lunes, 29 de agosto de 2011

EL FISCAL ACTIVA LA CAUSA POR EL "PELOTAZO" DE GÜRTEL EN LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA


Anticorrupción pide ahora al juez la imputación del exdirector de Canal Nou
La televisión adjudicó a la red el contrato por el doble de lo que costaba
Correa, su equipo y el director del canal se repartieron tres millones de beneficio

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ Madrid


Dos años después de que la policía descubriera un cuantioso pelotazo de la red Gürtel —la trama empresarial corrupta vinculada al PP— con la visita del Papa a Valencia en 2006, la Fiscalía Anticorrupción ha activado la investigación judicial. Lo ha hecho a través de un escrito remitido al juez de Madrid Antonio Pedreira, en el que pide la imputación de Pedro García Gimeno, quien fue director general de Canal Nou, la televisión autonómica a las órdenes del Gobierno de Francisco Camps.

El canal autonómico, al cual la fundación organizadora de la visita de Benedicto XVI en 2006 adjudicó la exclusiva sobre la explotación televisiva del acto, convocó un concurso restringido para adjudicar, a su vez, a empresas privadas el suministro de pantallas de vídeo, sonido y megafonía para que fueran retransmitidos los distintos momentos de la estancia del Papa en la Comunidad Valenciana.

El canal público se gastó en el contrato 6,4 millones de euros por un material que, según la documentación incautada por la policía en las sedes de la trama corrupta, costaba menos de la mitad.

La empresa que resultó adjudicataria no tenía ninguna relación ni con el alquiler de pantallas de vídeo ni con el de equipos de megafonía. Tampoco tenía experiencia alguna en ese tipo de contratos. Se llamaba Teconsa y se dedicaba a las obras públicas en Castilla y León. La única relación que Teconsa tenía con la Comunidad Valenciana eran sus vínculos con la trama Gürtel, que dirigía Francisco Correa, quien se había establecido en esa autonomía dos años antes.

La policía encontró en uno de los pisos que la red Gürtel tenía en Madrid documentación sobre el concurso de la televisión valenciana relacionado con la visita del Papa en junio de 2006. También encontró los apuntes contables de la trama corrupta relacionados con el pago a las distintas empresas proveedoras del material a las que tuvo que recurrir Teconsa.

La empresa no tenía experiencia alguna en este tipo de eventos

Desde que la policía hizo estos descubrimientos, hace dos años, sobre el asunto de las anómalas circunstancias en las que la televisión pública valenciana —gestionada entonces por Pedro García Gimeno— gastó 6,4 millones de euros en un contrato que valía la mitad para beneficiar a la trama corrupta, apenas ha habido avances en la instrucción de esta causa.

Esto ha sido así hasta el punto de que el supuesto autor de los delitos de cohecho y prevaricación, el ex director general de Canal Nou, hombre de confianza del expresidente Francisco Camps, no está imputado hasta ahora en la causa.

El juez Antonio Pedreira deberá decidir en los próximos días —si antes no se inhibe definitivamente en favor de la Audiencia Nacional para que siga instruyendo el caso Gürtel— si imputa al ex director general de Canal Nou.

En el sumario del caso Gürtel aparecen conversaciones telefónicas en las que el jefe valenciano de la trama corrupta, Álvaro Pérez, El Bigotes, considerado “amiguito del alma” por Francisco Camps, planificaba con sus jefes la manera de sacar tajada o hacer negocio con motivo de la visita del Papa a Valencia, que iba a ser organizada por el Gobierno de esa comunidad, con el cual tenían múltiples afinidades. Álvaro Pérez explicaba por teléfono cómo quería hacer el negocio:

El Bigotes: “Yo no puedo aparecer. Si me hacen una foto, la liamos”

—“Escucha, escucha, escucha, ahora mismo el presidente está en el Consejo de Gobierno, ¿vale? A lo mejor dicen que me nombran Coordinador General de sus muertos para lo del Papa y entonces así me puedo tirar todo el puto día en el río, ¿vale? Porque es que yo no puedo aparecer, si me hacen una foto la liamos, entonces, estamos haciendo las gestiones necesarias...”

Álvaro Pérez era amigo supuestamente íntimo del presidente autonómico Francisco Camps, y las consejerías del Gobierno de la Comunidad Valenciana habían empezado a adjudicarle —la mayor parte de las veces sin concurso previo— diversos contratos a la empresa Orange Market o a otras del grupo de Francisco Correa.

Pedro García Gimeno, ex director general de Canal Nou, también figura entre las personas a las que Álvaro Pérez regalaba trajes de las tiendas de Madrid Milano y Forever Young. Si no fue imputado en el caso de los trajes es porque no tenía la consideración de cargo público.

García Gimeno salió del canal autonómico valenciano cuando se conocieron las primeras noticias sobre irregularidades en relación con adjudicaciones a empresas de la trama Gürtel.

Los distintos informes de la policía sobre la documentación incautada en las sedes de la trama Gürtel apuntan a que los tres millones de euros de beneficio que supuso el contrato relacionado con la visita del Papa se los repartieron entre Correa y su equipo; la empresa Teconsa, que puso su nombre para que le adjudicaran el contrato desde Canal Nou, y el propio Pedro García Gimeno, director del canal autonómico.

García Gimeno fue la primera víctima política en la Comunidad Valenciana del escándalo de la corrupción masiva relacionada con empresas de Francisco Correa. Dejó su cargo en septiembre de 2009, apenas seis meses después de que estallara el escándalo.

Después llegaron Francisco Costa, que tuvo que abandonar la secretaría general del PP valenciano y su cargo de portavoz parlamentario; y hace tan solo un mes Francisco Camps, el presidente de la Comunidad Valenciana, que dejó su cargo cuando el Tribunal Superior de Justicia de Valencia rechazó todos los recursos y decidió abrir juicio oral con jurado contra el alto cargo del PP por un supuesto delito de cohecho impropio al aceptar los regalos de unos trajes de la trama empresarial corrupta.

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EN EL PAÍS

sábado, 27 de agosto de 2011

LA JUEZA RETOMA EL "CASO DE LOS ERE FALSOS" CON LOS INTRUSOS DE EL PEDROSO Y SALDAUTO

TRIBUNALES | También ha citado a la 'intrusa' del ERE de Río Grande

Efe | Sevilla

La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos retoma en septiembre las declaraciones de imputados con los "intrusos" de la localidad sevillana de El Pedroso, entre ellos el exalcalde socialista Rafael Rosendo, y de la empresa Saldauto.

La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, iniciará la toma de declaraciones el 9 de septiembre con Rafael Rosendo Villavieja, alcalde de El Pedroso por el PSOE entre 1987 y 1995 y entre 1999 y 2007, que supuestamente cobró 109.750 euros de la empresa Cydepast sin haber trabajado en ella.

Ese mismo día está citado Andrés C.M., amigo de la infancia en El Pedroso del exdirector general de Empleo de la Junta Francisco Javier Guerrero, que es uno de los imputados en el caso junto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas o el exsindicalista Juan Lanzas.

Andrés C.M. ha afirmado a la Policía que firmó los papeles para jubilarse en la empresa Acyco en la propia vivienda de Guerrero.

El 16 de septiembre, la juez ha citado a Alejandro M.T., vecino de Guerrero en El Pedroso y jubilado en la constructora FCC, y Rafael R.G., prejubilado en CESPA tras pedírselo a Guerrero.
 
