viernes, 18 de noviembre de 2011

EL TSXG SE INHIBE A FAVOR DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE FERROL EN TORNO AL "CASO ARENA"

Vista aérea del puerto interior de Ferrol. | Autoridad Portuaria
Caso de importación de áridos contaminantes

* El ex diputado Javier Escribano, investigado por dos presuntos delitos
* El dueño de Manmer le habría regalado un vehículo de alta gama para que mediase
* PSOE y BNG exigen explicaciones a Negreira por la posible revelación de datos

Raúl Salgado | Ferrol

El sumario de la 'operación Arena' vuelve a estar en manos del juzgado de instrucción número 3 de Ferrol en su integridad. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado este jueves el traslado al juzgado ferrolano de la parte de la causa que había instruido desde el pasado mes de septiembre. Su sala de lo Civil y Penal acordó esta medida el 11 de noviembre, tras un cambio relevante en el proceso: la pérdida de la condición de aforado del ya ex diputado autonómico del PP Javier Escribano.

El juez decano de la urbe naval, Alejandro Morán Llordén, iniciaba las investigaciones en torno a este caso la pasada primavera. El 31 de octubre, Morán Llordén levantaba el secreto de sumario sobre la parte de la 'operación Arena' cuya instrucción permanecía bajo su responsabilidad. El procedimiento buscaba la confirmación de un presunto delito medioambiental causado por la empresa Manmer, cuyo titular es el empresario eumés Fermín Duarte, que fue detenido el 27 de octubre y puesto en libertad 24 horas más tarde, tras prestar declaración.

Sin embargo, parte de la causa fue desgajada a favor del TSXG por la condición de aforado de Escribano, cuya conducta, según la investigación, podría corresponderse con sendos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

La intervención del teléfono del empresario reveló que Duarte acordó con el diputado popular que éste mediase a su favor ante administraciones afines, de cara a que su mercancía fuese adquirida por compañías adjudicatarias de obras públicas. A cambio, habrían pactado que el eumés obsequiase al parlamentario con un vehículo de alta gama, que vendió poco después, y que le entregase dinero en metálico a modo de comisiones ilegales.
 
Filtración
El PSOE y el BNG se han pronunciado este jueves en torno al caso 'Arena', pero no en referencia a la investigación sobre el proceder de Escribano y Duarte. Ambas formaciones políticas se han interesado por la "posible implicación" del alcalde de A Coruña y presidente provincial del PP, Carlos Negreira, en una filtración de la causa judicial.

Desde filas socialistas y nacionalistas han reclamado que el regidor confirme la posibilidad, apuntada este jueves por el diario El País, de que habría avisado a Javier Escribano de la investigación iniciada sobre su presunto trato de favor hacia el empresario Fermín Duarte. Negreira habría advertido al por entonces parlamentario que los detalles de las escuchas telefónicas practicadas al efecto podrían obrar ya en manos de medios de comunicación. Esas mismas informaciones indican que la dirección autonómica de los populares tenía conocimiento de los hechos y que habría solicitado al alcalde de A Coruña que ejerciese como intermediario para lograr la dimisión del diputado autonómico.

Los socialistas coruñeses han solicitado una explicación "convincente", mientras que el BNG ha destacado que, a su entender, sobresale "el derecho fundamental a la presunción de inocencia". Sin embargo, creen que "la colaboración con la Justicia" representa un deber ciudadano.

El PSOE ha ido más allá y ha anunciado que emprenderá acciones judiciales para confirmar la implicación de Carlos Negreira en un "presunto chivatazo". A través de un comunicado, el secretario de Organización de los socialistas gallegos, Pablo García, tilda de "llamativo" el hecho de que dos diputados del PP renunciasen a su cargo "con pocas semanas de diferencia" por su presunta relación "con tramas de corrupción".

En esta línea, cita la dimisión del parlamentario Pablo Cobián por el caso 'Campeón' y la de propio Escribano, definiéndolos como dirigentes "estrechamente vinculados al presidente provincial del PP y actual alcalde". García añade que el regidor "puede haber incurrido en un presunto delito de encubrimiento al avisar a Escribano de que estaba siendo investigado".
 
Núñez Feijóo
Quien también se ha posicionado ha sido el propio presidente de la Xunta y líder del PP gallego. Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión semanal del Consello del Gobierno autonómico, ha dicho que y ha defendido el proceder de su formación política en torno a este caso.

Así, Feijóo ha reiterado que, tras conocerse la solicitud judicial, Javier Escribano "presentó su dimisión" y que ése es "un hecho constatable" que evidencia que "lo importante son los hechos". Según el presidente de la Xunta, el PP actúa "cuando hay planteamientos por parte de los juzgados".
 
Áridos
El interés de Fermín Duarte por encontrar acomodo para los materiales con los que operaba habitualmente venía marcado por un factor clave: su supuesta condición de residuos potencialmente peligrosos. Tras una primera denuncia de la Asociación Galega de Áridos en el 2009, la Consellería de Medio Ambiente paralizaba de manera cautelar su uso. La compañía se defendió arguyendo que las empresas de la competencia buscaban dañar su imagen y que esos áridos eran inocuos.

El salto a la palestra mediática del caso Arena ha sacado a la luz nuevos destinos para esos materiales contaminantes. Junto a las más de 350.000 toneladas que el presidente de la Autoridad Portuaria asumió que se acumulan en el puerto exterior de Caneliñas, también se ha conocido la existencia de acumulaciones de áridos de Manmer en varios municipios de la comarca.

En el caso de la dársena ferrolana, el Puerto remitió a la Fiscalía informes sobre las obras ejecutadas con dichos áridos en superficie portuaria, aunque insiste en que el alto tribunal gallego tendrá que concretar a qué lugar se deben trasladar y que, pese a su acumulación, no implican riesgo de contaminación, al permanecer en una zona de decantación.

Según datos del propio puerto ferrolano, Manmer recibió en la rada ferrolana más de 700.000 toneladas de residuos asfálticos llegados desde Holanda en apenas un año, hasta junio del 2010. Sin embargo, esos áridos contarían con aval comunitario que respaldaría su aptitud para futuros trabajos. La Fiscalía rechazó este extremo. Este pasado lunes, el departamento autonómico de Medio Ambiente ha remitido al juez instructor nuevos informes, que el magistrado considera esenciales para que haya avances en la investigación.

elmundo.es

jueves, 17 de noviembre de 2011

DOS RECURSOS PARALIZAN LA FASE ACUSATORIA DEL "CASO TURISME JOVE"

Interpuestos por dos empresarios

Europa Press | Palma

Dos recursos de reforma interpuestos contra el auto que ponía fin a la instrucción del caso Turisme Jove han mantenido paralizada durante varios meses la fase acusatoria de la causa. Una vez resueltos, el expediente del caso le será entregado en breve al PP, personado como acusación popular', para que pueda formular su escrito de calificación sobre los hechos investigados en esta causa de presunta corrupción centrada en el presunto desvío de un millón de euros públicos, según han señalado fuentes jurídicas.

A pesar de que ambos recursos, presentados por los empresarios Pau Pujante y Matías Vidal contra el auto que decretaba el pase a procedimiento abreviado del procedimiento, no tenían efecto suspensivo y el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Miquel Florit, podía dar traslado al PP para que formulase su escrito de acusación sin necesidad de resolver antes los recursos, el magistrado optó por decidir previamente sobre ellos, lo que ha ralentizado el proceso.

Ambas impugnaciones han sido desestimadas y en próximos días, una vez los 'populares' tengan en sus manos el expediente, presentarán su escrito de acusación tal y como ya hicieron la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Comunidad Autónoma.

Más de un millón desviado y quiebra técnica
Cabe señalar que el Ministerio Público solicita un total de 48 años y medio de prisión para 13 de los imputados del caso Turisme Jove, a quienes acusa de haber planificado y desarrollado entre los años 2003 y 2007 una trama por la que habría desviado más de un millón de euros a través de esta empresa pública y que provocó que la entidad quedase en quiebra técnica.

En concreto, la acusación pública reclama 10 años y medio de cárcel para el ex gerente del consorcio Turisme Jove, Damià Amengual, 12 para el ex director general de Juventud en la última legislatura de Jaume Matas, Juan Francisco Gálvez, y cuatro y medio para el ex jefe de Servicios y Mantenimiento de la empresa, Juan Francisco Gosálbez, principales encausados de este procedimiento. La acusación ha decidido finalmente dirigirse contra 13 de los 21 encausados de este proceso judicial.

Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau les atribuyen delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude, y consideran que los tres anteriores acusados llevaron a cabo diversas actuaciones dirigidas a conseguir que parte de los fondos del consorcio fuese utilizada en beneficio privado. "Un enriquecimiento a costa de los fondos y cargos públicos que se desarrolló utilizando distintas operativas" aprovechándose de la "falta total y absoluta" de controles administrativos sobre su gestión, tal y como postulan los fiscales.

Para ello, contaron con la intervención de los otros encausados -particulares con quienes se relacionaban o contrataron al margen de los procedimientos de contratación pública- con quienes presuntamente se concertaron a fin de admitirles facturas que no se correspondían con servicios prestados.

Además, la acusación pública sostiene que los responsables del consorcio habrían cobrado comisiones por la adjudicación de los contratos y habrían interpuesto sociedades expresamente constituidas para defraudar a la administración, obteniendo del erario público el reintegro de gastos personales y ocasionando de este modo a Turisme Jove un perjuicio que superaría el millón de euros, según las investigaciones practicadas dentro de este caso.


elmundo.es

"CASO CAN DOMENGE"; LA JUEZA DA UN DÍA A LOS ACUSADOS PARA ABONAR UNA FIANZA CIVIL DE 37 MILLONES

Miquel Nadal con su abogado recoge el auto | Cati Cladera
Munar, Nadal, Flaquer, Fiol y Vicens

* Se les ha notificado en persona el auto de apertura de juicio oral de esta causa
* Munar no acude al Juzgado por enfermedad y la juez le pide documentación

Europa Press | Palma

La titular del Juzgado de Instrucción número 12, Carmen González, ha dado un día de plazo a cinco de los acusados del caso Can Domenge, entre ellos la expresidenta del Parlament y del Consell Maria Antònia Munar -a quien por el momento no le ha sido comunicado formalmente-, el exvicepresidente de la institución insular Miquel Nadal, y el exconseller de Hacienda Miquel Àngel Flaquer, para que abonen de forma conjunta y solidaria la fianza de responsabilidad civil de 37,1 millones de euros que decretó contra ellos en el marco de esta causa.

Un plazo que comenzará a contar desde este jueves después de que tanto a Nadal como a Flaquer les haya sido notificados en persona a lo largo de esta mañana el auto de apertura de juicio oral de esta causa, en el que se les requiere el pago de la caución, mientras que en el caso de Munar, su procuradora ha presentado un certificado médico para justificar el hecho de que que la exdirigente de UM no haya acudido a los Juzgados. Ante ello, la magistrada le ha dado tres días hábiles para que aporte una mayor documentación que justifique su estado de salud, y en caso de que finalmente no pueda comparecer, se le notificaría en su domicilio, según han informado fuentes jurídicas.

Tanto el auto como los escritos de acusación del caso también le han sido notificados al exconseller insular de Territorio, Bartomeu Vicens, si bien en su caso en la prisión de Palma, donde cumple condena por una pieza separada del caso Son Oms. A otro de los acusados, el principal accionista de la empresa Sacresa, Román Sanahúja, se le notificará en Barcelona, mientras que el otro de los inculpados, el abogado Santiago Fiol, también ha acudido esta mañana a los Juzgados y le ha sido requerida una fianza civil de 200.000 euros.

Cabe señalar que, en caso de que los acusados no puedan pagar estas cantidades, deberán designar sus bienes hasta cubrir las fianzas fijadas para ser, una vez comprobado su valor, posteriormente embargados, de acuerdo al artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Por otro lado, también han sido requeridos para que designen abogado y procurador, tal y como establece la Ley, y se les ha dado traslado de las actuaciones para que presenten escrito de defensa en el marco de este proceso, que indaga la venta de los terrenos de Can Domenge por parte del Consell por la mitad de su valor en el mercado y de lo que ofrecía la mercantil Núñez y Navarro, querellante en la causa.

En concreto, el Ministerio Público reclama seis años de prisión para Munar así como para Nadal, Vicens y Flaquer por presuntos delitos de fraude a la administración (por los que solicitan tres años de cárcel), revelación de secretos (otros tres años) y prevaricación, además de un año y medio de cárcel para Fiol (fraude y revelación de secretos), y dos años para Sanahúja (fraude y uso de información confidencial).

Núñez y Navarro, personada a través de las sociedades Josel S.L. y Anova S.A., reclama por su parte diez años de cárcel para Munar, Nadal, Vicens y Flaquer por los delitos de malversación, fraude a la administración pública, prevaricación y revelación de secretos, y un año y medio de prisión para Fiol, por los delitos de fraude y revelación de secretos, así como para Sanahuja Pons, a quien imputa los delitos de malversación, fraude y uso de información reservada.

Asimismo, el Consell solicita en un duro escrito de acusación nueve años de prisión para los cuatro ex dirigentes 'uemitas' y el abogado externo de Sacresa por fraude, prevaricación, malversación y revelación de secretos e informaciones, mientras que pide hasta 11 años de cárcel para el máximo accionista de Sacresa por fraude, malversación, prevaricación y aprovechamiento de la información facilitada.
 
Munar, al frente del entramado
Cabe recordar que, en el auto que ponía fin a la instrucción de la causa, la instructora consideraba "ilógico" que Munar, presidenta del Consell cuando se enajenaron los terrenos, fuese "engañada" entonces por los demás imputados en la causa que investiga las presuntas irregularidades cometidas en torno a esta venta, como tampoco cree que "todo el entramado, el plan y las negociaciones" se hicieran "a espaldas" de la expresidenta 'uemita'.

Asimismo, la magistrada recordaba que fue Munar quien designó a las personas que gozaron de una actuación material, personal y directa en el proceso y en las negociaciones "fraudulentas", en relación a Nadal, Vicens y Flaquer, y además abundaba en que "era la presidenta del partido al que pertenecían todos ellos", en referencia a UM.


elmundo.es

"CASO CLOACA"; UN INFORME CIFRA EN 203.000 EUROS EL SOBRECOSTE DE LA RECOGIDA SELECTIVA REALIZADA POR MASCARÓ

El estudio ha sido realizado por una filial de Mascaró

Europa Press | Palma

Un informe aportado por la UTE Resenetma -filial de Melchor Mascaró- cifra en un total de 203.711 euros la cantidad que presuntamente fue sobrefacturada por los servicios de recogida selectiva que la concesionaria prestó entre 2006 y 2010, lo que contrasta con los más de cinco millones de euros a los que una pericial encargada por el Consell de Mallorca elevaba el desvío que a nivel global se habría producido a través de esta mercantil y de la FCC Lumsa, lo que está siendo investigado en el marco del caso Cloaca.

El documento ha sido aportado por la defensa de la mercantil, ejercida por el letrado Jaime Campaner, después de que el juez instructor de la causa, Enrique Morell, emplazase a las UTE investigadas en este procedimiento -Resenetma y FCC Lumsa- a que justificasen documentalmente el valor real de los servicios prestados y esclarecer de este modo si incurrieron en supuestos delitos de malversación que junto a otros se indagan en este caso.

El dictamen pericial, al que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido elaborado por el economista Antonio Suau, indica que el valor de los servicios que prestó Resenetma asciende a 3,2 millones de euros, si bien la diferencia entre esta cantidad y el importe facturado a la Institución Insular se sitúa en los 203.711 euros. Se trata de unas conclusiones que difieren del informe que elevaba a más de cinco millones la cantidad global presuntamente desviada a través de las dos mercantiles y cuyo autor reconoció posteriormente errores en la valoración que había efectuado.

En cualquier caso, FCC-Lumsa y Resenetma defienden que fueron ellas, y no el Consell, las perjudicadas por el cambio de facturación que la Institución insular impulsó al poner en marcha de los sistemas de recogida puerta a puerta por parte de algunos municipios en perjuicio de estas empresas, lo que a juicio de las empresas supuso una modificación incorrecta e ilegal del contrato suscrito por éstas con el Consell en 2002 y por el que las mercantiles debían encargarse del servicio de recogida selectiva.

En este contexto, aseveran que este "incumplimiento" les provocó en total un "quebranto" económico valorado en unos 3,1 millones de euros por facturas impagadas y sin que la Administración pública haya sufrido "perjuicio alguno". Las defensas de ambas UTE así lo hicieron constar en las alegaciones que presentaron después de que la Fiscalía calculase en más de 3,1 millones de euros las cantidades que abonó el Consell a las UTE por trabajos no realizados, si bien el nuevo informe pericial las estimaba en más de cinco millones.

