El ladrillo español, de nuevo a debate en la UE
* España se juega la interrupción de la provisión de fondos estructurales y de cohesión
* Los eurodiputados ya censuraron en 2005 y en 2007 los supuestos abusos urbanísticos
* Se prevé la aprobación del 'Informe Auken', crítico con España, sin modificaciones
AGENCIAS
MADRID.- El Parlamento Europeo votará el próximo jueves, 26 de marzo, un informe de la Comisión de Peticiones de esa Cámara en el que se critican las prácticas de "urbanización masiva" en España y la "conducta especulativa" de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción. Hace apenas tres semanas, el PE pidió volver a examinar el polémico texto elaborado por la eurodiputada Margrete Auken (Los Verdes).
Según informa el Parlamento de la UE en un comunicado, el texto que va a votarse sugiere interrumpir la provisión de fondos estructurales y de cohesión a España hasta que no se solucione el problema de la construcción masiva de viviendas. Además, reclama una indemnización adecuada para las "víctimas de abusos urbanísticos".
El informe también considera "alarmante" la falta de confianza generalizada de los denunciantes frente al sistema judicial español. Tanto los eurodiputados del PP como los del PSOE se han mostrado en contra de este informe, que ha sido elaborado por la danesa Margrete Auken (Los Verdes).
Se trata del tercer informe sobre el urbanismo en España que votará el pleno de la Eurocámara a partir de quejas de los ciudadanos. Los eurodiputados ya censuraron en 2005 y en 2007 los supuestos abusos de la construcción en suelo español, particularmente en la Comunidad Valenciana y la "costa mediterránea", y alertaron de la indefensión que sufren residentes españoles y europeos.
El PP y los socialistas dan respuestas distintas al informe
El informe cuenta con la oposición de socialistas y populares españoles, que consideran que presenta una imagen distorsionada de España. Pero los dos partidos no están de acuerdo en la respuesta que hay que dar a esta iniciativa y por ello han presentado dos resoluciones alternativas muy distintas.
La primera, que está elaborada por el PP español y firmada por Carlos Iturgaiz, elimina la petición de suspender los fondos y de decretar una moratoria, desactiva las críticas al sistema judicial español y concluye que cualquier denuncia de abusos urbanísticos debe tramitarse en los tribunales españoles. También se pide al Gobierno de España y a las comunidades autónomas que extremen los controles para garantizar la correcta aplicación de la legislación urbanística.
Se prevé la aprobación del informe Auken sin cambios porque ninguno de los textos alternativos tiene apoyos suficientes
La segunda está redactada por los socialistas europeos y firmada por Barbara Dührkop y el laborista británico Michael Cashman. Esta resolución reproduce casi íntegramente el informe Auken, aunque suaviza algo el tono. Se rebajan las críticas al sistema judicial español; se habla únicamente de revisar, y no suspender, los planes urbanísticos; y se mantiene la amenaza de congelar los fondos pero también descafeinándola. Desde el PSOE explicaron que han aceptado este texto aunque no sea el que hubieran deseado para lograr el apoyo de todos los socialistas europeos.
En todo caso, lo más probable es que se acabe aprobando el informe Auken sin cambios porque ninguno de los textos alternativos cuenta con apoyos suficientes, según las fuentes consultadas. Será así la tercera vez que el pleno de la Eurocámara denuncia los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura, la primera fue en diciembre de 2005 y la segunda en junio de 2007.
Socialistas y populares españoles se acusan mutuamente de estas denuncias. A juicio del PSOE, el responsable es el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ya que, en su origen, las críticas del Parlamento se centraron en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y su sucesora, la Ley Urbanística Valenciana (LUV). Ambas se encuentran ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por incumplir la legislación europea sobre contratos públicos.
Por su parte, los populares culpan al Gobierno español por no haber ido a defender ante la Eurocámara la legislación urbanística, tal y como pidió el PP, y a los eurodiputados socialistas por haber votado a favor de los informes anteriores sobre abusos urbanísticos en España. A juicio del PP, el informe es un "cañonazo en la línea de flotación" que retrasará la salida de la crisis.
