viernes, 1 de junio de 2012

"CASO NÓOS"; EL JUEZ PIDE AL GOVERN LOS INFORMES Y ACUERDOS SOBRE LAS CONTRATACIONES CON NÓOS

Las novedades del caso

Europa Press | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha solicitado al Govern que le remita los informes y acuerdos de los que disponga en sus archivos en relación a las contrataciones efectuadas por el Ejecutivo autonómico con el Instituto Nóos, y más en concreto los que hayan sido objeto de decisión por parte del Consell de Govern así como los relativos a los dos foros sobre turismo y deporte celebrados en las islas en 2005 y 2006 y al patrocinio del equipo ciclista Illes Balears-Banesto.

Mediante un auto, el juez instructor del caso Palma Arena ha librado oficio al conseller de Presidencia, Antonio Gómez, a fin de que le facilite toda esta información y, de forma específica, que dé testimonio de cuantos documentos y decisiones administrativas disponga el Govern en relación a los convenios de colaboración suscritos con Nóos para llevar a cabo las dos ediciones del Illes Balears Forum, que supusieron una inversión pública de 2,3 millones de euros, parte de cuyo destino se desconoce.

En su auto, el magistrado ha solicitado asimismo que desde el gabinete autonómico le remitan los informes jurídicos, de fiscalización o de otro tipo en relación a los expedientes administrativos referentes al patrocinio del equipo ciclista, su presentación y seguimiento, además de que se le faciliten cuantos acuerdos consten en sus archivos en torno a Nóos que hubiesen sido objeto de decisión por parte del Consell de Govern, así como los que afecten a la dotación presupuestaria.

Y es que, en referencia a los foros sobre turismo y deporte, el primero de ellos costó a la Administración autonómica 1,2 millones de euros mientras que por el segundo abonó 1,1 millones, cantidades cuyo destino se está investigando en la pieza 25 del caso Palma Arena.

De hecho, el propio Diego Torres, exsocio del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, al frente de Nóos, aportó a la causa diversas facturas para justificar el destino que se dio a los fondos públicos si bien lo que en realidad revelaron fue la falta de justificación documental de dónde fueron a parar las cantidades así como el uso supuestamente fraudulento de numerosas facturas de servicios realizados.

Así, entre las múltiples facturas presentadas para justificar los eventos de Palma se encuentran otras tantas que se refieren en realidad al Valencia Summit o bien no guardan relación alguna con estos enclaves.

Es más, un informe policial incluido en el sumario de la causa revela cómo Nóos destinó, con cargo a los 2,3 millones que recibió del Govern, más de 88.700 euros a costear billetes de avión y estancias de hotel cuya ubicación y relación con los foros se desconoce, así como a sufragar numerosos billetes de transporte ferroviario a pesar de que éstos "no parecen propios de ningún tren que circule por Baleares".

Patrocinio del equipo Illes Balears
De forma paralela, los investigadores indagan si el Govern asumió el 75 por ciento del coste que supuso un acuerdo privado alcanzado entre Nóos y la empresa Abarca S.L., que habría sido creada 'ad hoc' por el exmanager del equipo ciclista Illes Balears, José Miguel Echavarri, y el exdirector del antiguo Banesto, Eusebio Unzúe, para gestionar el equipo ciclista.

Tal y como señaló el propio Echavarri en dependencias policiales, la mercantil fue puesta en marcha tras alcanzar un acuerdo verbal, que ya incluía precio y condiciones, con el Ejecutivo de Jaume Matas para que éste patrocinase al Illes Balears. Según los investigadores, en base al acuerdo privado firmado el 27 de noviembre de 2003 entre Abarca y Nóos, el Illesport abonó durante 2004 tres facturas por importe de 58.000 euros cada una a Nóos, el mismo día en que fue rubricado el convenio de patrocinio con el Govern.

"TRAMA DE LOS ERE"; LA GUARDIA CIVIL SOSTIENE QUE EL GOBIERNO DE LA JUNTA CONOCÍA LA TRAMA DE LOS ERE

Atestado remitido a la juez Mercedes Alaya
La UCO concluye que 'el consejo de Gobierno conocería el sistema utilizado'
También dice que habrían participado 'en los mecanismos que lo harían viable'
Apuntan a que un ex director de Trabajo sacó documentación comprometida'

Sevilla

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera, en el atestado remitido a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, que "los miembros del Consejo de Gobierno [de la Junta de Andalucía] sí conocerían el sistema utilizado" para conceder los ERE fraudulentos, "participando en mecanismos que lo harían viable".

En el atestado, que ha motivado que la juez Mercedes Alaya suspenda todas las declaraciones pendientes en los próximos días, la Guardia Civil analiza el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía bajo los mandatos de Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera.

Así, concretamente en el punto referido al mandato de Javier Guerrero, encarcelado desde el 10 de marzo en la prisión de Sevilla, los agentes de la Benemérita consideran que "los miembros del Consejo de Gobierno sí conocerían el sistema utilizado" para conceder las ayudas investigadas, "participando en mecanismos que lo harían viable".

Además, el informe, titulado 'Informe sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en el periodo 1999-2010', apunta a que el ex director de Trabajo de la Junta, Daniel Rivera, "se sacó de los expedientes documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación" que lidera la juez Mercedes Alaya en torno a los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Así consta en las conclusiones del atestado que ha sido remitido a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla. Dicha investigación se compone del informe en sí y un total de 50 anexos.

También los agentes de la UCO dicen que el informe aportado a la magistrada "será oportunamente ampliado consecuentemente al desarrollo de las investigaciones llevadas a cabo por esta Unidad, procediendo a la elaboración de nuevos atestados relativos, entre otros asuntos, a las ayudas a empresas concedidas por la Junta y al posible conocimiento de los hechos por otras consejerías y por otros órganos superiores de la mencionada Administración".

