDACCIÓN: El Confidencial publicó ayer una noticia bajo el título Bárcenas liquida una inmobiliaria 'fantasma' la víspera de que Garzón le acuse de cohecho, en la que se decía que Juan Carlos Bárcenas, hermanos del tesorero del PP, y Jesús Sepúlveda adjudicaron diferentes obras a Constructora Hispánica, presidida por Alfonso García Pozuelo, quien "habría hecho pagos ilícitos a Francisco Correa en contraprestación a la intermediación para la adjudicación de proyectos urbanísticos ante las Administraciones Públicas, entre las que se encuentran los ayuntamientos de Boadilla del Monte y Pozuelo".
Juan Carlos Bárcenas nos hizo llegar un comunicado del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón donde se afirma que “no ha ejercido como intermediario entre la sociedad municipal y la constructora Hispánica”, además de dejar claro como se desarrolló el proceso de contratación de la susodicha constructora en atención a los “principios de publicidad y concurrencia exigibles por la Ley de Contratos del Estado”. “Recordarles”, explica Bárcenas, “que el Consejo de Administración de SUMPASA es su órgano principal, encargado de la dirección, gestión y administración de la Sociedad. El órgano contratante de la Sociedad es el referido Consejo de Administración, órgano colegiado y colectivo, y no sus miembros de forma individual”.
ELCONFIDENCIAL
Esa era una manera de que Bárcenas pudiera dedicarse a su defensa personal sin implicar en la misma a todo el partido. Al mismo tiempo se evitaba que la actual situación siguiera dañando a la imagen del PP. Además, esa dimisión no conllevaría necesariamente un reconocimiento de culpa, según creen en la Dirección, ya que la excusa para hacerlo sería la de no hacer daño al partido y poder demostrar su inocencia. Sin embargo, Bárcenas es de la opinión de que dimitir implica un reconocimiento de culpa que no está dispuesto a aceptar.
Por eso, cuando desde la Dirección se le ha sugerido esa opción, se ha negado de manera tajante. Eso obligó ayer a Mariano Rajoy a salir en su defensa de aquella manera. Y es que lo que no va a hacer el PP, al menos hasta que no haya una imputación formal y una aceptación de la misma por parte del Supremo, es cesarle: “Eso sí sería como reconocer su culpabilidad, y no vamos a caer en esa trampa”, señalan fuentes de la Dirección a este diario. Fuentes que añaden que la presunción de inocencia está por encima de “los titulares de los periódicos”.
El PP no va a tomar la decisión de echarle… por ahora
Lo cierto es que el PP está sumido en el desconcierto. La mayoría de los miembros del Comité de Dirección son partidarios de que Bárcenas deje el cargo por iniciativa propia, pero entre los diputados del PP es mayoritaria la opinión de que, si no dimite, debe ser cesado. “Me gustaría ver a muchos de ellos en su lugar”, señalan fuentes de la Dirección, “acusados sin pruebas, sometidos al juicio de la opinión publicada, y acosados por propios y extraños”. Sin embargo, hasta los más reacios a admitir la responsabilidad del tesorero reconocen el daño al partido.
Por eso la opción más razonable para la Dirección sigue siendo el cese por iniciativa propia por mucho que Bárcenas se enroque en su puesto. La Dirección no puede cesarle porque no tiene argumentos para hacerlo: “Estas dos personas no están imputadas por ningún tribunal, no están acusadas por nadie. La propia Fiscalía le ha dicho al juez Garzón que no mande el asunto al Tribunal Supremo porque cree que no hay indicios suficientes contra estas dos personas. Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes”, dijo ayer Rajoy.
“Nosotros no tenemos pruebas de que hayan cometido delito alguno, por lo que tampoco tenemos argumentos para echarles”, señalaron ayer a este diario fuentes de la Dirección que añadieron que “sus explicaciones son lo suficientemente convincentes como para no dudar de su palabra, al menos por ahora”. Por eso confían en que sea la presión, cada vez más creciente, de los medios y de muchos dirigentes del partido la que les obligue finalmente a renunciar a sus puestos para no hacer daño a la imagen del PP.
NOTA DE REDACCIÓN: El Confidencial publicó ayer una noticia bajo el título Bárcenas liquida una inmobiliaria 'fantasma' la víspera de que Garzón le acuse de cohecho, en la que se decía que Juan Carlos Bárcenas, hermanos del tesorero del PP, y Jesús Sepúlveda adjudicaron diferentes obras a Constructora Hispánica, presidida por Alfonso García Pozuelo, quien "habría hecho pagos ilícitos a Francisco Correa en contraprestación a la intermediación para la adjudicación de proyectos urbanísticos ante las Administraciones Públicas, entre las que se encuentran los ayuntamientos de Boadilla del Monte y Pozuelo".
Juan Carlos Bárcenas nos hizo llegar un comunicado del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón donde se afirma que “no ha ejercido como intermediario entre la sociedad municipal y la constructora Hispánica”, además de dejar claro como se desarrolló el proceso de contratación de la susodicha constructora en atención a los “principios de publicidad y concurrencia exigibles por la Ley de Contratos del Estado”. “Recordarles”, explica Bárcenas, “que el Consejo de Administración de SUMPASA es su órgano principal, encargado de la dirección, gestión y administración de la Sociedad. El órgano contratante de la Sociedad es el referido Consejo de Administración, órgano colegiado y colectivo, y no sus miembros de forma individual”.
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