jueves, 25 de noviembre de 2010

TRES AÑOS DE CÁRCEL PARA UN EX ALCALDE DEL PP DE BALEARES TRAS SER ANULADA LA PRIMERA SENTENCIA POR EL SUPREMO

Lluc Tomàs permitió el desvío de dinero municipal a su socio de Gobierno, el policía nacional Joaquín Rabasco

A. M. - Palma de Mallorca

La Audiencia de Palma de Mallorca ha subsanado "las graves deficiencias" observadas por el Tribunal Supremo al anular su sentencia contra Lluc Tomàs, que fue alcalde del PP en Llucmajor, Mallorca, hasta su dimisión en 2008 y ha reiterado la primera condena a tres años de cárcel por malversación de caudales públicos y ocho de inhabilitación contra el ex regidor.

Según la sentencia, Tomás desvió fondos públicos para asegurarse la fidelidad de su socio político municipal, el policía nacional Joaquín Rabasco, que fue aliado del PP con su grupo populista y bisagra, ASI. Rabasco ha sido igualmente condenado a una pena de seis años de cárcel y ocho de inhabilitación por malversación y alzamiento de bienes. La compañera de Rabasco, María del Amor Aldao, ha sido condenada a tres años de cárcel.

En la sentencia se establece probado que Tomás y Rabasco, entre 2000 y 2003, pactaron "trasvasar torticeramente fondos municipales a las arcas de ASI, para que llegasen a poder de Joaquín Rabasco, a cambio de sus votos que garantizaban una cómoda gobernabilidad municipal a Lluc Tomàs". El alcalde conocía el delito y lo consintió "aunque no se lucrara directamente con tales operaciones", dicen los magistrados. Los condenados han de retornar más de 700.000 euros a las arcas del Ayuntamiento de Llucmajor.

Tomás, imputado por esa causa, se presentó a las elecciones de 2007, apoyado por Jaume Matas, y dimitió al ser condenado en 2008. El caso está vinculado a la manipulación de las partidas y contrataciones de fiestas municipales por empresas gestionadas por Rabasco y su pareja.

El Supremo reprochó a la Audiencia su inicial "incongruente relato fáctico" y el que omitiera "toda valoración de la prueba de descargo" formulada por el entonces alcalde.

Más información:
    * Tres años de cárcel para un alcalde del PP mallorquín
    * Fotografía: El Supremo anula la condena a Lluc Tomàs

REGISTRAN EL AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE FARNALS EN BUSCA DE NUEVOS EXPEDIENTES URBANÍSTICOS

INVESTIGACIÓN | Por orden de Anticorrupción

La Policía Judicial registró el pasado miércoles el Ayuntamiento de la Pobla de Farnals en busca de nuevos expedientes, en el marco de una investigación liderada por la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos urbanísticos.

Según fuentes próximas al caso, los agentes acudieron a la sede consistorial para reclamar más documentos ante el avance de las investigaciones.

Se trata de la segunda ocasión en apenas un mes en que la policía se persona en el Ayuntamiento para recabar informes urbanísticos. En la primera, que tuvo lugar el pasado 28 de octubre, se incautaron una decena de cajas con documentos.

Contra el ex alcalde socialista Vicente Sanchis y varios miembros de su equipo se han interpuesto dos denuncias por prevaricación y malversación de fondos.

Las querellas, que fueron presentadas por el que fuera alcalde popular José Manuel Peralta y un vecino de la localidad, apuntan irregularidades en la concesión de licencias, obras y operaciones urbanísticas (entre ellas, cuatro permutas).

Los 'populares' también instaron a investigar la relación entre los 15.000 euros anuales que cobraba la edil Julia Moreno en el Ayuntamiento con los 544.784 euros en los que está tasada su vivienda.

Las presuntas irregularidades fueron destapadas tras una auditoría independiente impulsada tras la victoria del PP en los comicios municipales de 2007.

Gobierno tránsfuga 
Sin embargo, el Ayuntamiento de la Pobla de Farnals está dirigido por un gobierno tránsfuga desde diciembre de 2008, cuando así fue declarado por la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo.

La ex popular Natividad García fue nombrada alcaldesa en octubre de 2008 tras la votación de una moción de censura contra el anterior alcalde, José Manuel Peralta (PP), gracias al apoyo del grupo socialista y el concejal popular Ignacio José Lluch, ahora primer teniente de alcalde.

Posteriormente, la Comisión del Pacto Antitransfuguismo condenaría "tránsfugas" a los dos concejales del PP y a los seis ediles del PSPV-PSOE, que fueron expulsados del partido.

elmundo.es

martes, 23 de noviembre de 2010

FABRA PIDE TIEMPO PARA JUSTIFICAR SUS INGRESOS

El juez da cinco días para entregar la nueva documentación del 'caso Fabra'

MARÍA FABRA - Castellón

Después de siete años de instrucción, cinco desde que se aprobara la investigación de su patrimonio y sus cuentas y seis meses desde que los peritos judiciales presentaron el informe en el que destaparon unas ganancias patrimoniales no justificadas de 3,6 millones de euros, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, necesita más tiempo para justificar el origen de este dinero cuya procedencia, según los peritos, "no consta".

Al menos así lo mantiene Juan Alberto Marco, el auditor de las cuentas de Fabra que realizó y ha presentado dos informes para tratar de rebatir las tesis de los peritos, que son inspectores de Hacienda. En uno de ellos, señala que existen "líneas de investigación abiertas para acreditar" la provisión de fondos en las cuentas del presidente de la Diputación. Y alega que estas nuevas líneas aún no se han cerrado por la "disposición limitada de tiempo".

"Esto es el cuento de nunca acabar", apeló el fiscal anticorrupción, Luis Pastor, a la salida del juzgado de Nules, adonde ayer acudieron a declarar tanto el auditor de Fabra como los peritos fiscales que realizaron el informe encargado por el juez, en el que concluyeron la comisión de cinco fraudes fiscales cometidos por Carlos Fabra y otros cuatro por su entonces su esposa, María Amparo Fernández.

"No me quita el sueño", afirmó el propio Fabra al ser preguntado por los interrogatorios solicitados por él mismo ya aceptados pese a que el juez entendía que era un trámite que debía resolverse durante el juicio, aunque aún no se ha determinado si se celebrará. "Imagínese lo que me preocupa el tema", insistió Fabra, quien dijo que creía que las declaraciones tenían que producirse hoy.El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, quiere aportar más documentación al juzgado de Nules, que le investiga desde hace casi siete años por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Considera que esta información podría variar las conclusiones de los peritos judiciales, que detectaron, entre 1999 y 2004 en las cuentas de Fabra y su entonces esposa, María Amparo Fernández, unas ganancias patrimoniales no justificadas de 3,6 millones de euros por las que dejaron de ingresar a Hacienda 1,7 millones de euros. El juez le ha dado cinco días.

Fabra acudió el pasado 23 de septiembre al juzgado de Nules después de que el juez, Jacobo Pin, atendiera su solicitud de ser interrogado, pese a que este es un trámite que el dirigente del PP podía haber reclamado en cualquier momento, dada su condición de imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y cinco fraudes fiscales. Lo solicitó cuando el juez ya había decidido acabar con las diligencias previas y dar un paso adelante en el procedimiento iniciado hace seis años y 11 meses. Aquel día, Fabra no aportó ningún documento a la causa. Solo con palabras, sostuvo que todos sus ingresos entre 1999 y 2004, más de ocho millones de euros, proceden de su actividad política, de sus negocios y de la gestión de su patrimonio y que los 3,6 millones cuyo origen no se ha justificado, según los peritos, son, únicamente, movimientos entre cuentas.

Ayer, tanto Juan Alberto Marco, un auditor de cuentas contratado por Fabra para rebatir el informe pericial que le acusa de los delitos fiscales, como Javier Boix, el letrado del presidente de la Diputación, alegaron tener constancia de la existencia de documentación que no ha sido tenida en cuenta por los peritos, pese a que estos tardaron cinco años en elaborar el informe y revisaron 17.000 operaciones. La ingente documentación solicitada a los bancos y las trabas de las propias oficinas bancarias (que no recibieron advertencia alguna) para aportar los documentos hicieron que las conclusiones se demoraron hasta el pasado mes de mayo, momento en el que el juzgado recibió el informe que sostiene que el matrimonio Fabra dejó de ingresar a Hacienda 1,7 millones de euros.