Además

"TRAMA DE LOS ERE"; ALAYA APLAZA LA DECLARACIÓN DE IMPUTADOS TRAS UN NUEVO INFORME DE LOS INVESTIGADORES

La declaración de Rivas, en el aire
La juez se toma tiempo para estudiar las conclusiones de la Guardia Civil
La investigación se ha centrado en la Dirección General de Trabajo
El nuevo auto ha sido notificado este viernes a las partes

ELMUNDO.es | Sevilla

La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta trama de financiación de ERE fraudulentos, ha dictado un nuevo auto dejando en suspenso todas las declaraciones de imputados señaladas para los próximos dos meses, para poder estudiar en profundidad el informe de la Guardia Civil sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo.

En el auto, notificado este viernes a las partes, la juez indica que dada la relevancia del informe de la Guardia Civil y con objeto de hacer un estudio detallado del mismo, suspende las declaraciones señaladas y anuncia que va a hacer una remodelación del calendario fijado hasta ahora.

En los próximos dos meses estaban citados como imputados varios de los "intrusos" detectados en los Expedientes de Regulación de Empleo financiados por la Junta de Andalucía, y también el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

La juez también ha acordado pedir numerosa documentación a la Junta de Andalucía y al bufete Garrigues como mediador en las ayudas investigadas.

"CASO GÜRTEL"; LA POLICÍA JUDICIAL Y TÉCNICOS DEL TSJ CONSULTAN ARCHIVOS DE LA AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO

Investigan las contrataciones de Fitur
Siguen el rastro de dos archivos digitales sobre los contratos de Fitur
Johnson: 'La Policía quería contrastar alguna información que ya tenían'

Iván Pérez | Agencias | Valencia

La Policía judicial y técnicos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha accedido la mañana de este jueves a la sede de la Agencia Valenciana de Turismo, situada en el edificio Europa de Valencia para consultando varios archivos.

La Policía, según han confirmado fuentes judiciales, buscaba dos archivos en el ordenador de una funcionaria de Turismo. La diligencia ha sido ordenada por el magistrado José Ceres, instructor de la causa abierta por supuesta financiación irregular del PP valenciano y presunta prevaricación de la Generalitat en la contratación de la empresa Orange Market relacionado con la trama 'Gürtel'.

Los agentes y operarios del TSJ se han personado en la sede de la AVT a las 9.00 horas con una resolución judicial en la que solicitaban la colaboración de la Administración autonómica para el estudio de distintos archivos informáticos que pudieran tener relación con la pieza de Fitur.

Hasta las 13 horas, según fuentes institucionales, los agentes no habían procedido a llevarse ningún ordenador u otro material de la AVT y seguían analizando "un par de archivos".

La comprobación de estos archivos se ha practicado a petición de una de las partes personadas en la causa, que ha solicitado que la Dirección General de la Conselleria de Turismo permitiera el acceso al ordenador de una funcionaria.

Los archivos que buscaba la Policía están relacionados con la tercera pieza que compone la denominada "causa de la financiación": supuestos delitos de prevaricación y cohecho en la contratación pública de Orange Market, para el montaje del expositor de la Generalitat en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur).

Las otras dos piezas que completan la causa, en la que hasta el momento hay veintiséis imputados, son presunto delito electoral en los comicios autonómicos de 2007 y supuesta falsedad documental en las generales de 2008.

La consellera de Cultura, Turismo y Deporte, Lola Johnson, ha reconocido que la Policía se ha personado en la Agencia Valenciana de Turismo para "contrastar información que ya había sido remitida" en relación a los "pliegos" de la contratación para la feria Fitur del año 2005.

"Solo ha pasado lo que os estoy diciendo. Han solicitado la colaboración para contrastar y valorar alguna información que ya tenían y se han trasladado a la agencia para comprobar 'in situ" la documentación", ha explicado.

Convenios con Nóos
Respecto a los convenios del Ejecutivo autonómico con el Instituto Nóos, presidido por Iñaki Urdangarin y Diego Torres, la consellera de Turismo ha insistido en sede parlamentaria en que fueron firmados dentro de la "legalidad vigente" y "cumpliendo todos los requisitos para los que fueron suscritos".

Johnson admitió el pago de 382.000 euros para tramitar la posibilidad de que Valencia albergara unos juegos olímpicos europeos que nunca llegaron a celebrarse, y ha asegurado que su departamento ha enviado "toda la documentación requerida" al tribunal balear que instruye esta pieza separada del caso Palma Arena.

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"CASO GÜRTEL"; LOS TÉCNICOS DE RTVV ATRIBUYEN AL EX DIRECTOR PEDRO GARCÍA LOS CONTRATOS CON LA TRAMA GÜRTEL

Cobertura de la visita del Papa
Firmaron el informe con el que se adjudicó el contrato a empresas de Correa
Los dos imputados aseguran ante el juez que cumplían 'órdenes del director'
Pedro García declaró que la adjudicación la hizo la Mesa de Contratación

Europa Press | Madrid

Los técnicos de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) que firmaron el informe con el que se adjudicó el contrato de sonorización de la visita que el Papa hizo a Valencia en 2006 a empresas de la trama Gürtel han declarado en la Audiencia Nacional que cumplían "órdenes del entonces director" del ente, Pedro García Gimeno, informaron fuentes personadas en la causa.

Así lo han manifestado el ex director de Antena del ente público Antonio de la Viuda y el ex jefe del Departamento Técnico Luis Sabater durante su comparecencia como imputados ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la adjudicación de este contrato por importe de 7.493.600 euros a la constructora Teconsa y el supuesto desvío de fondos a la trama dirigida por Francisco Correa.

Sabater ha afirmado que el entonces director económico financiero de la entidad, Ricardo Calatayud, le ordenó que el contrato se adjudicara a Teconsa "por órdenes superiores" y sin más explicaciones, lo que él interpretó como una directriz del propio García Gimeno.

De hecho, ha señalado que él ni siquiera elaboró el informe con el que se justificó la adjudicación, que estaba fechado el 4 de mayo de 2006, y que lo único que hizo fue firmarlo una semana después, tras volver de Roma de la presentación de la cobertura del V Encuentro Mundial de las Familias, que se desarrolló entre el 7 y el 9 de julio de 2006.

Por su parte, De la Viuda ha añadido, según las citadas fuentes, que él también cumplía órdenes de la dirección del ente autonómico y que visaba las órdenes que procedían del departamento técnico acreditando que el asunto seguía los procedimientos adecuados.

