miércoles, 30 de mayo de 2012

"CASO EMARSA"; CRESPO NIEGA HABER INSTADO AL EXGERENTE DE EMARSA A BUSCAR NEGOCIOS EN RUMANÍA

Duda de que lo hiciera la Epsar
'Nunca se supo, ni se habló, ni se dijo nada sobre Rumanía', afirma al juez
Admite que los estatutos de Emarsa impedían hacer negocios fuera de Valencia
Dice desconocer que se compraran entradas ni para la Fórmula 1

Europa Press | Valencia

El ex presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y de Emarsa, Enrique Crespo, ha negado este martes ante el juez que investiga un agujero de 25 millones de euros en la empresa que gestionó la depuradora de Pinedo, que él, el Consejo de administración o la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) autorizaran o instaran al gerente de la empresa, Esteban Cuesta, a ir a Rumanía a buscar "cualquier forma de financiación o de negocio".

En su segunda declaración de esta semana ante el magistrado, que continuará el próximo martes, Crespo ha afirmado, en relación con la declaración de Cuesta de que el Consejo había intado a la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos y de que estaban informados tanto Crespo como los directivos de la Epsar Juan José Morenilla e Ignacio Bernácer, que en este órgano "por supuesto nunca se supo, ni se habló, ni se dijo nada sobre Rumanía".

Crespo, asegura en su declaración que personalmente a él no se le comunicó este extremo y "duda mucho" de que lo hicieran a la Epsar y a las personas a las que Cuesta alude en su declaración.

Limitación por los estatutos
El también ex alcalde de Manises y ex vicepresidente de la Diputación de Valencia ha destacado que la Epsar "nada tiene que ver fuera de la Comunidad Valenciana, ni siquiera Emarsa por sus estatutos podía hacer nada fuera del área metropolitana".

Durante su declaración, ha insistido en que ni la depuradora ni la entidad pública "podían hacer nada fuera de la depuradora ni la entidad pública podían hacer nada fuera del ámbito territorial delimitado para sus competencias".

Por ello, ha achacado las manifestaciones realizadas en ese sentido por Cuesta a una "burda estrategia malintencionada" de "a saber qué se haría en Rumanía y todos los agentes que participaron en aquella aventura, de querer involucrar en todo esto al consejo de administración" y a él mismo como presidente de la entidad, así como a la Epsar, a Morenilla y Bernácer.

'Ni siquiera en Albacete'
En su opinión, Crespo se debía creer que, involucrando al consejo, podía dar posibilidad a una cosa "inverosímil jurídica y legalmente y descabellada, como podía ser que una empresa pública 100% y la Emshi, con delimitación marcada de funciones y territorialmente y presupuesto público, pudiera hacer aventuras de negocios privados ni más ni menos que en Rumanía". "Ni siquiera en Albacete", ha apuntado.

No obstante, ha precisado que no sabe si en uno o varios consejos de administración se instó a Cuesta, por medio de consejeros, a buscar nuevas fórmulas de negocio "pero en el ámbito estricto de Emarsa" y el área metropolitana, con lo que se hace referencia a empresas contaminantes de lixiviados o aquellas que tuvieran que depurar sus aguas o que tuvieran que contratar una empresa para hacerlo, entre otras.

Así, ha sostenido que nadie hubiera sospechado que se le hubiera dado un "cheque en blanco" para "ni más ni menos ir a Rumanía a buscar negocio, y porque no se le ocurrió ir a China". En esta línea, ha insistido en que en ningún caso tuvo conocimiento del tema de Rumanía "ni de los contactos, ni los viajes, ni la gente que iba y venía, lo que se pretendía hacer allí".

Preguntado por la gestión de los lodos y las declaraciones de Cuesta sobre que todas las personas que se ocupan de esta cuestión y el sistema existía "desde antiguo", ha calificado de "increíbles" las manifestaciones.

Según ha dicho, el gerente tenía todos los poderes y la gestión delegada y ha asegurado que ésta fue una toma de decisión que solo adoptó Cuesta, que le ha involucrado a él, a Morenilla, a Bernácer y a Jorge Roca, a quien desconoce y con el que nunca ha contactado ni sabía que era proveedor de Emarsa.

secadero de jamones
Durante su declaración, Crespo también ha contestado a las preguntas sobre la nueva sede que se había planteado para la entidad, y para la que se propuso un secadero de jamones, que no prosperó. El expresidente de Emshi ha explicado que el ex edil del PP en Valencia Juan Carlos Gimeno, imputado en la causa, le ofreció realizar una distribución del edificio que se eligiera.

Asimismo, ha asegurado que el primer teniente de alcalde de Valencia, Alfonso Grau, le comunicó que el Ayuntamiento iba a ceder un solar en la avenida Ecuador para la sede, aunque luego se rechazó.