ELMUNDO.ES
* España se juega la interrupción de la provisión de fondos estructurales y de cohesión
* Los eurodiputados ya censuraron en 2005 y en 2007 los supuestos abusos urbanísticos
* Se prevé la aprobación del 'Informe Auken', crítico con España, sin modificaciones
AGENCIAS
MADRID.- El Parlamento Europeo votará el próximo jueves, 26 de marzo, un informe de la Comisión de Peticiones de esa Cámara en el que se critican las prácticas de "urbanización masiva" en España y la "conducta especulativa" de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción. Hace apenas tres semanas, el PE pidió volver a examinar el polémico texto elaborado por la eurodiputada Margrete Auken (Los Verdes).
Según informa el Parlamento de la UE en un comunicado, el texto que va a votarse sugiere interrumpir la provisión de fondos estructurales y de cohesión a España hasta que no se solucione el problema de la construcción masiva de viviendas. Además, reclama una indemnización adecuada para las "víctimas de abusos urbanísticos".
El informe también considera "alarmante" la falta de confianza generalizada de los denunciantes frente al sistema judicial español. Tanto los eurodiputados del PP como los del PSOE se han mostrado en contra de este informe, que ha sido elaborado por la danesa Margrete Auken (Los Verdes).
Se trata del tercer informe sobre el urbanismo en España que votará el pleno de la Eurocámara a partir de quejas de los ciudadanos. Los eurodiputados ya censuraron en 2005 y en 2007 los supuestos abusos de la construcción en suelo español, particularmente en la Comunidad Valenciana y la "costa mediterránea", y alertaron de la indefensión que sufren residentes españoles y europeos.
El PP y los socialistas dan respuestas distintas al informe
El informe cuenta con la oposición de socialistas y populares españoles, que consideran que presenta una imagen distorsionada de España. Pero los dos partidos no están de acuerdo en la respuesta que hay que dar a esta iniciativa y por ello han presentado dos resoluciones alternativas muy distintas.
La primera, que está elaborada por el PP español y firmada por Carlos Iturgaiz, elimina la petición de suspender los fondos y de decretar una moratoria, desactiva las críticas al sistema judicial español y concluye que cualquier denuncia de abusos urbanísticos debe tramitarse en los tribunales españoles. También se pide al Gobierno de España y a las comunidades autónomas que extremen los controles para garantizar la correcta aplicación de la legislación urbanística.
Se prevé la aprobación del informe Auken sin cambios porque ninguno de los textos alternativos tiene apoyos suficientes
La segunda está redactada por los socialistas europeos y firmada por Barbara Dührkop y el laborista británico Michael Cashman. Esta resolución reproduce casi íntegramente el informe Auken, aunque suaviza algo el tono. Se rebajan las críticas al sistema judicial español; se habla únicamente de revisar, y no suspender, los planes urbanísticos; y se mantiene la amenaza de congelar los fondos pero también descafeinándola. Desde el PSOE explicaron que han aceptado este texto aunque no sea el que hubieran deseado para lograr el apoyo de todos los socialistas europeos.
En todo caso, lo más probable es que se acabe aprobando el informe Auken sin cambios porque ninguno de los textos alternativos cuenta con apoyos suficientes, según las fuentes consultadas. Será así la tercera vez que el pleno de la Eurocámara denuncia los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura, la primera fue en diciembre de 2005 y la segunda en junio de 2007.
Socialistas y populares españoles se acusan mutuamente de estas denuncias. A juicio del PSOE, el responsable es el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ya que, en su origen, las críticas del Parlamento se centraron en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y su sucesora, la Ley Urbanística Valenciana (LUV). Ambas se encuentran ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por incumplir la legislación europea sobre contratos públicos.
Por su parte, los populares culpan al Gobierno español por no haber ido a defender ante la Eurocámara la legislación urbanística, tal y como pidió el PP, y a los eurodiputados socialistas por haber votado a favor de los informes anteriores sobre abusos urbanísticos en España. A juicio del PP, el informe es un "cañonazo en la línea de flotación" que retrasará la salida de la crisis.
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