La versión de estos dos ex altos cargos de la televisión valenciana contradice la que realizó García Gimeno el pasado 8 de mayo, cuando aseguró que la adjudicación a Teconsa la hizo la Mesa de Contratación de la radio televisión valenciana y añadió que los regalos que recibió del presunto responsable de Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', eran "los normales entre amigos". "Yo sólo firmaba", aseguró.

El magistrado también ha interrogado como testigos a Pedro Fuste y Alejandra Lascary, trabajadores de Easy Concept, y a Rocío Perea, empleada de Servimadrid Integral. Según la investigación, estas dos empresas eran la matriz de la trama supuestamente corrupta en las actividades que desarrolló en la Comunidad de Madrid.

Perea ha declarado que sus superiores le ordenaron sacar 170.000 euros en dos cheques de 115.000 y 55.000 euros y que la administradora de esta sociedad, Isabel Jordán, a la que se atribuye el pago de comisiones a cargos públicos, le reclamó el dinero en la misma puerta del banco, como acredita un acta notarial que obra en la causa.

"Nunca supimos para qué era ese dinero", ha señalado la testigo durante su interrogatorio, en el que también ha señalado que quiso pedirle un recibo a Jordán para acreditar que le entregaba el dinero y ésta se negó.

Estas declaraciones se producen después de que el juez Ruz solicitara el pasado 18 de mayo al Gobierno de Esperanza Aguirre copia de un total de 317 contratos para la organización de eventos firmados con empresas de la trama Gürtel en los que habrían intervenido el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo y el gerente de la Empresa Municipal de Vivienda de Boadilla del Monte, Alberto Bosch, ambos imputados.

Ruz ha llevado a cabo estas diligencias ante la sospecha expresada por la Fiscalía Anticorrupción de que ambos ex cargos públicos pudieran haber recibido pagos relacionados con la firma de estos contratos para la organización de eventos. Entre los actos organizados se encontraban el correspondiente al primer aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004, un homenaje en memoria de Miguel Angel Blanco o el encargo de un cuadro del exalcalde madrileño y actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

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"CAUSA DE LA COOPERACIÓN"; EL TSJ PIDE REFUERZOS PARA EL JUZGADO QUE INVESTIGA EL FRAUDE EN LAS AYUDAS AL TERCER MUNDO

TRIBUNALES | Por su volumen
Reclama otro juez para que la titular se ocupe en exclusiva de la causa
Asegura que es 'enormemente voluminosa y de muy compleja documentación'

ELMUNDO.es | Valencia

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, celebrada este jueves, ha acordado solicitar al Consejo General del Poder Judicial un juez de refuerzo para el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que ha asumida la causa que investiga el presunto fraude en las ayudas de la Generalitat valenciana al Tercer Mundo.

La titular del Juzgado, Nieves Molina, lo ha solicitado para poder "concentrarse" en la actual fase de la conocida como 'causa de la cooperación'. El objetivo es que el juez de refuerzo se dedique mayoritariamente, y de forma transitoria, al trabajo que necesitan las causas que tramita el juzgado. Con ello, la juez titular se ocupará prácticamente en exclusiva de una causa, que según reconoce el TSJ, es "enormemente voluminosa y de muy compleja documentación".

La investigación del presunto fraude en las ayudas a ONG's se remonta a octubre de 2010. Entonces la Fiscalía abría diligencias por una denuncia presentada por la diputada socialista Clara Tirado en relación a las subvenciones otorgadas dos años atrás por la Conselleria de Solidaridad, dirigida entonces por Blasco. Las beneficiarias eran dos entidades: la Fundación Cultural y de Estudios Sociales y la fundación Hemisferio (antes conocida como Solidaria Entre Pueblos).

El PSPV mantenía que la ayuda de cerca de dos millones de euros concedida por el Gobierno valenciano para proyectos en Nicaragua acabó destinándose a la compra de dos pisos de casi 300 metros cuadrados en el centro de Valencia, un garaje e incluso un velero.

Paralelamente se abría otra causa tras la documentación aportada por la diputada de Compromís Mireia Mollà. Denunciaba que la conselleria de Blasco también había favorecido a la Fundación Entre Pueblos -ahora Hemisferio-. El dinero que recibió esta entidad se desvió, según la denuncia, a empresas que creó la propia fundación.

Entre los proyectos de Solidaridad estaba la construcción de un hospital en Haití, desolado tras el terremto de 2010. El Consell debía aportar 4 millones de euros y ajudicó a Hemisferio por su asesoramiento 177.000 euros que salían de las aportaciones solidarias de los valencianos. El hospital nunca se construyó.

El pasado 23 de febrero, la Policía, por orden de la Fiscalía Anticorrupción, registró la sede de la dirección general de Cooperación en Valencia y detuvo, entre otros, al director general de Integración y Cooperación de la Generalitat Valenciana, Josep María Felip.

Un día después, tanto Felip como Alexandre Catalá, subsecretario de Sanidad y subsecretario antes tanto en la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía como en la de Solidaridad, fueron destituidos por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

22 imputados
Hasta ahora son 22 las personas imputadas por la juez que instruye el caso. Una de ella es Augusto César Tauroni, que está en situación de prisión provisional.

La juez mantiene distintas medidas cautelares para todos los imputados que están en libertad provisional, desde la presentación periódica en los juzgados a la retirada de pasaporte o la obligación de solicitar autorización para salir del país o comunicar cualquier cambio de domicilio.

En la causa están implicadas, al menos, seis ONG, entre las que se encuentra la Fundación Hemisferio. Asimismo, son 19 los testigos a los que ya se ha tomado declaración.

Durante el año de instrucción, la juez ha acordado la práctica de distintas pruebas, como documental, testifical, pericial y entradas y registros en domicilios de personas físicas y jurídicas, incluidas dependencias oficiales de la Conselleria de Bienestar Social, ahora de Justicia y Bienestar Social.