En todo caso, ha precisado que, con Gimeno no hubo contratación de ningún proyecto ni encargo de trabajo ni dio órdenes a Cuesta para pagar unas facturas a las que alude el ex edil popular. Tampoco negoció la salida laboral de Gimeno de Emarsa, según su declaración.

Comidas, lotería y Fórmula 1
Crespo ha insistido en este jornada en que no tenía secretaria ni despacho en Emarsa y, sobre las comidas de Navidad, ha apuntado que el menú lo concertaba el gerente.

En este punto, ha dicho que se hicieron hasta 2007, dada la situación de crisis, e ignoraba si en 2008 y 2009 se sigueron cargando estos gastos del Consejo. Preguntado por los pagos en lotería para estas fechas, ha dicho que recibía, igual que el resto de miembros del Consejo, un décimo, y ha negado llevarse más.

Asimismo, Crespo ha afirmado desconocer que se compraran entradas ni para la Fórmula Uno ni para el Open de Tenis, eventos a los que asegura no haber ido, ni tampoco haber encargado tickets para el acceso, en los que figura un desfase de 52.000 euros.

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"CASO MAQUILLAJE"; EL FISCAL REBAJA LA PETICIÓN DE PENA PARA NADAL A 2 AÑOS Y 7 MESES Y MANTIENE LA DE MUNAR

Octava jornada del juicio
La petición de pena para Nadal queda en 2 años y siete meses
Para el testaferro Miquel Sard ahora solicitan un año y un mes
Retira la acusación contra Elisabeth Diéguez
Luisa Almiñana y Ramón Rullan ven incrementada la petición de condena

María J. García | Eduardo Colom | Palma

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido rebajar su solicitud de condena para el ex conseller de Turismo, Miquel Nadal, y su testaferro, Miguel Sard, al considerar la "atenuante analógica de confesión".

La petición de pena para Nadal queda en 2 años, siete meses y 15 días, para el testaferro Miquel Sard, a quien pedían dos años y tres meses, ahora solicitan un año y un mes.

Para Maria Antonia Muncar, sin embargo, mantiene la solicitud de 6 años de cárcel por malversación, falsedad en documento oficial, prevaricación y negociaciones prohibidas. Sin embargo, la acusación popular prevé pedir mañana que se le retire la acusación, en lo que a ella respecta, a la ex presidenta del Parlament y a Margarita Sotomayor, ex directora insular de Comunicacíón.

Asimismo ha retirado los cargos contra la dueña de Studio Media, Elisabeth Diéguez a quien acusaba de malversación continuada y falsedad en documento oficial y pedía para ella tres años de cárcel.

Luisa Almiñana, quien fuera administradora de Vídeo U, y Ramón Rullan, por su parte, ven incrementada la petición de condena hasta un año y cuatro meses.

El juicio por el Caso Maquillaje entra en su recta final y podría finalizar este miércoles.

En el juicio, Nadal narró con detalle la supuesta entrega del dinero, que él entendió que procedía de UM, explicando que ocurrió en el asiento de atrás del coche oficial de Munar cuando circulaba por la autopista de Inca y que ella le señaló el sobre y le dijo: "Ahí lo tienes".

El ex conseller responsabilizó en todo momento a Munar de la toma de decisiones y de la adjudicación de las subvenciones del Consell.

Munar negó ante el tribunal estas acusaciones y afirmó que se podrían deber "a la presión de la Fiscalía" y a que las relaciones entre ella y su antiguo delfín político se deterioraron cuando ella decidió dejar la política.

Tal y como sostiene la acusación pública, una vez que Munar, asistida por el letrado Gabriel Garcías, y Nadal se hicieron con el control mayoritario de Vídeo U intervinieron de forma "arbitraria e ilegal" con el objetivo de inyectarle fondos públicos "sin justificación ni motivo alguno". Tanto es así que la Institución supramunicipal tramitó entre 2004 y 2005 dos subvenciones de 120.000 euros cada una para la creación del programa radiofónico 'Temps d'esport', que de acuerdo a las investigaciones, nunca llegó a emitirse.

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martes, 29 de mayo de 2012

"CASO MALAYA"; AGUILERA DICE QUE LAS LICENCIAS LEGALES CON GIL "SE PUEDEN CONTAR CON UNA MANO"

Abogado que persiguió la actuación del ex alcalde


Efe | Málaga

Las licencias de obra otorgadas por el gobierno del fallecido Jesús Gil cuando era alcalde de Marbella que se ajusten a la legalidad "se pueden contar con los dedos de una mano", según ha asegurado este martes el letrado José Carlos Aguilera al tribunal del caso Malaya.

Aguilera fue durante muchos años una de las personas que más persiguió la forma de actuar del exalcalde, ya que representaba a Isabel García Marcos cuando ésta era portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Marbella y cuando dejó el cargo, época en la que fue considerada el azote de Jesús Gil.

