José Antonio Gil Sánchez
@Vidal Coy
El PSOE de Murcia ha permitido que José Antonio Gil Sánchez, ex alcalde de Santomera y acusado de delito ambiental, tome posesión como nuevo diputado regional en sustitución del recientemente fallecido secretario de organización regional José Ramón Jara.
Gil Sánchez está pendiente de juicio oral y con una petición de pena de 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación para cargo público por permitir, mientras era alcalde, el funcionamiento de una cantera ilegal en Santomera, que es propiedad del presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Pedro García Balibrea, para quien el fiscal José Luis Díaz Manzanera pide tres años de cárcel (ver El Confidencial del sábado día 7 de febrero).
El secretario regiona
l de Comunicación de los socialistas murcianos, Pedro José Navarro, justificó la asunción de Gil Sánchez explicando que no está acusado de quedarse dinero público ni de cobrar comisiones en su propio beneficio, y estableciendo una diferencia entre el delito del que está acusado Gil Sánchez con los delitos en los que están imputados el ex alcalde y alcalde Totana del PP, Juan Morales y José Martínez Andreo a raíz de la Operación Tótem de la Guardia Civil en diciembre de 2007.
Morales se mantiene como diputado regional, aunque al margen del grupo popular, en el grupo Mixto. Los socialistas vienen criticando este pormenor y sugiriendo que está usando el acta de diputado para protegerse frente a la Justicia, puesto que es aforado. Ahora Gil Sánchez adquiere esa misma condición. Fuentes jurídicas estiman que el hecho de que se haya convertido en aforado retrasará indudablemente el juicio oral.
Los artículos del Código Penal en los que se basa el fiscal para su petición de pena son el 325, en el caso de García Balibrea, y el 329, en el caso de Gil Sánchez. Gil Sánchez es, desde que perdió las elecciones municipales de 2007, portavoz de la oposición socialista en el Ayuntamiento de Santomera, localidad a unos 15 kilómetros al noreste de la capital regional. La cantera ya fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en abril de 2008, en otro procedimiento por la vía civil. Esa sentencia está todavía en vías de ejecución por el actual gobierno municipal de Santomera, encabezado por José María Sánchez Artés, del Partido Popular.
ELCONFIDENCIAL
@Vidal Coy
El PSOE de Murcia ha permitido que José Antonio Gil Sánchez, ex alcalde de Santomera y acusado de delito ambiental, tome posesión como nuevo diputado regional en sustitución del recientemente fallecido secretario de organización regional José Ramón Jara.
Gil Sánchez está pendiente de juicio oral y con una petición de pena de 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación para cargo público por permitir, mientras era alcalde, el funcionamiento de una cantera ilegal en Santomera, que es propiedad del presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Pedro García Balibrea, para quien el fiscal José Luis Díaz Manzanera pide tres años de cárcel (ver El Confidencial del sábado día 7 de febrero).
El secretario regiona
l de Comunicación de los socialistas murcianos, Pedro José Navarro, justificó la asunción de Gil Sánchez explicando que no está acusado de quedarse dinero público ni de cobrar comisiones en su propio beneficio, y estableciendo una diferencia entre el delito del que está acusado Gil Sánchez con los delitos en los que están imputados el ex alcalde y alcalde Totana del PP, Juan Morales y José Martínez Andreo a raíz de la Operación Tótem de la Guardia Civil en diciembre de 2007.Morales se mantiene como diputado regional, aunque al margen del grupo popular, en el grupo Mixto. Los socialistas vienen criticando este pormenor y sugiriendo que está usando el acta de diputado para protegerse frente a la Justicia, puesto que es aforado. Ahora Gil Sánchez adquiere esa misma condición. Fuentes jurídicas estiman que el hecho de que se haya convertido en aforado retrasará indudablemente el juicio oral.
Los artículos del Código Penal en los que se basa el fiscal para su petición de pena son el 325, en el caso de García Balibrea, y el 329, en el caso de Gil Sánchez. Gil Sánchez es, desde que perdió las elecciones municipales de 2007, portavoz de la oposición socialista en el Ayuntamiento de Santomera, localidad a unos 15 kilómetros al noreste de la capital regional. La cantera ya fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en abril de 2008, en otro procedimiento por la vía civil. Esa sentencia está todavía en vías de ejecución por el actual gobierno municipal de Santomera, encabezado por José María Sánchez Artés, del Partido Popular.
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