martes, 15 de noviembre de 2011

"CASO VOLTOR"; FARRÚS RECONOCE QUE FINANCIÓ LA CAMPAÑA DE UM PERO NIEGA CONTRAPRESTACIONES

En 2007

* El empresario declara ante la juez que hizo donativos al partido

Efe | Palma

El empresario de la comunicación Jacinto Farrús ha reconocido hoy ante la juez del caso Voltor que financió la campaña electoral de UM en 2007 "dentro de los límites que marca la ley de partidos", pero ha negado haber recibido a cambio ningún tipo de contraprestación por parte de esta formación política.

Farrús ha comparecido ante la juez como imputado dentro de una pieza del caso en la que se investiga un supuesto trato de favor a sus empresas por parte del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) del Govern balear, dependiente de la Conselleria de Turismo y controlada durante la legislatura pasada por UM.

Ha explicado que hizo donativos "nominativos" a UM y que también aportó dos o tres trabajadores de su grupo para ayudar en la campaña, después de que se lo pidiera el ex conseller insular de Economía y expresidente de UM, Miquel Àngel Flaquer.

También ha explicado que donó una lona, pero ha añadido que su coste no superaba los 100.000 euros, cantidad que permite la ley para aportar a una campaña política.

Preguntado acerca de si contrató a esos trabajadores expresamente para que los emplease UM en la campaña, tal y como declaró ante la policía cuando fue detenido en marzo de 2010, se ha desdicho de sus palabras alegando que tras 40 horas de "angustia" en los calabozos de la policía dijo cosas que no tenían "ni pies ni cabeza". "Puse a empleados que tenía disponibles en mis empresas para apoyar a la campaña electoral y a los que no contraté expresamente para ello", ha aclarado Farrús.

También ha reconocido que regaló a Guillem Riera, exconcejal de UM en Bunyola, una lona valorada en 500 euros, que pagó el mismo por tratarse de una "cuestión personal" y no de su empresa. Sin embargo, Farrús ha negado haber recibido ninguna contraprestación de UM a cambio de sus donativos y su ayuda en la campaña, así como haberse entrevistado con Flaquer para pedirle que adjudicarán a sus empresas concursos públicos.

Preguntado por el fiscal Anticorrupción acerca de varios concursos supuestamente amañados a favor de sus empresas (su grupo tenía por aquel entonces en torno a 60 sociedades), Farrús ha negado saber nada de ellos, y ha insistido en que las negociaciones las llevaban sus administradores y él no estaba enterado de ellas.


elmundo.es

"CASO BRUGAL"; ENRIQUE ORTIZ TUVO INFORMACIÓN PRIVILEGIADA DEL PGOU DE ALICANTE

UN PROMOTOR DENUNCIA AL PRINCIPAL IMPLICADO

Ramón Salvador ratifica ante el juez el contenido de una grabación

ROSA BIOT - Alicante

El empresario de la construcción Ramón Salvador Águeda, imputado en la pieza del caso Brugal que trata de esclarecer las supuestas irregularidades en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, ratificó ayer la conversación recogida en la investigación en la que el promotor Enrique Ortiz le aseguraba tener información del planeamiento antes de que éste saliera a exposición pública.

Así lo aseguró tras la declaración de Salvador Águeda el abogado de Esquerra Unida, José Luis Romero. Águeda fue el único de los tres empresarios que ayer acudieron al juzgado de Instrucción número 5 de Alicante que accedió a declarar.

Salvador está imputado por un supuesto delito de aprovechamiento de información privilegiada en relación con unos terrenos de su propiedad que forman parte del nuevo PGOU. En su declaración, el empresario ilicitano aseguró que "efectivamente se produjo" la conversación en la que Ortiz le informó de que disponía del detalle del planeamiento. La conversación telefónica a la que se refirió se mantuvo el 25 de agosto de 2008, dos meses antes de que el PGOU saliera a exposición pública. Esta es la transcripción de la primera parte de esta charla, grabada por la policía, en la que Ortiz y Salvador hablan del PGOU de Alicante:

-Salvador. ¿El plan general cómo lo ves, querido?

-Ortiz. ¿Tienes suelo por allí o qué?

-S. Sí

-O. Yo te lo puedo enseñar todo, me dices dónde lo tienes y yo te lo digo, porque si hay que hacer algo, hay que hacerlo ya.

El fiscal preguntó al empresario por su relación con Javier Gutiérrez, socio de José Luis Castedo (hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP) en Salvetti Abogados y que según la acusación diseñó a medida de Salvador un cambio de calificación de terrenos de su propiedad en el nuevo PGOU. El informe policial apunta al bufete como una de las claves del supuesto amaño del planeamiento de Alicante a favor de Ortiz. Salvador admitió conocer a Gutiérrez pero aseguró que éste jamás le dijo que colaboraba en el PGOU.En otro momento de la conversación interceptada por la policía entre Enrique Ortiz y Ramón Salvador ambos hablan de los terrenos del constructor y se refieren a Gutiérrez, socio del hermano de Castedo:

-O. Pues esa zona no sé, creo que tengo todos los planos menos esa zona, pero ¿tú te has ocupado de hablar con Javier [Gutiérrez] para que lo metieran?

-S. Claro.

-O. Ah, pues entonces estará metido.

-S. Claro, si él me dijo que sí, entonces un año.

-O. Pues ya está seguro, si él te dijo que sí, eso no hay problema.

El empresario ilicitano no respondió a las preguntas de los abogados de la acusación particular. A la salida de los juzgados, Salvador aseguró no tener nada que ocultar, criticó "el circo mediático", calificó de "tonterías" las acusaciones que apuntan a la existencia de tráfico de influencias y consideró que en España hay una "persecución política" a los promotores, lo que repercute aún más negativamente en el mercado laboral. Él mismo, aseguró, ha tenido que irse a trabajar al extranjero.

La declaración del empresario provocó la reacción de la oposición política de Alicante. La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Elena Matín, defendió que tras esta ratificación realizada por Águeda ya no son solo las escuchas las que apuntan que en la tramitación del PGOU de Alicante hubo información privilegiada. Martí aseguró que la alcaldesa de Alicante "no puede eludir su responsabilidad política y posiblemente otras que podrían deducirse de las actuaciones judiciales, porque es un hecho incuestionable que ella era la responsable del área de Urbanismo cuando se filtró información privilegiada, que esta llegó a manos de Ortiz y otros empresarios interesados y al despacho de abogados urbanistas con el que presuntamente colaboraba su hermano". El PSPV recordó que los redactores del PGOU de Alicante entregaron el primer borrador del documento el 1 de julio de 2008, aunque el documento no salió a exposición pública hasta el 15 de octubre.

También EU salió al paso de esta declaración judicial. "Nos parece muy importante que gracias a esta ratificación se demostraría que Enrique Ortiz tenía la documentación del PGOU de Alicante antes de que saliera a exposición pública y cuando no tenía que contar con ella", subrayó Miguel Ángel Pavón, portavoz de EU en el Ayuntamiento de Alicante. "¿Quién se la facilitó?", agregó. El edil también confió en que no se anulen las conversaciones recogidas durante la investigación.


elpaís.com

LA JUNTA DENUNCIA UNA TRAMA DE 18 EMPRESAS IMPLICADAS EN EL FRAUDE DEL ERE

Mar Moreno, en el centro, tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía celebrado esta mañana. / GARCÍA CORDERO
El Gobierno andaluz pide a la juez Alaya que llame a declarar como imputados a siete personas
El dinero defraudado se eleva a 20 millones de euros

Lourdes Lucio Sevilla

El Gobierno andaluz presentó el pasado 28 de octubre a la juez que investiga el caso de los ERE un “informe detallado”·sobre la presunta trama de empresas vinculadas que recibieron ayudas públicas de la Junta de Andalucía. Según ha informado hoy la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, las empresas afectadas en esta trama se elevan a 18 y afectan a siete personas. La también portavoz del Gobierno autónomo se ha negado a facilitar el nombre de las sociedades y personas implicadas.