Aguilera ha comparecido ante el tribunal del caso 'Malaya' en calidad de testigo y ha asegurado que desde 1991 hasta el 2003 se pueden contar con los dedos de una mano las licencias de obra otorgadas por el gobierno de Gil que se ajusten a la legalidad urbanística.

Además, el testigo ha querido señalar en su declaración que las que se pudieron conceder conforme a la legalidad fueron por "accidente". Este letrado ha explicado que además de abogado de Isabel García Marcos también fue asesor jurídico del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Marbella tras la moción de censura a Julián Muñoz en el 2003 y que elaboró un informe técnico para el consistorio analizando el urbanismo de la ciudad.

El testigo ha añadido que con la llegada del tripartito tras la moción de censura contra el exalcalde Julián Muñoz se inició un proceso de normalización para estudiar las más de 30.000 viviendas irregulares existentes en Marbella. Además, ha agregado que al grupo municipal socialista llegaba un centenar de licencias urbanísticas semanales y que todas venían con la resolución adjunta.

El juicio del caso 'Malaya' la operación contra la mayor trama de corrupción conocida en un ayuntamiento español -en el de Marbella-, que comenzó en septiembre del 2010, ha entrado en su recta final.

Por ello, la próxima semana podría finalizar la fase testifical del cuarto y último bloque, el de los sobornos, donde se han tratado delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros.

El tribunal tiene previsto que el próximo 6 de junio finalice la fase testifical y, al día siguiente, se pretende que las acusaciones presenten por escrito sus calificaciones definitivas.

Si los plazos se cumplen, el fiscal realizaría su informe final el 11 de junio, las otras dos acusaciones (Ayuntamiento de Marbella y Junta de Andalucía) al día siguiente y, el 13, comenzarían los abogados defensores con sus exposiciones finales.

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"LA TRAMA DE LOS ERE"; LA JUEZA ALAYA IMPUTA TRES DELITOS AL EX DELEGADO DE TRABAJO JUAN RODRÍGUEZ

Está declarando en el juzgado
El responsable de Trabajo en Sevilla percibió 36.000 euros como prejubilado
Nunca trabajó en la empresa de la que se prejubiló, Calderinox
El ex alto cargo dice que no recuerda la cantidad que recibió de la Junta

Efe | Sevilla

La juez que investiga la trama de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha imputado este martes al ex delegado de la Consejería de Trabajo en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y obtención fraudulenta de ayudas.

La declaración de Rodríguez, que estaba citado a las 10.30 horas, ha comenzado aproximadamente una hora y media más tarde en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

Rodríguez Cordobés, que fue delegado de Trabajo entre 1999 y 2000, percibió 36.000 euros como prejubilado de la empresa Calderinox, en la que nunca trabajó.

En su declaración ante la juez, ha asegurado que no recordaba la cantidad exacta que recibió por el ERE, y ha dicho que ha abandonado su afiliación al PSOE porque la Junta de Andalucía no le ha defendido, según han informado a los periodistas abogados personados en la causa.

Además, ha afirmado que conocía al ex secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, desde hacía mucho tiempo, y ha apuntado que ambos tenían una buena relación.

Cinco delitos para un 'intruso'
Por otro lado, la juez Mercedes Alaya, ha imputado los delitos de obtención fraudulenta de ayudas, contra la hacienda pública, malversación, prevaricación y falsedad en documento mercantil a Luis Llorente Herrero, un "intruso", según se denomina a los falsos prejubilados, que recibió 36.000 euros por estas ayudas irregulares.

Durante su declaración ante la juez, que se ha prolongado durante más de tres horas, Llorente ha confirmado que nunca fue trabajador de Aglomerados Morell, empresa por la que recibió la ayuda, y que no conocía la procedencia del dinero que recibió, según han informado abogados personados en la causa.

Se ha ratificado en la declaración que prestó ante la Guardia Civil, en la que señaló que la hermana de una amiga suya fue quien le puso en contacto primero con el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y después con el 'conseguidor' Juan Lanzas, que fue su "enlace sindical".

Lanzas le pidió una documentación que el "intruso" entregó, aunque en ningún momento preguntó por la procedencia de la ayuda ni quiso hablar con nadie de este asunto, han añadido las fuentes.

La Fiscalía ha pedido para él una fianza por responsabilidad civil superior a 60.000 euros, a la que se han adherido todas las acusaciones particulares.

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"CASO UMBRA"; EL ALCALDE DE MURCIA DECLARARÁ COMO IMPUTADO EN UN CASO DE CORRUPCIÓN

Miguel Ángel Cámara, en unas jornadas de movilidad sostenible. | Sergio Enríquez-Nistal


Agencias | Murcia

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia ha citado al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara Botía, para que preste declaración el próximo 15 de junio, a las 10.00 horas, como imputado en el denominado caso 'Umbra', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en la zona Norte del municipio, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

El pasado 9 de abril el alcalde de Murcia, del Partido Popular, defendió que en el Ayuntamiento de Murcia "se actúa siempre desde la legalidad, con la legalidad y por el interés general".