Posteriormente, un informe jurídico aportado al caso por Resenetma consideraba "claramente irregular" el cambio de facturación impuesto por el Consell y negaba por tanto un enriquecimiento "injusto" por parte de esta concesionaria. El documento, al que tuvo acceso Europa Press, incidía en que el resultado de poner en práctica la anterior fórmula de recogida provocó que una parte notable de las fracciones de residuos dejaba de ser recogida por las concesionarias, lo que comportaba unos "evidentes" perjuicios económicos para éstas.

El dictamen, elaborado por el catedrático Avel·lí Blasco, aseveraba que el Consell habría procedido de forma correcta si hubiera especificado y exigido a los municipios que, tras la implantación del sistema puerta a puerta, entregasen los residuos recogidos a las adjudicatarias del contrato inicial. "Lo que ocurrió en cambio es que el Consell autorizó a algunos municipios para la recogida puerta a puerta sin obligar a entregar a Resenetma los residuos recogidos", incidía el informe.

"En consecuencia, lo menos que se puede decir es que la modificación fáctica del contrato entre el Consell y la UTE fue ilegal e incorrectamente efectuada", lo que condujo, según el informe, a que descendiesen notablemente las toneladas de residuios entregadas a la concesionaria y en virtud de las cuales cobraba del Consell. El dictamen apuntaba a que el impulso del nuevo sistema "se indicó o sugirió" desde el propio Consell, por lo que esta medida no respondía "a una petición de las empresas adjudicatarias sino a una iniciativa de la propia Administración contratante".

Cabe recordar que en el marco de este procedimiento se encuentran imputados la ex consellera insular de Medio Ambiente y ex portavoz de UM, Catalina Julve, el ex director general de Residuos del Consell, Guillem Riera, la directora financiera del grupo empresarial Melchor Mascaró, María Mascaró; el funcionario e ingeniero técnico encargado de supervisar las facturas relacionadas con la recogida selectiva, Gabriel Perelló, y otros numerosos encausados. Imprimir


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"TRAMA DE LOS ERE"; EL FISCAL PIDE FIANZAS POR 3,5 MILLONES A 14 "INTRUSOS" POR LAS AYUDAS RECIBIDAS

Comparecencia en el Juzgado de Instrucción

Efe | Sevilla

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este jueves que el primer grupo de 14 imputados por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos depositen fianzas por importe de las cantidades percibidas, casi 3,5 millones, según la información a la que ha tenido acceso ELMUNDO.es de Andalucía. Se trata de 13 'intrusos' y un empresario.

En una comparecencia celebrada en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, la Fiscalía ha expresado que dicha fianza debe responder por "las cantidades ilícitamente obtenidas" y ha precisado que pedirá la misma medida cautelar para los futuros imputados.

Los abogados defensores de los "intrusos" se han opuesto a la fianza argumentando la "falta de conciencia de culpabilidad" de sus clientes y, en el caso de Rafael Rosendo, ex alcalde socialista de El Pedroso (Sevilla), su abogado ha argumentado que ya ha hecho un depósito judicial por los 112.900 euros percibidos.

Anticorrupción ya anunció que solicitaría a la juez que imponga fianza o embargue bienes a todos los intrusos y personas que permitieron que percibieran un "beneficio indebido y delictivo" de fondos públicos. En un escrito fechado el 25 de octubre, el Ministerio Público considera que se ha demostrado la existencia de una "trama organizada" de percepción de fondos públicos de la Junta, en una investigación "aún embrionaria" pero que causó un "perjuicio manifiesto y grave" a los fondos públicos.

Además

elmundo.es

miércoles, 16 de noviembre de 2011

ARTACHO ELUDE DECLARAR TAMBIÉN EN EL "CASO BRUGAL"

ARTUR BALAGUER - Benidorm

El empresario Francisco Artacho se presentó por fin ayer en el juzgado de Dénia que instruye la pieza separada del caso Brugal por la adjudicación de la planta de basura de esta localidad de La Marina Alta a Ángel Fenoll en el año 1998.

Artacho, cuñado del exedil del Partido Popular Juan Roselló, cerró la ronda de declaraciones de la causa, pero se acogió a su derecho a no declarar, como ya habían hecho otros cinco del total de 11 imputados que han desfilado por el juzgado.

El empresario Artacho está considerado por la policía y por el fiscal el intermediario de la operación por la cual el industrial Fenoll habría pagado 600.000 euros a concejales y técnicos del Ayuntamiento de Calp, hechos por los que se investigan los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. Este empresario, que también estuvo implicado en el caso Aguas de Calp, no acudió el día que estaba citado, eludió la segunda citación y solo después de ser amenazado por el juez con su arresto se puso a disposición de la justicia. Ayer compareció, pero ni siquiera se justificó. Ahora tendrá que decidir el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Dénia, que ha concluido con la primera ronda de citaciones, los siguientes pasos de la instrucción.

Este caso tiene que ver con la supuesta manipulación al alza del pesaje de los camiones de la basura. Estas falsas facturas eran luego endosadas a las arcas municipales.

La policía y la Fiscalía Anticorrupción sostienen que Fenoll entregaba "grandes cantidades de dinero" a los políticos locales a cambio de consentir las irregularidades en la adjudicación, construcción de la planta y pesaje de la basura.
 
Más negativas
De momento se han negado a prestar declaración Artacho y su cuñado, Fenoll y su hijo y los propietarios del suelo donde se construyó la planta de transferencia de basura. Los otros cinco imputados negaron los hechos en su comparecencia judicial.

El empresario Ángel Fenoll también está imputado en la adjudicación del vertedero previsto dentro del plan zonal de la comarca de La Vega Baja, sobre la que declarará el próximo día 1 de diciembre el expresidente de la Diputación de Alicante y líder del PP regional, José Joaquín Ripoll, actualmente presidente del puerto de Alicante.

elpaís.com

UN JUEZ INDAGA SI EL EX ALCALDE DE BENALMÁDENA MALVERSÓ FONDOS

La fiscalía advierte indicios de presuntos delitos en relación con el puerto

DIEGO NARVÁEZ - Málaga

La fiscalía de Málaga ha advertido indicios de presuntos delitos de malversación de caudales y de falsedad de documento público en la sociedad municipal del puerto deportivo de Benalmádena durante el mandado del ex alcalde Enrique Moya (PP), y de los que sería responsable también la concejal que era responsable de Puerto Marina, Carmen Romero, la edil tránsfuga de Movimiento por Benalmádena que en mayo de 2008 rompió el gobierno tripartito con PSOE e IU y dio el voto decisivo para la moción de censura que aupó al PP a la alcaldía. Un juez de Torremolinos ha abierto diligencias a instancias de la fiscalía, sin que de momento haya formulado imputaciones.

Los hechos se refieren al presunto trato favorable que la sociedad municipal del puerto dio a la discoteca kaleido, con la que en julio de 2009 firmó un contrato de cesión de una terraza de 120 metros cuadrados en la vía pública pese a que contaba con informe desfavorable de los técnicos municipales y que de hecho la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) desautorizó y mandó retirar en octubre de 2010. En ese tiempo, la discoteca no abonó el canon correspondiente, y generó una deuda de 66.746 euros.

Cuando hubo de retirar la terraza, el Ayuntamiento acordó compensar a la discoteca con 62.348 euros, importe en el que una empresa estimó el coste del montaje de la terraza, con lo que la discoteca sólo hubo de abonar 4.397 euros de lo que debía.

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, conminó ayer al presidente, Elías Bendodo, a suspender temporalmente de sus puestos mientras se concluye la investigación judicial a Moya y Romero, contratados ahora como asesores taurino y de desarrollo, respectivamente.

elpaís.com

"URDANGARÍN ERA EL GESTOR Y COBRABA POR LOS SERVICIOS A TRAVÉS DE SU EMPRESA"

Comité Ejecutivo del Instituto Noos.
LOS NEGOCIOS DEL DUQUE DE PALMA

* El socio del Duque de Palma declara que este cobraba de la subvención del Gobierno balear a través de su empresa privada
* Excelencia, le investigan
* Urdangarin regresa a España para preparar su defensa

Andreu Manresa / Jesús García Palma / Barcelona 16 NOV 2011 - 12:39 CET32

Diego Torres, socio principal de Iñaki Urdangarin, durante la etapa en que este fue presidente del Instituto Noos, una asociación sin ánimo de lucro que cobró 2,3 millones del Gobierno balear entre 2005 y 2006 por organizar unos congresos sobre turismo y deporte, aseguró en su única declaración ante el juez que investiga el caso Palma Arena que el yerno del Rey y Duque de Palma gestionaba el organismo y que pese a que no tenía sueldo por esa tarea sí cobró por los servicios prestados al Instituto Noos a través de una consultora de su propiedad llamada Aizoon.