Río Grande y Saldauto
El 15 de septiembre ha sido citada la dueña del restaurante sevillano Río Grande, María del Carmen G.S., que firmó un ERE para 13 trabajadores en el que había una "intrusa", así como esta última, Carmen F.G., una pensionista también incluida en el expediente de Mercasevilla que afirma que no ha cobrado ni un céntimo y que cedió sus datos porque se lo pidió un comercial de la empresa que gestionó el ERE, vecino suyo.

El 19 de septiembre han sido citados los tres "intrusos" del ERE de Saldauto, dos de los cuales -Rafael R.F. y Antonio G.P.- fueron delegados sindicales de UGT en la empresa corbobesa Muebles Promi.

Fuentes del caso han informado a Efe de que la juez Alaya se reincorpora tras sus vacaciones el 5 de septiembre y es previsible que haya estudiado la documentación para citar a nuevos imputados.

Las citadas fuentes han precisado que hasta ahora solo se han investigado una parte mínima de las irregularidades, en las que la Junta ha detectado 72 "intrusos" en los ERE y otros 111 casos con anomalías administrativas.

En un auto del pasado 17 de junio, la juez anunció a las partes que entre el 19 de septiembre y mediados de octubre tenía pensado acordar nuevas declaraciones, aún por fijar.

La juez lamentó entonces que la Junta haya entregado al juzgado un "batiburrillo de papeles inconexos" y algo "diametralmente opuesto" a lo que se entiende por expediente administrativo, lo que le hacía "pensar en una construcción o reconstrucción apresurada de los mismos".
 
Cinco 'intrusos' en Camas
Mercedes Alaya inició la ronda de imputados en julio pasado con la comparecencia de cinco personas residentes en Camas (Sevilla), entre ellos el exconcejal y exsecretario de Política Municipal del PSOE en ese municipio, José Antonio García Prieto, que cobró pólizas de renta ligadas a los ERE de hasta tres empresas.

También comparecieron el exmilitante socialista Juan Manuel L.E. y el concuñado de Antonio Rivas José A.L.

Una de las novedades del caso es que la investigación de los ERE ha pasado, dos años después de iniciada, de la Policía Nacional a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con sede en Madrid, lo que la juez justificó porque este grupo cuenta con más medios.

viernes, 26 de agosto de 2011

"CASO PALMA ARENA"; LA AUDIENCIA DE PALMA DEDICARÁ TODO ENERO A JUZGAR A JAUME MATAS

Jaume Matas probando, en 2006, la pista del velódromo Palma Arena.  B.Ramón
Un tribunal penal señala la primera vista contra el expresidente del Govern en sesiones de mañana y tarde
 
El también exministro está acusado de favorecer al redactor de sus discursos
   
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA
La sección primera de la Audiencia de Palma ha señalado, para el próximo enero, la primera vista oral por presunta corrupción contra el expresident del Govern del PP Jaume Matas, acusado en el caso Palma Arena de dar un trato de favor al periodista Antonio Alemany, que entre 2003 y 2007 fue el redactor de sus principales discursos. El tribunal ha programado para la vista sesiones de mañana y tarde y, junto al exministro de Medio Ambiente, también serán juzgados Alemany, y cuatro personas más: las exjefas de gabinete de Matas María Umbert y Dulce Linares; el antiguo director general de Comunicación del Govern Joan Martorell; y el publicista Miguel Romero.
 
Matas, defendido por Antonio Alberca, está acusado de malversación de caudales, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias y fraude a la Administración, derivados de la contratación, supuestamente encubierta e ilegal, del periodista y editor Antonio Alemany para redactar sus discursos. Se piden para él 8,5 años de cárcel.
 
Para Antonio Alemany se reclaman penas que suman cinco años y medio de prisión. A Joan Martorell la fiscalía le pide una pena de dos años de prisión (que no conllevaría su ingreso en prisión). Para María Umbert se solicitan un año y tres meses; mientras que para Dulce Linares se piden tres meses más. Ambas tampoco entrarían en la cárcel en caso de condena.
 
Por último, el publicista Romero, que también está imputado en otras piezas del caso Palma Arena, se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel.
 
La Audiencia tendrá que juzgar tres hechos diferentes: la supuesta contratación irregular de Alemany a través de Nimbus, mediante el amaño de un concurso y para facilitar que el periodista pudiera, por otros cauces, recibir subvenciones del Govern para sus medios de comunicación; esas ayudas recibidas por Alemany, que la fiscalía presume fueron a cambio de que su diario digital y su agencia de noticias se mostraran claramente afines a Matas; y el dinero pagado por el Govern al periodista por la redacción de unos reportajes sobre deporte en Balears, que nunca han aparecido, ni han sido públicados.
 
Matas reconoce que Alemany redactó sus escritos, pero se desvincula totalmente del proceso de su contratación. El periodista sostiene que no hubo nada irregular en su contratación por Nimbus, que nunca ocultó ser el autor de las intervenciones de Matas y que las subvenciones fueron "las más limpias de la Democracia en Balears".

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jueves, 25 de agosto de 2011

"OPERACIÓN OSSIFAR"; LIBERTAD CON CARGOS PARA CHACÁRTEGUI, QUE DEBERÁ PERSONARSE CADA 15 DÍAS EN EL JUZGADO

Pocoví también quedó en libertad
Europa Press | Palma

La magistrada Carmen Abrines, en funciones de sustitución en el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, ha dejado en libertad con cargos al ex jefe del área de Medio Ambiente de Emaya, Germán Chacártegui, quien, no obstante, deberá personarse 'apud acta' cada quince días ante el Juzgado, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press.

El imputado, sobre quien pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración, llegó a los Juzgados de Vía Alemania procedente de la comandancia de la Guardia Civil en torno a las 17.00 horas, esposado y cubriéndose la cara con su camiseta para evitar ser grabado por los cámaras congregados, y tan sólo hora y media después abandonaba las dependencias judiciales.

Durante su comparecencia ante la jueza y los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, Chacártegui se ha ratificado en la declaración que prestó anoche en dependencias del Instituto Armado, y se ha desvinculado de las decisiones adoptadas en torno a la compra de contenedores soterrados a la empresa Seguridad y Limpiezas S.A., que según las pesquisas derivó en un sobrecoste de hasta 1,5 millones de euros cuyo destino se desconoce.

De este modo, el encausado ha apuntado hacia quienes fueron sus superiores en Emaya, es decir, la ex presidenta de la empresa pública Cristina Cerdó, la ex gerente Malen Tortella y otros cargos, al aseverar que fue la cúpula de la sociedad municipal la que adoptó las decisiones a la hora de decidir adquirir los 'containers' a Seguridad y Limpiezas, cuyo administrador Juan Pocoví, también imputado, fue anoche puesto en libertad por la Guardia Civil

Además
    * En libertad el contratista detenido

elmundo.es

DEJAN EN LIBERTAD CON CARGOS A TODOS LOS DETENIDOS POR EL "CASO OSSIFAR"

Sin fianza

Palma

Todos los detenidos en el nuevo caso destapado de corrupción en el seno de la empresa pública Emaya durante la gestión de Unión Mallorquina han quedado en libertad con cargos después de declarar ante la juez este fin de semana.