Sin embargo, según se planteó ayer en el juzgado, donde fueron interrogados tanto el auditor de Fabra como los peritos judiciales, Fabra cuenta ahora con documentos que no se encuentran en las decenas de miles de folios que ocupa la instrucción y que podrían hacer variar las conclusiones de los peritos.


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elpaís.com

"CASO PALAU"; ENRECH ACUSA A CARULLA DE CAMBIAR LOS ESTATUTOS DEL ORFEÓ PARA "FAVORECERLA"

Las empresas tienen una influencia 'desmesurada'

Europa Press | Barcelona

El candidato a la presidencia del Orfeó Català-Palau de la Música Catalana ha acusado a la anterior presidenta y también candidata, Mariona Carulla, de haber aprobado los nuevos estatutos para "favorecer" su reelección y de haber dado un influencia "desmesurada" a las empresas y entidades mecenas.

En un comunicado, Enrech ha apuntado que Carulla y su equipo de gobierno influyeron en una enmienda al artículo 17 de los anteriores estatutos para dar más poder a los mecenas del Patronato de la Fundació Orfeó Català.

Según Enrech, con los nuevos estatutos aprobados en julio las empresas pueden ejercer un derecho a voto que antes no tenían.

"Por si eso fuera poco", ha señalado, "este derecho a voto se hace extensivo a unos directivos que por su cargo tienen la condición de socio, muchas veces sin saberlo", ha criticado.

El candidato opositor ha lamentado que los directivos de las empresas podrán votar "incluso tres veces" sin haber abonado ninguna cuota como socios del Orfeó, y ha responsabilizado de ello a Carulla, a la que acusa de haber querido mantener el "modelo de privilegio" para los directivos de las empresas instaurado por Fèlix Millet.

Además
    * El juez cita a declarar de nuevo a Millet y Montull

elmundo.es

"CASO MAQUILLAJE"; "CRISTINA CERDÓ MEDIÓ EN MI CONTRATACIÓN EN DOS EMPRESAS EN LAS QUE NO TRABAJÉ"

CASO MAQUILLAJE | Declaraciones de los 'empleados fantasma' ante el juez

    * 'No realicé ningún trabajo para Ambbit ni Vídeo U, y de hecho no las conocía' pese a cobrar 600 euros mensuales de estas empresas

Europa Press | Palma

Una ex colaboradora de UM y ex empleada de las empresas Ambbit Digital -vinculada a la formación nacionalista- así como de diversos organismos públicos, Petra Verdú, ha apuntado a la ex presidenta de Emaya y ex regidora de Medio Ambiente, Cristina Cerdó, como la persona que medió para su contratación en varias de estas empresas, pese a que en realidad no realizó trabajo alguno en ellas sino que únicamente trabajaba para el partido.

Así de contundente se ha mostrado en su declaración como imputada ante el juez instructor del caso Maquillaje, Juan Ignacio Lope Sola, en la que ha recordado que Cerdó la llamó para que fuera al Consell, ya que desde UM iban a hacer campaña para las elecciones de 2007 y la iban a contratar. Sin embargo, cuando firmó el contrato, constató que no ponía UM sino el nombre de una empresa, a lo que Eugenia Cañellas, secretaria del entonces vicepresidente insular Miquel Nadal, le dijo que "eso no importaba, que estaría contratada ahí pero que trabajaría para el partido".

'Mi trabajo consistía en hacer biblias'
"Mi trabajo consistía en hacer biblias por la calle", ha explicado la encausada, defendida por el abogado Juan Martorell, puntualizando que iba por las calles puerta por puerta "haciendo encuestas sobre lo que opinaba la gente de UM". "Pero no realicé ningún trabajo para Ambbit ni Vídeo U, y de hecho no las conocía", pese a cobrar 600 euros mensuales, ha reconocido en relación a esta presunta trama por la que personas que trabajaban en favor del partido eran remuneradas con los fondos de empresas contratistas del Consell.

Fue en 2010 cuando, según ha explicado, acudió a la sede de estas empresas para firmar unas nóminas y una vez allí le enseñaron las instalaciones, bajo la advertencia de que si la llamaban "tenía que decir que mi mesa era aquélla y que cumplía un horario, e incluso me hicieron cambiar de boli para firmar las nóminas". Al respecto, ha señalado que fue uno de los cargos de UM, Antoni Baró, quien le llamó para decirle que "tenía que mentir".

Es más, al ser inquirida sobre este encuentro, la encausada ha señalado que Baró le dijo que tenía que firmar un papel "para ayudar a Miquel Nadal", entonces candidato de UM a la alcaldía de Palma, pero únicamente se limitó a firmar las nóminas. "No hubiera firmado otro papel, y si hubiera entendido que la firma de las nóminas era para ayudar a Nadal, no las hubiera firmado", ha recalcado.

Sin embargo, pasadas las elecciones y una vez finalizado el contrato con estas empresas, se puso en contacto con Cerdó para decirle que se merecía un trabajo y ésta le dijo que le llamarían, "que no me preocupara". Así fue como la colocaron en Agenda Local 21, de Medio Ambiente, donde cobrara "unos mil y pico euros" para posteriormente firmar un contrato con la empresa municipal Imfof para "ir por las casas a hablar de reciclaje". No obstante, ha aseverado que "al principio fue así pero luego me di cuenta de que lo que estaban haciendo era campaña".

"Ya iban a la gente que tenían captada de UM, iban con listas de gente afín al partido, a la que se le ofrecían papeleras y botellas de reciclaje y excursiones a Cabrera", ha asegurado. Tras estar en el Imfof menos de un año, fue contratada en ACTUA, donde "sí hice el trabajo que tenía contratado", para finalmente trabajar en la recepción del velódromo Palma Arena. Imprimir

EL FISCAL PIDE 16 AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EL EX ALCALDE DE ATARFE POR PREVARICACIÓN

TRIBUNALES | Por cambiar la edificabilidad de unos terrenos

Europa Press | Granada

El ex alcalde de Atarfe (Granada), el socialista Víctor Sánchez, se enfrenta a un nuevo juicio por la posible comisión de un delito continuado de prevaricación ordinaria y de otro de prevaricación urbanística por el supuesto cambio irregular de la edificabilidad de unos terrenos del residencial Balcón de Cubillas, cercano al campo de golf.

La Fiscalía solicita para él y para el arquitecto municipal, también imputado, un total de 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público y un año de prisión.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press, ambos acusados "omitieron de forma absoluta todos los trámites esenciales y garantías de control de legalidad previstas", y emplearon para ese cambio de edificabilidad la figura del Estudio de Detalle, excluyendo así el control de la Junta de Andalucía, y prescindiendo además del dictamen preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía.


elmundo.es

LUNA AFIRMA ANTE EL JUEZ QUE SU MUJER PAGÓ LA REFORMA DE SU CASA A ENRIQUE ORTIZ

TRIBUNALES  | Según el abogado de la acusación, hay contradicciones

    * Ángel Luna declara en el TSJ como imputado por un presunto delito de cohecho
    * El empresario Enrique Ortiz pagó supuestamente parte de la reforma de su casa
    * Luna ha llegado diez minutos antes junto a su abogado al Palacio de Justicia
    * Al parecer, Luna ha presentado la factura de un coche, pero no de las obras
    * El letrado del PP ha solicitado la comparecencia del empresario Enrique Ortiz

Mariano Gasparet | Efe | Valencia

El síndico socialista en las Cortes, Ángel Luna, ha asegurado ante el juez que fue su esposa quien pagó al empresario alicantino Enrique Ortiz la reforma de su vivienda, según ha precisado a la salida del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana TSJCV), donde ha prestado declaración como acusado por un supuesto delito de cohecho.

Luna, citado a las 16.30 horas, ha llegado diez minutos antes junto a su abogado al Palacio de Justicia de Valencia -sede del TSJCV-, en cuya puerta aguardaban numerosos medios de comunicación y un reducido grupo de personas que le han increpado.

Poco después de las 18.00 horas, el portavoz del PSPV en la Cámara Valenciana ha abandonado la sede judicial, y ha atendido a las preguntas de los periodistas.

Según el propio Luna, ha defendido ante el juez que fue su mujer quien pagó al empresario Enrique Ortiz las obras de mejora de una vivienda, que por otra parte, había recibido en herencia cuando aún no había contraído matrimonio con el ex alcalde de Alicante.