La Fiscalía Anticorrupción que investiga este caso sostiene que Torres y Urdangarin tomaron el control del Instituto Noos para “contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro (una especie de ONG dedicada a proyectos sociales) para rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la asociación y, simultáneamente, organizar un entramado societario utilizando un grupo de sociedades mercantiles a través de las cuales desviaban fondos públicos y privados que recibía el Instituto Noos, apoderándose de los mismos”.

Torres, mano derecha de Urdangarin en el Instituto Noos hasta 2006, en que ascendió a presidente de la empresa en lugar del Duque de Palma, está imputado por supuestos delitos de falsedad documental, fraude a la administración y malversación de caudales públicos en relación con los contratos suscritos con el Gobierno balear. Fuentes de la investigación sostienen que la imputación de Urdangarin será “inevitable” dadas las pruebas recabadas contra él en el curso de la instrucción de este caso.

Torres aseguró al juez el 11 de julio pasado que los contratos con el Gobierno balear eran en realidad patrocinios para la celebración de congresos de deporte y turismo y que, como tales patrocinios, el Instituto que presidía no tenía por qué “justificar los gastos”.

Lo que sigue es un amplio resumen textual de esa declaración de Torres.

Origen de la relación con el Gobierno balear. “El primer encuentro que recuerdo [relacionado con el convenio que firmó el Instituto Noos] es el que tuvo lugar con José Luis Ballester [director general de Deportes del Gobierno balear], que representaba a la fundación Illes Sport [dependiente de la administración autonómica de Baleares]. Solo conozco una fundación que tenga por objetivo el turismo deportivo y es la fundación Noos y creo que por eso contactaron con nosotros. En la reunión se habló de la conveniencia de impulsar el turismo deportivo y se convino que Noos presentara un presupuesto y quedaron para otras reuniones. En esas reuniones, quién más asistía era el señor Ballester, en alguna ocasión iba el señor Flaquer. El convenio se firmó el 17 de julio de 2005. Yo me desplacé a Palma y me limité a firmar el convenio que se me presentó, que contempla tres líneas de actuación: involucrar al mundo empresarial y universidad; crear un observatorio permanente y organizar una serie de actos. Presenté diversos presupuestos y se aceptó uno de 1,2 millones. El acuerdo era que Nóos recibirá 1,2 millones de euros contra la presentación de las facturas emitidas por Noos pero sin que este instituto tuviera que dar cuenta del coste del encargo. Noos corría con el riesgo de que el encargo pudiera resultar más costoso. Noos libró así las facturas. (…) Supongo que habrá habido algún contacto entre Urdangarin y el gobierno balear ya que conocía al señor Ballester del ámbito deportivo.

[Los informes periciales que maneja la Fiscalía Anticorrupción sostienen que el coste del servicio prestado por Nóos no superó los 500.000 euros, pero el instituto que presidía Urdangarin cobró 1,2 millones]

Superávit por otros patrocinios. “Contábamos con el patrocinio de la cadena Sol y Melia y Air Europa, una empresa de alquiler de coches, y no recuerdo si había más ni los importes de los patrocinios. Yo conté estos patrocinios verbalmente en reuniones más o menos mensuales a Ballester. Los otros patrocinadores no sumaban 1,2 millones de euros, era mucho menos. El coste del encargo del Gobierno balear rondó 1,2 millones de euros y es posible que haya habido un superávit correspondiente al resto de los patrocinios.

La junta directiva no cobra salarios. Ningún miembro de la junta directiva cobra salarios y solo los honorarios por los servicios que puntualmente prestan, al margen de que contamos con una plantilla de personal laboral para las funciones no directivas.

[En la Junta Directiva de Noos figuraban hasta 2006 tanto Urdangarin como su esposa, la Infanta Cristina y el secretario de esta, Carlos García Revenga, que ejercía como tesorero].

El negocio del socio. “Yo tengo una empresa de consultoría que facturaba al año al Instituto Noos unos 80.000 euros, que hay hasta 120 profesionales que facturan a Noos por sus servicios. No cobro por participar en los órganos de Gobierno de Noos sino por los servicios que presto con ocasión de desarrollar proyectos, básicamente estudios realizados por esa empresa de consultoría con personal propio”.

Plantilla y clientes. “La plantilla de Noos la componen unas 15 personas. Noos ha prestado servicios para la Generalitat Valenciana, Telefónica y pequeñas empresas”.

Los cobros del duque de Palma. “[Urdangarin] no cobraba por las funciones de gerencia pero sí por los servicios prestados a través de la empresa de la que es administrador, llamada Aizoon y en razón de los estudios y dirección de proyectos que realizara”. (…) “En 2005, Urdangarín realizaba funciones de gestión junto a mí y a los restantes miembros de la Junta Rectora se les informaba periódicamente de dicha gestión”.

Miembros del consejo. Los demás miembros del consejo de dirección no solían facturar. Salvo el abogado por algún estudio jurídico que hiciera.

"No hay que justificar gastos". "En un convenio de patrocinio como este, el patrocinado no tiene por qué justificar los gastos y solo constatar que se ha celebrado el evento patrocinado. El presupuesto que se aportó en el primer convenio era una aproximación y Noos tenía asumido que si costaba más, sería a su cargo. Yo ignoraba que en el expediente administrativo solo figuraba el presupuesto. Algunos patrocinadores patrocinaban sufragando gastos, pero otros aportaron sumas en efectivo, ahora no puedo decir cuánto. Un contrato de patrocinio se puede firmar de un día para otro".

"CASO MALAYA"; ROCA REVELA QUE VARIOS EMPRESARIOS FINANCIARON LA CAMPAÑA ELECTORAL DEL GIL EN 2003

Juan Antonio Roca durante el juicio por el caso 'Malaya'. | ELMUNDO.es
Los pagos superan los 292.000 euros

* Con tal argumento trata de exculparse del delito de cohecho
* El fiscal no acusa por ningún delito de financiación irregular de partidos

José Carlos Villanueva | Málaga

Nueva sorpresa en el juicio por el caso 'Malaya'. El principal acusado, Juan Antonio Roca, ha desvelado este miércoles que varios empresarios acusados que comparten banquillo junto a él contribuyeron con su dinero a financiar la campaña electoral del Grupo Independiente Liberal (GIL) en las elecciones municipales de 2003. Los pagos superan los 292.000 euros y el cabeza de cartel era Julián Muñoz.

La confesión del exasesor urbanístico se ha producido a preguntas del fiscal, cuando Juan Carlos López Caballero le interrogaba sobre documentos de su contabilidad denominados "hoja de caja cña". Roca ha respondido que "está muy claro, porque se trata de hoja de campaña". Todo ello tras asegurar que el empresario Fidel San Román aportó 75.000 euros para tal fin.

Con esta versión el considerado cerebro de la trama de corrupción municipal marbellí trata de desvincular cualquier relación entre pagos recibidos por empresarios y resoluciones urbanísticas favorables que éstos obtuvieron a cambio, en el marco de construcciones ejecutadas en Marbella, lo que equivaldría al delito de cohecho que se le imputa. Todo en contra de lo que sostiene el Ministerio Público al acusar a Roca de delitos de cohecho por influir en el otorgamiento de licencias y permisos de obras ilegales. López Caballero no refleja imputación alguna por posibles delitos de financiación irregular de partidos políticos.

Aunque el que fuera brazo derecho de Jesús Gil no ha sido preguntado por otros nombres de empresarios, lo cierto es que al admitir que "hoja de caja cña" está íntegramente relacionado con dicha campaña electoral de 2003, con ello implica en los pagos al resto de promotores acusados que figuran bajo dicho epígrafe en la famosa contabilidad incautada de Maras Asesores S.L.

Concretamente, en el escrito de conclusiones del fiscal se reproduce una aportación del empresario portuense Manuel Lores, el 13 de diciembre de 2002, por importe de 50.000 euros. Antes, el 18 de octubre de 2002 aparece el empresario Javier Arteche vinculado a otro pago de 60.100 euros.

El 3 de diciembre de 2002 figura una aportación del también acusado Francisco Zambrana en la llamada "hoja de caja cña", por la cantidad de 45.000 euros.