Entre los implicados en esta nueva operación que investiga un presunto desvío de 1,5 millones de euros en la contratación y compra de contenedores de residuos soterrados, se encuentran la ex gerente de Emaya, Malen Tortella que declaró el domingo por espacio de dos horas después de que otros tres de los detenidos, apuntaran directamente a la que fuera número dos en la empresa pública como la responsable de las presuntas irregularidades así como a la ex gerente Cristina Cerdó.

La operación se puso en marcha el jueves de la semana pasada bajo la denominación de Operación Ossifar. Entre ellos, el hecho de que la Unión Temporal de Empresas que se alzó con la contrata acabara comprando los contenedores por un precio superior al que había propuesto en su oferta.

Los primeros detenidos por esta causa fueron el ex director del Área de Medio Ambiente de Emaya, Germán Chacártegui, así como el gerente de la empresa Seguridad y Limpiezas S.A., Juan P.O que también quedaron en libertad con cargos pero sin fianza.

Además
    * Un caso levantado por una denuncia interna

elmundo.es

jueves, 18 de agosto de 2011

LA FISCALÍA APUNTA A UN DESVÍO DE FONDOS EN LA COMPRA DE CONTENEDORES DE EMAYA

Hay dos detenidos

    * Uno de los arrestados es el ex director de Medio Ambiente de Emaya
    * No se descartan más detenciones en las próximas horas

Eduardo Colom | Europa Press | Palma

La nueva operación anticorrupción abierta este jueves en Mallorca por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma en la que han sido detenidos el ex jefe del área de Medio Ambiente de Emaya, Germán Chacártegui, y el gerente de la empresa Seguridad y Limpiezas S.A., Juan P.O., tiene un objetivo claro. Investiga el presunto desvío de fondos públicos en la adquisición de contenedores soterrados de basuras, que eran suministrados por la anterior mercantil, según han informado fuentes de la investigación.

En concreto, las diligencias se abrieron este miércoles y el Juzgado indaga en el marco de estas pesquisas la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y cohecho. La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones en las próximas horas.

Sobre los arrestados, quienes permanecen en los calabozos del Instituto Armado a la espera de prestar declaración, pesan supuestos delitos de malversación de caudales públicos y cohecho debido a que Chacártegui, quien hasta su destitución en julio de 2009 era responsable de los servicios de recogida de basuras, habría intervenido en las presuntas irregularidades cometidas con la adquisición de los contenedores, que derivaron en el sobrecoste de la compra de estos dispositivos, según recoge Europa Press.

Unos hechos que fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público en verano de 2009 por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento, liderado por la entonces alcaldesa Aina Calvo. En la jerarquía de Emaya, sobre Chacártegui se encontraba la ex presidenta de esta empresa y ex número dos de UM en Cort, Cristina Cerdó, quien está imputada en los casos Picnic y Maquillaje, así como la ex gerente Malen Tortella, encausada por su parte en este último procedimiento.

Además
    * Detenido el ex director de Medio Ambiente de Emaya

miércoles, 17 de agosto de 2011

"CASO GÜRTEL"; ANTICORRUPCIÓN DENUNCIA A 16 PERSONAS POR ACTOS ELECTORALES DEL RAJOY DE 2008

La Fiscalía Anticorrupción acusa a cuatro diputados del PP, cinco empresas y la cúpula de la red Gürtel

José Antonio Hernández Madrid

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    * Caso Gürtel
    * Corrupción política
    * Álvaro Pérez "El Bigotes"
  
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra 16 personas por supuesto delito electoral relacionado con las elecciones del 9 de marzo de 2008. La denuncia, remitida a las partes del caso Gürtel, afecta a cuatro diputados del PP valenciano, cinco empresarios de esa comunidad, todos ellos contratistas de la Administración autonómica y seis miembros de la red corrupta.

El delito que Anticorrupción atribuye a estas personas viene recogido en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: “Los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables, serán castigados con la pena de prisión menor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas”.

El relato de Anticorrupción, que ya ha presentado otros escritos por idénticos delitos relacionados con campañas electorales municipales y autonómicas en Valencia, se refiere a la supuesta financiación ilegal de actos en los que participó Mariano Rajoy durante su campaña como candidato a la presidencia del Gobierno en 2008. Rajoy perdió esas elecciones a las que se presentaba como número 1 de su partido por segunda vez.

El escrito de la fiscalía, de 12 folios, incorpora crónicas periodísticas de dos mítines de Rajoy en Valencia y Alicante que supuestamente fueron pagados por contratistas de la Generalitat Valenciana y ejecutados por Orange Market, la empresa de la red Gürtel que se encargaba de los actos del PP en esa comunidad y, a la vez, recibía decenas de contratos del Gobierno de Francisco Camps.

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia tiene abierta una causa por este mismo motivo que afecta a la campaña de 2007, donde el PP ganó por mayoría absoluta las elecciones autonómicas. El juez que instruye el caso ha pedido informes al Tribunal de Cuentas sobre los gastos e ingresos del PP en aquel año.

Ahora, la Fiscalía Anticorrupción pide que el Tribunal Superior de Valencia se haga cargo de este caso y relata las averiguaciones de la policía con documentación incautada en la sede de Orange Market, la filial valenciana de la trama Gürtel que dirigía Álvaro Pérez, el Bigotes, que se hizo muy amigo del expresidente Francisco Camps tras establecerse en esa comunidad a partir de 2005. La operativa que relata la Fiscalía Anticorrupción consistiría en que al menos cinco empresas —Facsa, Sedesa, Lubasa, Piaf y Enrique Ortiz e Hijos— pagaron actos electorales que convocó el PP durante la campaña de las generales de 2008.

Estas empresas ingresaban el dinero para esos actos en las cuentas de Orange Market, la sociedad que montaba los escenarios de los distintos mítines del PP.

Para camuflar esta financiación ilegal de la actividad electoral del PP en la Comunidad Valenciana, Orange Market emitía facturas por servicios no prestados a las empresas contratistas que pagaban realmente los gastos de los mítines que Rajoy daba en Valencia.

Anticorrupción describe así los supuestos hechos delictivos: “Los servicios electorales contratados por el PP eran abonados por personas distintas al verdadero deudor o con fondos opacos. Para encubrir los pagos de los servicios prestados al Partido Popular de la Comunidad Valenciana por entidades distintas del deudor, se habrían emitido facturas por Orange Market a las sociedades pagadoras a sabiendas de que no respondían a operaciones realmente mantenidas entre ellas”.

La Fiscalía Anticorrupción señala en su escrito a los empresarios Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Ortiz (de la sociedad del mismo nombre) y a las firmas PIAF, Lubasa y Sedesa como pagadores de cantidades de dinero a Orange Market que en realidad encubrían la financiación de actos electorales del PP, en alguno de los cuales el protagonista principal era Mariano Rajoy, que presentaba su candidatura a la presidencia del Gobierno.
 
Un millón de euros en dinero opaco o de otros
El PP hizo actos electorales durante la campaña de las generales de 2008 por valor de casi 1,8 millones de euros en la Comunidad de Valencia, pero al menos un millón fueron pagados con dinero opaco del propio PP o con dinero de cinco empresas contratistas de la Administración autonómica valenciana.

En la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción se recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia había decidido no investigar este presunto delito electoral sobre actos del PP en 2008 y si otros delitos relacionados con las mismas prácticas (falsedad en documento mercantil).

