ESCÁNDALO FINANCIERO
La magistrada rechaza la petición para que se archive la causa contra los políticos al ver necesario que continúe la investigación
La magistrada rechaza la petición para que se archive la causa contra los políticos al ver necesario que continúe la investigación
Luis Díaz Alperi sale del juzgado tras declarar por el caso Mercalicante RAFA ARJONES
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Lea el auto judicial íntegro
J. A. MARTÍNEZ / N. IGLESIAS
La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Alicante, Cristina Costa, ha decidido trasladar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunudad el "caso Mercalicante" al hallar indicios de delito en la actuación del ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, -diputado autonómico y por lo tanto aforado- en la gestión de la empresa mixta. La juez ha descartado archivar la denuncia contra los políticos, como pedían sus defensas, y adopta con esta decisión lo que reclamaban tanto el fiscal como las acusaciones particulares. Al igual que se hizo en su día con el "caso de los aparcamientos", se ha mandado una exposición razonada al TSJ para que la instrucción continúe en ese foro.
Se trata de una decisión que estaba pendiente desde hace más de un año, pero que no había podido adoptar hasta que no se han recibido las conclusiones del informe pericial sobre la gestión de la empresa. En dicho informe se alerta de la falta de mecanismos de control sobre la gestión de Clavero y se dice que algunas de las irregularidades las tendría que haber detectado la comisión ejecutiva.
De las diligencias efectuadas, la juez argumenta que no procede el archivo de la causa para Alperi ni para ninguno de los imputados y que la investigación debe continuar. La condición de aforado del ex primer edil ha motivado que la causa se eleve a un órgano judicial superior tras más de seis años de investigación en la provincia. Entre los argumentos esgrimidos por la juez para remitir los hechos al TSJCV y no sobreseer el caso, como solicitaba la defensa de los imputados, se hace referencia a la necesidad de seguir profundizando en la investigación para esclarecer su grado de participación en los hechos.
Junto a Díaz Alperi, se encuentran también imputados en esta causa el ex gerente de Mercalicante José Emilio Clavero -que figura como principal acusado-, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante, Juan Zaragoza, el director general del complejo cinematográfico Ciudad de la Luz, José María Rodríguez Galant, así como dos representantes de la sociedad estatal Mercasa. Todos menos Clavero formaban parte de la comisión ejecutiva de la mercantil en la etapa en la que se registró el desfalcó por valor de unos 6 millones de euros.
La juez ha remitido al Tribunal Superior de Justicia una exposición razonada en la que detalla los motivos por los que considera que la investigación debe continuar allí. Esta exposicion no se ha notificado a las partes y ha sido trasladada directamente a la Sala de lo Penal del TSJ. Allí se debe decidir si se acepta la competencia del caso o no y, si es así, designar a un magistrado para que se haga cargo de la instrucción.
En un auto firmado por la magistrada en el año 2003, la juez ya establecía que el entonces alcalde y los miembros de la comisión ejecutiva ratificaron contratos y actuaciones de Clavero presuntamente delictivas. "Los delitos imputados al ex gerente bien pudieron cometerse por aquéllos ante quienes rendía cuentas", señalaba la juez en su resolución.
Idénticos argumentos son los que utiliza el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, así como las acusaciones particulares ejercidas por el dirigente vecinal José Luis Valdés y el PSOE para pedir que la causa siga abierta, además de para Clavero, para los políticos. El fiscal considera que hay indicios de delito en la actuación de la comisión ejecutiva aunque sea como cooperadora necesaria de los presuntos delitos cometidos por Clavero.
Por su parte, el abogado Joaquín Galant, que representa a los tres políticos imputados, solicitó hace un año que la causa se archivara para los miembros de la comisión ejecutiva por considerar que ninguno de ellos podía ser considerado responsable de delitos societarios y de apropiación indebida. Esta petición no fue contestada por el juzgado en su día, motivo por el que hace menos de un mes se volvió a reiterar ante el juzgado. La magistrada ha resuelto ahora que no procede el archivo de la causa para ninguno de los imputados.
El escándalo financiero de Mercalicante saltó a la luz pública en el año 2002, cuando tras los resultados de una auditoría efectuada a la firma se detectaron "graves irregularidades" contables. Una situación que provocó la inmediata destitución del gerente de la empresa y principal imputado en la causa, José Emilio Clavero, por parte del Consejo de Administración de la empresa pública presidida en aquel momento por Luis Díaz Alperi.
La instrucción del caso Mercalicante ha cumplido ya seis años, motivo que ha hecho que tanto desde la Fiscalía como desde las acusaciones particulares se alerte de que ya existe una atenuante por dilaciones indebidas, que podría suponer una rebaja en la pena para los acusados en caso de que finalmente fueran condenados.
EL CASO
El escándalo por el presunto desfalco de Mercalicante estalló en 2002, cuando una auditoría reveló irregularidades en la contabilidad de la firma pública. Entre los ejercicios de 1999 y 2001 la entidad supuestamente utilizó diferentes proyectos como tapadera para llevar a cabo los movimientos económicos.