Cámara hizo estas declaraciones ante la información aparecida en el diario 'La Opinión', que apuntaba que el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia tenía previsto imputarle en el denominado caso 'Umbra', tal como finalmente ha ocurrido.

Esta operación comenzó en octubre de 2010, e investiga diversos convenios urbanísticos del Ayuntamiento de Murcia, como el desarrollo del complejo Nueva Condomina, el Casino del municipio y otros promovidos por distintas empresas de construcción en la citada zona norte.

El PP murciano ha salido en defensa de Cámara, expresando en una nota su "plena confianza" en su gestión. "Como siempre, el PP expresa su respeto a la Justicia y muestra su plena transparencia y colaboración con todas las instancias judiciales y los principios consagrados por la Constitución Española", concluye la nota.

La concejal portavoz del Ayuntamiento de Murcia, Nuria Fuentes, también ha querido apoyar a su alcalde y ha defendido la legalidad de los convenios urbanísticos investigados en esta operación, añadiendo que, en lo referente a la legalidad de los convenios de la zona norte de la ciudad, "fue investigada y avalada en su día por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y el análisis riguroso del Tribunal de Cuentas

Operación Umbra
La operación Umbra comenzó el 5 de octubre de 2010 con el registro de las dependencias de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, así como despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre los que se encontraban el domicilio particular del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y la sede social de su empresa Sport Management & Project SL.

En esta causa, en la que se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia; así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper; y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia y mujer de Alberto Guerra.

"CASO EMARSA"; CRESPO ATRIBUYE A 2 ALTOS CARGOS YA FALLECIDOS LA CONTRATACIÓN DEL EX GERENTE DE EMARSA

Se refiere a García Antón y Coquillat
El ex alcalde de Manises niega que fuese él quien contrató a Cuesta
Dice que se lo recomendaron José Ramón García Antón y Fernando Coquillat
El primero fue conseller de Medio Ambiente y el segundo delegado del Consell

Europa Press | Valencia

El ex presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y de Emarsa, Enrique Crespo, ha declarado este lunes ante el juez que investiga un agujero de 25 millones de euros en la empresa que gestionó la depuradora de Pinedo, que fueron los fallecidos José Ramón García Antón, que fue conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, y Fernando Coquillat, delegado del Consell en Valencia, quienes le recomendaron a Esteban Cuesta como gerente de la entidad.

Así lo ha indicado en su declaración de este lunes ante el instructor de la causa, en una comparecencia que se prolongará durante otras tres jornadas en esta semana y la próxima.

De esta forma, ha negado haber sido él mismo quien le ofreciera el cargo en el Ayuntamiento de Manises que presidía, sino que, en primer lugar, fue el propio Cuesta quien se le acercó en un acto de partido y le comunicó que sabía que el gerente de Emarsa estaba enfermo y él podía gestionar la empresa "por su conocimiento en temas municipalistas" como alcalde pedáneo y en temas laborales.

Según su declaración, Crespo le contestó que, por ser un tema de partido, debía buscar "apoyos" ya que él solo tenía un voto en el consejo de administración e iba a someter la propuesta a votación porque no iba a contratar "unilateralmente" a nadie.

El también ex alcalde de Manises y ex vicepresidente de la Diputación ha asegurado que hubo dos personas que le causaban "consideración personal" que le hablaron de Cuesta: Fernando Coquillat -fallecido en 2005- y García Antón -que murió en agosto de 2009-.

Del primero, ha explicado que se lo dijo en un acto de partido y le definió como una persona "con predisposición, con ganas de trabajar y con conocimiento perfecto del área metropolitana", recomendación que, a su vez, procedía de otras personas ya que era "conocido por el Ayuntamiento de Valencia", por lo que "existía un conocimiento del participe mayoritario del Emshi".

Al "poco tiempo", en otro acto institucional, coincidió con García Antón, que le preguntó por cómo iba la empresa y por el estado de salud del gerente, y le instó a contratar a otro directivo porque la situación no podía seguir así.

Según su versión, le pidió que lo propusiera y, si no salía por unanimidad, tenían la opción de proponer a otras personas. Por dos ocasiones, en 2004 y 2007, el consejo de administración apoyó a Cuesta sin que él diera "orden alguna" a ningún miembro para que votara a favor.

Posición de Cuesta
Preguntado por si Cuesta le comentó que carecía de formación para ocupar el cargo, ha asegurado que "siempre" se ofreció "muy resolutivo y voluntarioso" de querer ocupar el puesto, que fue iniciativa del propio Cuesta y que nunca le refirió ninguna incapacidad para desarrollar la labor sino "todo lo contrario".