El volumen defraudado asciende a unos 20 millones de euros. Mar Moreno ha insistido que las empresas denunciadas “tienen un clara delimitación territorial” con el exdirector general de Empleo Javier Guerrero, el principal imputado en el caso. Alude la portavoz a la Sierra Norte de Sevilla, donde un grupo de empresas recibieron ayudas de la partida "31L" destinadas a trabajadores y empresas en crisis.

Moreno, que ha informado de esta actuación en el transcurso de una pregunta, ha aprovechado para defender la actuación de la Junta de Andalucía en el fraude de los ERE. “La Junta de Andalucía denuncia e investiga, mientras que el PP usa el caso de los ERE para perseguir al Gobierno y no a los culpables”.

En el informe presentado ante la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, la Junta pide a la magistrada que llame a declarar en calidad de imputados a las siete personas aludidas.

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LA JUEZ DE LOS ERE SEÑALA A GRIÑÁN

Alaya centra su investigación en 21 ayudas autorizadas por el presidente de la Junta

Javier Martín-Arroyo Sevilla

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, denuncia “la concesión ilícita de ayudas públicas durante más de una década” en la Junta y busca determinar la responsabilidad del presidente José Antonio Griñán durante su etapa al frente de la Consejería de Economía.

Alaya, a solo cinco días de las elecciones y tras protagonizar un sonado enfrentamiento con la Junta por las actas de los Consejos de Gobierno que dilucidó el Supremo a su favor, pide ahora a la agencia IDEA las autorizaciones concedidas por Griñán y su sucesora Carmen Martínez Aguayo de las “operaciones de endeudamiento igual o superior a 1,2 millones” concedidas a 21 empresas y tramitadas de la Consejería de Empleo. La juez matiza que “por ahora” se centra en Empleo, tras su anterior aviso de que examinará las ayudas concedidas desde las consejerías de Turismo, Agricultura y Pesca y Ciencia, Innovación y Empresa.

En el auto notificado hoy a las partes llama la atención una petición concreta: “Procede reclamar la vida laboral de la empresa Matsa” y las subvenciones que recibió de la Junta. Por lo tanto, la magistrado reabriría en cierto modo el caso Matsa, que tiene su origen en una subvención de 10 millones que el Ejecutivo andaluz concedió a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), donde trabaja como apoderada su hija Paula Chaves, y en cuya aprobación participó el expresidente del Gobierno andaluz. El Supremo y el TSJA han dado por cerrado este caso, tanto en la vía penal como en la contencioso-administrativa.

Asimismo, la juez ordena comunicar sus derechos como imputado a Juan Rodríguez Cordobés, ex delegado provincial de la Consejería de Trabajo en Sevilla y beneficiario de la póliza de Calderinox.

Además, Alaya pide al Instituto Nacional de Empleo en Huelva la relación de 796 trabajadores de las empresas mineras afectadas por diversos ERE, para analizar los cobros supuestamente irregulares que percibieron los empleados. Para ello solicita copia del Plan Único del Gobierno Central para la crisis de la Faja Pirítica andaluza. Pero en lugar de pedírselo al Ejecutivo central, la juez se dirige al PP por el simple hecho de que la representación del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido y el secretario general del PP andaluz Antonio Sanz, podría incorporarlo a la causa antes, ya que en la época de la reconversión minera el PP ostentaba “el Gobierno de la Nación”.

Mientras, tras subrayar la juez cómo el grupo empresarial liderado por el exconcejal socialista José Enrique Rosendo recibió 13,7 millones de euros, la magistrada pide a la Junta que le informe de si otras empresas o bien algún otro grupo empresarial “habían recibido de otras Consejerías otras subvenciones distintas de las de Empleo”. Ante las sospechas derivadas de la investigación, Alaya la extiende a la Dirección General de Fondos Europeos, dependiente de la Consejería de Economía, “para investigar el presunto uso abusivo de fondos públicos”.

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lunes, 14 de noviembre de 2011

"CASO BRUGAL"; EL ALCALDE DE ABANILLA CONSINTIÓ EL VERTEDERO ILEGAL DE FENOLL

El industrial asegura en una grabación que tiene el "poder del Ayuntamiento"

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

Las relaciones del alcalde de la localidad murciana de Abanilla, Fernando Molina Parra, del PP, con el industrial Ángel Fenoll son más que cordiales, según recogen las escuchas del caso Brugal. El informe policial resalta la supuesta connivencia entre el regidor y el industrial, extremo que ha permitido al empresario mantener activa la planta de basura que explota en ese municipio. El Gobierno de Murcia acaba de dictar una resolución en la que decreta el cierre de la instalación por las ilegalidades acumuladas. El empresario ha desoído la orden.

El empresario ha desoído la orden de Murcia de cerrar la planta de Abanilla

Fernando Molina es el alcalde más longevo de la Región de Murcia. Ocupa el cargo de regidor de Abanilla desde el año 1987. La "estrecha amistad" entre Fenoll y Molina la manifiesta públicamente el empresario en conversaciones con terceras personas. En uno de esos diálogos llega a confesar haberle "dado cariño", entre otros, a la Guardia Civil, "para tapar posibles irregularidades en la planta de Proambiente (empresa de Fenoll con la que explota la instalación)".

Una muestra de esa relación con el alcalde de la que presume Fenoll en grabaciones con terceras personas se recoge en la conversación con una mujer llamada Josefina Candel grabada el 28 de mayo de 2008.

Ángel Fenoll. Yo... no. Temas familiares y tal. Y le dije de todo. Digo, no tenéis vergüenza. ¿Sabes? Os hundo a todos y os meto bajo tierra. No ves, Fina, que los poderes los tengo yo. Los poderes me refiero... no de la empresa. Los poderes de la empresa también, pero tengo los poderes de los Ayuntamientos y de Fernando [el alcalde]. ¿Sabes lo que te digo? Y ahí no se mueve nadie. Cierro. Y en 24 horas cierro el quiosco. ¿Sabes lo que te digo?

Fina. Sí, sí, sí.

A. F. A mí me van... pero que lo intentaron. Claro. Pero me avisó Marga. ¿Sabes lo que te digo?

F. ¿Y qué te dijo Antonio Ángel?

A. F. No me la tocan. ¿Sabes lo que te digo?

F. Ya, ya, ya.

5A. F. No me la tocan. Aparte de eso he hecho otras cosas muy gordas, ahí en la planta. ¿Sabes? Dándole cariño a estos... a la Guardia Civil... en fin... A todos esos temas. ¿Me entiendes o no?

F. Hay que ser agradecidos.

En otra de las intervenciones del teléfono de Ángel Fenoll, realizada el 14 de mayo de 2007, el industrial habla con el alcalde de Abanilla y su mujer, a su vez secretaria general del PP local, Gumersinda Díaz Ruiz. En la conversación comentan unos pasquines distribuidos en la población contrarios a la actividad de la planta. "Ambos acusan a un tal Bolo (apodo familiar del portavoz municipal del PSOE entre 2003 y 2007, José Antonio González)", precisa la diligencia policial. En esa conversación el regidor informa al empresario de las iniciativas de la oposición, en este caso del PSPV, para cerrar la instalación. "Fernando le pide a Fenoll que extreme las precauciones porque el PSOE ya ha presentado preguntas en el Ayuntamiento", recoge el informe policial.

Sobre el trasvase de información del PP de Abanilla a Fenoll acerca de los movimientos en la población contra la planta, el sumario del caso Brugal también recoge una foto en la que el exteniente de alcalde del Ayuntamiento José Tenza Lajar y la esposa del alcalde, Gumersinda Díaz Ruiz, graban una manifestación de vecinos contra el vertedero del industrial el 28 de mayo de 2005.

La Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno murciano acordó la clausura de la planta de Abanilla el pasado 6 de octubre a raíz de una denuncia de Ecologista en Acción. El servicio de vigilancia e inspección ambiental de esa dirección general corroboró diversas anomalías en la planta, entre ellas, el vertido de residuos sin tratar y directamente al suelo natural y la construcción de un vaso de vertido sin declaración de impacto ambiental.

Fenoll ha desoído la resolución y mantiene activa la planta. La industria da servicio a 19 municipios de La Vega Baja, que generan un volumen de 300 toneladas de basuras al día.