Por lo que respecta a la aportación de San Román de 75.000 euros dicha cantidad consta como "entrada" en la contabilidad del exasesor urbanístico el 18 de diciembre de 2002. Además, por el mismo concepto de "hoja de caja cña", el 4 de diciembre de 2002 figura un pago de 60.000 euros aportado por el apoderado de la empresa inmobiliaria Proincosta, Eusebio Sierra.

Sierra alcanzó un acuerdo de conformidad con el fiscal y se declaró culpable, semanas atrás, de haber entregado un soborno de 60.000 euros a Roca. No obstante, relacionó el pago sujeto a un reconocimiento de una deuda que el Ayuntamiento de Marbella tenía contraída con la citada mercantil representada por Sierra.

Aunque el acusador público aún no ha preguntado a Roca por el presunto soborno que entregó éste al exalcalde Julián Muñoz, cifrado en 162.000 euros, repartidos en tres pagos, el grueso de dicha cantidad también figura en la llamada "hoja de caja cña" como "salidas". Así pues, es previsible que el exasesor urbanístico relacione los pagos recibidos por el exregidor con la campaña electoral de mayo de 2003 en la que Muñoz fue cabeza de lista del GIL.
 
Tres pagos atribuidos a J.M.
En dichos archivos aparecen un total de tres pagos atribuidos al acrónimo J.M. que el fiscal relaciona con Julián Muñoz. El primero el 7 de noviembre de 2002-semanas después de firmarse un convenio urbanístico con la empresa CCF21 vinculada a socios de Roca-por importe de 15.000 euros; el segundo el 11 del mismo mes, por 135.000 euros. El tercer pago, con Muñoz ya fuera de la Alcaldía, es el 10 de diciembre de 2003, por 12.000 euros.

A pesar de que Roca sostiene que todas las entradas de dinero que recibió por fondos de "hoja de caja cña" se destinaron a gastos electorales del GIL el fiscal argumenta en su escrito de acusación que todo se desvió a empresas del propio acusado. Tal es el caso de la propia Maras Asesores; Heliponto Marbella S.L.; Fincas e Inmuebles Socotora, así como Aragonesas de Finanzas Jacetanas, entre otras.

En todo momento el ex brazo derecho de Jesús Gil ha atribuido al fallecido exregidor la responsabilidad a la hora de recaudar las cantidades destinadas a la campaña electoral de 2003: "Eran todo anotaciones mías siguiendo instrucciones del señor Gil".

El tenso interrogatorio entre fiscal y acusado se ha centrado también en el otorgamiento de licencias de obras. De nuevo Juan Antonio Roca se ha desvinculado de cualquier responsabilidad y ha negado haber asistido nunca a comisión de gobierno alguna.

"No me acuse usted de haber urdido un urbanismo ilegal en Marbella, porque eso lo hizo Jesús Gil, con quien yo tenía discusiones bizantinas para cambiar las cosas", le ha espetado Roca al fiscal. El exgerente de urbanismo marbellí también ha asegurado que se reunía "todos los meses" con "el delegado de Obras Públicas de la Junta de Andalucía" en Málaga "para sacar adelante un nuevo Plan", en alusión al PGOU.

Dado que Roca vincula las discusiones con Gil con las reuniones que mantenía con dicho delegado del Ejecutivo autonómico, los encuentros con quien ocupaba dicho cargo pudieron mantenerse entre agosto de 2003, fecha de la moción de censura contra el exalcalde Muñoz, y abril de 2004, fecha del fallecimiento de Jesús Gil. La persona que ostentaba tal responsabilidad en el Gobierno andaluz era José María Ruiz Povedano.

martes, 15 de noviembre de 2011

"CASO VOLTOR"; FARRÚS RECONOCE QUE FINANCIÓ LA CAMPAÑA DE UM PERO NIEGA CONTRAPRESTACIONES

En 2007

* El empresario declara ante la juez que hizo donativos al partido

Efe | Palma

El empresario de la comunicación Jacinto Farrús ha reconocido hoy ante la juez del caso Voltor que financió la campaña electoral de UM en 2007 "dentro de los límites que marca la ley de partidos", pero ha negado haber recibido a cambio ningún tipo de contraprestación por parte de esta formación política.

Farrús ha comparecido ante la juez como imputado dentro de una pieza del caso en la que se investiga un supuesto trato de favor a sus empresas por parte del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) del Govern balear, dependiente de la Conselleria de Turismo y controlada durante la legislatura pasada por UM.

Ha explicado que hizo donativos "nominativos" a UM y que también aportó dos o tres trabajadores de su grupo para ayudar en la campaña, después de que se lo pidiera el ex conseller insular de Economía y expresidente de UM, Miquel Àngel Flaquer.

También ha explicado que donó una lona, pero ha añadido que su coste no superaba los 100.000 euros, cantidad que permite la ley para aportar a una campaña política.

Preguntado acerca de si contrató a esos trabajadores expresamente para que los emplease UM en la campaña, tal y como declaró ante la policía cuando fue detenido en marzo de 2010, se ha desdicho de sus palabras alegando que tras 40 horas de "angustia" en los calabozos de la policía dijo cosas que no tenían "ni pies ni cabeza". "Puse a empleados que tenía disponibles en mis empresas para apoyar a la campaña electoral y a los que no contraté expresamente para ello", ha aclarado Farrús.

También ha reconocido que regaló a Guillem Riera, exconcejal de UM en Bunyola, una lona valorada en 500 euros, que pagó el mismo por tratarse de una "cuestión personal" y no de su empresa. Sin embargo, Farrús ha negado haber recibido ninguna contraprestación de UM a cambio de sus donativos y su ayuda en la campaña, así como haberse entrevistado con Flaquer para pedirle que adjudicarán a sus empresas concursos públicos.

Preguntado por el fiscal Anticorrupción acerca de varios concursos supuestamente amañados a favor de sus empresas (su grupo tenía por aquel entonces en torno a 60 sociedades), Farrús ha negado saber nada de ellos, y ha insistido en que las negociaciones las llevaban sus administradores y él no estaba enterado de ellas.


elmundo.es

"CASO BRUGAL"; ENRIQUE ORTIZ TUVO INFORMACIÓN PRIVILEGIADA DEL PGOU DE ALICANTE

UN PROMOTOR DENUNCIA AL PRINCIPAL IMPLICADO

Ramón Salvador ratifica ante el juez el contenido de una grabación

ROSA BIOT - Alicante

El empresario de la construcción Ramón Salvador Águeda, imputado en la pieza del caso Brugal que trata de esclarecer las supuestas irregularidades en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, ratificó ayer la conversación recogida en la investigación en la que el promotor Enrique Ortiz le aseguraba tener información del planeamiento antes de que éste saliera a exposición pública.

Así lo aseguró tras la declaración de Salvador Águeda el abogado de Esquerra Unida, José Luis Romero. Águeda fue el único de los tres empresarios que ayer acudieron al juzgado de Instrucción número 5 de Alicante que accedió a declarar.

Salvador está imputado por un supuesto delito de aprovechamiento de información privilegiada en relación con unos terrenos de su propiedad que forman parte del nuevo PGOU. En su declaración, el empresario ilicitano aseguró que "efectivamente se produjo" la conversación en la que Ortiz le informó de que disponía del detalle del planeamiento. La conversación telefónica a la que se refirió se mantuvo el 25 de agosto de 2008, dos meses antes de que el PGOU saliera a exposición pública. Esta es la transcripción de la primera parte de esta charla, grabada por la policía, en la que Ortiz y Salvador hablan del PGOU de Alicante:

-Salvador. ¿El plan general cómo lo ves, querido?

-Ortiz. ¿Tienes suelo por allí o qué?

-S. Sí

-O. Yo te lo puedo enseñar todo, me dices dónde lo tienes y yo te lo digo, porque si hay que hacer algo, hay que hacerlo ya.

El fiscal preguntó al empresario por su relación con Javier Gutiérrez, socio de José Luis Castedo (hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP) en Salvetti Abogados y que según la acusación diseñó a medida de Salvador un cambio de calificación de terrenos de su propiedad en el nuevo PGOU. El informe policial apunta al bufete como una de las claves del supuesto amaño del planeamiento de Alicante a favor de Ortiz. Salvador admitió conocer a Gutiérrez pero aseguró que éste jamás le dijo que colaboraba en el PGOU.En otro momento de la conversación interceptada por la policía entre Enrique Ortiz y Ramón Salvador ambos hablan de los terrenos del constructor y se refieren a Gutiérrez, socio del hermano de Castedo:

-O. Pues esa zona no sé, creo que tengo todos los planos menos esa zona, pero ¿tú te has ocupado de hablar con Javier [Gutiérrez] para que lo metieran?

