PEDRO ESPINOSA - Cádiz
El juzgado de instrucción número 1 de Arcos (Cádiz) ha abierto diligencias previas a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Cádiz para investigar la gestión del PP al frente del Ayuntamiento de Arcos (Cádiz) en el año 2002.
Entonces se firmaron varias permutas de fincas y un contrato con una promotora para construir viviendas, unos trámites en los que se han detectado irregularidades que podrían ser constitutivas de un doble delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.
En la causa aparecen como imputados el ex delegado de Urbanismo, Juan Ignacio López Escobar, el secretario del Ayuntamiento, el arquitecto municipal y cuatro empresarios. A la mayoría de ellos se les ha tomado declaración en las últimas semanas.
Las irregularidades fueron detectadas por la Cámara de Cuentas en 2006 sobre datos fiscalizados de 2002, cuando el PP todavía estaba en el equipo de gobierno. El entonces teniente de alcalde y máximo responsable de Urbanismo, Juan Ignacio López Escobar, firmó aquel año directamente con la empresa Tecnisierra S. L., un contrato para la construcción de 18 viviendas y locales. Según el informe fiscalizador, corroborado después por la Fiscalía Anticorrupción, López Escobar no tenía delegada la competencia para este tipo de contratos, que debió firmar el alcalde.
Tampoco quedó justificada la contratación directa sin concurso. Además se modificó el uso de suelo sin el visto bueno de la Comisión Provincial de Urbanismo. A pesar de ello, el arquitecto municipal y el secretario del Ayuntamiento emitieron informes favorables.
ELPAIS
El juzgado de instrucción número 1 de Arcos (Cádiz) ha abierto diligencias previas a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Cádiz para investigar la gestión del PP al frente del Ayuntamiento de Arcos (Cádiz) en el año 2002.
Entonces se firmaron varias permutas de fincas y un contrato con una promotora para construir viviendas, unos trámites en los que se han detectado irregularidades que podrían ser constitutivas de un doble delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.
En la causa aparecen como imputados el ex delegado de Urbanismo, Juan Ignacio López Escobar, el secretario del Ayuntamiento, el arquitecto municipal y cuatro empresarios. A la mayoría de ellos se les ha tomado declaración en las últimas semanas.
Las irregularidades fueron detectadas por la Cámara de Cuentas en 2006 sobre datos fiscalizados de 2002, cuando el PP todavía estaba en el equipo de gobierno. El entonces teniente de alcalde y máximo responsable de Urbanismo, Juan Ignacio López Escobar, firmó aquel año directamente con la empresa Tecnisierra S. L., un contrato para la construcción de 18 viviendas y locales. Según el informe fiscalizador, corroborado después por la Fiscalía Anticorrupción, López Escobar no tenía delegada la competencia para este tipo de contratos, que debió firmar el alcalde.
Tampoco quedó justificada la contratación directa sin concurso. Además se modificó el uso de suelo sin el visto bueno de la Comisión Provincial de Urbanismo. A pesar de ello, el arquitecto municipal y el secretario del Ayuntamiento emitieron informes favorables.
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