Entre los imputados en esta causa figuran el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi; el edil de Hacienda, Juan Zaragoza; el director general de Ciudad de la Luz, José María Rodríguez Galant -estos dos últimos miembros del comité ejecutivo de la firma-; dos representantes de Mercasa y el ex gerente de la empresa, José Emilio Clavero, que figura como principal acusado.
El desfalco asciende a 6 millones de euros.
La investigación la ha llevado a cabo la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante. El caso se abrió tras una denuncia del representante vecinal José Luis Valdés.
DIARIOINFORMACIÓN.COM
Se trata de una decisión que estaba pendiente desde hace más de un año, pero que no había podido adoptar hasta que no se han recibido las conclusiones del informe pericial sobre la gestión de la empresa. En dicho informe se alerta de la falta de mecanismos de control sobre la gestión de Clavero y se dice que algunas de las irregularidades las tendría que haber detectado la comisión ejecutiva.
De las diligencias efectuadas, la juez argumenta que no procede el archivo de la causa para Alperi ni para ninguno de los imputados y que la investigación debe continuar. La condición de aforado del ex primer edil ha motivado que la causa se eleve a un órgano judicial superior tras más de seis años de investigación en la provincia. Entre los argumentos esgrimidos por la juez para remitir los hechos al TSJCV y no sobreseer el caso, como solicitaba la defensa de los imputados, se hace referencia a la necesidad de seguir profundizando en la investigación para esclarecer su grado de participación en los hechos.
Junto a Díaz Alperi, se encuentran también imputados en esta causa el ex gerente de Mercalicante José Emilio Clavero -que figura como principal acusado-, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante, Juan Zaragoza, el director general del complejo cinematográfico Ciudad de la Luz, José María Rodríguez Galant, así como dos representantes de la sociedad estatal Mercasa. Todos menos Clavero formaban parte de la comisión ejecutiva de la mercantil en la etapa en la que se registró el desfalcó por valor de unos 6 millones de euros.
La juez ha remitido al Tribunal Superior de Justicia una exposición razonada en la que detalla los motivos por los que considera que la investigación debe continuar allí. Esta exposicion no se ha notificado a las partes y ha sido trasladada directamente a la Sala de lo Penal del TSJ. Allí se debe decidir si se acepta la competencia del caso o no y, si es así, designar a un magistrado para que se haga cargo de la instrucción.
En un auto firmado por la magistrada en el año 2003, la juez ya establecía que el entonces alcalde y los miembros de la comisión ejecutiva ratificaron contratos y actuaciones de Clavero presuntamente delictivas. "Los delitos imputados al ex gerente bien pudieron cometerse por aquéllos ante quienes rendía cuentas", señalaba la juez en su resolución.
Idénticos argumentos son los que utiliza el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, así como las acusaciones particulares ejercidas por el dirigente vecinal José Luis Valdés y el PSOE para pedir que la causa siga abierta, además de para Clavero, para los políticos. El fiscal considera que hay indicios de delito en la actuación de la comisión ejecutiva aunque sea como cooperadora necesaria de los presuntos delitos cometidos por Clavero.
Por su parte, el abogado Joaquín Galant, que representa a los tres políticos imputados, solicitó hace un año que la causa se archivara para los miembros de la comisión ejecutiva por considerar que ninguno de ellos podía ser considerado responsable de delitos societarios y de apropiación indebida. Esta petición no fue contestada por el juzgado en su día, motivo por el que hace menos de un mes se volvió a reiterar ante el juzgado. La magistrada ha resuelto ahora que no procede el archivo de la causa para ninguno de los imputados.
El escándalo financiero de Mercalicante saltó a la luz pública en el año 2002, cuando tras los resultados de una auditoría efectuada a la firma se detectaron "graves irregularidades" contables. Una situación que provocó la inmediata destitución del gerente de la empresa y principal imputado en la causa, José Emilio Clavero, por parte del Consejo de Administración de la empresa pública presidida en aquel momento por Luis Díaz Alperi.
La instrucción del caso Mercalicante ha cumplido ya seis años, motivo que ha hecho que tanto desde la Fiscalía como desde las acusaciones particulares se alerte de que ya existe una atenuante por dilaciones indebidas, que podría suponer una rebaja en la pena para los acusados en caso de que finalmente fueran condenados.
EL CASO
El escándalo por el presunto desfalco de Mercalicante estalló en 2002, cuando una auditoría reveló irregularidades en la contabilidad de la firma pública. Entre los ejercicios de 1999 y 2001 la entidad supuestamente utilizó diferentes proyectos como tapadera para llevar a cabo los movimientos económicos.
Entre los imputados en esta causa figuran el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi; el edil de Hacienda, Juan Zaragoza; el director general de Ciudad de la Luz, José María Rodríguez Galant -estos dos últimos miembros del comité ejecutivo de la firma-; dos representantes de Mercasa y el ex gerente de la empresa, José Emilio Clavero, que figura como principal acusado.
El desfalco asciende a 6 millones de euros.
La investigación la ha llevado a cabo la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante. El caso se abrió tras una denuncia del representante vecinal José Luis Valdés.
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