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"CASO MAQUILLAJE"; AL ABOGADO DE MUNAR "LE DA RISA" QUE LA JUZQUEN POR UNAS SUBVENCIONES DE HACE 8 AÑOS

Munar esta mañana a su llegada al juicio. | Cati Cladera
JUICIO A MUNAR | Queda visto para sentencia
El letrado asegura que 'no hay ninguna prueba contra ella'
Pide la libre absolución para el ex presidenta del Consell

María J. García | Eduardo Colom | Palma

La defensa de Maria Antònia Munar ha mantenido hasta el último momento la inocencia de la ex presidenta del Parlament y del Consell de Mallorca. El letrado, Grabriel Garcías ha solicitado la libre absolución de su patrocinada alegando que "no existe ninguna prueba contra ella, ninguna". En su alegato ante el Tribunal de la Audiencia Provincial de Palma, Garcías ha asegurado que "no hay ningún indicio" que relacione a Munar con Video U.

Asimismo, ha bromeado con la situación y ha manifestado que "da risa" que se esté juzgando a la ex presidenta del Consell por unas subvenciones concedidas hace ocho años.

La Fiscalía, por su parte, considera que existen suficientes pruebas para condenar a los acusados en este caso de supuesta corrupción, en el que la ex presidenta de Mallorca se enfrenta a una petición fiscal de 6 años de cárcel, y su expresidente Miquel Nadal a 2 años y 7 meses, por haber dado una subvención de 240.000 euros del Consell a una productora de su propiedad para elaborar un programa de radio que nunca hizo.

El primer juicio contra Munar por una pieza separada del Caso Maquillaje ha quedado visto para sentencia después de que ninguno de los acusados haya querido aprovechar la posibilidad de utilizar el derecho a la última palabra.

jueves, 31 de mayo de 2012

"CASO BOMSAI"; DOLÇA MULET: "TODA SUBVENCIÓN IBA A LA ENTIDAD SUBVENCIONADA Y NADA PARA UM"

Declaración ante el juez
La ex consellera alega que que era 'habitual' la 'correspondencia'

Europa Press | Palma

La exconsellera de Deportes y Promoción Sociocultural del Consell de Mallorca Dolça Mulet ha alegado ante el juez instructor del caso Bomsai, Juan Catany, que desde el departamento que dirigía era frecuente mantener "correspondencia" con las empresas concesionarias sobre las facturas que debían aportar para justificar la realización de los trabajos adjudicados. "Es habitual comunicar a todas las asociaciones si les falta algo para que aporten esa documentación", ha justificado.

Así lo ha puesto de manifiesto durante la declaración que ha prestado en calidad de imputada ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1, en la que ha sido interrogada en torno a las subvenciones que obtuvo de la anterior Conselleria el empresario Jaume Fluxà -quien estuvo afiliado a Unió Mallorquina (UM)- pese a estar declarado insolvente.

El propio Fluxà admitió haber percibido subvenciones por valor de unos 54.000 euros de la Institución insular entre 2004 y 2006 a pesar de que no estar al día en el pago de sus deudas y en sus obligaciones tributarias, requisito imprescindible para acceder a las ayudas de la administración. Es más, manifestó que percibió estos pagos tras haberse entrevistado con la propia Mulet para que ésta apoyase las subvenciones.

Al respecto, Mulet ha asegurado que con estas aportaciones "no se quiso premiar al señor Fluxà por ser de UM", ya que en ese momento ella no sabía que estaba afiliado a esta formación. Es más, ha negado que el dinero fuese concedido en favor de algún miembro del partido, al aseverar que "toda subvención iba directa a la entidad subvencionada" y "nada fue" para UM, al que también pertenecía la declarante.

"CASO MALAYA"; MARBELLA VENDIÓ SUELOS A BAJO PRECIO CUYO VALOR LLEGÓ A MULTIPLICARSE POR 20

Durante la época del GIL
Los peritos de Hacienda subrayan el perjuicio patrimonial para el municipio

José Carlos Villanueva | Málaga

La dinámica siempre era la misma. Los sucesivos gobiernos del GIL en Marbella vendieron suelos municipales a precios muy inferiores a los de mercado y luego, en poco tiempo, los terrenos alcanzaban precios desorbitados en sucesivas operaciones de compra venta, que desembocaban finalmente en la edificación de viviendas.

A lo largo de la sesión de este jueves, en el juicio oral por el caso ‘Malaya’, los dos peritos arquitectos de la Agencia Tributaria, propuestos por el fiscal, han seguido desgranando toda una serie de irregularidades relacionadas con las tasaciones de terrenos. A preguntas del abogado de la Junta de Andalucía han llegado a afirmar que algunos aprovechamientos urbanísticos, cedidos por el Consistorio a terceros, “llegaron a muLtiplicar su valor por veinte” en tan sólo tres años.

Los dos expertos son conscientes de que aquellos años de bonanza inmobiliaria, entre 2000 y 2004, representaron una época de “crecimiento al alza”, pero a pesar de ello no les pareció “normal” dicho incremento de valor. Se trata de operaciones en las que aparecían sociedades del principal acusado, Juan Antonio Roca, controladas por testaferros.

Uno de los convenios analizados este jueves ha sido el firmado en 2002 entre la sociedad Cortijos La Ventilla y el Ayuntamiento de Marbella, representado por Julián Muñoz. Dicha mercantil, controlada por Roca por medio de hombres de paja, entregó 4.160 metros cuadrados de exceso de aprovechamientos al Consistorio marbellí. Se trataba de suelo rústico improductivo, tal y como constaba en el entonces PGOU vigente de 1986. El suelo se valoró en 372.000 euros.

Los dos arquitectos que han declarado ya expusieron en su informe, por escrito, que dicha aportación de suelo era “humo, algo intangible e inapropiable”, que de poco le servía al Ayuntamiento de Marbella. Aseguraron, de forma muy elocuente, que “era como aportar al convenio urbanístico una agrupación nubosa”.

A cambio de ese “humo”, en forma de terrenos de escaso valor, el equipo de gobierno presidido por Julián Muñoz entregó a Cortijos La Ventilla un exceso de aprovechamientos de igual techo, 4.160 metros cuadrados. Sin embargo se trataba de una parcela en plena Milla de Oro, concretamente en la avenida Alfonso de Hohenlohe, con la posibilidad de edificar 81 viviendas.

Lo primero que llamó la atención de los peritos de la Agencia Tributaria es que el goloso terreno cedido por el Ayuntamiento de Marbella a Cortijos La Ventilla se valorara igual que el de la finca rústica que recibía el Consistorio, osea 372.000 euros.