El Tribunal Valenciano aducía que de lo investigado no se podía concluir que existiera ese delito electoral en 2008. Anticorrupción señala ahora: “Esa objeción ha quedado superada por el informe de la Agencia Tributaria emitido el 8 de julio de 2011 que expone que el importe de los servicios prestados por Orange Market (la filial valenciana de la red corrupta) en 2008 al Partido Popular de la Comunidad Valenciana habría ascendido a 1,78 millones de euros mientras que solo le facturó 612.322 euros. El resto de la deuda de esa formación política, más de un millón de euros, “parece haber sido abonada, al menos en parte, por el propio partido con fondos opacos (405.450 euros) así como por las empresas (Piaf, Sedesa, Lubasa, Enrique Ortiz y Facsa)”, según explica el escrito de la Fiscalía Anticorrupción.

El fiscal sostiene en su argumentación jurídica que la Agencia Tributaria ha logrado demostrar que estos pagos irregulares corresponden a “actos de campaña vinculados a las elecciones generales del 9 de marzo de 2008”.

Anticorrupción detalla en el documento remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid de dónde saca esta conclusión: “Esto se infiere del propio concepto que se refleja en el archivo (incautado en la sede de Orange Market) con fechas de 22 de febrero a 9 de marzo de 2008 (en plena campaña electoral) con los nombres “acto IFA Alicante”, “cierre de campaña”, “plaza de toros”. La Fiscalía ilustra sus afirmaciones con recortes de prensa: “Alguno de esos actos pueden localizarse en publicaciones de esas fechas”, de las que se aportan fotocopias en el escrito.

Más información:

jueves, 11 de agosto de 2011

"CASO GÜRTEL"; CORREA URDIÓ UN "PLAN DE DEFRAUDACIÓN FISCAL" MASIVO "CON FACTURAS FALSAS"

Francisco Correa, jefe de la trama, en prisión desde febrero de 2009.- ÁLVARO GARCÍA
ÚLTIMO INFORME DE LA AGENCIA TRIBUTARIA REMITIDO AL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL'

Hacienda elabora su análisis final sobre las cuatro principales sociedades de Madrid con las que la red corrupta hizo negocio entre 2004 y 2007

JOSÉ A. HERNÁNDEZ - Madrid

El juez Antonio Pedreira recibió hace unos días el informe definitivo de la Agencia Tributaria sobre cuatro de las principales sociedades de la red Gürtel con las que Francisco Correa hizo sus negocios más importantes en la Comunidad de Madrid. Los inspectores fiscales del Ministerio de Hacienda sostienen en el documento que la red de Francisco Correa ejecutó "un plan de defraudación tributaria consistente en la contabilización de facturas falsas" para pagar muchos menos impuestos de los que le correspondían entre los años 2004 y 2007.

"Se reducían a placer las cuotas tributarias del IVA y de Sociedades"

"Se inventaban gastos y elaboraban documentos mercantiles falsos"


Las sociedades analizadas son Easy Concept, Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral y Good and Better. Algunas de estas empresas son las mismas que se encargaron de pagar los trajes que la red corrupta, según la investigación, regaló a los principales dirigentes de la Comunidad Valenciana, entre ellos el expresidente recién dimitido, Francisco Camps.

Los inspectores de la Agencia Tributaria han analizado la documentación incautada por la policía en seis registros de distintas sedes de la red empresarial que dirigía Francisco Correa.

Uno de los documentos que destaca Hacienda en su informe final hace referencia a cómo los gestores de las empresas señalan que un pago de IVA que iba a tener lugar el 30 de enero de 2005 por 82.295 euros "cambiará considerablemente cuando se introduzcan las facturas de compras anteriormente mencionadas".

En otro apartado del informe los inspectores hacen referencia a un documento donde se dan instrucciones a los administrativos de las distintas empresas "sobre el contenido que deben tener las facturas falsas a emitir con la descripción de los trabajos y servicios ficticios a incluir en las mismas y su importe".

Los principales ingresos de las sociedades analizadas por la Agencia Tributaria procedían de contratos con administraciones públicas gobernadas por el PP.

Tanto el Gobierno de la Comunidad de Madrid como las autoridades de diversos Ayuntamientos madrileños como Pozuelo, Majadahonda, Arganda o Boadilla del Monte, todos ellos gobernados por el PP, contrataban numerosos servicios con distintas empresas de la trama corrupta.

La Agencia Tributaria explica en su informe sobre la trama que "con esta forma de proceder" de las sociedades de Francisco Correa, "se reducían a placer las cuotas tributarias por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Impuesto sobre Sociedades, en el marco de una estrategia de defraudación tributaria".

Los inspectores apuntan que "en la invención de gastos y en la elaboración de documentos mercantiles falsos que los aparentan intervenían un buen número de personas hasta alcanzar el escalón jerárquico en el que se adoptaba la correspondiente decisión".

Hacienda atribuye la decisión última sobre este plan a "Francisco Correa y su colaborador directo Pablo Crespo", que defraudaron por IVA e Impuesto de Sociedades, solo en el ejercicio de 2006, más de 600.000 euros.
   

martes, 9 de agosto de 2011

"CASO MAR BLAU"; HUGUET NIEGA HABER COBRADO COMISIONES POR UN ESTUDIO SOBRE EL PORT DE CIUTADELLA

Declara como imputado

Europa Press | Palma

Cristóbal Huguet, quien fuese conseller de Trabajo durante la última legislatura de Jaume Matas, ha negado en calidad de imputado ante el juez instructor del caso Mar Blau que cobrase comisiones a cambio de adjudicar de forma directa a la empresa Sener la realización de un estudio sobre la ampliación del Port de Ciutadella por un total de 97.440 euros, de los cuales se desconoce el destino que se dio a 25.440 euros y que, según los investigadores, constituirían una dádiva por la concesión 'a dedo' de este trabajo.

En su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, Huguet ha incidido, tal y como ya lo hizo en dependencias de la Policía Nacional tras ser imputado en esta causa, en que en ningún momento solicitó comisión alguna por esta adjudicación e incluso ha aseverado que si así lo hubiera hecho, hubiera considerado que estaría cometiendo una estafa, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

El ex conseller del PP ha negado de esta forma las acusaciones de soborno que pesan sobre él después de que el ingeniero y asesor de Sener José Luis Cardona asegurase ante la Policía que Huguet le había exigido una comisión a fin de que esta empresa fuese contratada de forma directa, si bien este imputado, que también ha declarado este lunes, se ha retractado en la declaración que prestó en la Jefatura Superior alegando problemas de memoria.

Tal y como ha aseverado Huguet, asistido por el abogado Santiago Fiol, no tenía ninguna capacidad de decisión al respecto cuando ejercía el cargo de director general de Puertos del Govern, que ocupaba cuando se fraguó la adjudicación. Se da la circunstancia de que Huguet era uno de los pocos consellers de Matas que no habían sido imputados hasta el momento en un caso de presunta corrupción.

Tanto el ex conseller menorquín como el ingeniero han comparecido como imputados en la pieza del caso Mar Blau cuyas pesquisas apuntan a que ya un año antes de iniciarse el expediente investigado -el 22 de diciembre de 2006- se habrían producido conversaciones dirigidas a que Sener fuese la mercantil adjudicataria, y determinan que se eludió lo legalmente establecido en las normas generales de contratación al ser otorgados 'a dedo' 97.440 euros.