"La reforma fue sufragada por su propietaria, mi actual mujer, con independencia de quien entregara el dinero físicamente", ha explicado. Luna, que ha declarado durante una hora, ha contestado a las preguntas del magistrado instructor y del Ministerio Fiscal, pero no a las del abogado del PP, ya que entiende que este partido "no busca la verdad material", sino "manipular unos hechos" y "neutralizar a una persona que resulta incómoda dentro y fuera de las Cortes".

Asimismo, Luna también ha asegurado haber demostrado al juez Juan Climent el pago de un vehículo de alta gama, un Audi A6, que en la querella interpuesta por el PP se atribuía a una presunta dádiva de Ortiz.

Para el dirigente socialista, resulta indicativo que el magistrado desestimara el delito de prevaricación en su auto de admisión a trámite..

Minutos antes de las 18.00 horas, el abogado de la acusación, Jorge Carbó ha desvelado que Luna ha presentado la factura de un coche, así como su vida laboral, aunque "no ha aportado ninguna documentación" sobre la reforma de su vivienda.

Según Carbó, ha incurrido en algunas "contradicciones" durante su comparecencia, por lo que ha solicitado, entre otras diligencias, la declaración del empresario Enrique Ortiz.

Blasco se querelló contra Luna después de saberse que el empresario Enrique Ortiz, vinculado a los casos 'Gürtel' y 'Brugal', pagó supuestamente parte de una reforma de su casa en 1998.

Luna, en su condición de aforado, ha prestado declaración ante el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal Juan Climent, que instruye las diligencias derivadas de la querella.

El Tribunal Superior de Justicia valenciano se declaró competente para asumir esta querella, incoó las diligencias previas pertinentes y, posteriormente, citó al portavoz socialista a declarar en calidad de imputado.

Además
    * Alarte: 'Luna ha ido a declarar como un hombre honrado'
    * El PP reclama 'explicaciones' al portavoz socialista

elmundo.es

"CASO PALAU"; EL JUEZ CITA A DECLARAR DE NUEVO A MILLET Y MONTULL POR EL SAQUEO DEL PALAU DE LA MÚSICA

El próximo 14 de diciembre

    * Para interrogarles sobre nuevos aspectos como los presuntos pagos a CDC
    * El juez accede a las peticiones de la Fiscalía y las acusaciones particulares

Efe | Barcelona

El juez que investiga el saqueo del Palau de la Música ha citado a declarar de nuevo el próximo 14 de diciembre a los ex responsables de la entidad, Fèlix Millet, Jordi Montull y Gemma Montull, para interrogarles sobre las revelaciones conocidas en el último año, como los presuntos pagos a CDC.

Según han informado fuentes judiciales, el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Juli Solaz, ha accedido así a las peticiones de la Fiscalía y las acusaciones particulares, que le pidieron que citara de nuevo a los principales imputados por el desfalco.

Millet, su mano derecha Jordi Montull y la hija de ésta Gemma Montull, deberán responder sobre las informaciones que se han conocido sobre el saqueo del Palau de la Música desde su única declaración ante el juez, hace ya un año.

Entre otras cuestiones, los imputados serán interrogados acerca de los indicios señalados por el informe de la Agencia Tributaria de que los ex responsables del Palau y CDC se repartieron comisiones del 4% de la constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obras públicas en los gobiernos de Jordi Pujol.

Además, se les preguntará acerca de otros supuestos pagos a CDC en forma de servicios prestados por empresas que facturaron al Palau de la Música por trabajos inexistentes y sobre las donaciones de 630.000 euros que Millet hizo a la Fundació Trias Fargas, próxima a la formación nacionalista, a través de siete convenios de colaboración.

La Fiscalía pretende también que en su comparecencia ante el juez se impute a los ex responsables del Palau los nuevos hechos conocidos en este año, ya que cuando declararon en octubre de 2009 el juez circunscribió su interrogatorio a su carta de confesión entregada al juzgado, en la que Millet y Montull dijeron haber desviado 3,3 millones frente a los 35 que estiman las auditorías.

La nueva declaración de Millet y Montull había sido solicitada tanto por la Fiscalía como por las dos acusaciones particulares que representan al Consorcio del Palau de la Música y a la Fundación Palau de la Música-Orfeó Català.

Pese a esa coincidencia, el consenso que hasta ahora imperaba en las dos instituciones que gobernaban el Palau se fracturó la pasada semana después de que la Fundació se desmarcara de la Fiscalía y del Consorcio y evitara pedir una investigación separada sobre el presunto pago de comisiones a CDC.

Tanto la Fiscalía como el Consorcio piden, en relación al presunto pago de comisiones a CDC, que el juez cite a declarar como imputado al tesorero de la formación nacionalista Daniel Osàcar.


elmundo.es

lunes, 22 de noviembre de 2010

"CASO MAQUILLAJE"; MANDADO RATIFICA QUE COBRÓ DINERO PÚBLICO CON UNA FACTURA DE LLITERES

Corrupción

Esteban Urreiztieta | Palma

Jorge Joaquín Mandado, responsable de la Casa Argentina de Baleares, ha ratificado hoy ante el juez que instruye el llamado Caso Maquillaje, Juan Ignacio Lope Sola, que cobró dinero público de forma fraudulenta gracias a una factura falsa que le emitió Josep Lliteres, ex conseller insular de Relaciones Institucionales de Unió Mallorquina.

Según declaraciones de Mandado, el pago de dicho dinero era por captar votos argentinos para UM.

Junto a Mandado han declarado dos imputados más, que también han admitido que cobraron de empresas vinculadas a UM como recompensa por los trabajos y favores electorales que efectuaron para el partido nacionalista en los comicios de 2007, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Así lo han reconocido tanto Mandado como la ex empleada del gabinete de comunicación del Consell de Mallorca, Débora Lorente, y uno de los miembros de la lista de UM-Palma Manuel Norte, quienes han comparecido durante toda la mañana ante el titular del juzgado de instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola.

Mientras tanto, un cuarto encausado, Pablo Cañellas, ha declarado que le ofrecieron trabajo en una de estas empresas pero ha explicado que al sufrir un accidente de tráfico no pudo iniciar labor alguna.

En el caso de Norte, ha manifestado que recibió órdenes de organización de campaña por parte del ex conseller de Deportes, Mateu Cañellas (UM), mientras que ha señalado al ex conseller insular de Hacienda, Miquel Àngel Flaquer, como la persona con la que contactó para asegurarle un puesto de trabajo en una de estas sociedades, pese a que no llegó a desarrollar en ellas ningún tipo de función.

El juez ha citado, además de hoy, durante los días 23, 24 y 29 de este mes a 15 personas que fueron contratadas por la productora vinculada a Unió Mallorquina Vídeo U, pero que, según sospecha la Fiscalía, realmente trabajaban para el partido nacionalista.

Estos 15 imputados deberán responder a preguntas del juez y de la Fiscalía relacionadas con la contratación supuestamente irregular de empleados por parte de Vídeo U, han informado fuentes jurídicas.

El día 30 está citada una décimo sexta persona, el ex conseller insular de Relaciones Institucionales de UM Josep Lliteres, supuestamente relacionado con esta red de contratación irregular a beneficio del partido.

La Fiscalía sospecha que la productora contratante, Vídeo U, fue adquirida en un 50% por la ex presidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, Maria Antónia Munar, y el ex vicepresidente del Consell Miquel Nadal -ambos de UM-, mediante testaferros.

Cuando Munar y Nadal presidían el Consell la legislatura pasada, Vídeo U recibió subvenciones y contratos millonarios de la institución insular, entre ellos la puesta en marcha de la Televisió de Mallorca.

Mañana martes están citadas cuatro personas más, el miércoles otras cuatro y el lunes 29 tres más.

El juez Lope Sola también ha citado el día 30 al ex conseller insular de Relaciones Institucionales de UM Josep Lliteres, supuestamente vinculado con esta red de contratados de UM que al parecer trabajó para el partido en la campaña electoral de 2007.

Lliteres, ex director general de Calidad Ambiental y Litoral del Govern balear en el presente mandato, es actualmente miembro del Consejo Nacional de UM.