-S. Claro.

-O. Ah, pues entonces estará metido.

-S. Claro, si él me dijo que sí, entonces un año.

-O. Pues ya está seguro, si él te dijo que sí, eso no hay problema.

El empresario ilicitano no respondió a las preguntas de los abogados de la acusación particular. A la salida de los juzgados, Salvador aseguró no tener nada que ocultar, criticó "el circo mediático", calificó de "tonterías" las acusaciones que apuntan a la existencia de tráfico de influencias y consideró que en España hay una "persecución política" a los promotores, lo que repercute aún más negativamente en el mercado laboral. Él mismo, aseguró, ha tenido que irse a trabajar al extranjero.

La declaración del empresario provocó la reacción de la oposición política de Alicante. La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Elena Matín, defendió que tras esta ratificación realizada por Águeda ya no son solo las escuchas las que apuntan que en la tramitación del PGOU de Alicante hubo información privilegiada. Martí aseguró que la alcaldesa de Alicante "no puede eludir su responsabilidad política y posiblemente otras que podrían deducirse de las actuaciones judiciales, porque es un hecho incuestionable que ella era la responsable del área de Urbanismo cuando se filtró información privilegiada, que esta llegó a manos de Ortiz y otros empresarios interesados y al despacho de abogados urbanistas con el que presuntamente colaboraba su hermano". El PSPV recordó que los redactores del PGOU de Alicante entregaron el primer borrador del documento el 1 de julio de 2008, aunque el documento no salió a exposición pública hasta el 15 de octubre.

También EU salió al paso de esta declaración judicial. "Nos parece muy importante que gracias a esta ratificación se demostraría que Enrique Ortiz tenía la documentación del PGOU de Alicante antes de que saliera a exposición pública y cuando no tenía que contar con ella", subrayó Miguel Ángel Pavón, portavoz de EU en el Ayuntamiento de Alicante. "¿Quién se la facilitó?", agregó. El edil también confió en que no se anulen las conversaciones recogidas durante la investigación.


elpaís.com

LA JUNTA DENUNCIA UNA TRAMA DE 18 EMPRESAS IMPLICADAS EN EL FRAUDE DEL ERE

Mar Moreno, en el centro, tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía celebrado esta mañana. / GARCÍA CORDERO
El Gobierno andaluz pide a la juez Alaya que llame a declarar como imputados a siete personas
El dinero defraudado se eleva a 20 millones de euros

Lourdes Lucio Sevilla

El Gobierno andaluz presentó el pasado 28 de octubre a la juez que investiga el caso de los ERE un “informe detallado”·sobre la presunta trama de empresas vinculadas que recibieron ayudas públicas de la Junta de Andalucía. Según ha informado hoy la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, las empresas afectadas en esta trama se elevan a 18 y afectan a siete personas. La también portavoz del Gobierno autónomo se ha negado a facilitar el nombre de las sociedades y personas implicadas.

El volumen defraudado asciende a unos 20 millones de euros. Mar Moreno ha insistido que las empresas denunciadas “tienen un clara delimitación territorial” con el exdirector general de Empleo Javier Guerrero, el principal imputado en el caso. Alude la portavoz a la Sierra Norte de Sevilla, donde un grupo de empresas recibieron ayudas de la partida "31L" destinadas a trabajadores y empresas en crisis.

Moreno, que ha informado de esta actuación en el transcurso de una pregunta, ha aprovechado para defender la actuación de la Junta de Andalucía en el fraude de los ERE. “La Junta de Andalucía denuncia e investiga, mientras que el PP usa el caso de los ERE para perseguir al Gobierno y no a los culpables”.

En el informe presentado ante la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, la Junta pide a la magistrada que llame a declarar en calidad de imputados a las siete personas aludidas.

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LA JUEZ DE LOS ERE SEÑALA A GRIÑÁN

Alaya centra su investigación en 21 ayudas autorizadas por el presidente de la Junta

Javier Martín-Arroyo Sevilla

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, denuncia “la concesión ilícita de ayudas públicas durante más de una década” en la Junta y busca determinar la responsabilidad del presidente José Antonio Griñán durante su etapa al frente de la Consejería de Economía.

Alaya, a solo cinco días de las elecciones y tras protagonizar un sonado enfrentamiento con la Junta por las actas de los Consejos de Gobierno que dilucidó el Supremo a su favor, pide ahora a la agencia IDEA las autorizaciones concedidas por Griñán y su sucesora Carmen Martínez Aguayo de las “operaciones de endeudamiento igual o superior a 1,2 millones” concedidas a 21 empresas y tramitadas de la Consejería de Empleo. La juez matiza que “por ahora” se centra en Empleo, tras su anterior aviso de que examinará las ayudas concedidas desde las consejerías de Turismo, Agricultura y Pesca y Ciencia, Innovación y Empresa.

En el auto notificado hoy a las partes llama la atención una petición concreta: “Procede reclamar la vida laboral de la empresa Matsa” y las subvenciones que recibió de la Junta. Por lo tanto, la magistrado reabriría en cierto modo el caso Matsa, que tiene su origen en una subvención de 10 millones que el Ejecutivo andaluz concedió a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), donde trabaja como apoderada su hija Paula Chaves, y en cuya aprobación participó el expresidente del Gobierno andaluz. El Supremo y el TSJA han dado por cerrado este caso, tanto en la vía penal como en la contencioso-administrativa.

Asimismo, la juez ordena comunicar sus derechos como imputado a Juan Rodríguez Cordobés, ex delegado provincial de la Consejería de Trabajo en Sevilla y beneficiario de la póliza de Calderinox.

Además, Alaya pide al Instituto Nacional de Empleo en Huelva la relación de 796 trabajadores de las empresas mineras afectadas por diversos ERE, para analizar los cobros supuestamente irregulares que percibieron los empleados. Para ello solicita copia del Plan Único del Gobierno Central para la crisis de la Faja Pirítica andaluza. Pero en lugar de pedírselo al Ejecutivo central, la juez se dirige al PP por el simple hecho de que la representación del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido y el secretario general del PP andaluz Antonio Sanz, podría incorporarlo a la causa antes, ya que en la época de la reconversión minera el PP ostentaba “el Gobierno de la Nación”.

Mientras, tras subrayar la juez cómo el grupo empresarial liderado por el exconcejal socialista José Enrique Rosendo recibió 13,7 millones de euros, la magistrada pide a la Junta que le informe de si otras empresas o bien algún otro grupo empresarial “habían recibido de otras Consejerías otras subvenciones distintas de las de Empleo”. Ante las sospechas derivadas de la investigación, Alaya la extiende a la Dirección General de Fondos Europeos, dependiente de la Consejería de Economía, “para investigar el presunto uso abusivo de fondos públicos”.

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lunes, 14 de noviembre de 2011

"CASO BRUGAL"; EL ALCALDE DE ABANILLA CONSINTIÓ EL VERTEDERO ILEGAL DE FENOLL

El industrial asegura en una grabación que tiene el "poder del Ayuntamiento"

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

Las relaciones del alcalde de la localidad murciana de Abanilla, Fernando Molina Parra, del PP, con el industrial Ángel Fenoll son más que cordiales, según recogen las escuchas del caso Brugal. El informe policial resalta la supuesta connivencia entre el regidor y el industrial, extremo que ha permitido al empresario mantener activa la planta de basura que explota en ese municipio. El Gobierno de Murcia acaba de dictar una resolución en la que decreta el cierre de la instalación por las ilegalidades acumuladas. El empresario ha desoído la orden.

El empresario ha desoído la orden de Murcia de cerrar la planta de Abanilla

Fernando Molina es el alcalde más longevo de la Región de Murcia. Ocupa el cargo de regidor de Abanilla desde el año 1987. La "estrecha amistad" entre Fenoll y Molina la manifiesta públicamente el empresario en conversaciones con terceras personas. En uno de esos diálogos llega a confesar haberle "dado cariño", entre otros, a la Guardia Civil, "para tapar posibles irregularidades en la planta de Proambiente (empresa de Fenoll con la que explota la instalación)".

Una muestra de esa relación con el alcalde de la que presume Fenoll en grabaciones con terceras personas se recoge en la conversación con una mujer llamada Josefina Candel grabada el 28 de mayo de 2008.