Según los peritos oficiales, el valor real de los aprovechamientos del suelo de la Milla de Oro, cedidos por Julián Muñoz, era de 6.710.121 euros. Dicha cantidad representa el perjuicio causado a las arcas municipales en la operación de permuta.

En abril de 2005, Cortijos la Ventilla vendió la parcela del bulevar Alfonso de Hohenlohe a la sociedad Lippizzar Investments -en poder de Roca- por 631.820 euros. Ya el 9 de febrero de 2006 Lipizzar vende por 7.873.000 euros a Edificaciones Tifan. La ganancia con esta operación para Roca en apenas cuatro años fue superior a los siete millones de euros.

Edificaciones Tifan es propiedad del promotor también procesado en ‘Malaya’ Fidel San Román. Cabe recordar que el conocido empresario madrileño ya acusó a Roca durante el juicio de haber tenido que sobornarle con 3 millones de euros, a cambio de licencias de primera ocupación para sus promociones de viviendas.

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PROCESADO EL EX VICECONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE POR PARALIZAR UN HOTEL EN CABO DE GATA

TRIBUNALES | El Tribunal Supremo determinó que la licencia municipal era válida
Juan Jesús Jiménez Martín está acusado de prevaricación administrativa
También se ha ordenado el procesamiento de otro alto cargo de Medio Ambiente

Europa Press | Almería

Una jueza de Almería ha ordenado incoar procedimiento abreviado contra el ex viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía Juan Jesús Jiménez Martín y del secretario general de la Delegación Provincial, Augusto Ignacio Segura, al estimar que ambos pudieron incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa al ordenar la paralización en junio de 2010 de los trabajos previos de la mercantil Círculo Agroambiental para la construcción de un hotel de 50 habitaciones en el paraje Campillo de Gata, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

El auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, al que ha tenido acceso Europa Press, acuerda, sin embargo, el sobreseimiento de las actuaciones contra el ex delegado del Gobierno andaluz en la provincia Miguel Corpas y el ex titular de Medio Ambiente Clemente García al no quedar debidamente justificada durante las diligencias su participación en los hechos ya que, según subraya, "no dictaron materialmente las resoluciones" por las que se paralización de la obra.

La causa fue incoada a raíz de la querella interpuesta por Círculo Agroambiental, a la que el Tribunal Supremo (TS) dio la razón en una sentencia dictada en mayo de 2010 al avalar la licencia municipal de obras concedida por el Ayuntamiento de Níjar en 2003. La Junta alegó entonces para justificar su paralización que el proyecto vulneraba la normativa referente a los espacios protegidos de la comunidad por carecer de autorización ambiental unificada.

La jueza indica en el auto, fechado el día 25 y por el que ordena la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, que tanto la resolución dictada "materialmente" por Segura de Torres el 7 de junio de 2010 como la emitida por Jiménez Martín una semana después confirmando la anterior en alzada presentan indicios de ser "arbitrarias", ya que "impidieron la ejecución de actos administrativos firmes" en alusión al fallo del Supremo.

En esta línea, señala que podrían haberse dictado "prescindiendo de los procedimientos legalmente establecidos" que, además, según remarca, conllevan una indemnización económica a favor de la empresa promotora, "previa declaración de lesividad o revisión de oficio" al tratarse de un presunto delito de prevaricación administrativa.

En concreto, la resolución objeto del procedimiento advertía tanto a Círculo Agroambiental como al Ayuntamiento de Níjar que no podría "ejecutarse ningún trabajo o actividad que pudiese afectar directa o indirectamente" al paraje hasta que no se diera vía libre a la adecuación del proyecto, una posibilidad que desde la administración andaluza tildaron de "altamente improbable". En concreto, la promotora debía adaptar el proyecto de hotel en El Campillo de Gata a lo previsto "en la directiva 92/43/CEE y normativa concordante" ya que la zona, enclavada en el parque natural, es Lugar de Interés Comunitario (LIC).

El auto, contra el que cabe recurso de reforma y subsidiariamente de apelación ante la Audiencia Provincial, da traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personadas en el procedimiento para que pidan la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de las actuaciones.

Expediente sancionador
La Junta de Andalucía mantiene abierto un expediente sancionador por falta grave, a la espera de que se resuelva la causa penal, contra Círculo Agroambiental, al entender que la empresa vulneró la normativa referente a los espacios protegidos cuando inició los trabajos previos para la construcción del hotel.

El expediente, cuya multa podría oscilar entre los 240.000 y los 2,4 millones de euros, se inició porque la Junta de Andalucía consideró que el inmueble era "incompatible ambientalmente" con el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque, que califica la zona de B2 o área natural de interés general.

La mercantil, propiedad de los herederos del empresario Marcos Eguizabal, cesó de forma voluntaria la actuación a requerimiento de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y de Medio Ambiente. La Guardia Civil levantó también acta de infracción.

El Tribunal Supremo (TS) archivó el procedimiento incoado tras la demanda de la Junta después de que ésta desistiese de continuar con el recurso de casación interpuesto contra un fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ya desestimó en 2009 otro recurso de la Administración en el mismo sentido por "defectos formales" en la argumentación y ratificó la validez de la licencia municipal de obras concedida para la construcción del hotel.

miércoles, 30 de mayo de 2012

ADMITIDO OTRO RECURSO DE CARLOS FABRA QUE PEDÍA ARGUMENTOS AL JUEZ POR LA FIANZA DE 4.2 MILLONES

TRIBUNALES | La Audiencia de Castellón revoca el auto del Juzgado de Nules
La Audiencia dice que ha de admitirse el recurso pero no reduce la cuantía
La cuantía se debería a la responsabilidad civil por los delitos fiscales

ELMUNDO.es | Castellón

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra Carreras, y su ex mujer, Maria Desamparados Fernández Blanes, contra el auto de fecha del 7 de marzo de 2012 dictado por el Juzgado de Instrucción 1 de Nules, que no admitía a trámite el recurso de reforma en el que pedía explicaciones al juez sobre la cuantía de la fianza que imponía el magistrado, cifrada en 4,2 millones para Fabra y 800.000 euros para Fernández.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), a Carlos Fabra y su ex mujer no se les permitió recurrir para solicitar la argumentación de la cuantía de la fianza y el juez debe dar cuenta de este trámite.