Además, Fenoll está construyendo otro vaso para verter residuos que ha provocado un recurso del Ayuntamiento de Orihuela por entender que la nueva infraestructura invade su término municipal. El empresario, según fuentes del consistorio oriolano, no ha solicitado permiso a esta institución para realizar los trabajos.

Fenoll es considerado el cabecilla de la parte del caso Brugal que investiga una trama corrupta vinculada al negocio de la basura en la provincia de Alicante.

El industrial está imputado en dos de las piezas más destacadas de esta causa. La primera, por un supuesto amaño de la contrata de la basura de Orihuela. La investigación cree probado que Fenoll se ocultó tras dos empresas para hacerse con la contrata en unión con la mercantil Sufi. La segunda imputación está relacionada con la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal de La Vega Baja. La investigación trata de esclarecer un supuesto soborno al líder del PP de Alicante por la contrata.

elpaís.com

EL INDUSTRIAL QUE ACUSA A BLANCO DA TRES VERSIONES Y APUNTA PRUEBAS INEXISTENTES

SUMARIO DE LA DENUNCIA DE UN IMPUTADO CONTRA EL MINISTRO DE FOMENTO

La juez no halla en la empresa los registros contables del supuesto cohecho
La declaración que originó el caso no hablaba de pagos de 400.000 euros

La juez de Lugo María Estela San José remitió el pasado 31 de octubre al Tribunal Supremo una exposición razonada sobre un supuesto delito de cohecho y otro de tráfico de influencias del ministro de Fomento José Blanco en relación con el empresario gallego Jorge Dorribo, que fue encarcelado a finales de mayo y que, tras acusar al dirigente socialista en agosto, quedó en libertad provisional. El escrito remitido por la juez incluye hasta cuatro declaraciones de Dorribo, contradictorias entre sí y con supuestas pruebas que resultaron inexistentes.

Dorribo fue detenido el 24 de mayo de este año por fraude de subvenciones y logró la libertad provisional tras declarar ante la juez el 8 de agosto pasado. El industrial contó ese día a la juez que había conocido al ministro Blanco a través de Proitec, una empresa que le asesoraba y tramitaba la petición de ayudas públicas. Los dueños de Proitec le pidieron, cuenta Dorribo, que contratara para sus obras a la empresa Espiñeira y Bran, del primo político de José Blanco. “No les pedía presupuesto, pagaba sin discutir el precio y entiendo que estoy pagando su favor”, declaró Dorribo. Un responsable de Proitec negó a la juez que hubieran pedido a Dorribo que contratara con Bran y que si el empresario lo hizo fue “para acercarse al poder”.
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El industrial habló primero de 40.000, luego de 90.000 y después de 150.000
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En su relato ante la juez del 8 de agosto, Dorribo no declaró en ningún momento que pagase 400.000 euros a Blanco, de los que 200.000 fueron en metálico y los otros 200.000 a través de facturas infladas del primo político del ministro. Tampoco declaró que Blanco le hiciera gestiones ante el Ministerio de Economía para obtener una subvención. Todas esas acusaciones se publicaron en el diario El Mundo el 4 de octubre, atribuyéndolas a la declaración de agosto ante la juez, aunque en esa declaración no figuraba nada de eso. Tan solo había una referencia confusa al pago de dinero: “En Andorra pagué 40.000 euros que me solicitaron que pagara allí. Se hizo sin factura y luego vino la factura. Esto se frustra a raíz de mi detención [en mayo de 2011]. Ellos terminaron el montaje allí (supuestamente una obra en una nave), y aún les faltan por cobrar 100.000 euros”.

Dorribo contó en agosto a la juez que se vio con Blanco en una gasolinera pero no declaró que media hora antes pagase 200.000 euros en metálico al primo del ministro: “Quedé con Bran [primo de Blanco] porque tenía que ver a la ministra [Pajín] porque (...) necesitaba que la ministra diera unos toques para que se agilizaran los temas porque si no podía tardar uno o dos años. Le dije a Bran que yo hasta ahora había cumplido sin pedir nada y Bran llamó a Blanco para quedar con él el domingo en la gasolinera de Medas de Guitiriz”. Ni una sola mención al pago de 200.000 euros en billetes de 500 al primo de Blanco para que el ministro hiciera gestiones a su favor.
 
El apunte ‘ifn’ no aparece

Una semana después de que El Mundo ofreciera detalles que no estaban en su declaración, Dorribo completó esas lagunas en una segunda comparecencia ante la juez. “Las retiradas de efectivo aparecen en el banco y corresponden a pagos a José Blanco a través de su primo. Yo tenía unas fichas en la contabilidad donde se hizo constar el pago y donde se van haciendo los asientos de los pagos. Esas fichas se encuentran en la sede de Nupel, antes estaban en contabilidad pero como se movió todo por los administradores no sé si están todas allí ubicadas. Si me acompaña alguien del juzgado, lo puedo encontrar en las oficinas de Nupel. Las abreviaturas eran “a.e.f.”, que corresponde a eólico Fernando Blanco [parlamentario del BNG que supuestamente le favoreció cuando formaba parte del Gobierno de la Xunta]; “p.c.”, que era Pablo Cobián [diputado del PP que medió para que le recibiera Alberto Núñez Feijóo, actual presidente de la Xunta], y la de José Blanco era “ifn”, que significa “Iniciativas Fomento Bran”. Allí se recogían las cantidades exactas que yo hacía en efectivo a esas personas. Había un pago de 90.000 euros a José Blanco que estaba en la contabilidad de Andorra, donde tengo una sociedad que se llama Salut D'Innovació. Que la persona que recibió ese dinero en Andorra es Espiñeira [de la empresa del primo de Blanco], en las oficinas de Andorra sentado conmigo en una sala de juntas que hay a mano derecha subiendo. Ese señor contó el dinero, lo metió en un sobre. Entiendo que era para José Blanco, porque me lo solicitó de manera persistente Bran, que era quien se ponía en contacto conmigo cuando había que hacer los pagos. José Blanco no estuvo presente en la entrega de dinero”. En la declaración del 8 de agosto habló de 40.000 euros; en la del 13 de octubre, de 90.000. Con un añadido: “A Blanco se le hicieron dos pagos en efectivo. El primero fue cuando me reuní con él en la gasolinera. Media hora antes llegué para verme con Bran y le entregué 200.000 euros en billetes de 500 euros que se pidieron al banco antes del 5 de febrero de 2011. Está el asiento contable, que tiene que haber la hoja de ficha donde llevaban el control de pagos y allí debe estar la entrega a José Blanco. Bran había estado dos días antes en la empresa para decirme que si no había retrasos o anulaciones de visitas se haría así”. La juez quiso comprobar lo que decía y ordenó el registro de laboratorios Nupel. “Con el consentimiento de Dorribo y en presencia de otros imputados”, escribe la juez, “no se pudo encontrar ningún elemento relativo a las fichas a las que aludía el declarante, pero sí el libro de visitas donde constan las señaladas por Dorribo”.
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En su último testimonio acusó a tres empresarios más del cohecho
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Sin la prueba de los apuntes contables, Dorribo pidió declarar un día después porque había encontrado en su casa un documento que podría aclarar las cosas. Ese 14 de octubre, Dorribo elaboró una tercera versión de los hechos: “Desde la cuenta del Banco de Crédito de Andorra, en el que figura mi mujer, hago una transferencia a Salut d'Innovació de 150.000 euros para el pago a José Blanco. Lo ingreso en esa sociedad para que quede constancia de esa parte de dinero de cara a los socios y luego hago frente al pago económicamente el 5 de febrero al primo de José Blanco. El importe total fue 150.000 euros. Todos los socios (José Antonio Orozco, Carlos Monjero, Javier Rodríguez y yo) estuvimos de acuerdo en que los 150.000 euros los ponía la sociedad y los otros 50.000 yo porque me beneficiaba del proceso de los dosieres que eran propiedad de Nupel. El dinero de la cuenta de mi esposa era de ahorros que íbamos consiguiendo”. Cuando le preguntan si los socios le devolvieron el dinero que él adelantó, Dorribo responde: “No es en los días inmediatos al pago, pero sí lo hay. Pero quizás cuando me lo devuelven, me devolverían más porque a mí me podían deber otros préstamos”.