En este contexto, los investigadores sospechan que se produjo una malversación de caudales públicos por valor de 25.440 euros, a tenor de un manuscrito intervenido en Sener que indicaba que el trabajo podía hacerse por 72.000 euros. De esta forma, las pesquisas apuntan a que la cantidad restante podría suponer una comisión por el encargo del estudio, unos hechos que también han negado tanto el director de Autoridad Portuaria de Baleares, Ángel Matías, como el presunto autor del manuscrito, el ingeniero Justo Aguado, defendido por el letrado Carlos Barceló.

La pieza indaga de esta forma si los imputados en este fleco incurrieron en presuntos delitos de fraude, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación y cohecho. A nivel global, el caso Mar Blau investiga el presunto amaño de dos concursos para la explotación de amarres en Maó e Ibiza en favor de sociedades pertenecientes a Trapsayates, propiedad del empresario Gerardo Díaz-Ferrán.

En el caso del proceso del Port de Maó, se indaga el acuerdo que Teinver --perteneciente a Trapsa-- habría alcanzado un acuerdo con el Club Marítimo de Maó para que éste, pese a haber quedado segundo en la convocatoria, resultase ganador al margen del dictamen de la mesa de contratación, a cambio de ceder a Trapsa --si renunciaba a la concesión-- tres amarres de tres metros de eslora y 13.526 euros más IVA.


elmundo.es

viernes, 22 de julio de 2011

"CASO BRUGAL"; ORTIZ GARANTIZÓ LA RECALIFICACIÓN DE SUELOS A LA CAM EN UNA OPERACIÓN

Un exdirectivo de la caja, imputado en Brugal, admite al juez el hecho

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

Daniel Gil, exdirector General de Inversiones Inmobiliarias de Caja Mediterráneo (CAM), admitió ayer ante el juez una empresa de la caja y otra firma del promotor Enrique Ortiz compraron suelo rústico en el paraje de Agua Amarga con la expectativa de su posterior recalificación. El ejecutivo de la caja declaró, en calidad de imputado por los supuestos delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información, ante el titular del Juzgado número 5 de Alicante. Este magistrado dirige la instrucción de la pieza del sumario del caso Brugal que indaga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Ortiz durante el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

El directivo de la CAM declaró ante el juez por espacio de una hora. Según los letrados de la acusación popular, EU y PSPV, Gil se negó a responder a las preguntas de estas partes y eludió las del fiscal anticorrupción, Felipe Briones, vinculadas con las escuchas. Sobre este punto el acusado respondió que "no recordaba absolutamente nada".

Gil se ciñó así al guión del resto de imputados que evitan responder a cuestiones relacionadas con las intervenciones telefónicas hasta que la Audiencia no se pronuncie sobre su legalidad. Las defensas han adoptado esta estrategia a raíz de la decisión del instructor general del sumario, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela de anular algunas de las escuchas.

Los abogados de las acusaciones populares señalaron que El directivo de la CAM admitió ante el juez una operación de compra de suelo de la entidad con Ortiz, en concreto unos 200.000 metros cuadrados en la zona de Agua Amarga. El directivo, según esas parte, "Señaló que la compra se realizó con miras a la reclasificación del suelo, pero que ese extremo lo dejaban en manos del socio tecnológico, la empresa de Ortiz".

El imputado, en cambio, rechazó disponer de información privilegiada sobre el PGOU de Alicante y también si Ortiz disponía de datos secretos facilitados por el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, o la concejal de Urbanismo y ahora regidora, Sonia Castedo.

En su escrito de acusación inicial, el fiscal acusa a Daniel Gil de disponer de información privilegiada del PGOU y en concreto sobre el proyecto denominado Ciudad de la Economía planteado en la zona Agua Amarga. Briones basa su acusación en las conversaciones, recogidas en las escuchas, entre Gil y Ortiz, en el que refieren al proyecto de la Ciudad de la Economía como "un traje a medida" para la CAM. En otro pasaje de las escuchas, Ortiz comunica al directivo de la caja que una reunión con Castedo, la regidora dio "apoyo total" al proyecto.

Según el fiscal, la operación de compra de suelo se formalizó con una trama de tres empresas: la firma Tenedora de Inversiones y Participaciones S. L., propiedad de la CAM y en cuyos órganos de administración se encontraba Gil, Camservi Obras y Servicios, propiedad de Ortiz; Dreamview, cuyos máximos accionistas son las dos primeras sociedades.

Los interrogatorios a los imputados en esta trama del PGOU de Alicante proseguirán el próximo jueves, día 28, con la declaración de un abogado y el empresario Bernardo Campos, amigo de Alperi. El juez ha interrogado como imputados al redactor del PGOU, Jesús Quesada, el empresario Ortiz y a su mujer. Castedo y Alperi aún no han sido imputados, aunque sí están acusados de supuesto cohecho por parte del fiscal.

elpaís.com

jueves, 21 de julio de 2011

"CASO GÜRTEL"; CAMPS DA LA ESPANTADA PARA NO TRAGAR CON EL APAÑO DE RAJOY

Francisco Camps, tras anunciar su dimisión / TANIA CASTRO
El presidente valenciano se derrumbó con el trato ya listo y facilitó así una salida a Rajoy
El líder del PP había aceptado que Camps siguiera en el poder con antecedentes penales
El letrado de Camps llegó a presentar en el tribunal el escrito en el que se reconocía culpable

* EDITORIAL: No muy honorable
* Convicto y confeso, blog de Fernando Garea
* Tarde, muy tarde, por Josep Torrent

 
Carlos E. Cué / Joaquín Ferrandis Madrid / Valencia

Le apoyó por delante, por detrás, al lado, se tragó todos los sapos por él, vinculó el futuro político de ambos, le aclamó en plazas de toros cuando todo el mundo sabía que lo quería ver dimitido. Nunca le pidió que se fuera. Esperó y esperó, confiado en que algún momento la presión lo reventaría. En que moriría sin que nadie lo matase. Y sobre todo sin que él se manchase las manos. Tuvo que esperar dos años, cuatro meses y un día, pero Mariano Rajoy, sin mover un músculo, vio ayer cómo caía por su propio peso, y sin hacer él nada, como pasó con el extesorero Luis Bárcenas, la última gran pieza del caso Gürtel: dimitió Francisco Camps.

El presidente de la Generalitat se resistió hasta el último momento. Y Rajoy, consciente de que no podía forzar su dimisión directamente, buscó una salida intermedia, aunque muy difícil de defender. En varias conversaciones en los últimos días, tanto el líder del PP como otros interlocutores le explicaron a Camps que la dirección nacional no podía permitirse un juicio en otoño, en plena campaña. Así que, si no quería dimitir —y no quería— solo quedaba una salida: declararse culpable, aceptar la multa más alta que le pidieran, y evitar el juicio.

Rajoy aceptaba así que Camps se convirtiera en el único presidente autonómico con antecedentes penales de la democracia española, nada menos que por cohecho, esto es por corrupción. Es más, le dejaba a él decidir. Pero para facilitar las cosas, Génova empezó a trabajar para que saliera adelante ese apaño. “Es el mal menor”, explicaban.