El tribunal señala en su auto que las resoluciones en materia de medidas cautelares son susceptibles de recurso por lo que pide al juzgado que lo admita y sustancie su decisión de fijar esa fianza. La Audiencia advierte en su auto que la decisión del juez de Nules de no admitir a trámite el recurso formulado por Fabra contra el pronunciamiento sobre la adopción de las fianzas "fue desacertada", por lo que el juzgado "debió proceder a la admisión y trámite" del recurso que deberá llevarse a cabo en la pieza de responsabilidades pecuniarias.

La sala considera que se ha privado a Carlos Fabra de la posibilidad de conocer las razones tenidas en cuenta por el juez instructor para la cuantificación de las fianzas a efectos de poder rebatir los argumentos tenidos en cuenta, lo cual, no significa, según las mismas fuentes del TSJ, que una vez admitido a trámite el recurso de reforma, el titular de Nules considere que debe detallar las explicaciones.

Tampoco supone, hasta el momento, la reducción de los 4,2 millones de fianza, puesto que, según las mismas fuentes, la cuantía se debe a la responsabilidad civil que debería cubrir en relación a los presuntos delitos fiscales, por los propios delitos, por la multa que le podría suponer y por el recargo de impagos al fisco.

Carlos Fabra está imputado por un presunto delito de tráfico de influencias y cuatro presuntos delitos fiscales tras determinar la semana pasada la Audiencia Provincial la inexistencia del presunto delito de cohecho, admitiendo a trámite un recurso de Carlos Fabra. Su ex mujer, María Amparo Fernández, está imputada por presuntos delitos fiscales.

"CASO PEAJE"; LOS COSTES QUE SURGÍAN EN LA CARRETERA DE MANACOR LOS ASUMÍA LA CONCESIONARIA

Declaración de un técnico


Europa Press | Palma

El asistente técnico de las obras del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, cuyos trabajos están siendo investigado en el marco del caso Peaje por un presunto desvío de fondos públicos, ha defendido ante la juez instructora que las facturas de los trabajos se justificaban ante la empresa concesionaria de los mismos y no ante el Consell de Mallorca, puesto la adjudicación de las obras habían recaído en manos de esta mercantil y ésta a su vez las subcontrató a la UTE que finalmente las llevó a cabo.

De hecho, durante su declaración como testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, Ana San José, Ricardo Collado ha incidido en que la propia concesionaria, Pamasa, era la que asumía el coste de la reparación que cualquier anomalía que surgiera y que hubiera que subsanar más allá de la cantidad inicialmente presupuestado, de forma que si a alguien le supuso un "coste importante" los remates en la carretera fue a la empresa adjudicataria y no a la Institución insular.

"Cualquier reparación que debiera hacerse correspondía a Pamasa, porque el contrato era a riesgo y ventura", ha aseverado el declarante. Precisamente, las defensas niegan que el presunto sobrecoste producido durante la ejecución -que los investigadores elevan a unos 23 millones de euros- repercutiese en las arcas del Consell, al defender que la Institución otorgó la concesión de los trabajos a Pamasa, que a su vez subcontrató las obras a la UTE Desdoblamiento C-715, encargada así de los trabajos y sus modificaciones.

Así las cosas, el testigo ha negado que el excelador de la carretera Palma-Manacor Gabriel Mestre tomase las decisiones en torno a las modificaciones que iban realizándose durante la ejecución de las obras y, al respecto, a preguntas del letrado de Mestre, Josep de Luis, ha explicado que semanalmente se celebraban reuniones de seguimiento en las que se planificaba el trabajo a realizar la semana siguiente. "Cada semana se contrastaba lo que se había planificado con lo ejecutado y, en su caso, se incrementaban los nuevos trabajos", ha precisado.

"CASO MAQUILLAJE"; LA FISCALÍA ASEGURA QUE LA ACUSACIÓN POPULAR ES "UN APÉNDICE" DE MUNAR

Las defensas piden su expulsión
Anticorrupción también ha denunciado que el dinero público del Consell que recibía Video U aumentó un 1500% cuando Munar y Nadal se infiltraron

Eduardo Colom | María José García | Palma

La Fiscalía Anticorrupción ha asegurado hoy que la acusación popular del juicio por el caso Maquillaje, que estos días se celebra en la Audiencia Provincial de Palma, es "un apéndice" de Maria Antònia Munar.

Los fiscales Joan Carrau y Miguel Ángel Subirán también han denunciado durante su alegato final que el dinero público del Consell de Mallorca que recibía Video U aumentó un 1500% cuando Munar y su delfín Miquel Nadal -otro de los acusados en el juicio- se infiltraron en la productora.

Los fiscales destacan, además, que cuando la ex presidenta de Mallorca se fue al Parlament en el año 2007, Video comenzó a trabajar para esa institución. Señalan que casualmente se le contrató desde Presidencia cuando ella era la presidenta.

Carrau ha destacado en sus conclusiones definitivas las "mentiras e incertezas" en las que incurrió Munar durante su declaración ante el tribunal que la juzga, informa Efe.

El fiscal ha considerado que existen suficientes pruebas para condenar a los acusados en este caso de supuesta corrupción, en el que la ex presidenta de Mallorca se enfrenta a una petición fiscal de 6 años de cárcel, y su expresidente Miquel Nadal a 2 años y 7 meses, por haber dado una subvención de 240.000 euros del Consell a una productora de su propiedad para elaborar un programa de radio que nunca hizo.

Durante su exposición, el fiscal ha resaltado varias partes de la declaración de Munar ante el tribunal en las que la expresidenta supuestamente "mintió", lo que a su juicio desacredita su versión desentendiéndose de la compra de la productora y de la concesión de las subvenciones.

El fiscal ha recordado que la expresidenta dijo que solo veía "de Pascuas a Ramos" a su prima política Coloma Munar, quien en cambio testificó en el juicio que la visitaba todas las semanas.