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"CASO BRUGAL"; UN CONSTRUCTOR DECLARA QUE ORTIZ ASEGURÓ TENER EL PGOU ANTES DE QUE SE HICIERA PÚBLICO

En los juzgados de Benalúa, en Alicante

* Salvador ha subrayado que no vio el PGOU y se ha desvinculado de la trama
* También han testificado José Gregorio Bernabé Martínez y Aurelio González
* Se les imputa aprovechamiento de secreto o información privilegiada

Juan Nieto | Europa Press | Alicante

El constructor ilicitano Ramón Salvador Águeda, imputado en la ramificación del caso Brugal que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante, ha asegurado ante el juez que el constructor Enrique Ortiz le reconoció, a través de una conversación telefónica en agosto de 2008, que tenía los planos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, antes de que se hicieran públicos, según ha explicado el abogado de EU, José Luis Romero.

El Fiscal Anticorrupción atribuye a Águeda un presunto delito de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, por la supuesta recepción y aprovechamiento de información privilegiada relacionada con la nueva redacción del PGOU a través de Javier Gutiérrez, el cual, según recoge el ministerio público en su escrito, presuntamente habría diseñado a la medida del empresario un cambio de calificación de determinados terrenos de su propiedad que forman parte del nuevo PGOU, como se desprende de conversación intervenida a Enrique Ortiz el 25 de agosto de 2008.

Salvador, quien se ha desvinculado por completo de la trama, ha añadido que conoce a Enrique Ortiz porque son "amigos de barco". Sobre la conversación en la que aparece Ortiz hablando con el señor Salvador, ha dicho que ésta se produjo, y ha confirmado que efectivamente Ortiz en esa conversación tenía planos del PGOU antes de la exposición pública", ha indicado José Luis Romero, tras la cita. A pesar de la conversación que mantuvo con el constructor alicantino, ha subrayado que en ningún momento él vio los planos del PGOU.

En su declaración ante el juez, según ha comentado también José Luis Romero, Águeda ha detallado que en el momento en el que se produjo la conversación telefónica con Ortiz, él desconocía que Javier Gutiérrez, uno de los socios de Salvetti, trabajaba en el PGOU.

'Nada que ocultar'
El propio Águeda, a su salida de los juzgados, ha confirmado a los medios de comunicación que ha prestado declaración porque no tiene "nada que ocultar", y ha defendido su derecho de reclamar que dejen la calificación del Plan Parcial Xirao, de su propiedad, "como estaba" en el año 1986.

"Conozco al despacho Salvetti desde 10 años antes, me lleva muchos cosas, para nada tiene que ver una cosa con la otra. Si ese señor ha hecho algo, que lo pague, pero conmigo es un amigo desde hace 10 años antes y no tiene nada que ver", ha señalado.

Al respecto, ha recordado que, en su día, tras conocer su imputación en el caso, acudió a la Comisaría para hacer una declaración, y este lunes se ha ratificado en lo que dijo entonces, ha remarcado. "Yo digo que en todo caso puedo ser víctima, pero no autor de someterme a un chantaje si lo hubiere, que en este caso yo no lo considero", ha apuntado.

"Ha admitido que sí sabía que Gutiérrez trabajaba en el PGOU cuando le encargó hacer una alegación sobre el plan de Xirao, alegación que después fue estimada. Y que Gutiérrez jamás le dijo que era colaborador del PGOU, sino que se le comentó Enrique Ortiz", ha añadido el letrado de EU.

Durante su intervención ante el titular del juzgado, Manrique Tejada, el fiscal Anticorrupción además le ha enseñado las facturas y el borrador de contrato con Salvetti, -halladas por los investigadores en el registro de este despacho-, que recoge una mayor edificabilidad de metros cuadrados en el plan de Xirao.

"Le ha enseñado ese contrato y él ha dicho que no lo ha firmado, ha dicho que estas cosas se hablaron", ha indicado Romero, quien además ha recordado que el imputado también ha reconocido que le pagó por la alegación del plan de Xirao y por otras cuestiones anteriores que no tenían nada que ver con el PGOU", ha detallado Romero.
 
Negativa a declarar
Durante este lunes, Manrique Tejada también había citado a declarar a otros dos imputados en la causa, José Gregorio Bernabé Martínez y Aurelio González Villarejo, quienes se han negado a prestar declaración en relación con los hechos que se les imputan, ambos por los presuntos delitos de aprovechamiento de secreto o información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario. Villarejo además por supuesta participación en cohecho.

El primero en acudir ha sido José Gregorio Bernabé Martínez, quien ha entrado a las 9.40 horas y ha salido pocos minutos después, acompañado por su abogado. Bernabé Martínez está considerado un hombre de confianza de Ortiz, a quien el fiscal le atribuye la recepción de información privilegiada relacionada con la nueva redacción del PGOU, especialmente en lo referido a la zona de Aguamarga -en un proyecto conocido como 'Ciudad de la Economía'-.

Alrededor de las 11.15 horas, Aurelio González Villarejo ha entrado en las mismas dependencias, y apenas ha estado ante el juez diez minutos, en los que, además de negarse a declarar, ha presentado un escrito en el que mantiene que no ha "recepcionado ni aprovechado información privilegiada alguna relacionada con la nueva redacción del PGOU, y por tanto, no ha vendido terrenos incluidos en el sector 'La Condomina' en base o a merced a aquella" -en la zona de las llamadas 'Torres de la Huerta'-.

Villarejo es un empresario que preside el Grupo Inmobiliario GV, considerado por el fiscal como un amigo manifiesto del exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi. En el documento presentado este lunes, Villarejo además ha negado "haber realizado gestión fraudulenta, ni sólo ni junto a Vicente Pérez Cañas, respecto al posible pago relacionado con familiares de Luis Díaz Alperi, y mucho menos con falseamiento contable alguno".

El juez continuará con la ronda de declaraciones el próximo 21 de noviembre, en que están llamados a declarar Vicente Pérez Cañas; Juan José Climent Ivars; José Francisco Javier León Barahona y Juan Zurita Marqués, todos ellos considerados por el fiscal como "supuestamente responsables" de aprovechamiento de secreto, y en el caso de Vicente Pérez, también de participación de cohecho.

"CASO PALMA ARENA"; EL JUEZ MORENO DECIDIRÁ SI LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA A URDANGARÍN

Instituto Noos de Investigación Aplicada


Europa Press | Madrid

El juez central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, se encargará de decidir si la Audiencia Nacional es competente para asumir la investigación sobre las actividades del Instituto Noos de Investigación Aplicada, administrado hasta 2006 por el duque de Palma Iñaki Urdangarin, según han informado fuentes jurídicas.

El Juzgado del magistrado ha sido designado por reparto para pronunciarse sobre el escrito presentado el pasado viernes por el abogado del ex presidente balear Jaume Matas, en que solicita a la Audiencia Nacional que asuma la instrucción de la causa -dependiente de un juzgado de Palma de Mallorca- al afectar el caso a tres comunidades autónomas distintas: la catalana, la balear y la valenciana.

Según desvela el escrito del letrado Antonio Alberca, la investigación parte de la sospecha de la Fiscalía Anticorrupción de que Urdangarin y su socio y actual presidente de la fundación, Diego Torres, desviaron a través del Instituto fondos públicos y privados procedentes de estas tres administraciones públicas para "apoderarse" de ellos.

La investigación del Ministerio Público condujo al Juzgado de Instrucción número tres de Palma de Mallorca a autorizar el pasado 7 de noviembre la entrada y registro en la sede de Noos en San Cugat del Vallés (Barcelona), la Fundación Turismo Valencia y la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la Fundación Illesport entre otros domicilios sociales.

"No sólo el Gobierno balear sino otros organismos públicos y privados habrían sido engañados para aportar fondos al Instituto", asegura el abogado en su escrito. Alberca agrega que dado que los perjudicados pertenecen "a diversas comunidades autónomas" la instrucción de la causa no debería corresponder "en modo alguno" al Juzgado mallorquín.

Cita como respaldo de esta teoría el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que atribuye a la Audiencia Nacional la competencia en caso de defraudaciones que produzcan perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia.

