Efe. Madrid.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado a otras diez personas en el llamado "caso Gürtel", con lo que el número de imputados asciende ya a casi sesenta, según han informado fuentes jurídicas. Además, el magistrado ha iniciado los trámites para el nombramiento de administradores judiciales en las empresas intervenidas a la trama de corrupción que investiga y que presuntamente lidera Francisco Correa, uno de los tres únicos imputados que se encuentra en prisión.
Algunos de estos nuevos imputados por los delitos de blanqueo, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias están supuestamente relacionados con los negocios del ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), el imputado Arturo González Panero, y otros con los despachos de abogados que utilizaba la trama de corrupción liderada por Francisco Correa para sus actividades fuera de España
Se trata de Alicia Mingues Chacón, José Luis Díez Berrerdo, Luciano Gallego Porro, Rafael de León Cebrero, Francisco Jurado, Verónica Castañé, Cristina Colmán González, Luis Agramont, Eduardo Jaussi, Eduardo Eraso y Tomás Martín Morales.
Se da la circunstancia de que Martín Morales ya figuraba entre los imputados en esta causa y de hecho dimitió el pasado día 6 como director general del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), al conocerse su imputación.
Garzón tomó la decisión de imputar a estas once personas en un auto notificado el pasado 17 de marzo, un día antes de tomar declaración a los seis que imputó el mismo día que se inhibió en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia y entre los que figuraban los ex alcaldes de las localidades madrileñas de Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey, Jesús Sepúlveda y Ginés López, respectivamente.
Según las citadas fuentes, el juez, en presencia de las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell, ha interrogado ya esta semana a seis de estos nuevos imputados y el próximo lunes ha llamado a declarar a los cinco restantes. También estos últimos días han comparecido ante Garzón las personas que han tenido poderes en doce sociedades que han sido intervenidas a la trama de Correa con el fin de nombrar administradores judiciales.
El juez, según las fuentes consultadas, ha preguntado a los representantes de estas empresas, entre ellos al ex vicepresidente de Repsol YPF e imputado en esta causa Ramón Blanco Balín, si esas sociedades "estaban vivas" y con personas contratadas.
Entre estas empresas se encuentran Special Events (que organizaba actos para el PP hasta 2004), Orange Market (filial valenciana de Special Events), Good & Better, Diseño Asimétrico, Easy Concept, Pasadena Viajes, Inversiones Kintamani, Servimadrid Integral, Hator Consulting y Osiris Patrimonial.
Garzón prosigue así con la instrucción de esta causa a la espera de que los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia decidan si la asumen, después de que el magistrado se inhibiera en su favor al haber hallado indicios contra aforados regionales como el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.
ELCONFIDENCIAL
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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado a otras diez personas en el llamado "caso Gürtel", con lo que el número de imputados asciende ya a casi sesenta, según han informado fuentes jurídicas. Además, el magistrado ha iniciado los trámites para el nombramiento de administradores judiciales en las empresas intervenidas a la trama de corrupción que investiga y que presuntamente lidera Francisco Correa, uno de los tres únicos imputados que se encuentra en prisión.
Algunos de estos nuevos imputados por los delitos de blanqueo, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias están supuestamente relacionados con los negocios del ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), el imputado Arturo González Panero, y otros con los despachos de abogados que utilizaba la trama de corrupción liderada por Francisco Correa para sus actividades fuera de España
Se trata de Alicia Mingues Chacón, José Luis Díez Berrerdo, Luciano Gallego Porro, Rafael de León Cebrero, Francisco Jurado, Verónica Castañé, Cristina Colmán González, Luis Agramont, Eduardo Jaussi, Eduardo Eraso y Tomás Martín Morales.
Se da la circunstancia de que Martín Morales ya figuraba entre los imputados en esta causa y de hecho dimitió el pasado día 6 como director general del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), al conocerse su imputación.
Garzón tomó la decisión de imputar a estas once personas en un auto notificado el pasado 17 de marzo, un día antes de tomar declaración a los seis que imputó el mismo día que se inhibió en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia y entre los que figuraban los ex alcaldes de las localidades madrileñas de Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey, Jesús Sepúlveda y Ginés López, respectivamente.
Según las citadas fuentes, el juez, en presencia de las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell, ha interrogado ya esta semana a seis de estos nuevos imputados y el próximo lunes ha llamado a declarar a los cinco restantes. También estos últimos días han comparecido ante Garzón las personas que han tenido poderes en doce sociedades que han sido intervenidas a la trama de Correa con el fin de nombrar administradores judiciales.
El juez, según las fuentes consultadas, ha preguntado a los representantes de estas empresas, entre ellos al ex vicepresidente de Repsol YPF e imputado en esta causa Ramón Blanco Balín, si esas sociedades "estaban vivas" y con personas contratadas.
Entre estas empresas se encuentran Special Events (que organizaba actos para el PP hasta 2004), Orange Market (filial valenciana de Special Events), Good & Better, Diseño Asimétrico, Easy Concept, Pasadena Viajes, Inversiones Kintamani, Servimadrid Integral, Hator Consulting y Osiris Patrimonial.
Garzón prosigue así con la instrucción de esta causa a la espera de que los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia decidan si la asumen, después de que el magistrado se inhibiera en su favor al haber hallado indicios contra aforados regionales como el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.
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