El abogado del dirigente llegó a presentar el escrito de culpabilidad

Rajoy ya había renunciado a su oportunidad real para resolver el problema en marzo, cuando podía no haberle confirmado como candidato. Los estatutos del PP le dan ese último poder al líder. Pero una vez más, no lo ejerció, prefirió esperar, como siempre, y entonces quedó a merced del president. Él tenía la última palabra.

Además de Camps, que nunca estuvo del todo convencido, porque quería ir a juicio, el problema principal era Ricardo Costa. El exsecretario general no quería admitir su culpabilidad porque eso podía facilitar su condena en el caso de financiación ilegal, con penas no de multas sino de cárcel.

El equipo de Rajoy puso en marcha la red para afianzar el apaño. Dolores de Cospedal llamó a última hora de la noche del martes a Costa, y le pidió un sacrificio. A cambio, le garantizó una compensación, un reconocimiento y un buen trato político en el futuro. Costa aceptó, a regañadientes y contra el criterio de su abogado.

Todos, Rajoy y Cospedal incluidos, se fueron a la cama pensando que el president se declararía culpable. Rajoy y Camps hablaron también a última hora, y aunque ambos coincidieron en que la solución no era buena, decidieron seguir adelante. Nadie en los últimos días descartaba la dimisión del todo, porque veían a Camps muy tocado, pero le habían visto tantas veces resistir y resistir que no lo querían creer. Por eso se resolvió que se declaraba culpable. Allí estaba Federico Trillo, siempre cerca de Camps desde el martes por la tarde, para garantizar que su entorno, mucho más resistente, no le convencía de que fuera a juicio. Rajoy no controló nunca la situación, todo estaba en el aire hasta el último momento.

Rajoy habló con Camps y todo quedó arreglado para que se "conformara"

Nada más despertar, comenzó una mañana de esperpento. Costa ya había cedido, pero con una condición: que él iba a firmar con Camps. En ningún caso antes. No se fiaba. Ya le habían engañado otras veces. El president llegó a prometerle que le metería en el Gobierno autonómico. Nada.

Varios periódicos daban cuenta en sus portadas del apaño, y los comentaristas empezaban a criticarlo. En el entorno de Camps se instalaba una realidad: el arreglo no eliminaría la presión mediática, lo que peor lleva un president que en los últimos dos años apenas ha aceptado preguntas de la prensa y que llevaba cinco días encerrado cancelando agendas. Su estado anímico se deterioraba por minutos, según los muchos dirigentes que han hablado con él en las últimas horas.

Aún así, a primera hora de la mañana, todo marchaba según lo previsto. Los abogados de tres de los cuatro imputados, Víctor Campos, Rafael Betoret y Francisco Camps llegaban al Tribunal Superior de Justicia de Valencia con sus documentos para “conformarse”, el término técnico para reconocer el delito. El letrado de Camps, y por tanto no un hombre enviado por Génova sino alguien de su absoluta confianza, llegó a presentar en el tribunal el escrito en el que reconocía el delito y anunció que estaba a la espera de que su cliente viniera a firmarlo. Costa esperaba acontecimientos, y nunca presentó el escrito.

Al final, el presidente no fue capaz de ir ante las cámaras a admitir la condena

El documento sin la firma del imputado no vale. Así que empezaron a desfilar. Primero Campos, que firmó, después Betoret, que también lo hizo... ¿Y Camps? Todo el mundo le esperaba, la expectación iba creciendo, y también la presión. El tribunal se llenó de cámaras y redactores que aguardaban a pleno sol. Pasaban las horas, y el juzgado iba a cerrar.

Entonces el esperpento alcanzó su cénit. El juzgado anunció que el abogado de Camps había comunicado que el president se disponía a acudir para firmar el documento que había presentado su abogado, esto es para reconocerse culpable. Pidió así el favor de que ampliaran el horario de cierre. Le había costado mucho decidirse, pero parecía hecho. El juzgado aceptó esperar nada menos que para recibir al president de la Generalitat, que seguía refugiado en el palacio presidencial con Trillo y Juan Cotino, dos hombres religiosos como él, cercanos al Opus Dei, que han estado casi siempre con él en los días más duros.

Muchos de los que han hablado con él estos meses aseguran que Camps se ha llegado a tomar el caso como una especie de martirio, como un prueba, y que se ha refugiado en la fe para resistir. Algunos incluso señalan que realmente estaba al límite de la resistencia psíquica.

Cuando todo parecía decidido, algo pasó. Se repitió el caso de Bárcenas. El extesorero dimitió un día en que su mujer lloraba porque no podía salir de casa con todas las cámaras esperando a la puerta. Camps se rindió al ver que tenía que declararse culpable y hacer el paseíllo rodeado de cámaras, admitir su falta, pagar la multa y explicarlo antes los ciudadanos. Acorralado, consciente de que casi todo el partido quería que se marchara hace mucho tiempo, se derrumbó. Decidió dimitir para no declararse culpable, para seguir con el juicio y tratar de defenderse. Para no admitir ante todos lo que ya todos reconocen incluso en público: que mintió, ante el juez, el Parlamento y los ciudadanos. “No quería ser un presidente condenado, ahora se siente liberado”, comentaba alguien que habló con él.

Cospedal convenció a Costa, que pidió que su jefe declarase con él

Su decisión, comunicada a las 17.30 con su gobierno en pleno a la espalda y Trillo y Rita Barberá de espectadores, deja a los pies de los caballos a Campos y Betoret. Ambos se han declarado culpables —y eso no tiene marcha atrás— porque el PP les dijo que Camps también lo haría. Costa se salvó por su desconfianza, y ahora él y Camps tratarán de defender su inocencia en el futuro juicio mientras otros dos imputados con las mismas pruebas reconocen su culpabilidad.

Sin haber jugado el partido, el resultado puede parecer muy bueno para Rajoy. Se quita el peso de Camps, que pese a su dimisión de ayer del Gobierno y del PP pretende mantener su escaño en el Parlament de cara al futuro; despeja su camino a La Moncloa y coloca de sucesor a Alberto Fabra, que siempre fue el favorito de Génova una vez que Rita Barberá rechazó el encargo. Se le colocó en las listas autonómicas por si acaso, aunque nadie contempló nunca en serio que Camps cayera.

Sin embargo, aunque políticamente empezó a resolverse ayer, el caso Gürtel en Valencia no ha hecho más que empezar. Queda por juzgar toda la financiación ilegal, las desviaciones y comisiones en la visita del Papa, y los contratos irregulares de todo tipo con la trama. El caso de los trajes era solo el principio. Pero ha sido suficiente, dos años después, para hacer dimitir al responsable de haber llevado la trama a Valencia: Francisco Camps, el amigo del alma de Álvaro Pérez, el Bigotes.


UN EX DIRECTIVO DE CAM NIEGA LA IMPLICACIÓN DE LA CAJA EN LA RAMA DE BRUGAL RELATIVA AL PGOU

Declara en el juzgado de Alicante

* Ha rechazado contestar cualquier pregunta relacionada con las escuchas
* Admite que la CAM negoció con Ortiz pero niega información privilegiada

Juan Nieto | Daniel Moltó | Alicante

El ex director de inversiones inmobiliarias de Caja Mediterráneo (CAM), Daniel Gil, ha negado este jueves ante el juez cualquier vinculación de la entidad bancaria con la supuesta trama de corrupción en torno a la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, investigada en una de las piezas separadas del sumario del Caso Brugal.