"CASO MALAYA"; ROCA RECONOCE PAGOS DE AIFOS PARA HACER "ASUMIBLE" UN PROYECTO HOTELERO EN MARBELLA

José Ávila Rojas y Juan Antonio Roca. | ELMUNDO.es
Dice que fue un 'asesoramiento'

* De Ávila Rojas admite haber cobrado 5 millones de euros

José Carlos Villanueva | Málaga

"La construcción para mí no tiene muchos secretos, yo soy ingeniero, señor fiscal". De esta forma, altiva, retadora y chulesca, se ha dirigido este lunes Juan Antonio Roca al representante del Ministerio Público, Juan Carlos López Caballero. Ambos han mantenido un tenso duelo dialéctico durante la tercera sesión consecutiva de interrogatorios al principal acusado.

La estrategia de Roca, cuando se le pregunta por pagos recibidos de promotores y constructores, sigue siendo reconocer que percibió tales fondos, pero siempre en el marco de un "asesoramiento" que no estaba supeditado a la obtención de privilegios urbanísticos o licencias ilegales. Una vez más admite delitos como el cohecho impropio, con pena de multa pero no de cárcel. No obstante, sí ha reconocido que asesoró a la empresa Aifos, para firmar un convenio que fuera "asumible" por el Ayuntamiento de Marbella.

A pesar de la influencia que tenía como gerente del urbanismo municipal marbellí, el que fuera brazo derecho de Jesús Gil se presenta a sí mismo como una suerte de asesor externo de empresas, cuya intervención no era determinante. Tal es el caso de la promotora Aifos, de la que recibió un total de 4,8 millones de euros en presuntos sobornos.

De dicha cantidad mencionada, 2,6 millones lo fueron por "asesoramiento privado", según Roca, y el resto, 2,2 millones, en concepto de pagos que le hacía el director comercial de Aifos, Francisco García Lebrón por negocios que compartieron juntos.

Se da la circunstancia de que García Lebrón, tras su detención en 2006, logró eludir la prisión cuando el juez Torres decretó su encarcelamiento. Todo ello gracias a que a las 6 de la madrugada solicitó cambiar su primera declaración, en la que negaba cualquier relación con Roca.

Como ya es sabido, Aifos fue la empresa que pagó una operación de cirugía estética a la ex alcaldesa Marisol Yagüe, por importe de más de 9.000 euros, llevada a cabo por el conocido cirujano Javier de Benito. El propio Roca declaró haberle "prestado" tal cantidad a Yagüe de los fondos que recibía de empresarios.

"¿La empresa Aifos no disponía de personal, en lugar de contratarle a usted?", ha preguntado el fiscal. Roca le ha contestado que "no tenían los medios, yo les asesoré sobre cómo construir un concepto de hotel tipo Caribe en Marbella".

Otro de los argumentos reiterados por el considerado cerebro de la trama de corrupción es que ahora, tras la aprobación del PGOU de Marbella, todas las viviendas ilegales recogidas en convenios por los que se le está juzgando "han sido legalizadas". Tal es el caso de los hoteles de Aifos (Guadalpín Marbella y Banús).

De hecho, Roca se vanagloria de las "numerosas denuncias urbanísticas en las que se han archivado las imputaciones contra mí", al no haber podido acreditarse su participación.

Este lunes fuentes jurídicas han asegurado a ELMUNDO.es que, tras solicitarlo el fiscal, el juez ha archivado la imputación contra el ex asesor municipal en el caso de uno de los convenios del Ayuntamiento de Marbella suscritos con la empresa Aifos. Se trata del sumario relacionado con la licencia del Hotel Guadalpín Marbella. Precisamente fue el expediente del que tiró el juez Miguel Ángel Torres para deducir testimonio y abrir en noviembre de 2005 las diligencias previas 4.796 que dieron origen a la operación 'Malaya'.

Por mucho que Roca presuma de que se archivan los cargos contra él, relacionados con delitos urbanísticos, en julio de 2008 fue condenado en firme por un delito de tráfico de influencias en el conocido como caso 'Belmonsa'. Pactó con el fiscal una conformidad de 9 meses de prisión y una indemnización de 2,4 millones de euros.

Los hechos por los que fue condenado se corresponden con la concesión de una licencia urbanística por parte del Ayuntamiento de Marbella a la empresa Belmonsa SA en mayo de 1997. Dicha mercantil logró la construcción de un edificio de doce plantas, en suelo calificado por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 como zona verde y viario público.

Ávila Rojas
A lo largo de la jornada de este lunes el fiscal también ha preguntado a Roca por los pagos que recibió del constructor José Avila Rojas. Concretamente fueron 5 millones lo que el exasesor reconoce haber contabilizado en los famosos papeles de la empresa Maras Asesores SL.

Ya el juez Torres afirmó que "Roca y Ávila Rojas son lo mismo", en alusión a que eran socios. Ahora el exasesor municipal así lo corrobora: "Él aportaba la construcción y yo las parcelas".

Así pues, Roca compraba suelos en Marbella y en ellos construía el empresario granadino. El fiscal le ha preguntado si sus negocios conjuntos tenían que ver con lo que construía el promotor granadino en Marbella: "Unos sí y otros no",

En el marco de su defensa, el principal encausado ha negado que los pagos que recibió de Avila lo fueran por convenios que él mismo negocio con él, como exgerente del urbanismo marbellí. Una versión difícil de creer que, de nuevo, apunta al cohecho impropio.

LA ALCALDESA DE AGUADULCE, CONDENADA A 8 AÑOS DE INHABILITACIÓN POR PREVARICAR

Isabel Ortiz, del PSOE, tendrá que dimitir

Europa Press | Sevilla

El Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla ha condenado a la alcaldesa de Aguadulce, Isabel Ortiz (PSOE), a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público y al pago de una multa de 4.050 euros por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística, ya que en 2006 otorgó una licencia para la construcción e instalación de naves al objeto de ampliar una granja de engorde de pavos de manera "ilegal" y "en contra del dictamen preceptivo" del arquitecto y la secretaria municipales.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez pone de manifiesto que, en el presente caso, "el incumplimiento de la normativa urbanística resulta indiscutible", pues la alcaldesa de Aguadulce otorgó la licencia "de modo flagrante y patentemente arbitrario, con un olvido completo de la función pública urbanística y bajo un concepto mercantilista y pretendidamente social de la misma, en el mejor de los casos, que está por completo proscrito del ordenamiento urbanístico" español.

"Es patente que la concesión de la licencia está fuera de la dinámica legal y reglamentaria, y que se hace a persona vinculada de forma especial con la acusada, pues es un hecho cierto y reconocido que el beneficiario era el que poco después fue compañero de candidatura y concejal de la Corporación", prosigue la sentencia, que añade que la alcaldesa era conocedora "de estar actuando en total discordancia con la norma cuyo cumplimiento era ella la primera obligada a cumplir y hacer cumplir".

Durante el juicio, celebrado el pasado día 7 de octubre, la acusada aseveró que otorgó la licencia "para ayudar a un vecino que iba a crear empleo y que había vivido una tragedia familiar; quizás me dejé guiar por el sentimentalismo". "No era consciente de que dar la licencia en esas condiciones era ilegal", agregó, apuntando además que el vecino que solicitó la licencia "vino a verme varias veces", por lo que ante esta insistencia "flexibilicé los trámites".


elmundo.es

URDANGARÍN AMAÑÓ UN CONCURSO QUE CONVOCÓ EL "GOVERN" BALEAR

INVESTIGACIÓN | De 60.000 euros en el año 2004

Eduardo Inda | Esteban Urreiztieta | Madrid

El Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin y el Govern de Jaume Matas amañaron otro concurso de 60.000 euros en 2004, año y medio antes de que organizase los multimillonarios congresos sobre Turismo y Deporte que investiga la Fiscalía Anticorrupción. La impunidad con la que operaban era tal que tanto la oferta ganadora como las dos perdedoras se remitieron desde el mismo fax de la sede de Nóos en Barcelona.

Los representantes de la entidad sin ánimo de lucro que dirigía el marido de la Infanta Cristina se reunieron a principios de 2004 con responsables del Govern balear -la Fundación Illesport, para más señas- para proponerles llevar a cabo el seguimiento en los medios nacionales e internacionales de las informaciones relacionadas con el equipo ciclista Illes Balears.