El imputado perteneció al Comité Ejecutivo del partido durante la anterior legislatura, cuando ostentaba el cargo de conseller insular bajo la presidencia de Maria Antònia Munar, y también ha sido director insular de Cultura.

El ex conseller insular tendrá que dar cuenta al juez de estos contratos de Vídeo U y también de unas presuntas gratificaciones con el objetivo de captar votos para su partido.

El 'caso Maquillaje' investiga el supuesto desvío de fondos públicos del Consell de Mallorca a miembros de UM y la presunta financiación ilegal del partido durante la pasada legislatura, todo ello mediante la concesión de subvenciones a productoras audiovisuales afines a la formación política.

elmundo.es

jueves, 18 de noviembre de 2010

LA FISCALÍA DENUNCIA AL ALCALDE DE LORIGUILLA POR ADJUDICAR OBRAS A SUS EMPRESAS

TRIBUNALES  | Se le acusa de un delito contra la Administración Pública

    * Expone que podría haber favorecido a empresas en las que está vinculado
    * En las Mesas de Contratación no participaron concejales de la oposición

Europa Press | Valencia

La sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Valencia ha presentado una denuncia contra el alcalde de Loriguilla (Valencia), José Javier Cervera (PP), por considerar que adjudicó diferentes obras del Ayuntamiento a algunas de sus empresas, con lo que podría haber incurrido en un delito contra la administración pública, tipificado en los artículos 439, 441 y 442 del Código Penal.

En la denuncia remitida al juzgado de Instrucción número 6 de Llíria (Valencia) el fiscal expone que podría haber existido un trato de favor a empresas en las que el primer edil tenía participación -en su titularidad y en su gestión y dirección- en la adjudicación de obra pública, según consta en el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, Cervera tenía participación a partir del año 2003 en un conjunto de empresas formado por las Compañías Vialcer S.L; Rocersa S.L; Javevat S.L; Actividades de Ingeniería y Construcción Fervialia S.L; y Grupo Empresarial Fervialia S.L. En ellas también aparecen otros administradores que son parientes del denunciado, en concreto, dos hermanas.

Respecto a la Compañía Fervialia Actividades de Ingeniería y Construcción S.L, figura que ha intervenido desde 2005 en 10 licitaciones de obras promovidas por el Ayuntamiento de Loriguilla. Estas adjudicaciones han tenido lugar, según consta en la denuncia del fiscal, a través de Mesas de Contratación en las que no han participado los concejales de la oposición al partido mayoritario en el Ayuntamiento.

Así, el fiscal estima que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la Administración pública al haber habido un presunto trato de favor y, además, matiza que el alcalde ha intervenido en actividades económicas que eran incompatibles con las de su cargo de primer edil y/o ha intervenido en negociaciones prohibidas a funcionarios públicos o autoridades.

Junto a la denuncia presentada, el fiscal incorpora varios documentos como el esquema de la estructura de los órganos, funciones y servicios del Ayuntamiento; la certificación del secretario del Ayuntamiento sobre las adjudicaciones a las que se refieren los hechos; y certificaciones del Registro Mercantil sobre Actividades de Ingeniería y Construcción Fervialia S.L.

La denuncia llegó la pasada semana al juzgado de Llíria, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que han explicado que por el momento el juez la está estudiando y no ha adoptado ninguna decisión en relación con el escrito.

elmundo.es

CONDENAN AL EX ALCALDE DE ENCINAREJO POR UN DELITO DE PREVARICACIÓN URBANÍSTICA

CÓRDOBA  | Ocho años de inhabilitación y multa de 2.800 euros

T. Caravaca | Córdoba

El ex alcalde de la entidad local autónoma de Encinarejo -dependiente del Ayuntamiento de Córdoba-, Miguel Martínez Murez (PA) ha sido condenado a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa económica de poco más de 2.800 euros por un delito de prevaricación urbanística.

El titular de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba entiende como probados que éste expidió la licencia de primera ocupación de 34 viviendas construidas por la empresa Ramar sin existir un informe previo escrito técnico o jurídico al considerar Martínez Murez suficiente el certificado de fin de obra expedido por el arquitecto competente. En concreto, el ex alcalde dictó una resolución de Alcaldía el 28 de maro de 2003 prescindiendo de dicho informe, que es preceptivo, según marca la Ley de Ordenación Urbanśitica de Andalucía (LOUA).

El juez entiende que dicha licencia “no podía ser expedida” y su otorgamiento ha infringido la normativa urbanística. Además, el fallo judicial recuerda que la concesión de la licenica de ocupación requiere la acreditación o cumplimentación del requisito, entre otros, de terminación y recepción provisional de las obras de urbanización que se hubiese acometido simultáneamente con la edificación, y durante la vista oral se reconoció que dicha recepción provesional no se había producido.

El juez considera que el acusado conocía que no podía expedir dicha licencia, extremo que se evidencia por el hecho de que dicho documento se otorgó el mismo día de la solicitud. Lo cual, recoge la sentencia, es “insólito incluso para un Ayuntamiento pequeño”, poniendo así de manifiesto “la intención del acusado de conceder la licencia en todo caso y con independencia de si se ajustaba o no a la legalidad urbanística”.
 
El técnico municipal lo niega todo
Asismimo, el juez considera que Marínez Murez “falta a la verdad” cuando manifiesta que encargó verbalmente al técnico municipal del Consisotorio la realización de una visita a las obras puesto que este extremo fue “contundentemente negado” por éste, quien a su vez, en la vista oral, dejó claro que en ningún momento otorgó “informe favorable” para otorgar la licencia puesto que ésta no se ajustaba al planeamiento urbaniístico.

Por tanto, el juez considera probado que Joaquín López, técnico municipal, ni emitió informe alguno al no haberle sido solicitado por el acusado ni podía emitir informe favorable”. Concluye el juez diciendo que el ex alcalde de Encinarejo concedió la licencia de primera ocupación pese a “conocer que la misma no podía expedirse por no permitirlo el ordenamiento jurídico, por lo que su conducta incurre en el delito de prevaricación urbanística del que está acusado”.

Por otro lado, el juez absuelve a Martínez Murez del delito de falsedad, que también se le imputaba porque éste hizo constar en la licencia, “sin que fuese cierto”, que se había realizado la pertinente visita a la edificación por el técnico municipal competente. “Tal hecho no considera la Sala que sea constitutivo del delito imputado”.

elmundo.es

miércoles, 17 de noviembre de 2010

LUNA DECLARARÁ COMO IMPUTADO EL PRÓXIMO LUNES

La denuncia del portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, le acusa de delito de cohecho por unas obras en su domicilio en 1998

LYDIA GARRIDO - Valencia

El portavoz del Grupo socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, tendrá que presentarse a declarar como imputado el próximo lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en las diligencias previas abiertas por un supuesto delito de cohecho tras la querella interpuesta por el portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco.

El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal que instruye las diligencias previas abiertas por el supuesto delito atribuido Luna, ha acordado citarle a declarar el día 22 de noviembre, a las 10.30, según un comunicado del TSJ. El instructor ha hecho saber al querellado que, para preservar su derecho de defensa, declarará en calidad de imputado, por lo que debe acudir asistido de letrado.

Blasco se querelló contra Luna después de saberse que el empresario Enrique Ortiz, vinculado a los casos Gürtel y Brugal, pagó en 1998, supuestamente, una reforma en su casa, en una época en la que trabajaba para el actual presidente del Hércules.

"CASO PALMA ARENA"; EL JUEZ CASTRO INTERROGA COMO IMPUTADO AL DIRECTOR DE NIMBUS, MIQUEL ROMERO

Este miércoles

Europa Press | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, interrogará este miércoles, a partir de las 9.30 horas, al director de la agencia de comunicación Nimbus, Miquel Romero, en calidad de imputado dentro de tres piezas separadas del caso Palma Arena (la 2, la 20 y la 23). En concreto, esta empresa se encuentra bajo la lupa judicial dentro de este procedimiento ya que, de acuerdo a las pesquisas, habría servido de intermediaria para financiar de forma irregular al PP.

Romero, asistido por el letrado Antoni Coll, está citado a declarar en la pieza 2, que investiga la contratación supuestamente amañada a través de Nimbus del periodista Antonio Alemany, quien a su vez fuera asesor externo del ex presidente del Govern Jaume Matas. Asimismo, será inquirido, dentro de la pieza 20, sobre las facturas emitidas por su agencia en relación a los hermanos y arquitectos Luis y Jaime García Ruíz, contratados de forma presuntamente ilícita durante la construcción del velódromo y quienes percibieron unos 8,5 millones de euros en concepto de honorarios.