"Era conocido que el señor Cuesta era gerente en contactos con el Emshi, con la Generalitat, estaba en el comité económico de la Ecogira, daba conferencias medio-ambientales sobre gestión de agua, acudía a todos los sitios como gerente de Emarsa y como persona competente para ello, y en ningún momento ni en público ni en privado manifestó su falta de formación", ha relatado.

Asimismo, Crespo ha negado ante el juez haber dado instrucciones de contratación ni en Emarsa ni en la Emshi, ni en otras instituciones en las que ha estado al frente y ha apuntado que, como presidente del consejo, "como cargo representantivo y nunca ejecutivo", no tuvo asesoramiento por parte de determinadas personas por las que ha sido preguntado en su declaración. Así, ha señalado que era informado y asesorado de lo que el gerente o el director financiero informaba al consejo.

En esta línea, ha negado contratar con empresas como Construcciones Rocafort o Valmasmark para proveedoras de Emarsa, al tiempo que ha asegurado no conocer a sus gerentes o representantes. Al respecto, ha hecho hincapié en que "nunca" desde su posición de cargo político de la empresa ha hecho "gestión de ejecución, ni tenía despacho en Emarsa, ni secretario para ayuda de gestión" y, según ha dicho, se limitaba "como hacíamos todos los miembros del consejo de administración, una vez por mes y en el seno del consejo", a "hacer el seguimiento de la empresa".

De acuerdo con su versión, no ha sido "ejecutor" ni ha cobrado como staff de Emarsa, sino que únicamente ha percibido por asistencia a las reuniones del consejo como el resto de miembros. En relación con los informes de auditoría del director financiero, ha dicho que no eran conocidos por el consejo sino que únicamente se facilitaban a los habilitados nacionales de la entidad mientras que las cuentas generales se daban previamente a todos los consejeros.

Informes positivos
En ese caso, se aprobaba la formulación de las cuentas cuando habían sido estudiadas por el Consejo, se firmaban y se elevaban a la Emshi, órgano madre donde pasaba a la Junta general y se aprobaban de forma definitiva.

En este punto, ha reiterado sus declaraciones sobre la ampliación de capital por más de ocho millones de euros que promovió Emshi para equilibrar las cuentas de Emarsa, con todos los informes positivos por lo que no sospecharon "ninguna irregularidad".

Asimismo, Crespo ha afirmado desconocer qué compró Emarsa en El Corte Inglés; ha negado haber dado órdenes para estas compras, ni en Loewe, ni en una joyería. Sobre este punto, ha precisado que solo conoce regalos que se hicieron en Navidad en el seno del consejo y ha indicado que ha tenido conocimiento por la prensa de la existencia de un bolso para la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Crespo sí que ha reconocido que como presidente de Emarsa, accedió a "esponsorizar" a la Junta Local Fallera de Manises, para comidas y cenas de integrantes, y ha negado haber autorizado ningún viaje con fondos de la empresa ni a Cuesta ni al director financiero "ni en concepto de retribuciones en especies ni nada por el estilo".

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ACUSAN DE COHECHO A VICENS POR GANAR 91.500 EUROS A CAMBIO DE UN PELOTAZO DE SON CASTELLÓ

CORRUPCIÓN | Próximo juicio
El fiscal ncluye en sus cargos por Son Oms 3 años de cárcel por otra 'dádiva'
El exconseller recibió un local y parkings en el polígono

Eduardo Colom | María J. García | Palma

En la batería de cargos y delitos por los que la Fiscalía Anticorrupción solicita ahora 19 años de prisión para el ya encarcelado Bartomeu Vicens –el único político de UM que cumple condena por el regalo de 12.000 euros públicos a su contable–, no sólo se encuentran las sumas presuntamente cobradas como «dádivas» a cambio de la recalificación del polígono de Son Oms. En el escrito de acusación que firman conjuntamente, los dos fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach también atribuyen al exconseller de Territorio de Unió Mallorquina otro presunto cohecho de 91.500 euros por el caso Vipasima, detectado en 2009 por la Agencia Tributaria.

La Fiscalía incluye y desgrana este negocio en el escrito de acusación que acaba de elevar al Juzgado que investiga desde hace tres años la trama montada en torno a Son Oms. Lo tipifica como un delito de «cohecho pasivo continuado» y pide por él tres años de prisión para el político además del «comiso de los 91.500 euros percibidos».

'Mucho más de un millón'
Anticorrupción sostiene que el negocio oculto se produjo después de que en el verano de 2004 Vicens impulsara una modificación de las normas urbanísticas en calidad de conseller insular de Territorio. Un retoque que permitía eliminar los umbrales máximos de edificabilidad en las llamadas «zonas M» de los polígonos y que «posibilitó un desmesurado incremento de las posibilidades edificatorias» en las zonas industriales. Aquel cambio afectó a Son Oms. Pero según concluye el fiscal también –al menos– a un determinado proyecto del polígono de Son Castelló. Un moderno edificio de oficinas promovido por un empresario muy próximo al partido y ya fallecido. El edificio Vipasima.