El Ejecutivo de las Islas decidió inmediatamente sacar a concurso este servicio por un importe que rondara los 60.000 euros. A tal efecto convocó lo que técnicamente se denomina un procedimiento negociado sin publicidad: una fórmula en la que la Administración invita a tres empresas a que presenten sus respectivas ofertas y, tras analizarlas, escoge la que considera más ventajosa.

Se trata de una fórmula que permite un amplio grado de discrecionalidad, pero que exige que no haya ninguna relación entre las sociedades escogidas por el Ejecutivo de turno para fomentar al máximo la libre concurrencia. Lejos de cursar las invitaciones preceptivas, el Instituto Nóos tomó directamente la iniciativa y le dio el trabajo hecho al Govern balear. Remitió por fax desde sus oficinas las tres ofertas que necesitaba el Govern que presidía el 'popular' Jaume Matas para cumplimentar los requisitos legales y agilizar al máximo el procedimiento.

El cruce de comunicaciones entre el Govern balear y las sociedades vinculadas directamente a Urdangarin y sus socios, o cuando menos apadrinadas por ellos, acaba de ser descubierto por el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma y la Fiscalía Anticorrupción en la investigación del desvío de fondos públicos al entramado societario controlado por el duque de Palma.

A ojos de los investigadores queda acreditado "un concierto fraudulento entre la Administración balear y el Grupo Nóos para simular la concurrencia pública que exige la ley en estos casos". El Ejecutivo balear sólo le dio la oportunidad de participar a un mismo grupo empresarial, el liderado por Urdangarin y su socio Diego Torres, e impidió optar a este contrato a otras compañías.


elmundo.es

domingo, 13 de noviembre de 2011

ROCA SACUDE EL "CASO MALAYA"

Las defensas recomponen sus estrategias después de que el exasesor admita que sobornó a concejales marbellíes - Los letrados prevén un goteo de nuevos pactos

FERNANDO J. PÉREZ - Málaga

El lunes, después del receso, a todos los asistentes al juicio del caso Malaya les cambió la cara. Juan Antonio Roca, el poder en la sombra de Marbella durante los años del gilismo crepuscular, el hombre que había convertido el Ayuntamiento en su SL privada, abandonaba su estrategia de conceder miguitas de confesión al fiscal -un delito prescrito un día, aspectos organizativos de sus sociedades al otro- y se lanzaba a reconocer el núcleo de los delitos por los que lleva entre rejas desde el 29 de marzo de 2006. En un calculado torrente de desahogo, Roca admitió como suya la contabilidad secreta intervenida en la entidad Maras Asesores. También reconoció que las entradas de esa contabilidad -33,3 millones de euros- corresponden a pagos que le hicieron los promotores imputados; y las salidas, a sobres con dinero negro que él entregaba periódicamente a los concejales del equipo de gobierno entre agosto de 2003 y marzo de 2006 para mantener alta su fidelidad.

"Es caro y cansado estar seis años en un proceso. Puede haber más acuerdos"

El único que se acercó a saludar a Roca el lunes fue Julián Muñoz

Hasta ahora, Roca había dado solo migajas de confesión al fiscal

El testimonio del exasesor es fruto de "una reflexión de varios meses"

Roca quiso dejar claro que los empresarios le ingresaron el dinero por supuestos asesoramientos y para financiar negocios en común, y que los pagos a los exediles no tenían por objeto retribuir la concesión de licencias o la firma de convenios ilegales. Sin embargo, la bomba ya estaba lanzada y una ola de nerviosismo empezó a recorrer el banquillo de los acusados, a los que el testimonio de Roca cogió en su mayoría por sorpresa.

Los abogados defensores, especialmente los de los exconcejales, consideran que el giro de Roca -meditado "durante meses", según fuentes cercanas al exasesor- les obliga a replantearse su propia estrategia de defensa. Los letrados han iniciado conversaciones para coordinar sus posiciones. "Ahora mismo todo está muy abierto", afirma uno de los abogados, sin ofrecer más detalles.

En el ánimo de los procesados pesa el hecho de que antes de la declaración de Roca, cuatro empresarios imputados se mostraron conformes con el relato de hechos del fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, y lograron una rebaja sustancial en la pena. "El cansancio de casi seis años de proceso, lo caro que es estar personado en un proceso así y el ejemplo de los que se han conformado puede producir en los próximos días más casos de reconocimiento de los hechos", estima un letrado que, no obstante, recuerda que la conformidad de un acusado solo le vincula a él y no sirve como prueba para enjuiciar al resto. "La conformidad es conformidad, pero jurídicamente no es una confesión, ya que el resto de las defensas no tiene posibilidad de interrogatorio ni de contradicción", subraya.

Lo que no se ha producido, por el momento, es un acuerdo entre el fiscal y Roca. Tras la sesión del lunes tanto fuentes de la defensa del exasesor como del ministerio público lo negaron expresamente. Además, la fiscalía no se contentaría con un reconocimiento a medias de los delitos, y para plantear una posible reducción de pena -Roca se enfrenta a una petición de 30 años de cárcel- haría falta que admitiera en su totalidad el escrito acusatorio.

De momento, la cuarta fase del juicio, con 54 procesados, continúa y no terminará como pronto hasta marzo de 2012. Roca será preguntado una por una por las relaciones con los empresarios que supuestamente le dieron enormes cantidades de dinero y tratará de desvincular estas entregas de la concesión de licencias o la firma de convenios. De hecho, tras la sorprendente declaración del lunes, Roca se cerró en banda y rechazó cualquier trato de favor urbanístico a cambio de las "gratificaciones" a los concejales.

A favor del exasesor cuenta que en unos 60 casos de prevaricación urbanística cometidos en el Ayuntamiento de Marbella durante los años del gilismo, su acusación fue archivada al entender los jueces que no era el encargado de otorgar las licencias. En contra puede tener la declaración que hagan los promotores durante el juicio. Muchos de ellos se enfrentan a peticiones de penas de cárcel superiores a dos años, que implican ingreso efectivo en prisión, y puede interesarles aceptar que los pagos a Roca tenían por objeto conseguir un trato urbanístico favorable a cambio de una rebaja en la condena. Lo único que está claro es que la vista oral ha entrado en su fase decisiva.

Lo que no ha cambiado en las 105 jornadas de juicio transcurridas desde el 27 de septiembre de 2010 -en la cuenta se incluyen los días dedicados al estudio de las llamadas cuestiones previas- es el carácter desafiante de Roca. El exasesor ha insistido en su estrategia de derivar la responsabilidad de los desmanes en el Ayuntamiento de Marbella a tres personajes con escasa capacidad para rebatirle. El primero es el fallecido alcalde Jesús Gil, quien, según Roca, "decidía absolutamente todo en materia de obras, economía y urbanismo" en el Consistorio.

El segundo aludido por Roca es el que fuera hombre de confianza de Gil en sus primeros tiempos al frente del Consistorio, el abogado José Luis Sierra -aquejado de una enfermedad degenerativa. Finalmente, Roca citó al el exedil andalucista Carlos Fernández, huido de la justicia. Según Roca, fue este concejal quien ideó que los tenientes de alcalde y portavoces de los grupos municipales tras la moción de censura que desbancó a Julián Muñoz en agosto de 2003 percibieran el doble de dinero en sobornos que los concejales rasos".

Al final de cada sesión del juicio es habitual que algún otro procesado se acerque a saludar a Roca antes de que este sea trasladado de vuelta a la cárcel de Alhaurín. Curiosamente, el único que se acercó, muy afectuoso, el pasado lunes fue su antiguo enemigo Julián Muñoz.
 
Un juicio histórico
- El pasado lunes, Juan Antonio Roca, admitió que los empresarios procesados en el juicio del caso Malaya le pagaron dinero: "En tres casos les asesoré en convenios urbanísticos. Construcciones Salamanca, Aifos y Fidel San Román me pagaron por asesorarles en convenios (...). Cobre por hacerles ese estudio".

- En el caso de Fidel San Román, que abonó cerca de un millón de euros, Roca afirmó que su asesoramiento "no tiene que ver con que garantizara que fueran a obtener la licencia (...) Todo estaba supeditado a que la Junta de Andalucía lo aprobara".