Finalmente, Castro le interrogará en el marco de la pieza 23, también relacionada con facturas emitidas por Nimbus en este caso a la Fundació Illesport, el Govern y el consorcio para la construcción del Palma Arena, según han informado fuentes jurídicas.

Las declaraciones dentro de este caso, que investiga un presunto desvío de más de cincuenta millones de euros a través de la ejecución del velódromo, su posible relación con el enriquecimiento de Matas y la supuesta financiación ilegal del PP, proseguirán el viernes con la comparecencia del ex conseller de Turismo y diputado del PP, Joan Flaquer, también como encausado y en su caso dentro de la pieza 14, relacionada con las irregularidades que se habrían cometido en relación a un convenio suscrito por el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) para patrocinar el Mundial de Ciclismo que se celebró en el velódromo palmesano.

Ese mismo día también está prevista la comparecencia del que fuera secretario y asesor jurídico del Ibatur, Miquel Àngel Bonet, defendido por Gaspar Oliver. Flaquer, asistido por Miquel Florit, ya compareció ante el juez el pasado 18 de febrero como testigo, y en su declaración reconoció que no realizó un "detenido examen" del convenio de patrocinio que firmó en 2007 por valor de 350.000 euros a favor de Nimbus, "convencido de estar suscribiendo un patrocinio como tantos otros".

El parlamentario aseveró, sin embargo, que en el momento de autorizar este pago "era consciente de que asumía toda la responsabilidad" sobre este patrocinio, dirigido a publicitar el Mundial de Ciclismo en Pista celebrado en el velódromo palmesano del 29 de marzo al 1 de abril del 2007, una vez finalizada su construcción.

Flaquer fue inquirido en varias ocasiones acerca de la celeridad con la fue aprobado el gasto -cuatro días con un fin de semana en medio-, y en este sentido recalcó que "es usual en estos casos que al inicio del expediente le precedan unas conversaciones", en esta ocasión entre el ex gerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Raimundo Alabern, y el director de Nimbus, "en las que se perfilen las condiciones y cuantía del patrocinio". A su entender, éstas pudieron culminar diciendo Alabern a Romero que presentase su solicitud.


elmundo.es

martes, 16 de noviembre de 2010

IMPUTAN AL "AZOTE" DE CAMPS POR RECIBIR FAVORES DE UN CONSTRUCTOR

MIKEL PONCE Luna tira una piedra desde la tribuna de las Cortes valencianas
Luna trabajó como abogado para el promotor al que adjudicó 7,2 millones en contratos durante su etapa como alcalde

M. A. RUIZ COLL / I. R. T. / M. C. S. / VALENCIA

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha imputado al portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, como presunto autor de un delito de cohecho tipificado en el artículo 425 del Código Penal. La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV instruye esta causa a raíz de una querella interpuesta por el grupo parlamentario del PP contra Ángel Luna, al que acusa de haber recibido favores del constructor Enrique Ortiz, uno de los principales imputados en el «caso Brugal» sobre presuntas irregularidades en las contratas de basuras de varios ayuntamientos alicantinos.

El instructor de la causa abierta contra él, Juan Climent —nombrado en su día por la Cámara autonómica a propuesta del PSOE— firmó el pasado 11 de noviembre la providencia por la que ordena trasladar la querella a Luna como «persona imputada» y le comunica el derecho que le asiste de «designar procurador y letrado para ejercitar su defensa en esta sede». Luna fue alcalde de Alicante entre 1991 y 1995. Durante ese tiempo, el Ayuntamiento adjudicó a las empresas de Enrique Ortiz 72 contratos de obras por importantes que suman 7,2 millones de euros (más de 1.200 millones de las antiguas pesetas).

Tras perder las elecciones, el hoy diputado autonómico realizó obras en su casa, presupuestadas en más de 4.200 euros, que según sostienen los populares en su querella fueron abonadas por Ortiz.

La primera piedra
Posteriormente, en 1998, Ángel Luna pasó a trabajar para el constructor como asesor jurídico, una labor que desempeñó durante cinco años. Concluido este periodo, el político socialista continuó utilizando el vehículo de la empresa, un Audi A 6 TDI, que hoy está a nombre de su hijo.

En su querella, el grupo popular en las Cortes Valencianas sostiene que Ángel Luna aceptó el pago de las obras de su casa, el vehículo y el contrato de asesor jurídico como contrapartida por los contratos multimillonarios que, durante su etapa como alcalde, había adjudicado a las empresas de Ortiz. «Ángel Luna no puede seguir huyendo, debe responder a los múltiples interrogantes que planean sobre este caso desde hace tiempo», declaró ayer el portavoz del PP en la Cámara autonómica, Rafael Blasco, quien dijo esperar «que se muestre más respeto con la Justicia que con el Parlamento en el que trabaja».

Luna protagonizó un polémico episodio el pasado mes de octubre en las Cortes Valencianas al lanzar una piedra desde la tribuna, para demostrar que está «libre de pecado» en las acusaciones que el Partido Popular sostiene contra él.

Los populares ya han solicitado al instructor que practique once diligencias para esclarecer los hechos. Entre ellas, que tome declaración al constructor Enrique Ortiz para aclarar si pagó las obras en casa del diputado socialista y para preguntarle qué retribuciones recibió éste durante cinco años como empleado suyo. Asimismo, el PP ha pedido al juez que determine quién pagó anualmente el impuesto de circulación y la póliza de seguro obligatorio —y las multas de tráfico, si las hubiera— del vehículo que hoy está a nombre del hijo del portavoz socialista.

Revelación de secretos
Esta es la segunda causa de la que Ángel Luna deberá responder ante los tribunales. La misma Sala de lo Civil y Penal del TSJCV se declaró competente el pasado mes de octubre para resolver otra querella interpuesta por el PP contra Luna por un presunto delito de revelación de secretos.
 
Los hechos se remontan al pasado 24 de marzo, cuando durante una sesión parlamentaria el portavoz del PSPV-PSOE esgrimió desde la tribuna un informe del «caso Gürtel» que en ese momento se encontraba bajo secreto de sumario. El informe, remitido al juez Pedreira por la Brigada de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Policía, analizaba los contratos suscritos por la Radio Televisión Valenciana con las empresas de «Gürtel» con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006. La Sala de lo Civil y Penal intenta determinar cómo llegó a manos del portavoz socialista antes de que Pedreira levantara el secreto de sumario.


abc.es

lunes, 15 de noviembre de 2010

EL TSJ IMPUTARÁ A LUNA POR LA QUERELLA DEL PP POR LA REFORMA DE SU CASA

El magistrado trasladará la denuncia al portavoz socialista en las Cortes Valencianas

LYDIA GARRIDO

El magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) Juan Climent dará traslado al portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, del contenido de la querella interpuesta por el PP contra él por un presunto delito de cohecho al considerar que había ofrecido trato de favor al constructor Enrique Ortiz a cambio de que este se hiciera cargo de una reforma en su casa.

Asimismo, le informará de la incoación de diligencias previas. Según confirman fuentes del TSJ, el juez ha dictado una providencia en la que se ordena que se ponga en conocimiento de la "persona imputada", en referencia a Luna, la incoación de diligencias y que se le dé traslado de la copia de la querella. Sobre el uso del término "persona imputada", explican que el portavoz socialista no está imputado judicialmente, pero sí por parte de los querellantes, quienes le atribuyen un delito de cohecho y de prevaricación. Las mismas fuentes han aclarado que Luna pasaría a adquirir la condición de imputado en el caso en que fuera llamado a declarar, situación que aún no se ha producido pero que le será comunicada en breve.

De hecho, en la providencia enviada de momento al PP, el juez le recuerda a Luna su derecho a designar un procurador y letrado para ejercitar la representación legal y defensa en esta sede "si las actuaciones llegan a un estado en el que fuera necesario". En el mismo texto, el juez ordena que se notifique esta resolución a las partes y al ministerio fiscal con la advertencia de que contra la misma se puede interponer un recurso de reforma en el plazo de tres días "sin necesidad de consignación de depósito".