Ángel Fenoll. Yo... no. Temas familiares y tal. Y le dije de todo. Digo, no tenéis vergüenza. ¿Sabes? Os hundo a todos y os meto bajo tierra. No ves, Fina, que los poderes los tengo yo. Los poderes me refiero... no de la empresa. Los poderes de la empresa también, pero tengo los poderes de los Ayuntamientos y de Fernando [el alcalde]. ¿Sabes lo que te digo? Y ahí no se mueve nadie. Cierro. Y en 24 horas cierro el quiosco. ¿Sabes lo que te digo?

Fina. Sí, sí, sí.

A. F. A mí me van... pero que lo intentaron. Claro. Pero me avisó Marga. ¿Sabes lo que te digo?

F. ¿Y qué te dijo Antonio Ángel?

A. F. No me la tocan. ¿Sabes lo que te digo?

F. Ya, ya, ya.

5A. F. No me la tocan. Aparte de eso he hecho otras cosas muy gordas, ahí en la planta. ¿Sabes? Dándole cariño a estos... a la Guardia Civil... en fin... A todos esos temas. ¿Me entiendes o no?

F. Hay que ser agradecidos.

En otra de las intervenciones del teléfono de Ángel Fenoll, realizada el 14 de mayo de 2007, el industrial habla con el alcalde de Abanilla y su mujer, a su vez secretaria general del PP local, Gumersinda Díaz Ruiz. En la conversación comentan unos pasquines distribuidos en la población contrarios a la actividad de la planta. "Ambos acusan a un tal Bolo (apodo familiar del portavoz municipal del PSOE entre 2003 y 2007, José Antonio González)", precisa la diligencia policial. En esa conversación el regidor informa al empresario de las iniciativas de la oposición, en este caso del PSPV, para cerrar la instalación. "Fernando le pide a Fenoll que extreme las precauciones porque el PSOE ya ha presentado preguntas en el Ayuntamiento", recoge el informe policial.

Sobre el trasvase de información del PP de Abanilla a Fenoll acerca de los movimientos en la población contra la planta, el sumario del caso Brugal también recoge una foto en la que el exteniente de alcalde del Ayuntamiento José Tenza Lajar y la esposa del alcalde, Gumersinda Díaz Ruiz, graban una manifestación de vecinos contra el vertedero del industrial el 28 de mayo de 2005.

La Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno murciano acordó la clausura de la planta de Abanilla el pasado 6 de octubre a raíz de una denuncia de Ecologista en Acción. El servicio de vigilancia e inspección ambiental de esa dirección general corroboró diversas anomalías en la planta, entre ellas, el vertido de residuos sin tratar y directamente al suelo natural y la construcción de un vaso de vertido sin declaración de impacto ambiental.

Fenoll ha desoído la resolución y mantiene activa la planta. La industria da servicio a 19 municipios de La Vega Baja, que generan un volumen de 300 toneladas de basuras al día.

Además, Fenoll está construyendo otro vaso para verter residuos que ha provocado un recurso del Ayuntamiento de Orihuela por entender que la nueva infraestructura invade su término municipal. El empresario, según fuentes del consistorio oriolano, no ha solicitado permiso a esta institución para realizar los trabajos.

Fenoll es considerado el cabecilla de la parte del caso Brugal que investiga una trama corrupta vinculada al negocio de la basura en la provincia de Alicante.

El industrial está imputado en dos de las piezas más destacadas de esta causa. La primera, por un supuesto amaño de la contrata de la basura de Orihuela. La investigación cree probado que Fenoll se ocultó tras dos empresas para hacerse con la contrata en unión con la mercantil Sufi. La segunda imputación está relacionada con la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal de La Vega Baja. La investigación trata de esclarecer un supuesto soborno al líder del PP de Alicante por la contrata.

elpaís.com

EL INDUSTRIAL QUE ACUSA A BLANCO DA TRES VERSIONES Y APUNTA PRUEBAS INEXISTENTES

SUMARIO DE LA DENUNCIA DE UN IMPUTADO CONTRA EL MINISTRO DE FOMENTO

La juez no halla en la empresa los registros contables del supuesto cohecho
La declaración que originó el caso no hablaba de pagos de 400.000 euros

La juez de Lugo María Estela San José remitió el pasado 31 de octubre al Tribunal Supremo una exposición razonada sobre un supuesto delito de cohecho y otro de tráfico de influencias del ministro de Fomento José Blanco en relación con el empresario gallego Jorge Dorribo, que fue encarcelado a finales de mayo y que, tras acusar al dirigente socialista en agosto, quedó en libertad provisional. El escrito remitido por la juez incluye hasta cuatro declaraciones de Dorribo, contradictorias entre sí y con supuestas pruebas que resultaron inexistentes.

Dorribo fue detenido el 24 de mayo de este año por fraude de subvenciones y logró la libertad provisional tras declarar ante la juez el 8 de agosto pasado. El industrial contó ese día a la juez que había conocido al ministro Blanco a través de Proitec, una empresa que le asesoraba y tramitaba la petición de ayudas públicas. Los dueños de Proitec le pidieron, cuenta Dorribo, que contratara para sus obras a la empresa Espiñeira y Bran, del primo político de José Blanco. “No les pedía presupuesto, pagaba sin discutir el precio y entiendo que estoy pagando su favor”, declaró Dorribo. Un responsable de Proitec negó a la juez que hubieran pedido a Dorribo que contratara con Bran y que si el empresario lo hizo fue “para acercarse al poder”.
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El industrial habló primero de 40.000, luego de 90.000 y después de 150.000
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En su relato ante la juez del 8 de agosto, Dorribo no declaró en ningún momento que pagase 400.000 euros a Blanco, de los que 200.000 fueron en metálico y los otros 200.000 a través de facturas infladas del primo político del ministro. Tampoco declaró que Blanco le hiciera gestiones ante el Ministerio de Economía para obtener una subvención. Todas esas acusaciones se publicaron en el diario El Mundo el 4 de octubre, atribuyéndolas a la declaración de agosto ante la juez, aunque en esa declaración no figuraba nada de eso. Tan solo había una referencia confusa al pago de dinero: “En Andorra pagué 40.000 euros que me solicitaron que pagara allí. Se hizo sin factura y luego vino la factura. Esto se frustra a raíz de mi detención [en mayo de 2011]. Ellos terminaron el montaje allí (supuestamente una obra en una nave), y aún les faltan por cobrar 100.000 euros”.

Dorribo contó en agosto a la juez que se vio con Blanco en una gasolinera pero no declaró que media hora antes pagase 200.000 euros en metálico al primo del ministro: “Quedé con Bran [primo de Blanco] porque tenía que ver a la ministra [Pajín] porque (...) necesitaba que la ministra diera unos toques para que se agilizaran los temas porque si no podía tardar uno o dos años. Le dije a Bran que yo hasta ahora había cumplido sin pedir nada y Bran llamó a Blanco para quedar con él el domingo en la gasolinera de Medas de Guitiriz”. Ni una sola mención al pago de 200.000 euros en billetes de 500 al primo de Blanco para que el ministro hiciera gestiones a su favor.
 