- Finalmente el Gobierno andaluz no aprobó los planes de San Román: "El asesoramiento que le di fue nefasto. Me pagó un millón a mí y cuatro millones al Ayuntamiento. Se equivocó él y me equivoqué yo. Ahora solo tiene un papel precioso", afirmó el exasesor urbanístico marbellí. Roca reconoció este ingreso en la contabilidad de Maras: "En su inmensa mayoría los apuntes son ciertos".

- Sobre los pagos a concejales: "Les gratificaba para que se mantuvieran unidos hasta el final de la legislatura (...) El pago lo asumo yo con cargo a mi patrimonio (...) No se pactó ni cantidad ni periodicidad (...) Hablé de ello solo con Marisol Yagüe, Isabel García Marcos y Carlos Fernández (...) No se gratificó ningún acuerdo concreto y no los tenía en nómina en función de mis intereses".

elpaís.com

CASO PALMA ARENA / OPERACIÓN BABEL: URDANGARÍN LOGRÓ BENEFICIOS DEL170 % SOBRE LOS COSTES DE LOS FOROS

La cifra de negocios de Nóos rondó los 10 millones de euros en cinco años

Andreu Manresa / Jesús García Palma de Mallorca / Barcelona

El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, esposo de Cristina de Borbón y yerno del Rey, facturó unos honorarios que representaban un beneficio del 170% sobre los costes reales de la organización de los foros deportivo-turísticos que llevó a cabo su propio Instituto Nóos en Palma. Los eventos eran sufragados por el Gobierno balear (y por patrocinadores) con una media de más de 1,1 millones por dos jornadas de sesiones, según las investigaciones judiciales abiertas, que han evaluado que el gasto efectivo de cada foro era cercano al medio millón.

Urdangarin impulsó la actividad y contratos de Nóos, que por sus estatutos carecía de ánimo de lucro, y presentó al cobro facturas de su firma Consultoría Nóos y de la inmobiliaria Aizoon, cuya propiedad comparte con su esposa la infanta Cristina de Borbón. Al menos 275.000 euros cobró Aizoon en dos pagos por uno de los foros de Palma. El concepto que figura en la “primera factura”, de noviembre de 2005, es “por gestión de logística”. En dos foros, la Fiscalía Anticorrupción ha detectado un agujero de un millón, en partidas no justificadas. Esta es la base para la acusación penal de supuesta malversación de caudales públicos.

La evaluación inicial sobre las ganancias citadas en actividades privadas de Iñaki Urdangarin (y, en paralelo, de su socio en Nóos, Diego Torres) consta en distintos informes trasladados al juez y a la fiscalía por el grupo policial de Delincuencia Económica y técnicos de Hacienda, que han examinado la contabilidad y el tráfico en las cuentas entre sociedades.

Diego Torres asegura que los registros son “nulos de pleno derecho"

En cinco años, la cifra de negocios de Nóos rondó los 10 millones de euros, según la contabilidad del complejo entramado de asesorías y empresas organizado que ha sido examinado en la Operación Babel. Se ha identificado a una firma del grupo que transfirió cerca de medio millón a una cuenta de una sociedad en un paraíso fiscal.

En este caso penal, englobado en el escándalo del caso Palma Arena sobre los supuestos enriquecimiento y la gestión corrupta del expresidente de Baleares Jaume Matas, del PP, se indaga una supuesta malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y falsedad.

En la pieza sobre el gasto de 2,3 millones en sendos Forum Illes Balears, en 2005 y 2006, están imputados la mano derecha de Urdangarin en Nóos, Diego Torres, y otros tres administradores de la trama, Miguel, Ana y Marco Tejeiro.

Para los investigadores es “lógica e inevitable” la futura citación como imputado del yerno del Rey para que declare sobre los hechos cuestionados. El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, tras meses de indagaciones junto al juez José Castro, ha trabajado esta semana a lo largo de tres días en los registros en Barcelona en las sedes de Nóos y en los interrogatorios.

Para los investigadores es “lógica e inevitable” la futura citación como imputado del yerno del Rey para que declare sobre los hechos cuestionados

El abogado de Diego Torres, Manuel González Peeters, asegura que los registros son “nulos de pleno derecho” por lo que ha pedido el archivo de las actuaciones. Su recurso señala que el juez pidió 14 meses atrás los convenios firmados por el Instituto Nóos con el Gobierno de Baleares. Torres, en su condición de testigo, facilitó un total de 384 documentos sobre los que, a la postre “se cimentó la tesis de la imputación” y “se construyó este asunto”. Torres trató de justificar los programas ejecutados con fondos públicos. Pero tras analizar esas aportaciones, el juez lo citó a declarar como imputado. “Es decir, se toma como punto de partida para imputar a una persona lo que esa persona ha aportado al juzgado como no imputado”, razona el recurso.

Por otra parte, el letrado de Jaume Matas —que no está imputado en esta pieza penal, segregada del caso Palma Arena— ha solicitado que el asunto pase a la Audiencia Nacional porque los hechos suceden en diversas comunidades autónomas.

viernes, 11 de noviembre de 2011

LA JUEZA DEL "CASO CAMPEÓN" PROLONGA EL SECRETO DE SUMARIO

El Tribunal Supremo pide a la fiscalía que se pronuncie sobre las diligencias contra Blanco

EP - Lugo

La titular del juzgado número 3 de Lugo, Estela San José, quien instruye la denominada Operación Campeón sobre una trama para defraudar ayudas públicas, ha decidido volver a prorrogar el secreto de sumario, según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

A sólo unos días de que expirase la anterior prórroga del secreto de sumario decidida por Estela San José a mediados del pasado mes, la instructora de la Operación Campeón ha vuelto a dictar un auto para que las diligencias relacionadas con este caso sigan siendo reservadas. De esta forma, el secreto de sumario se mantendrá hasta después de la elecciones del próximo 20 de noviembre.

Precisamente, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha solicitado a la Fiscalía de este órgano que informe si debe admitirse y comenzarse a tramitar la causa que remitió la jueza de Lugo en relación con el ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, y su posible implicación en la denominada Operación Campeón por delitos de cohecho y tráfico de influencias. El ministro, así como el exconselleiro de Industria por el BNG Fernando Blanco, imputado en la causa y que hace algunas semanas dimitió como diputado autonómico, habían pedido reiteradamente el levantamiento del secreto del sumario para acabar, alegan ambos, "con su situación de indefensión".

No obstante, lo probable es que en este trámite consultivo, imprescindible para poder iniciar la causa, el magistrado ponente que debe resolver si abre procedimiento contra el ministro no tome ninguna decisión al respecto durante el periodo electoral.

Por su parte, Estela San José sigue con su investigación, de forma que este mismo jueves volvió a declarar ante ella el empresario Jorge Dorribo, principal imputado en esta causa y a quien se atribuye haber implicado a José Blanco en el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de gestiones para agilizar trámites ante la administración, según publicó El Mundo. En esta causa abandonó los juzgados de Lugo tras comparecer en torno a una hora.

elpaís.com

UN EMPRESARIO FACTURÓ 1,8 MILLONES A EMARSA "CON UN ACUERDO VERBAL"

El juez ve "inconcebible" que el proveedor también daba por recibido el material

IGNACIO ZAFRA - Valencia

En Emarsa, la sociedad de depuración del agua de Valencia, que fue saqueada hasta llevarla a la quiebra con un agujero de 17 millones de euros, las cosas funcionaban más o menos así. Un empresario, Sebastián García, facturaba 1,78 millones de euros a la empresa pública sin haber firmado ningún contrato con ella, sólo con "un acuerdo verbal", según admitió ayer él mismo ante el juez.

Sebastián García vendió 164 teclados a una sociedad con 32 ordenadores

García tenía otra empresa que también era proveedora de Emarsa. En el periodo investigado (2004-2010), le facturó otros 2,71 millones de euros. Ambas tenían el mismo objeto, tenían la misma sede, y en realidad, según acabó reconociendo García al juez Vicente Ríos, actuaban como una sola empresa. En total, redondeando, obtuvieron de Emarsa 4,5 millones de euros (748 millones de pesetas).