Gil es uno de los implicados en el caso según el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, quien le atribuye los presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario y de tráfico de influencias, por unos terrenos en la partida de Aguamarga para el proyecto frustrado de la Ciudad de la Economía, en beneficio del empresario Enrique Ortiz.

El fiscal considera responsable de los mismos delitos al director general adjunto y director de sociedades participadas de Bancaja cuando se investigaron los hechos, José Cortina, a quien considera responsable de influenciar, diseñar y conseguir, a través del constructor Ortiz, que se revolviera a su medida aspectos relevantes de la redacción del PGOU para salir beneficiado con unos terrenos en La Condomina. Su declaración, prevista para este miércoles, 20 de julio, ha sido aplazada hasta octubre.

Rechaza las escuchas
El ex alto cargo de CAM ha acudido acompañado por su abogado para prestar declaración ante el titular del juzgado de Instrucción número 5, Manrique Tejada, quien instruye la pieza separada del caso en Alicante.

El ex directivo se ha negado a contestar a cualquier pregunta relacionada con las escuchas telefónicas llevadas a cabo por la Policía, pues según ha reiterado, estas conversaciones están pendientes de anulación. También se ha negado a escuchar las grabaciones después de que el fiscal se lo haya sugerido tras asegurar que no recordaba esas conversaciones.

Gil ha admitido que la Cam tuvo negocios a través de una sociedad del empresario Enrique Ortiz, pero ha negado haber recibido cualquier tipo de información o instrucción a través del Ayuntamiento, así como cualquier reunión o encuentro con responsables del área de Urbanismo o de Alcaldía.


elmundo.es

"CASO MALAYA"; ROCA COMUNICABA A GIL TODAS SUS OPERACIONES URBANÍSTICAS PRIVADAS EN MARBELLA

Nuevo argumento del ex asesor

* El ex alcalde marbellí fue también su socio en negocios inmobiliarios

José Carlos Villanueva | Málaga

El principal acusado en el juicio por el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, ha introducido este miércoles un argumento novedoso, no empleado nunca hasta ahora. Ha asegurado que él le comunicaba personalmente al ex alcalde Jesús Gil "todas" sus operaciones urbanísticas de índole privado acometidas en el municipio, al margen de su actividad pública como responsable del urbanismo marbellí.

A preguntas del fiscal, Juan Carlos López Caballero, Roca se ha referido concretamente a la compraventa de la finca La Concepción, en 1997, operación en la que Gil y Gil se convirtió en su socio mayoritario, con un 50% de las acciones de la sociedad Aragonesas de Finanzas Jacetanas, junto a su peón de confianza en las sociedades municipales, José Luis Jiménez -ya fallecido- con un 25%. Se trata del mismo porcentaje de acciones que ostentó el exasesor urbanístico.

En la compra de dos parcelas que sumaban 1,2 millones de metros cuadrados Gil participó a través de la sociedad Mizar , administrada por su hija Miriam; mientras que Jiménez lo hacía mediante la empresa Gestión Safiso.

Gil, Roca y Jiménez pretendieron la recalificación de dichos terrenos, calificados como suelo rústico no urbanizable en el PGOU vigente entonces de 1986, para poder construir 1.6000 viviendas, campo de golf y un hotel. Todo ello en base a la revisión de dicho plan, llevada a cabo en 1998 contra el criterio de la Junta de Andalucía.

Las dos fincas fueron adquiridas en 1997 por más de 500 millones de las antiguas pesetas y la escritura pública se formalizó a comienzos de 1998. El negocio iba a ser redondo. Tal y como ha recordado Roca, "se trata de unos terrenos a menos de 1.000 metros de Puerto Banús". Los hechos se enmarcan en un caso de presunto blanqueo de capitales.

En los primeros meses de 2003 los terrenos fueron ofrecidos al mejor postor, al ser rechazada la recalificación en el nuevo PGOU de la Junta de Andalucía. Jesús Gil y José Luis Jiménez recuperaron la inversión, pero Roca mantuvo siempre la idea de quedarse en la sociedad propietaria, Aragonesas de Finanzas Jacetanas.

Plan de Ordenación Territorial
A preguntas del fiscal Roca ha reconocido que dichos terrenos se ofrecían con la calificación de "urbanizables". Lo cierto es que dicho acusado ha hecho hincapié, ya a preguntas de su abogada, Rocío Amigo, en que en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) dejaba como urbanizables los terrenos, incluso tras estallar la llamada operación 'Malaya' en marzo de 2006.

De hecho, EL MUNDO desveló en mayo de 2006 que el POTA, impulsado por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, aplicaba a la finca La Concepción, en manos de testaferros de Roca, la protección más suave de las tres contempladas , como es la de "zona de interés territorial", inferior a las zonas de protección ambiental 1 y 2.

Así pues, en dicha parcela aún cabían determinadas "actuaciones singulares de excelencia turística", como recoge la normativa, tales como un campo de golf, un hotel, así como viviendas unifamiliares de lujo.

La Junta, a través del arquitecto redactor del POTA, José Seguí, decidió dar mayor protección a los suelos a raíz de la operación 'Malaya', desencadenada a finales de marzo de 2006, ya que en el anterior documento del POTA, previo al presentado en mayo de 2006, era una zona no protegida en la que se daba luz verde a las 1.600 viviendas y el campo de golf.

Todo ello a raíz de un convenio entre el Ayuntamiento de Marbella y la sociedad Aragonesas de Finanzas Jacetanas S.L. en la que figuran algunos de los testaferros de Roca que ahora se sientan en el banquillo junto a él.

El documento del POTA previo al definitivo dejaba vía libre a cualquier desarrollo urbanístico, a pesar de que el arquitecto redactor del Avance del PGOU de Marbella, Manuel González Fustegueras, no había cedido a las presiones de Roca y otorgaba la máxima protección ambiental a la parcela de La Concepción.

El criterio de Fustegueras no fue seguido por el arquitecto José Seguí, quien ya había mantenido reuniones con Roca meses antes de su detención. El urbanista sólo se decidió a otorgar mayor protección a los terrenos cuando saltó el escándalo de corrupción en el Consistorio marbellí y la empresa Aragonesas de Finanzas Jacetanas S.L. salió a relucir.

El presidente del tribunal del caso 'Malaya', José Godino, ha dado por concluido el periodo de sesiones de la vista oral hasta el próximo 5 de septiembre, una vez concluida la declaración de Roca.

"CASO GÜRTEL"; CAMPS RENUNCIA A ACEPTAR LA CONDENA POR COHECHO Y SE ENFRENTARÁ A UN JURADO POPULAR


Camps abandona el Palau de la Generalitat tras anunciar su dimisión | Vicent Bosch

Tras dimitir como jefe del Consell

Presenta un escrito ante el TSJ en el que rechaza aceptar la pena por cohecho

Agencias | Valencia

Francisco Camps lo insinuó durante la intervención ante los medios en la que anunció su dimisión: "quedo liberado para defenderme donde corresponda de todas estas infamias e insidias". Dejaba entrever el "completamente inocente" ex jefe del Consell que acudirá a juicio para defender su honor. Este jueves se ha confirmado la decisión de Camps de no declararse culpable en la 'causa de los trajes'.