También aseguró, ha dicho, que no existía dinero negro en Unió Mallorquina (UM), mientras que el excontable de este partido afirmó en la vista que sí había y que además parte de él lo manejaba la propia Munar.

El fiscal ha apuntado que los acusados cometieron el delito de fraude a la Administración al dar dinero a la productora de Munar y Nadal, Vídeo U, para el programa de radio; el de falsedad porque elaboraron facturas falsas para justificar un trabajo que no se hizo; malversación porque se llevaron el dinero público; negociaciones prohibidas porque intervinieron para auto-adjudicarse la subvención y prevaricación porque se hizo de manera irregular.

Rechazo a la acusación popular
Por su parte, los tres abogados defensores han solicitado al tribunal que aparte de la causa a dicha acusación popular, representada por el letrado Francisco Hernando y que precisamente solicita la absolución de la ex presidenta del Parlament balear.

Los defensores de Miquel Oliver, Luisa Armiñana y Ramón Rullán reclaman la expulsión de Hernando por abuso de derecho al pedir únicamente las absoluciones para Munar y Margarita Sotomayor, ex directora de Comunicación del Consell. También solicita 3 años para Miquel Nada y 2,7 para los socios de video U, para los cuales la fiscalía ha pedido penas menores.

Hernando representa a la Asociación Justicia y Democracia, que preside un ex guardia civil autor de un libro que defiende la gestión de Munar en la venta de Can Domenge.

Peticiones de la fiscalía
En la jornada de ayer, Fiscalía Anticorrupción decidió rebajar su solicitud de condena para el ex conseller de Turismo, Miquel Nadal, y su testaferro, Miguel Sard, al considerar la "atenuante analógica de confesión".

La petición de pena para Nadal queda en 2 años, siete meses y 15 días, para el testaferro Miquel Sard, a quien pedían dos años y tres meses, ahora solicitan un año y un mes.

Para Maria Antonia Munar, sin embargo, mantiene la solicitud de 6 años de cárcel por malversación, falsedad en documento oficial, prevaricación y negociaciones prohibidas.

Asimismo ha retirado los cargos contra la dueña de Studio Media, Elisabeth Diéguez a quien acusaba de malversación continuada y falsedad en documento oficial y pedía para ella tres años de cárcel.

Luisa Almiñana, quien fuera administradora de Vídeo U, y Ramón Rullan, por su parte, ven incrementada la petición de condena hasta un año y cuatro meses.

Además

"CASO TÓTEM"; LA SALA CIVIL Y PENAL DEL TSJ ORDENA LA "INMEDIATA" DETENCIÓN E INGRESO EN PRISIÓN DEL EXALCALDE DE TOTANA


Señalan que el delito de cohecho es continuado, que tiene pendiente otro proceso y que solo buscaba su interés propio y personal

MURCIA, 30 (EUROPA PRESS)

La Sala Civil y Penal del TSJ de Murcia ha ordenado "la inmediata detención e ingreso en prisión en calidad de preso" del exalcalde de Totana y exdiputado regional, Juan Morales Cánovas, por su implicación en el llamado 'caso Tótem', de corrupción urbanística en el citado municipio.

Por auto de hoy, 30 de mayo, el tribunal decreta el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia firme, de dos años de privación de libertad, por el delito continuado de cohecho, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia(TSJRM).

En este sentido, la Sala entiende que "no ha lugar a la concesión al citado penado de los beneficios de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad".

Cabe recordar que el principal acusado en el denominado 'caso Tótem', que saltó a la luz pública en noviembre de 2007, había pedido evitar su ingreso en la cárcel al no superar los dos años de prisión.

Así como que el pasado 1 de marzo se hacía pública la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) en la que se señalaba el acuerdo de conformidad alcanzado por el fiscal y las defensas de los acusados.

SENTENCIA DE MARZO

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ emitió el pasado mes de marzo su fallo condenando a Morales, para el que el fiscal pedía inicialmente 28 años de prisión por los delitos de cohecho, fraude, blanqueo de capitales, falsedad, malversación e infidelidad en la custodia de documentos, a casi cinco años de cárcel en su conjunto y una multa de ocho millones de euros por el delito de cohecho.

En concreto, por el delito de cohecho por el cobro de comisiones se le condena a dos años de prisión y una multa de ocho millones de euros; y por el de blanqueo, a la pena de cinco meses de prisión y una multa de 133.000 euros, además del comiso de dos vehículos, una vivienda en Murcia por valor de 120.000 euros y 55.800 euros que en su momento le fueron incautados.

Por el delito de falsedad, la pena de un año, seis meses y un día de prisión sustituible por una multa de 32.900 euros, y una multa de cinco meses con cuota diaria de 30 euros; por el de malversación, la pena de cárcel de cinco meses sustituible por una multa de 3.000 euros, así como una pena de multa de un mes y 15 días; e infidelidad en la custodia de documentos, seis meses de prisión sustituibles por una multa de 10.800 euros, así como una multa de seis meses con una cuota diaria de 30 euros.

Procede también que Morales indemnice al Ayuntamiento de Totana en la cantidad de 2.945 euros por las facturas telefónicas y al mismo tiempo se decretará la nulidad de los contratos firmados.

Estos delitos se relacionan con la gestión de convenios urbanísticos, en concreto el que promovió con la empresa gallega Inmonuar, propiedad de Manuel Núñez, en la finca totanera de El Raiguero.

Otras actividades acreditadas de Morales fue el envío de dinero a Brasil a través de su pareja, además de llamadas telefónicas a ésta y otras amigas de Brasil con cargo al teléfono municipal y la sustracción y apoderamiento de expedientes municipales.

Por otra parte, los otros diez acusados que reconocieron los hechos y se conformaron igualmente con las penas se les imponen condenas menores por cohecho.

OTRO PROCESO PENAL ABIERTO

En abril, el Ministerio Fiscal solicitó que se averiguara si existían procesos penales contra el condenado y en la información solicitada por los Juzgados de Totana detallaba que seguía contra Morales un proceso penal en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 1 de Totana por un presunto delito contra los Recursos Naturales y Medio Ambiente, así como por un posible delito de prevarización.