La Sala del TSJ valenciano abrió diligencias contra Luna por un presunto delito de cohecho tras denunciar el PP que éste podría haber aceptado que empresas del promotor Enrique Ortiz, implicado en los casos Gürtel y Brugal, se hiciera cargo de una reforma en su casa en 1997, cuando estaba apartado de la política. Ortiz habría adelantado el pago de una obra por valor de 4.000 euros. El PP conecta el supuesto favor con la etapa anterior de Luna como alcalde de Alicante.

Los socialistas valencianos consideran la denuncia contra su portavoz en las Cortes un intento de acallar sus denuncias contra las tramas de corrupción que afectan al PP. Luna tiene pendiente también que el juez instructor Juan Montero, de la misma Sala del TSJ, se pronuncie sobre la otra denuncia del PP por un supuesto delito de revelación de secretos por haber esgrimido un informe del caso Gürtel en las Cortes que estaba bajo secreto sumarial.

domingo, 14 de noviembre de 2010

"CASO PALMA ARENA"; JOAN FLAQUER EXPLICARÁ EL VIERNES AL JUEZ EL PATROCINIO DEL MUNDIAL DE CICLISMO

Se preparó en un fin de semana

Efe | Palma

El diputado y ex conseller de Turismo Joan Flaquer (PP) tendrá que explicar el próximo viernes día 19 al juez instructor del "caso Palma Arena" de supuesta corrupción el patrocinio por parte del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) del Mundial de Ciclismo celebrado en el velódromo en la pasada legislatura.

El ex conseller ya prestó declaración ante el juez Castro el pasado mes de febrero, aunque en calidad de testigo, y fue preguntado acerca de este convenio supuestamente irregular por una cantidad de 350.000 euros.

Entonces, afirmó al juez que habría sido "imperdonable" que el Ibatur no hubiera patrocinado el Mundial de Ciclismo en el Palma Arena.

Durante el interrogatorio, se preguntó a Flaquer cómo era posible que este expediente de patrocinio se tramitara en un fin de semana (la petición se cursó un viernes y al lunes siguiente se comunicó a Nimbus que se le otorgaría), a lo que contestó que quizá hubiera un "error" en el tampón de la fecha y que ignoraba cuánto se tarda normalmente en tramitar estos expedientes.

En defensa de este convenio del Ibatur, afirmó que "el no haber patrocinado ese evento hubiera sido imperdonable para la Conselleria de Turismo" y que, cuando lo firmó, estaba "convencido" de que suscribía un patrocinio "como tantos otros", por lo que no tuvo oportunidad de examinarlo detenidamente.

Esta no es el única causa de corrupción en la que está imputado Flaquer, ya que el ex conseller también se encuentra encausado en el "caso Ibatur", en el que se investiga el supuesto desvío de fondos públicos desde este organismo público en la pasada legislatura autonómica.

El juez Castro también ha citado el día 19 al ex secretario del Instituto Balear de Turismo Miguel Ángel Bonet, en libertad bajo fianza de 250.000 euros por el "caso Ibatur".

En otra providencia, el juez Castro ha citado asimismo a declarar como imputado el miércoles 17 al dueño de la empresa de publicidad Nimbus, Miguel Romero, cuya comparecencia fue suspendida el pasado lunes debido a que las defensas pidieron más tiempo para estudiar una documentación.

Nimbus fue la empresa encargada de la campaña publicitaria del Mundial de Ciclismo y está siendo investigada en el "Palma Arena" por una supuesta financiación ilegal del PP.

"CASO ARCOS"; EL EX ALCALDE DE ALCAUCÍN USÓ A SU HIJA PARA NO APARECER EN OPERACIONES INMOBILIARIAS

Europa Press | Málaga

Los investigadores del caso 'Arcos', contra la presunta corrupción urbanística en la localidad malagueña de Alcaucín, indican en uno de los informes aportados a la causa que el ex alcalde de este municipio José Manuel Martín Alba habría utilizado supuestamente a una de sus dos hijas "para no figurar en determinadas operaciones comerciales de compra de fincas".

En uno de los atestados elaborados por la Guardia Civil, que investiga el caso, incluido en el sumario y al que tuvo acceso Europa Press, se precisa que esas operaciones tenían como único objetivo "compensar al citado -Martín Alba- o a sus hijas -ambas imputadas en la causa- por favores otorgados a empresarios con intereses urbanísticos".

En dicho informe, fechado en marzo de este año, se analizan los efectos y documentos encontrados en el domicilio de una de las hijas del ex regidor y de su marido. Tras dicho análisis y a raíz de lo investigado hasta este momento, los agentes concluyen que "difícilmente podrían hacer frente a las operaciones de compraventa descubiertas".

Los agentes señalan que en el registro se hallaron 12.650 euros que el matrimonio dijo que procedían "de los regalos de la boda de ambos", aunque se indica que, según las conversaciones telefónicas intervenidas, la imputada "tenía en su poder dinero en metálico" propiedad de su padre, por lo que no se descarta que la cantidad incautada "fuera de José Manuel Martín Alba".

Respecto al ex alcalde se precisa, tras hallarse 160.000 euros en su domicilio, que "resulta muy difícil ahorrar esas cifras", teniendo en cuenta el sueldo que percibía y "sin ninguna otra fuente de ingresos". No obstante, Martín Alba declaró ante la jueza que tenía ingresos "como alcalde, artista y como albañil", pero en ningún caso como intermediador en compraventas.

Pero, a juicio de los agentes, los ingresos "sin justificar" de Martín Alba en sus cuentas, que suman 127.950 euros, "se deben a contraprestaciones realizadas por las personas con intereses urbanísticos en Alcaucín a cambio de que el ex alcalde amparase las presuntas irregularidades cometidas por éstos". "Son numerosas las licencias concedidas por el alcalde a sabiendas de que no podían ser concedidas por no cumplir los requisitos legales", se apunta.

Urbanismo
Los investigadores concluyen que el alcalde "es perfecto conocedor de la normativa aplicable en su totalidad y que intenta mover los hilos en Diputación" a través del que fuera jefe del Servicio de Arquitectura, imputado en la causa, José Mora, o de otra persona, "para poder incluir como urbanas zonas que no lo son pero que están ocupadas por construcciones ilegales para las que él ha otorgado licencias".

Los agentes apuntan a indicios de que el entonces alcalde concedía licencias "sin ningún rigor", ya que se otorgaban en algunos casos el mismo día de la solicitud "hecho que deja claro que no se realizan ni visitas, ni informes técnicos ni jurídicos". "Es decir, se conceden a demanda, algo totalmente inconcebible en un Estado regulado como es el español", apostillan en otro informe.

Para los investigadores, se trataría de "una asociación de personas que por encima del cumplimiento de la legalidad su principal deseo es el ánimo de lucro", al tiempo que consideran, según ese atestado contenido en la causa, fechado en junio de este año, que Martín Alba era "otro de los principales actores del caos urbanístico de Alcaucín".

"Éste es un ejemplo de lo caótico que puede llegar a ser administrado un ayuntamiento y el desprecio que todos los participantes en esta trama han mostrado con los recursos existentes, sin pensar en lo que debía ser un crecimiento sostenible de la población", concluyen, a la vista de documentos del Catastro, "que dan una idea de la cantidad de construcciones fuera de ordenación".

Además
    * Intermediario en ventas sospechosas

elmundo.es

LOS POLÍTICOS COMEN DE SU MANO

REPORTAJE: CORRUPCIÓN
 
Enrique Ortiz es el gran empresario de Alicante. Monopoliza contratas y suelo. Dueño del Hércules. La Operación Brugal destapa sus favores con altos cargos y le sitúa como uno de los cabecillas de la trama. Está imputado por cohecho, tráfico de influencias y fraude

LUIS GÓMEZ
Desde hace tiempo corre por Alicante el dicho de que, sea cual sea el resultado de unas elecciones municipales, gana Ortiz. Y cuando Enrique Ortiz lo escucha, lejos de simular indignación porque una frase de ese tenor viene a corroborar que goza del favor de los políticos, emite una sonrisa de satisfacción. Como es hombre franco al expresarse, responde: "Me gusta ganar siempre". En apenas una década, se ha convertido en el principal empresario de Alicante y en uno de los más poderosos de la Comunidad Valenciana. Su mérito descansa en su capacidad para acumular suelo urbanizable y su habilidad para obtener todo tipo de concursos públicos. En Alicante ejerce casi un monopolio. Lo malo es que esta posición tiene otra lectura: ¿a cuántos políticos ha beneficiado Ortiz para que no se le niegue una contrata?