El abogado de Francisco Camps ha presentado este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano un escrito donde el dimitido presidente rechaza aceptar la pena más alta prevista para el delito de cohecho pasivo impropio por la que está procesado en la llamada 'causa de los trajes' del caso Gürtel.

Según han confirmado fuentes del TSJCV, el letrado que lleva la defensa de Camps, Javier Boix, presentó el miércoles en el Palacio de Justicia un escrito de su cliente donde éste aceptaba la acusación, pero estaba sin firmar y el entonces aún presidente de la Generalitat finalmente no acudió a ratificarlo en persona, como es obligatorio.

Sí lo hicieron, durante la mañana del miércoles, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, quienes aceptaron la acusación de haber recibido supuestamente regalos (sobre todo prendas de vestir) de los cabecillas de la trama Gürtel.

Respecto al cuarto procesado en la citada 'causa de los trajes', el ex secretario general del PPCV y actual secretario general del grupo popular en las Cortes, Ricardo Costa, su defensa aún no se ha pronunciado sobre si acepta o no su culpabilidad ante la acusación por el delito de cohecho pasivo impropio.

Quizás no haga falta que Costa se pronuncie, pues la negativa de Camps a conformarse con la pena más alta deja sin efecto lo realizado por Campos y Betoret, al necesitarse las cuatro conformidades para evitar la celebración del juicio oral con jurado que abrió, el pasado viernes, el magistrado del TSJCV José Flors en su auto de procesamiento del presidente y los otros ex altos cargos de la Generalitat y del PPCV.

El magistrado Juan Climent, como presidente del tribunal del jurado, requerirá a estos cuatro procesados el pago de la fianza, que deberán depositar personalmente. Climent, en el caso de que Costa también rechace la conformidad -como ha hecho este jueves la defensa de Camps-, requerirá a todos ellos a que depositen la fianza establecida en el auto de apertura de juicio oral.

Esta fianza, que deberán depositar en persona los imputados ante el TSJCV, corresponde a la pena máxima que pedía el fiscal más un tercio, lo que en el caso de Francisco Camps alcanza los 55.000 euros.

El proceso para la convocatoria del juicio oral discurre en paralelo a estos movimientos, y continuará con la designación formal del presiente del tribunal del jurado, al que las partes podrán plantear cuestiones previas que éste podrá o no resolver antes del juicio; se dictará un auto en el que señalará los hechos que van a ser juzgados y se fijará la fecha de la vista, el trámite final antes de la celebración del juicio.

Además

"CASO MALAYA"; ROCA COMUNICABA A GIL TODAS SUS OPERACIONES URBANÍSTICAS PRIVADAS EN MARBELLA

Nuevo argumento del ex asesor

* El ex alcalde marbellí fue también su socio en negocios inmobiliarios

José Carlos Villanueva | Málaga

El principal acusado en el juicio por el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, ha introducido este miércoles un argumento novedoso, no empleado nunca hasta ahora. Ha asegurado que él le comunicaba personalmente al ex alcalde Jesús Gil "todas" sus operaciones urbanísticas de índole privado acometidas en el municipio, al margen de su actividad pública como responsable del urbanismo marbellí.

A preguntas del fiscal, Juan Carlos López Caballero, Roca se ha referido concretamente a la compraventa de la finca La Concepción, en 1997, operación en la que Gil y Gil se convirtió en su socio mayoritario, con un 50% de las acciones de la sociedad Aragonesas de Finanzas Jacetanas, junto a su peón de confianza en las sociedades municipales, José Luis Jiménez -ya fallecido- con un 25%. Se trata del mismo porcentaje de acciones que ostentó el exasesor urbanístico.

En la compra de dos parcelas que sumaban 1,2 millones de metros cuadrados Gil participó a través de la sociedad Mizar , administrada por su hija Miriam; mientras que Jiménez lo hacía mediante la empresa Gestión Safiso.

Gil, Roca y Jiménez pretendieron la recalificación de dichos terrenos, calificados como suelo rústico no urbanizable en el PGOU vigente entonces de 1986, para poder construir 1.6000 viviendas, campo de golf y un hotel. Todo ello en base a la revisión de dicho plan, llevada a cabo en 1998 contra el criterio de la Junta de Andalucía.

Las dos fincas fueron adquiridas en 1997 por más de 500 millones de las antiguas pesetas y la escritura pública se formalizó a comienzos de 1998. El negocio iba a ser redondo. Tal y como ha recordado Roca, "se trata de unos terrenos a menos de 1.000 metros de Puerto Banús". Los hechos se enmarcan en un caso de presunto blanqueo de capitales.
En los primeros meses de 2003 los terrenos fueron ofrecidos al mejor postor, al ser rechazada la recalificación en el nuevo PGOU de la Junta de Andalucía. Jesús Gil y José Luis Jiménez recuperaron la inversión, pero Roca mantuvo siempre la idea de quedarse en la sociedad propietaria, Aragonesas de Finanzas Jacetanas.

Plan de Ordenación Territorial
A preguntas del fiscal Roca ha reconocido que dichos terrenos se ofrecían con la calificación de "urbanizables". Lo cierto es que dicho acusado ha hecho hincapié, ya a preguntas de su abogada, Rocío Amigo, en que en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) dejaba como urbanizables los terrenos, incluso tras estallar la llamada operación 'Malaya' en marzo de 2006.

De hecho, EL MUNDO desveló en mayo de 2006 que el POTA, impulsado por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, aplicaba a la finca La Concepción, en manos de testaferros de Roca, la protección más suave de las tres contempladas , como es la de "zona de interés territorial", inferior a las zonas de protección ambiental 1 y 2.

Así pues, en dicha parcela aún cabían determinadas "actuaciones singulares de excelencia turística", como recoge la normativa, tales como un campo de golf, un hotel, así como viviendas unifamiliares de lujo.

La Junta, a través del arquitecto redactor del POTA, José Seguí, decidió dar mayor protección a los suelos a raíz de la operación 'Malaya', desencadenada a finales de marzo de 2006, ya que en el anterior documento del POTA, previo al presentado en mayo de 2006, era una zona no protegida en la que se daba luz verde a las 1.600 viviendas y el campo de golf.

Todo ello a raíz de un convenio entre el Ayuntamiento de Marbella y la sociedad Aragonesas de Finanzas Jacetanas S.L. en la que figuran algunos de los testaferros de Roca que ahora se sientan en el banquillo junto a él.

El documento del POTA previo al definitivo dejaba vía libre a cualquier desarrollo urbanístico, a pesar de que el arquitecto redactor del Avance del PGOU de Marbella, Manuel González Fustegueras, no había cedido a las presiones de Roca y otorgaba la máxima protección ambiental a la parcela de La Concepción.

El criterio de Fustegueras no fue seguido por el arquitecto José Seguí, quien ya había mantenido reuniones con Roca meses antes de su detención. El urbanista sólo se decidió a otorgar mayor protección a los terrenos cuando saltó el escándalo de corrupción en el Consistorio marbellí y la empresa Aragonesas de Finanzas Jacetanas S.L. salió a relucir.

El presidente del tribunal del caso 'Malaya', José Godino, ha dado por concluido el periodo de sesiones de la vista oral hasta el próximo 5 de septiembre, una vez concluida la declaración de Roca.

Además
* Gráfico: Las claves del caso