Tras lo que el Ministerio Fiscal presentó un escrito pidiendo que no se suspendiera la ejecución de la pena impuesta a Morales, quien solicitaba la suspensión de la pena privativa de libertad de dos años.

Finalmente, la Sala fundamenta que el artículo 80 del Código Penal dispone que los Jueces o Tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años mediante resolución motivada, atendiendo fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto, así como a la existencia de otros procedimientos penales contra éste.

Sobre la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, la Sala recuerda que Juan Morales ha sido condenado por un delito continuado de cohecho cometido por funcionario público, que no ha sido un delito realizado esporádica y ocasionalmente una sola vez "porque le han tentado desde fuera los particulares con dádivas o regalos aprovechando una debilidad humana".

Sino que, puntualizan, "es él en persona quien ha fijado un verdadero plan de ejecución de su actuación como alcalde, de suerte que centralizó en su condición de autoridad en el ejercicio del cargo la tramitación de los convenios urbanísticos como un suculento negocio a explotar a nivel particular, exigiendo comisiones o participaciones en la venta de terrenos, tras conseguir la calificación de urbanizables, asesorando a los particulares a tal fin no sólo a los vendedores sino también al comprador, como ha sucedido en el caso de Inmonuar S.L".

De tal forma, añaden, que "su firma en los instrumentos urbanísticos iba dirigida y condicionada a la percepción de comisiones y participación en las plusvalías urbanísticas de los terrenos de los propietarios. Concretamente 1,2 millones en la operación de 'Inmonuar'; 2,1 millones en la actuación de 'Agroproducciones Integradas S.L.'; 5,4 millones en la operación 'Visanfer' y 6,5 millones en la operación con 'Frutas Guadalentín'.

En total, 15.483.901 euros, que es la cantidad "con la que el condenado pretendía enriquecerse", lo que evidencia, según la Sala, "la magnitud de la operación y la degradación del ejercicio de funciones públicas, movido exclusivamente por el enriquecimiento privado".

Asimismo, señala que el delito de cohecho es continuado y que tiene pendiente otro proceso en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Totana por delitos contra el medio ambiente y prevaricación, por lo que, subraya la Sala del TSJ, "durante todo el ejercicio de sus funciones propias como alcalde sólo iba dirigido al menoscabo de la función pública, y la búsqueda de su interés propio y personal".

LICENCIAS PARA CONSTRUIR 5.000 VIVIENDAS

El 'caso Tótem' saltó a la luz pública en noviembre de 2007, cuando la Guardia Civil destapó una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales en la localidad de Totana.

El grupo gallego Nuaria habría adquirido para ello las licencias para construir más de 5.000 viviendas en 2,2 millones de hectáreas a través de comisiones ilegales en lo que sería el mayor complejo residencial del municipio. En el transcurso de la investigación, fueron arrestadas casi una veintena de personas.

"CASO TOTEM"; ODENAN EL "INMEDIATO" INGRESO EN PRISIÓN DEL EX ALCALDE DE TOTANA

Juan Morales, ex alcalde de Totana. | Alfonso Durán


JUSTICIA | Corrupción en Murcia
Juan Morales cumplirá dos años de prisión por corrupción urbanística
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia dice que no 'ha lugar' a beneficios

Agencias | Murcia

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha ordenado "la inmediata detención e ingreso en prisión en calidad de preso" del ex alcalde de Totana, Juan Morales Cánovas, por su implicación en el llamado 'caso Tótem', de corrupción urbanística en el citado municipio.

En el auto de este miércoles, el tribunal decreta el cumplimiento de la pena privativa de libertad que se le había impuesto a Morales en sentencia firme, de dos años de privación de libertad, por el delito continuado de cohecho, según han informado fuentes del TSJRM.

Sobre este aspecto, la Sala entiende que "no ha lugar a la concesión al citado penado de los beneficios de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad". El principal acusado en este caso de corrupción urbanística de la localidad murciana, había pedido evitar su ingreso en prisión al no superar los dos años de prisión.

El pasado 1 de marzo se hacía pública la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ sobre el 'caso Tótem', en la que se señalaba el acuerdo de conformidad alcanzado por el fiscal y las defensas de los acusados.

De acuerdo con la conformidad alcanzada por la fiscalía, las defensas y los acusados, el ex alcalde de Totana y ex diputado regional fue condenado a la pena de dos años de prisión y multa de ocho millones de euros por un delito de cohecho, y a cinco meses de prisión y multa de 133.000 euros por un delito de blanqueo de capitales.

Por otra parte, los otros diez acusados que reconocieron los hechos y se conformaron igualmente con las penas se les imponen condenas menores por cohecho.

"CASO GÜRTEL"; VICENTE RAMBLA: "SU SEÑORÍA HA VISTO QUE MI ACTUACIÓN SE HA AJUSTADO A LA LEGALIDAD";

Vicente Rambla llega junto a su abogado al TSJ de Valencia. | José Cuéllar
La financiación del PP
El ex vicepresidente del Consell ha declarado durante cerca de tres horas

Europa Press | Valencia

El ex vicepresidente del Consell Vicente Rambla ha asegurado este martes que está convencido de que el juez José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la causa por la presunta financiación irregular del PPCV, ha visto con su declaración que su actuación durante sus 12 años de responsabilidades en el Gobierno valenciano "ha estado siempre ajustada a la legalidad".

Rambla ha llegado sobre las 09.50 horas al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para comparecer como imputado en la causa por la presunta financiación irregular del PPCV por las piezas que componen la causa: un supuesto delito electoral en los comicios autonómicos y municipales de 2007, presunta falsedad documental en las generales de 2008 y posible prevaricación de la Generalitat en la contratación de Orange Market entre 2005 y 2009.

Al respecto, tras comparecer durante cerca de tres horas ante el magistrado, ha mostrado su "satisfacción" por "haber podido prestar declaración". "Estoy convencido de que su señoría ha visto que mi actuación ha estado ajustada a la legalidad como siempre lo he hecho a lo largo de mis 12 años como miembro del Gobierno de la Generalitat valenciana", ha apuntado.

Rambla ha señalado que no quería ser "descortés" con los numerosos periodistas que le aguardaban a la salida, pero ha rechazado contestar a más preguntas de los medios de comunicación.

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