La Fiscalía relata cómo «tras la aprobación por el Consell [de los cambios en la normativa de las zonas M, ejecutados contra los técnicos y toda la normativa urbanística], la empresa Vipasima pudo construir en 2005 y 2006 un edificio de oficinas gracias a la nueva regulación». Concretamente, prosigue, el Ayuntamiento de Palma le había otorgado licencia para que construyese «6 oficinas y 72 aparcamientos con un presupuesto de 2,7 millones de euros». En virtud de la aprobación «instada por Vicens», la promotora «pudo construir un edificio con un presupuesto incrementado en más del 600%». Un complejo con «65 oficinas y 359 aparcamientos» y un presupuesto de «12,4 millones de euros». El beneficio para la compañía «se incrementó con aquella modificación en mucho más de un millón de euros», apostilla el fiscal.

Según su informe, Vipasima «decidió facilitar de manera totalmente gratuita el uso de locales y parkings» para «recompensar» al conseller que había «promovido el cambio de planeamiento urbanístico multiplicando el valor de sus activos». Una decisión que «Vicens aceptó y trató de esconder con la utilización de su empresa Metalumba». La ya famosa sociedad pantalla que administraba una testaferro.

De esta forma, agrega el Ministerio Público, «Metalumba adquirió de Vipasima un local y dos plazas de aparcamiento por un total de 298.032 euros del edificio construido merced a las funciones públicas de Vicens». En el contrato de compraventa se dijo, «faltando a la verdad», que Vipasima había recibido de Metalumba 72.848 euros». Y se libró una «factura inveraz» para simular que se había entregado ese dinero «a cuenta». Realmente, esgrime la Fiscalía, ese dinero no se entregó. El contrato tornó luego en un arrendamiento con opción de compra, haciendo figurar que la prima de la opción eran los 72.848 euros ficticiamente desembolsados. Además de esta suma que le fue «condonada» a Vicens, «Vipasima pagó gastos ocasionados por Metalumba por 18.703,88 euros».

Otro regalo según la Fiscalía. «Eso suponía que esa empresa había favorecido a Vicens con 91.551,88 euros». Agrega también que la «dádiva» fue «encubierta» por el antaño influyente político de UM mediante la emisión de 5 facturas falsas a nombre de Metalumba. Dos de ellas fechadas incluso un mismo día. Este escrito ha sido presentado en el Juzgado de Instrucción 2 de Palma como sostén de la acusación por la que la Fiscalía pide 19 años de cárcel a Vicens (el grueso de los cargos es el cobro que le atribuyen de más de 500.000 euros por recalificar Son Oms); 5 al abogado Jaime Montis y otro año de prisión a Miquel Nadal, exvicepresidente del Consell. Todavía no se ha hecho pública la apertura de juicio. El caso está por tanto pendiente de ser juzgado. Las defensas deben ahora contraponer sus argumentaciones.

lunes, 28 de mayo de 2012

LLOMPAR ACUSA A MUNAR DE CONTROLAR EL "DINERO B" DE UM

Nadal y Munar durante la sesión de esta mañana | Cati Cladera
JUICIO A MUNAR | Declaran los testigos
El ex contable del partido admite que se manejaba dinero B y lo manejaba Flaquer
Los chóferes dicen que no trabajaron el día que Nadal dice que Munar le dio dinero

María J. García | Eduardo Colom | Efe | Palma

El que fuera contable de UM, Álvaro Llompart, ha reconocido ante el tribunal que juzga a la expresidenta del Consell de Mallorca y exlíder de Unió Mallorquina, Maria Antònia Munar, que en el partido nacionalista se manejaba dinero en B y que la propia Munar controlaba ese dinero.

A preguntas del fiscal, Llompart, en calidad de testigo, ha reconocido que "sin ninguna duda había dinero B" en UM. Asimismo ha explicado que "la caja B la controlaba (Miguel Ángel) Flaquer (ex conseller de Turismo y sucesor de Munar al frente de UM) que trabajaba para Munar".

Llompart, que colabora con la Fiscalía en varios casos de corrupción, ha testificado a petición del ministerio público en el juicio sobre un supuesto desvío de dinero del Consell de Mallorca a una productora que era supuestamente propiedad de Munar y del exvicepresidente de la institución insular, Miquel Nadal.

Llompart ha asegurado al tribunal de la Audiencia de Palma que en la sede de UM existía una caja de dinero negro que solía tener una media de 60.000 euros y ha añadido que todos los miembros de la ejecutiva del partido conocían de su existencia.

El juicio por corrupción contra la expresidenta del Consell de Mallorca y exlíder de Unió Mallorquina se ha reanudado a las 10.12 horas con la declaración de testigos propuestos por la Fiscalía, en una jornada en que están citados los dos chóferes de la acusada.