El crecimiento de sus empresas coincide con la llegada de Alperi a la alcaldía de Alicante y su aproximación a Zaplana
Según un informe de la oposición, el 75% del suelo urbanizable de la ciudad gira en torno a Ortiz y sus empresas

Es campechano. Tiene un Ferrari que apenas usa: "Como buen contratista adoro los coches"

Ortiz es incómodo para los socialistas: algunos aún tienen que dar explicaciones por haber trabajado para él

La víspera de San Fermín, Enrique Ortiz fue detenido y conducido a los juzgados de Alicante para declarar por su participación en ciertos asuntos turbios de la denominada Operación Brugal, una trama de corrupción política en la que estaban también implicados destacados dirigentes populares de la provincia de Alicante, como el presidente de la Diputación (José Joaquín Ripoll), la alcaldesa (Sonia Castedo) y el anterior alcalde (Luis Díaz Alperi), además de otros 27 cargos públicos. Se le acusaba de cohecho, fraude y tráfico de influencias dentro de una investigación que arranca en las irregularidades cometidas por una contrata de basuras en la localidad de Orihuela y que se ha extendido hasta alcanzar 14 poblaciones entre Alicante y Murcia. La fecha de la detención era especialmente incómoda para Enrique Ortiz: estaba reunido con sus amigos de la infancia para disfrutar de las fiestas de San Fermín en Pamplona como hace todos los primeros de julio desde hace 21 años. Si hay un momento particularmente especial es ese, cuando se mete en una caravana con los miembros de la peña Los Chilindrones y se desplaza a Pamplona. "Nos vamos de juerga, sin mujeres", confirma. Ese día en particular, Ortiz llevaba la cabeza casi rapada y así tuvo que presentarse ante el juez, con motivo de una promesa por el ascenso del Hércules a Primera División conseguido unas semanas atrás. Para que no hubiera duda de la omnipresencia de Ortiz en la ciudad, también es el propietario del Hércules, el principal club de fútbol de la capital.

Durante tres años, la policía había intervenido su teléfono, vigilado sus movimientos e investigado sus negocios. Y sus empresas tienen mucho que ver (casi todo) con la gestión pública. Ortiz controla un conglomerado de sociedades (alrededor de 35), cuya matriz es Grupo Cívica, denominación que adoptó en 2007 como una operación a mitad de camino entre el maquillaje y el marketing: el nombre originario de su empresa era Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, SA, pero como sus actividades se habían diversificado tanto resultaba que el apellido Ortiz estaba en todas las salsas de la ciudad y llamaba demasiado la atención. Quien había comenzado como un modesto contratista de obras y más tarde se había iniciado en la promoción inmobiliaria, como consecuencia de su habilidad para adquirir suelo urbanizable, era desde el año 2003 un empresario capaz de prestar innumerables servicios a la Administración, tanto municipal como autonómica. Más del 80% de sus ingresos netos en el año 2003 procedían de actividades en el sector privado; en 2006 ese porcentaje bajó al 25%. Desde entonces no se ofrece ese dato, pero a la vista está que sus empresas trabajan casi en exclusiva para el sector público.

Pocos servicios escapan a su control: limpieza de calles, recogida de basuras, concesión de autopistas, gestión de residencias de la tercera edad, tratamiento de residuos urbanos, explotación de aparcamientos y de estaciones de autobuses, concesión de líneas de tranvías, construcción de hospitales y de líneas de metro, incluso la gestión del cementerio. Solo en la ciudad de Alicante, Ortiz participa en contratas públicas por valor de 42,1 millones de euros, cifra que representa el 16% del presupuesto del consistorio alicantino en 2010: su actividad está en la recogida de basuras, limpieza de la ciudad, de las dependencias municipales y de los colegios, arreglo de aceras, aparcamientos y gestión del cementerio.

Todo ello sin contabilizar su presencia en los principales planes de actuación urbanística, donde también suelen aparecer las empresas de Ortiz en solitario o formando parte de UTEs (uniones temporales de empresas) con otras compañías de carácter nacional e incluso bancos. La principal actuación urbanística se concentra en Alicante en el llamado Plan Rabassa, que prevé la construcción de 13.505 viviendas en la periferia norte de la ciudad, de ellas más de 8.000 de protección oficial, y que es la mayor operación de este tipo activa en la Comunidad valenciana. Son poderosas razones para concluir que prácticamente no hay sitio en Alicante para una empresa en la que no esté Ortiz.

Puede decirse que no hay sitio, porque apenas hay suelo disponible en Alicante fuera de su alcance. Según un informe elaborado por la oposición, el 75% del suelo urbanizable de la ciudad gira en torno a Ortiz, quien también controla el 77% de las viviendas pendientes de construcción en la capital. Entre 2003 y 2008, el volumen de sus activos se ha multiplicado por cinco, hasta alcanzar los 1.035 millones de euros.

"Ha sido un empresario avispado, arriesgado. El más atrevido de los que ha tenido la provincia. Es hábil, campechano, se ha ido formando con el tiempo. Es un personaje cercano. No habíamos tenido en Alicante un empresario con influencia en Valencia", dice un ex dirigente socialista. "Los que había no salían de los límites de la ciudad. Y ha apostado por cosas que le interesan a la gente: el Hércules, por ejemplo. Su capacidad le permite cierta omnipresencia". Los competidores consultados por este periódico no emiten opiniones negativas hacia su persona, a pesar de sentirse perjudicados por su ingente actividad y su facilidad para ganar concursos y concesiones: "El culpable de lo que está pasando no es Ortiz", afirma un contratista. "Es el sistema. Somos víctimas desde el punto de vista del empresario. Yo tengo una buena relación personal con él. Debería cambiarse el sistema para que propicie que las concesiones y las contratas se hagan con más transparencia".

"Ortiz no dejaba de ser un contratista de tamaño medio hasta que en 1996 descubre el mundo del suelo gracias a la ley que impulsa Zaplana [presidente de la Generalitat valenciana] y a la figura del agente urbanizador", reconoce un político socialista que no autoriza la divulgación de su nombre. Y es que, incluso para los socialistas, la sombra de Ortiz resulta incómoda: algunos todavía tienen que dar explicaciones por haber trabajado para él. Es el caso de Blas Bernal, ex concejal socialista en Alicante, que llegó a ser director general del Hércules, o de Ángel Luna, abogado, diputado, actual portavoz socialista en el Parlamento valenciano y alcalde de Alicante entre los años 1991 y 1995: años después de perder las elecciones trabajó un tiempo como abogado para Ortiz.

Es curioso. Hay 24 políticos implicados en la Operación Brugal: 22 son del PP y 2 del PSOE, estos últimos, como algunos de sus colegas del Partido Popular, por haber pedido favores personales a Ortiz. Los del PSOE han dimitido de sus cargos. Dentro del PP no se ha producido todavía ninguna renuncia. "Es un hombre que actúa al límite. Sabe siempre darle una vuelta de tuerca a las cosas", dice un ex empleado suyo. "No tiene sentido del ridículo", añade, "y ello le permite proponer cualquier cosa, pero, como tiene un punto creativo, a veces da con la idea adecuada". De todas formas, todas las fuentes consultadas coinciden en afirmar que el crecimiento de sus empresas tiene mucha relación con la llegada a la alcaldía de Alicante del popular Luis Díaz Alperi y su aproximación a Zaplana. Desde ese momento sus empresas crecen exponencialmente, siempre relacionadas con obras públicas y contratas.

Y en ese punto es donde comienza a sospecharse que Enrique Ortiz tiene una enorme facilidad para congeniar con los altos cargos. Es un hombre abierto que no se esconde a la hora de hacer favores. Los informes policiales de la Operación Brugal revelan cómo Enrique Ortiz ha sido muy generoso a la hora de emplear a familiares de altos cargos o de beneficiarles en sus negocios, caso de la empresa de uno de los hijos de la actual alcaldesa de Alicante, a quien ayudó con 30.000 euros en la constitución de la sociedad y ha destinado contratos de sus empresas. El marido de Sonia Castedo trabajó para Ortiz. No es de extrañar que en una de las conversaciones intervenidas por la policía un concejal de Alicante se refiera a Castedo como "tu amiguita", en conversación con Enrique Ortiz. Y Ortiz no se reprime en su familiaridad con la alcaldesa: "Intenta tener el planito y me lo enseñas", le dice a Castedo.

