El diario "El Mundo" publica hoy como, según fuentes cercanas a la anterior dirección de La Mutua Madrileña, el ex ministro de Justicia con el Gobierno de Aznar, José María Michavila habría reclamado en varias ocasiones seis millones de euros para llevar a cabo el proyecto de una megaciudad sanitaria en Boadilla del Monte (Madrid), en el que actuaría de mediador con la empresa Global Health. Esta cantidad, explican, no era una comisión, sino los honorarios que cobraría la consultora, aunque los responsables entendieron que en todo momento se trataba de un "peaje" para hacerse con el citado proyecto. Pero eso no es todo...Esto habría ocurrido en 2006 a instancias del entonces alcalde de esta localidad, Arturo González Panero -imputado ahora en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón-.
Al parecer, los responsables de la Mutua estaba dispuestos a realizar una inversión muy fuerte, de 600 millones de euros, para edificar un hospital dos centros de investigación y una Universidad sobre una superficie de 50 hectáreas, una megaciudad sanitaria privada justo enfrente de la Ciudad Financiera del Santander, también en Boadilla del Monte.
Sin embargo, tanto Ramirez Pomatta como el resto de los directivos de la empresa consideraron innecesario contratar a Global Health. Entendieron incluso que desde un primer momento su contratación era una especie de comisión o peaje para conseguir el proyercto por lo que habría rechazado de pleno "pagar ni un céntimo".
Posteriormente al rechazo de la intermediación se volvieron a iniciar los trámites con el Ayuntamiento. Cuando los representantes de la Mutua volvieron al Consistorio dirigido por González Panero, el alcalde les relató el gran interés del Ayuntamiento, pero les dijo que era conveniente hablarlo con la firma de abogados en la que trabajaba Michavila.
Debido a la ralentización de los trámites municipales, Ramírez Pomatta habría pedido una entrevista a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Esta preguntó a González Panero que qué problemas había, y que si no existía ninguno diera luz verde sin condiciones previas porque era un asunto de interés regional.
Cuando parecía que todo "marchaba", volvieron a reproducirse las trabas que hacían inviable el proyecto.
Al parecer y siempre según este medio, el propio Michavila habría telefoneado a Pomatta para intentar convencerles de que contratara a Global Earth.
Sus gestiones fueron, no obstante, infructuosas. El proyecto fue definitivamente desechado por la aseguradora madrileña en 2007 y nunca salió adelante.
Michavila ha admitido a este diario haber estado en reuniones con los responsables de la Mutua, pero ha negado que les pidiera seis millones de euros. Dijo además que de esos seis millones no habría salido la minuta de su despacho. El alcalde de Boadilla por su parte, ha negado que pusiera trabas a la mutua, y achacó que la operación se abandonara al cambio de presidente en la compañía.
También ha negado "absolutamente" haber hablado de este tema por teléfono con Esperanza Aguirre.
Pero aún hay más, tal y como publica hoy este mismo diario, los dos principales imputados del "caso Gürtel", Francisco Correa y Pablo Crespo hacían pasar a uno de sus abogados por juez para presionar en sus negocios. Se trata, según afirma este medio, de Juan Pérez Mora. Su nombre no aparece en la lista del Consejo General del Poder Judicial, y también está inculpado.
Según "El Mundo", Perez Mora se hizo pasar por juez e hizo valer su autoridad copmo tal para presionar, entre otros, a una abogada que mostraba discrepancias con los manejos del clan y que pretendía dejar constancia de las irregularidades en que estaba incurriendo la emrpesa "Easy Concept".
Esta situación, dice este diario, se desprendería de los datos recabados por los invetigadores. Afirma asimismo que entre las ya publicas conversaciones que han marcado el "hilo conductor" de las investigaciones, habría una en la que se relata un momento especialmente tenso entre Pérez Mora y Felisa Jordán, otra de las imputadas en la causa, y por aquel entonces -octubre de 2007- administradora única en las empresas de "Easy Concept" y "Good and Better".
En dicha conversación, de aproximadamente una hora de duración,se habría alertado a la interlocutora de que podría acabar en la cárcel a la vez que se le aseguraba que según su fundamentada opinión y su experiencia como juez nada le pasaría si mantenía una actitud discreta.
El nombre de Perez Mora no consta en la lista de jueces del CGPJ, pero no sería la única vez que tanto Correa como Crespo lo habrían presentado como magistrado. Así, dice este medio, Pérez Mora habría obtenido favores personales de Correa.
Según afirma "El Mundo" citando investigaciones policiales, Felisa Jordán habría iniciado a principios de 2007 una serie de discursiones con Correa y Crespo, con los que llevaba trabajando un par de años por el modo que tenían de dirigir y gestionar las empresas.
Había constancia especígfica de que, sobre todo el que fuera secretario de Organización del PP Gallego, había estado pagando y cobrando en efectivo abultadas cantidades de dinero por servicios de los que no se tenía referencia real; la hoy imputada habría protestado por esta situación y habría encargado una auditoría interna para que quedase constancia.
Su malestar se habría extendido por unos trabajos realizados por Easy Market cuya beneficiaria era la Generalitat Valenciana y que según la imputada no habría sido abonados por la citada empresa. Correa y Crespo habría intentado intimidar a Felisa recordándole que por su cargo era susceptible de verse responsabilizada de las irregularidades que denunciaba.
La acusaban además de haber empleado cantidades considerables en gastos innecesarios más tarde justificados.
Y en ese contexto de acusaciones mutuas intervino este imputado, que consta con el número 25 en la lista de Garzón.
Pérez Mora habría utilizado las acusaciones sobre supuestos gastos extemporáneos realizados pro los dos jefes del clan a la administradora única como pretexto para hacerle llegar sus "recomendaciones".
Le explico que Correa le pondría una querella si denunciaba la situación y que dado su cargo de admistradora única podría ir a la cárcel.
Jordán decidió no hacer caso de las "recomendaciones".
En las horas siguientes, recibió el borrador con el resultado de la auditoría interna que había encargado sobre Easy Concept y acudió a la Guardia Civil de Boadilla para denunciar irregularidades y luego las amenazas y seguimientos a las que habría sido sometida.
Año y medio después no había sido interrogada por los hechos denunciados hasta que Garzón, que ha admitido desconocer sus denuncias, la llamó a declarar.
Luego dictaminó para ella libertad sin fianza con la obligación de presentarse una vez por semana en comisaría. En cambio no le preguntó por su "episodio" con Pérez Mora, que también esta imputado.
COPE.ES
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