El séptimo día de juicio por un supuesto desvío de dinero público que se celebra en la Audiencia de Palma se dedicará exclusivamente a testificales, en concreto de once personas, cinco de ellas pedidas por el ministerio fiscal y el resto por las defensas.

El abogado de Munar ha citado a declarar a sus dos exchóferes, que han sido interrogados acerca de las afirmaciones del exvicepresidente del Consell Miquel Nadal en el sentido de que Munar le entregó un sobre con 300.000 euros para comprar la productora Vídeo U -posteriormente regada con dinero del Consell- en el interior del coche oficial.

Los conductores han asegurado ante el tribunal que no trabajaron el día que Nadal dice que Munar le dio un sobre con dinero.

En el juicio, Nadal narró con detalle la supuesta entrega del dinero, que él entendió que procedía de UM, explicando que ocurrió en el asiento de atrás del coche oficial de Munar cuando circulaba por la autopista de Inca y que ella le señaló el sobre y le dijo: "Ahí lo tienes".

Munar negó ante el tribunal estas acusaciones y afirmó que se podrían deber "a la presión de la Fiscalía" y a que las relaciones entre ella y su antiguo delfín político se deterioraron cuando ella decidió dejar la política.

Además de los dos chóferes, el abogado de Munar, Gabriel Garcías, ha pedido la declaración de Antoni Martorell, que fue nombrado director de IB3 después de haber desempeñado los cargos de director insular de Comunicación y jefe de Gabinete de Munar.

Antes de los testigos de las defensas declaran los de la Fiscalía, entre los que están el excontable de UM Álvaro Llompart, colaborador del ministerio público en otros casos de corrupción, quien, según explicó el fiscal Juan Carrau el primer día del juicio, explicará "cómo se llevaba el dinero negro en UM".

Los otros testigos de la Fiscalía son Gregoria Morata, que fue secretaria del grupo municipal de UM; Juan Arrom, afiliado al partido de 2006 a 2010; Débora Lorente, extrabajadora del departamento de Comunicación del Consell y también afiliada, así como Petra María Verdú.

Los cuatro cobraron supuestamente sueldos contratados por productoras vinculadas a UM, cuando realmente trabajaron para el partido.

LA SENTENCIA DEL PRIMER JUICIO POR EL "PALMA ARENA" YA ES FIRME PARA MARTORELL Y ROMERO

JUSTICIA | No han recurrido
Les condena a 1 año y 6 meses y a 1 año y 1 mes de cárcel, respectivamente
Como no tienen antecedentes, ninguno de los dos tendrá que ingresar en prisión

Efe | Palma

La Audiencia de Palma ha notificado hoy al ex director general de Comunicación del Govern de Jaume Matas, Joan Martorell, y al dueño de la empresa de comunicación Nimbus, Miguel Romero, la ejecución de la sentencia del caso Palma Arena que les condena a 1 año y 6 meses y a 1 año y 1 mes de cárcel, respectivamente.

La primera sentencia de este caso de corrupción durante la legislatura 2003-2007 en Baleares condena además a Matas y al periodista que le escribía los discursos, Antonio Alemany, a 6 años y 3 años y 9 meses de cárcel, respectivamente, pero sus penas están recurridas ante el Tribunal Supremo y aún no son firmes.

Las condenas de Martorell y Romero no han sido recurridas por sus defensas ni por la Fiscalía, por lo que la sentencia sí ha devenido firme para ellos y la Audiencia así se lo ha notificado hoy, han informado a Efe fuentes jurídicas.

Sin embargo, como ninguno de los dos tiene antecedentes y sus condenas son menores de 2 años de cárcel, ninguno de los dos tendrá que ingresar en prisión.

El Supremo se tiene que pronunciar ahora sobre la condena a Matas y Alemany por varios delitos de corrupción al haber beneficiado fraudulentamente el expresidente balear al periodista con dinero público.

Esta es la primera sentencia del caso Palma Arena, una causa dividida en 26 piezas sobre corrupción en la que Matas está imputado en una veintena, entre ellas la investigación del Instituto Nóos, que fue presidido por Iñaki Urdangarin.

Matas, que es el cuarto presidente autonómico condenado por corrupción, fue responsable del Govern balear entre los años 1996-1999 y 2003-2007 y ministro de Medio Ambiente de 2000 a 2003.

"CASO MALAYA"; EL COMISARIO BAHUT DEFIENDE LA LABOR DE INVESTIGACIÓN ORDENADA POR EL JUEZ

Juicio


José Carlos Villanueva | Málaga

El ex comisario jefe de la unidad Udyco Costa del Sol, Valentín Bahut, ha defendido este lunes la labor de investigación policial desarrollada por sus subordinados, en el marco de la operación 'Malaya', por orden del juez Miguel Ángel Torres.

Bahut, que ha asegurado seguir siendo el "jefe de la unidad" actualmente, tras ser destinado durante un tiempo a la Comisaría del distrito malagueño de El Palo, ha sido sometido a un intenso interrogatorio por parte del abogado del ex alcalde Julián Muñoz, Javier Saavedra, así como de la letrada de Juan Antonio Roca, Rocío Amigo.