Su íntima relación con el ex alcalde Luis Díaz Alperi tampoco pasa desapercibida. Alperi fue alcalde de Alicante durante 13 años. Un buen día, en 2008, dimitió sin dar demasiadas explicaciones. Ya había tenido problemas con la justicia y había sospechas sobre el crecimiento de su patrimonio personal. Al llegar a la alcaldía, Alperi estaba a punto de ser embargado por las deudas que acosaban a su empresa. Tras dejar la alcaldía, su patrimonio se había incrementado hasta el punto de que, como consecuencia de la Operación Gürtel, se descubrió que le había regalado un reloj valorado en 24.000 euros a Ricardo Costa, mano derecha del presidente Francisco Camps y secretario general del PP en Valencia. A Díaz Alperi le llaman en la ciudad Luis XV desde hace algún tiempo. Por cierto, según el sumario de la Operación Brugal, sus hijos viven alquilados en pisos de las empresas de Enrique Ortiz.

Todos ellos, Castedo, Díaz Alperi y Juan José Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, han disfrutado durante varios veranos del yate Elena, propiedad de Enrique Ortiz. Viajan a las Baleares juntos en compañía de sus cónyuges. En alguna ocasión, incluso, utilizan el yate en ausencia de Ortiz. Confraternizan también en la Feria de Sevilla. La familiaridad entre todos ellos es descarada.

Ortiz hacía otro tipo de favores a los alcaldes. Por ejemplo, en el caso del Hércules. A Ortiz no le gustaba el fútbol. "Jugué de pequeño, pero no lo seguía. Ahora me apasiona", reconoce. Hacia 1999, no dejaba de ser un empresario medio cuando le proponen que se haga cargo del Hércules, un equipo endeudado (9 millones de euros) al borde de la desaparición y que militaba a duras penas en el pozo de la Segunda B. Y Ortiz acepta. Hace el favor. "Entonces", dice un empresario, "adquiere visibilidad y empieza a ser conocido. Conoce el poder que otorga esa popularidad. Y le gusta".

Entre unas cosas y otras, entre celebraciones y favores, las empresas de Ortiz suman contratas y obtienen la aprobación de planes urbanísticos de forma imparable. En Alicante y fuera de Alicante. Se lo dice Ortiz a un subordinado en las grabaciones policiales: "Tenemos que presentarnos, de las consejerías, a toda la comunidad, a las diputaciones igual. A lo de la comunidad, tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. ¡Madre mía, madre mía!".

Su mérito es evidente: ha ganado concursos con ayuntamientos socialistas y populares y, dentro de los populares, con ayuntamientos presididos por partidarios de Camps y por partidarios de Zaplana, cuando es bien sabido que quien hacía negocios con zaplanistas aparecía en la lista negra de los campistas y viceversa. Nadie se resistía a Ortiz.

En estas actividades, Ortiz parece comportarse como un profesional. "Como un buen comercial", según se define a sí mismo. Porque su círculo privado es muy reducido: su familia y sus amigos de la infancia, con quienes comparte correrías. No utiliza un jet privado, ni siquiera usa su Ferrari ("como buen contratista, me apasionan los coches", dice, "por eso tengo un Ferrari, aunque apenas lo uso"): se monta en la caravana con sus amigos. Entrado ya en los 50, no es persona ostentosa, salvo en el uso del yate Elena: viste discretamente y usa su despacho de siempre, ya un tanto pasado de moda. No utiliza el ordenador. Cuando los policías registraban su oficina, les dijo: "Pueden llevarse sin problemas el ordenador. Apenas lo uso". Y era cierto: carecía de información. Durante algunas fases de la investigación, algunos inspectores parecieron acusar cierto síndrome de Estocolmo respecto de Enrique Ortiz. "Este tío parece buena persona", comentaban a los jefes de Madrid.

Según fuentes de su entorno, Ortiz tiene dos iconos. Uno es Zaplana. Hay quien afirma que dejó el tabaco porque un día Zaplana le dijo que fumar era de perdedores. No es cierto: fuma puritos. Su otro ídolo es Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid. Sea como fuere, la Operación Brugal ha puesto en entredicho su forma de hacer negocios. Las consecuencias no se han hecho esperar: no ha podido obtener ninguna contrata de las obras del AVE a Alicante. Cuando hizo gestiones para obtener una explicación obtuvo el siguiente mensaje: "Lo sentimos mucho, pero tenemos órdenes de que a Ortiz ni agua". "Voy a trabajar para recuperarme", dice, perdiendo por una vez la sonrisa. En las circunstancias actuales, el dicho "Ortiz gana" parece haber caducado.

Más información:
    * ENTREVISTA: "Cómo le voy a decir que no a un político"
    * Fotografía: Enrique Ortiz
    * Fotografía: Enrique Ortiz

elpaís.com

sábado, 13 de noviembre de 2010

EL INSTITUTO DE URDANGARÍN NO APORTA LAS FACTURAS DE SUS TRABAJOS EN PALMA

Los datos remitidos al juzgado del Palma Arena no incluyen los justificantes de las subvenciones

FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA. El Instituto Nóos, vinculado en 2005 a Iñaki Urdangarín, el esposo de la infanta Cristina, no ha aportado al juzgado palmesano que investiga la supuesta trama de corrupción del caso Palma Arena las facturas y otros justificantes de las subvenciones recibidas del anterior Govern del Partido Popular (PP). Nóos sí que ha remitido al juzgado de instrucción 3 un amplio dossier sobre las actividades desarrolladas en torno a los convenios con el Govern de Jaume Matas, el principal imputado en el sumario.

En el caso Palma Arena se están investigando, en una de las piezas separadas, los convenios entre Nóos y la Fundación Illesport y el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) del Govern entre 2005 y 2006 para crear el Illes Balears Forum, un encuentro internacional sobre deporte y turismo.

Jaume Matas auspició el Illes Balears Forum, al entender, según declaró en marzo pasado ante el juez José Castro, que se trataba de una buena iniciativa. "No ordené que se hiciera, pero sí aconsejé que se llevase a cabo, porque era un buen proyecto", explicó el ex president del Govern, defendido por Rafael Perera y Manuel Ollé. Merced a esos convenios Nóos cobró 1,2 millones de euros públicos.

Los investigadores del caso Palma Arena postulan que en los archivos del Govern no constan documentos justificativos del destino del dinero para dicho evento. El foro deporte-sociedad-empresa sí se celebró en Palma a finales del año 2005. Castro requirió a la Policía hace unos meses para que localizara la sede del instituto con objeto de reclamarle los justificantes sobre los dos convenios, pero los agentes se toparon con una total ausencia de datos sobre la entidad.

El pasado 20 de septiembre un representante del instituto comunicó al juzgado de instrucción 3 su deseo de personarse en el sumario del Palma Arena, tras enterarse por los medios de comunicación de que se les estaba buscando.

El juez requirió a la entidad para que le facilitase las facturas y otros documentos de las ayudas recibidas del Govern. Nóos envió a instrucción 3 de Palma abundante documentación sobre las reuniones, presentaciones y otras muchas actuaciones referentes al Illes Balears Forum, pero no las facturas o el destino concreto del dinero.

Matas ya ha declarado
Los investigadores no descartan citar como imputados en la pieza separada a responsables del Instituto Nóos. Matas ya ha declarado, en calidad de encausado, por los convenios con la entidad encabezada hace unos años por Iñaki Urdangarín.

El Duque de Palma se desvinculó de Nóos hace algún tiempo y el instituto dejó de tener actividades. Urdangarín y su esposa se trasladaron después a vivir a Estados Unidos.

Del 22 al 25 de noviembre de 2005 se celebró en el centro de convenciones del Hotel Gran Meliá Victoria de Palma el encuentro Illes Balears Forum en el, según el Govern del PP, "participaron destacados especialistas en deporte y turismo provenientes de los ámbitos académico, empresarial y de la gestión pública".

El objetivo de Illes Balears Forum fue "contribuir a que los destinos turísticos desarrollaran y utilizaran su patrimonio deportivo para fomentar su diferenciación y reforzar su posicionamiento en el ámbito turístico".