¿A qué se dedicaban? Las dos empresas suministraban material informático y se encargaban de su mantenimiento. En menos de un año (el juez apuntó que en solo seis meses) vendieron a Emarsa, supuestamente, 164 teclados; 149 ratones; 155 fuentes de alimentación; 141 licencias antivirus; 105 altavoces, 79 monitores, 71 discos duros... El problema es que en la sociedad de depuración solo había 32 puestos de trabajo informatizados, según la investigación que hizo, una vez que estalló el escándalo, la Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos), que era la propietaria de Emarsa.

García trabaja en la sociedad desde 1999, época en que Emarsa estaba bajo control directo de Silvestre Senent, actual concejal de Hacienda de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. García suministraba el material informático a la sociedad de depuración y, algunas veces, él mismo firmaba el albarán que daba como recibido y conforme por parte de Emarsa el material que le había vendido. El juez se permitió ayer calificar tal conducta de "inconcebible".

García admitió que sus dos empresas, que tenían prácticamente como único cliente a Emarsa, trasvasaban dinero (a través de supuestos préstamos y supuestas compras) a dos firmas de su hermana, dedicadas al sector de la construcción, también sospechosas de haber participado en el saqueo de la sociedad pública. Estas otras dos empresas obtuvieron de Emarsa 4,28 millones de euros (712 millones de pesetas).
  

CORREOS INCLUIDOS EN EL SUMARIO SITÚAN A URDANGARÍN COMO INTERMEDIARIO

Iñaki Urdangarin, quinto por la izquierda, en unas jornadas del fórum sobre el deporte celebrado en Palma de Mallorca en 2005. A la izquierda, Rafa Nadal, atento a la intervención de Samuel Eto’o. / TOLO RAMÓN
El duque de Palma ejercía de conseguidor con cargos del PP, según la investigación

Andreu Manresa Palma de Mallorca

La memoria del ordenador de José Luis Ballester, director general de deportes del Gobierno balear entre 2003 y 2007 e imputado en el caso Palma Arena, guardaba correos electrónicos donde se citaba a “Iñaki” como una persona con estrechos contactos con la Administración autonómica para conseguir reuniones con el fin de cerrar negocios privados con esa comunidad. “Iñaki”, según explicó la policía al juez que investiga el caso, es “Iñaki Urdangarin”, duque de Palma, marido de la infanta Cristina y yerno de los Reyes de España.

Uno de los correos electrónicos incluidos en el sumario del caso Palma Arena, en el que también está imputado el ex presidente balear Jaume Matas, está fechado el 21 de marzo de 2006. Para entonces, el instituto Nóos, que presidía Urdangarin y que según sus estatutos fundacionales carecía de ánimo de lucro en sus actividades, ya había cerrado al menos uno de los dos contratos que hizo con el Gobierno balear por 1,2 millones de euros para organizar un evento de promoción del turismo de la isla a través del deporte.

En el correo electrónico, un colaborador de Urdangarin en el Instituto Nóos se dirige al director general de deportes balear recordándole que, como le había “comentado Iñaki” [a Ballester], le gustaría mantener una “breve reunión” para que conociera “un proyecto muy interesante”.
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La intermediación de Urdangarín

 >> De aballabriga@noos.es Enviado el 21 de marzo de 2006

>> Para jballester@dgesport.caib.es

>> CC urdangarin@noos.es

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“Estimado José Luis: Como te ha comentado Iñaki, nos gustaría mantener una breve reunión para que conocieras un proyecto muy interesante que os presentará la empresa ACTIS dirigida por José Luis Ferrando. Se trata de un nuevo evento deportivo llamado World Beach Games. Iñaki me ha comentado que estarás disponible en tu despacho el viernes 24 a las 10. Te confirmo que allí estaré acompañando a José Luis Ferrando en la presentación. Ruego me confirmes tu disponibilidad”.

Antonio Ballabriga. Instituto Nóos.
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La amistad de Ballester con el duque de Palma se confirma por lo que señala el correo electrónico: “Iñaki me ha comentado que estarás disponible en tu despacho, el viernes 24 a las 10”. Una copia de ese correo electrónico fue enviada también a la cuenta personal de Urdangarin.

El duque de Palma presidió el Instituto Nóos entre 2004 y 2006, fecha en que dejó al frente de la asociación a su gerente, Diego Torres, imputado en el caso y al que el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional ha registrado su oficina y su vivienda. Antes de 2004, el instituto Nóos carecía de actividad comercial, según la investigación. Cuando llega Urdangarin, le nombran administrador y unos meses después alcanza la presidencia. Desde entonces, Nóos cierra varios contratos con dos Gobiernos del PP, el de Baleares y el de la Comunidad Valenciana.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Urdangarin y su socio Diego Torres montaron un entramado de al menos seis empresas para apoderarse de los fondos públicos que lograban a través del Instituto Nóos para montar eventos para Administraciones públicas (Baleares y Comunidad Valenciana).

Nóos, según sostiene la Fiscalía Anticorrupción, contrataba con ese entramado empresarial distintos servicios —algunos ficticios que nunca se hacían, otros por un precio muy superior al real— para de esta manera derivar hasta empresas con ánimo de lucro y propiedad de Urdangarin o Diego Torres el dinero logrado para un instituto sin ánimo de lucro.

La investigación judicial ha descubierto además que Nóos no ha justificado con facturas un millón de los 2,3 millones que recibió para organizar los eventos de 2005 y 2006.

La Fiscalía Anticorrupción aclaró ayer que antes de citar como imputado a Urdangarin, “algo inevitable”, según fuentes de la investigación, analizará las 14 cajas de documentación incautadas en las oficinas y viviendas de algunos de los imputados en la causa.

Un congreso internacional de 1,2 millones en dos días
El Instituto Nóos, que presidía Iñaki Urdangarin, presentó al Gobierno balear este presupuesto para el congreso que organizó en 2005:

 Viajes de los expertos internacionales (100 personas; 85.000 euros).

Alojamiento de los expertos: 85.000.

Catering (cuatro comidas, tres cenas, seis coffee breaks, 85.000).

Flota de coches y autobuses: 6.000.

Welcome pack para los expertos: 4.000.

Contratación del centro de convenciones: 15.000.

Diseño y construcción mobiliario especial: 30.000.

Subcontratación de los equipos técnicos y audiovisuales: 50.000.

Servicios de traducción simultánea: 12.000.

Sistemas de votación electrónica: 4.000.

Cartelería y señaléctica: 16.000.

Ofimática: 5.000.

Desarrollo y mantenimiento de la página web: 18.000.

Libro de lecturas seleccionadas: 14.000.

Libro de contenidos con las ponencias del Forum: 18.000.

Libro con los resultados de la investigación cualitativa: 16.000.

Publicación del resumen ejecutivo de contenidos: 6.000.

Publicación de un journal científico electrónico: 5.000.

Observatorio deporte y turismo: 6.000.

Honorarios a ponentes: 120.000.

Acuerdos de investigación con universidades: 90.000.

Investigación sobre la red regiones: 35.000.

Barómetro de expectativa: 20.000.

Director del proyecto: 30.000.

Director de planificación: 30.000.

Personal de asistencia telefónica: 20.000.

Responsable de logística: 15.000.

Director de publicaciones: 40.000.

Relación con los expertos y ponentes: 25.000.

Mantenimiento de la base de datos y ofimática: 15.000.

Directora de comunicación: 25.000.

Experto en turismo: 25.000.

Experto en deporte: 20.000.

Director red de regiones: 50.000.

Responsable de relación con prensa: 15.000.

Personal directo evento: 35.000.

Azafatas: 5.000.

Técnicos: 6.000.

Conductores: 4.000.

Médico: 2.000.

Músicos: 3.000.

Equipo de relatores: 15.000.

Gabinete de prensa: 20.000.

Agencia de diseño: 30.000.

Asesoramiento de organización de eventos: 25.000.

Abogados y gestoría: 5.000.

Publicidad y comunicación: 17.000.

Premios: 5.000.

Actos previos distribuidos por las tres islas: 12.000.

Otros gastos: 70.000.

Producción de papelería y materiales diversos: 5.000.

Viajes equipo organización: 15.000.

Viajes red de regiones: 15.000.

Mensajería y correos: 5.000.

Gastos varios: 30.000.

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