El apunte ‘ifn’ no aparece

Una semana después de que El Mundo ofreciera detalles que no estaban en su declaración, Dorribo completó esas lagunas en una segunda comparecencia ante la juez. “Las retiradas de efectivo aparecen en el banco y corresponden a pagos a José Blanco a través de su primo. Yo tenía unas fichas en la contabilidad donde se hizo constar el pago y donde se van haciendo los asientos de los pagos. Esas fichas se encuentran en la sede de Nupel, antes estaban en contabilidad pero como se movió todo por los administradores no sé si están todas allí ubicadas. Si me acompaña alguien del juzgado, lo puedo encontrar en las oficinas de Nupel. Las abreviaturas eran “a.e.f.”, que corresponde a eólico Fernando Blanco [parlamentario del BNG que supuestamente le favoreció cuando formaba parte del Gobierno de la Xunta]; “p.c.”, que era Pablo Cobián [diputado del PP que medió para que le recibiera Alberto Núñez Feijóo, actual presidente de la Xunta], y la de José Blanco era “ifn”, que significa “Iniciativas Fomento Bran”. Allí se recogían las cantidades exactas que yo hacía en efectivo a esas personas. Había un pago de 90.000 euros a José Blanco que estaba en la contabilidad de Andorra, donde tengo una sociedad que se llama Salut D'Innovació. Que la persona que recibió ese dinero en Andorra es Espiñeira [de la empresa del primo de Blanco], en las oficinas de Andorra sentado conmigo en una sala de juntas que hay a mano derecha subiendo. Ese señor contó el dinero, lo metió en un sobre. Entiendo que era para José Blanco, porque me lo solicitó de manera persistente Bran, que era quien se ponía en contacto conmigo cuando había que hacer los pagos. José Blanco no estuvo presente en la entrega de dinero”. En la declaración del 8 de agosto habló de 40.000 euros; en la del 13 de octubre, de 90.000. Con un añadido: “A Blanco se le hicieron dos pagos en efectivo. El primero fue cuando me reuní con él en la gasolinera. Media hora antes llegué para verme con Bran y le entregué 200.000 euros en billetes de 500 euros que se pidieron al banco antes del 5 de febrero de 2011. Está el asiento contable, que tiene que haber la hoja de ficha donde llevaban el control de pagos y allí debe estar la entrega a José Blanco. Bran había estado dos días antes en la empresa para decirme que si no había retrasos o anulaciones de visitas se haría así”. La juez quiso comprobar lo que decía y ordenó el registro de laboratorios Nupel. “Con el consentimiento de Dorribo y en presencia de otros imputados”, escribe la juez, “no se pudo encontrar ningún elemento relativo a las fichas a las que aludía el declarante, pero sí el libro de visitas donde constan las señaladas por Dorribo”.
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En su último testimonio acusó a tres empresarios más del cohecho
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Sin la prueba de los apuntes contables, Dorribo pidió declarar un día después porque había encontrado en su casa un documento que podría aclarar las cosas. Ese 14 de octubre, Dorribo elaboró una tercera versión de los hechos: “Desde la cuenta del Banco de Crédito de Andorra, en el que figura mi mujer, hago una transferencia a Salut d'Innovació de 150.000 euros para el pago a José Blanco. Lo ingreso en esa sociedad para que quede constancia de esa parte de dinero de cara a los socios y luego hago frente al pago económicamente el 5 de febrero al primo de José Blanco. El importe total fue 150.000 euros. Todos los socios (José Antonio Orozco, Carlos Monjero, Javier Rodríguez y yo) estuvimos de acuerdo en que los 150.000 euros los ponía la sociedad y los otros 50.000 yo porque me beneficiaba del proceso de los dosieres que eran propiedad de Nupel. El dinero de la cuenta de mi esposa era de ahorros que íbamos consiguiendo”. Cuando le preguntan si los socios le devolvieron el dinero que él adelantó, Dorribo responde: “No es en los días inmediatos al pago, pero sí lo hay. Pero quizás cuando me lo devuelven, me devolverían más porque a mí me podían deber otros préstamos”.

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"CASO BRUGAL"; UN CONSTRUCTOR DECLARA QUE ORTIZ ASEGURÓ TENER EL PGOU ANTES DE QUE SE HICIERA PÚBLICO

En los juzgados de Benalúa, en Alicante

* Salvador ha subrayado que no vio el PGOU y se ha desvinculado de la trama
* También han testificado José Gregorio Bernabé Martínez y Aurelio González
* Se les imputa aprovechamiento de secreto o información privilegiada

Juan Nieto | Europa Press | Alicante

El constructor ilicitano Ramón Salvador Águeda, imputado en la ramificación del caso Brugal que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante, ha asegurado ante el juez que el constructor Enrique Ortiz le reconoció, a través de una conversación telefónica en agosto de 2008, que tenía los planos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, antes de que se hicieran públicos, según ha explicado el abogado de EU, José Luis Romero.

El Fiscal Anticorrupción atribuye a Águeda un presunto delito de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, por la supuesta recepción y aprovechamiento de información privilegiada relacionada con la nueva redacción del PGOU a través de Javier Gutiérrez, el cual, según recoge el ministerio público en su escrito, presuntamente habría diseñado a la medida del empresario un cambio de calificación de determinados terrenos de su propiedad que forman parte del nuevo PGOU, como se desprende de conversación intervenida a Enrique Ortiz el 25 de agosto de 2008.

Salvador, quien se ha desvinculado por completo de la trama, ha añadido que conoce a Enrique Ortiz porque son "amigos de barco". Sobre la conversación en la que aparece Ortiz hablando con el señor Salvador, ha dicho que ésta se produjo, y ha confirmado que efectivamente Ortiz en esa conversación tenía planos del PGOU antes de la exposición pública", ha indicado José Luis Romero, tras la cita. A pesar de la conversación que mantuvo con el constructor alicantino, ha subrayado que en ningún momento él vio los planos del PGOU.

En su declaración ante el juez, según ha comentado también José Luis Romero, Águeda ha detallado que en el momento en el que se produjo la conversación telefónica con Ortiz, él desconocía que Javier Gutiérrez, uno de los socios de Salvetti, trabajaba en el PGOU.

'Nada que ocultar'
El propio Águeda, a su salida de los juzgados, ha confirmado a los medios de comunicación que ha prestado declaración porque no tiene "nada que ocultar", y ha defendido su derecho de reclamar que dejen la calificación del Plan Parcial Xirao, de su propiedad, "como estaba" en el año 1986.

"Conozco al despacho Salvetti desde 10 años antes, me lleva muchos cosas, para nada tiene que ver una cosa con la otra. Si ese señor ha hecho algo, que lo pague, pero conmigo es un amigo desde hace 10 años antes y no tiene nada que ver", ha señalado.

Al respecto, ha recordado que, en su día, tras conocer su imputación en el caso, acudió a la Comisaría para hacer una declaración, y este lunes se ha ratificado en lo que dijo entonces, ha remarcado. "Yo digo que en todo caso puedo ser víctima, pero no autor de someterme a un chantaje si lo hubiere, que en este caso yo no lo considero", ha apuntado.

"Ha admitido que sí sabía que Gutiérrez trabajaba en el PGOU cuando le encargó hacer una alegación sobre el plan de Xirao, alegación que después fue estimada. Y que Gutiérrez jamás le dijo que era colaborador del PGOU, sino que se le comentó Enrique Ortiz", ha añadido el letrado de EU.

Durante su intervención ante el titular del juzgado, Manrique Tejada, el fiscal Anticorrupción además le ha enseñado las facturas y el borrador de contrato con Salvetti, -halladas por los investigadores en el registro de este despacho-, que recoge una mayor edificabilidad de metros cuadrados en el plan de Xirao.

"Le ha enseñado ese contrato y él ha dicho que no lo ha firmado, ha dicho que estas cosas se hablaron", ha indicado Romero, quien además ha recordado que el imputado también ha reconocido que le pagó por la alegación del plan de Xirao y por otras cuestiones anteriores que no tenían nada que ver con el PGOU", ha detallado Romero.
 
Negativa a declarar
Durante este lunes, Manrique Tejada también había citado a declarar a otros dos imputados en la causa, José Gregorio Bernabé Martínez y Aurelio González Villarejo, quienes se han negado a prestar declaración en relación con los hechos que se les imputan, ambos por los presuntos delitos de aprovechamiento de secreto o información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario. Villarejo además por supuesta participación en cohecho.

El primero en acudir ha sido José Gregorio Bernabé Martínez, quien ha entrado a las 9.40 horas y ha salido pocos minutos después, acompañado por su abogado. Bernabé Martínez está considerado un hombre de confianza de Ortiz, a quien el fiscal le atribuye la recepción de información privilegiada relacionada con la nueva redacción del PGOU, especialmente en lo referido a la zona de Aguamarga -en un proyecto conocido como 'Ciudad de la Economía'-.

Alrededor de las 11.15 horas, Aurelio González Villarejo ha entrado en las mismas dependencias, y apenas ha estado ante el juez diez minutos, en los que, además de negarse a declarar, ha presentado un escrito en el que mantiene que no ha "recepcionado ni aprovechado información privilegiada alguna relacionada con la nueva redacción del PGOU, y por tanto, no ha vendido terrenos incluidos en el sector 'La Condomina' en base o a merced a aquella" -en la zona de las llamadas 'Torres de la Huerta'-.

Villarejo es un empresario que preside el Grupo Inmobiliario GV, considerado por el fiscal como un amigo manifiesto del exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi. En el documento presentado este lunes, Villarejo además ha negado "haber realizado gestión fraudulenta, ni sólo ni junto a Vicente Pérez Cañas, respecto al posible pago relacionado con familiares de Luis Díaz Alperi, y mucho menos con falseamiento contable alguno".

El juez continuará con la ronda de declaraciones el próximo 21 de noviembre, en que están llamados a declarar Vicente Pérez Cañas; Juan José Climent Ivars; José Francisco Javier León Barahona y Juan Zurita Marqués, todos ellos considerados por el fiscal como "supuestamente responsables" de aprovechamiento de secreto, y en el caso de Vicente Pérez, también de participación de cohecho.