Saavedra ha calificado de "desproporcionada" en cuanto a "despliegue policial" la detención de su defendido, "delante de la hija de su pareja", a las 7:30 de la mañana cuando se encontraba en el domicilio que compartía con Isabel Pantoja.

El conocido comisario ha asegurado que los "20 policías" a los que ha aludido Saavedra sirvieron para "proteger los derechos de la persona detenida", en referencia a Julián Muñoz. Bahut ha respaldado las pesquisas de los dos inspectores de la Udyco José Manuel Rando y Marcos Romarís, quienes trabajaban a diario, sobre el terreno, con el ex titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres.

"Yo me limitaba a firmar los informes dirigidos al juez", ha concretado el alto mando policial burgalés, cuyo nombre sonó recientemente para hacerse cargo de la Comisaría de Marbella cuando su jefatura quedó vacante. Todo ello tras el cese de Agapito Hermés de Dios, a raíz de las pesquisas de éste sobre el ático marbellí alquilado por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Saavedra se ha interesado en conocer los motivos por los que Bahut fue procesado: "Por revelación de secretos y no detener a una persona en busca y captura", ha respondido el comisario. Cabe recordar que el Supremo absolvió al alto mando de la Udyco Costa del Sol por nulidad de las escuchas telefónicas llevadas a cabo por Asuntos Internos.

La defensa de Roca ha ido más lejos, porque Rocío Amigo ha llegado a acusar a Bahut "de interceptación ilegal de conversaciones telefónicas", en el marco del caso 'Malaya'. El presidente del tribunal, José Godino, ha tenido que intervenir ante la gravedad de tales afirmaciones y ha censurado que la letrada estuviera "imputando un delito a un testigo, sin contar con abogado". Así pues, el magistrado ha cortado el interrogatorio ante la indefensión del comisario Bahut y la beligerancia de la defensa del considerado cerebro de la trama de corrupción municipal.

Antes de que Godino llamara al orden a Amigo la letrada ha preguntado a Bahut si él ordenó "meter la maleta a Isabel García Marcos", en alusión a interceptar su teléfono, "utilizando una expresión policial". También se ha interesado en conocer si el mando pidió, como favor, al directivo de una sucursal bancaria que le facilitase números de teléfonos móviles de Roca para proceder, sin mandamiento judicial, a su interceptación.

Este lunes también ha prestado declaración, como testigo, Alfredo Cabezas Barrientos, comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en su sección de blanqueo de capitales desde Madrid. La abogada defensora del empresario Andrés Liétor, Rosario Gómez Bravo, ha puesto en entredicho el procedimiento del volcado informático de archivos de su cliente. Además, denuncia que fueron "borrados" diversos documentos que no llegaron en su totalidad a la autoridad judicial que encarnaba Torres, como instructor del caso.

Cabezas Barrientos ha reconocido, a preguntas de Gómez Bravo, que no puede asegurar que toda la documentación de la empresa CCF21 Negocios Inmobiliarios remitida al juez fuera la misma que se incautó en dichas oficinas, propiedad de Liétor y su socio, el también procesado Carlos Sánchez.

El mencionado comisario tuvo un papel muy destacado en toda la investigación económica relacionada con el llamado caso 'Camps', sobre los trajes del ex presidente valenciano, derivado del sumario matriz del caso 'Gürtel'.

Además

OTRO ALCALDE DEL PP ADMITE HABER COMETIDO UN FRAUDE FISCAL

Vázquez en el juzgado de Pontevedra, en febrero de 2010. / CARLOS PUGA

El regidor de Portas ofrece a Hacienda aceptar el delito para rebajar la pena y esquivar la cárcel

Pontevedra


Los abogados del alcalde de Portas, el popular Roberto Vázquez, ya han presentado al fin la propuesta de conformidad que permitirá alcanzar un acuerdo con la Agencia Tributaria y la fiscalía para recortar a los mínimos establecidos la pena de cárcel solicitada y las multas derivadas de un presunto delito fiscal y de falsedad de los que ha sido acusado.

Representado por el bufete de abogados Garrigues, la propuesta ha sido remitida al abogado del Estado y a la sede central de Hacienda en Madrid donde tendrá que ser aprobada en los próximos 15 días. Lo más probable es que sea aceptada ya que entre los abogados y la inspección tributaria ya hubo una negociación previa para fijar los términos estipulados en estos supuestos penales.

Aunque fuentes de la fiscalía han preferido no revelar el contenido de la propuesta a la espera de la resolución de Hacienda, sí se conocen las condiciones que en líneas generales exige la Agencia Tributaria en estos casos como es el pago integro de la cuota defraudada con los intereses de demora y el 65% de las multas.

Vázquez Souto suma cinco legislaturas en el poder y denuncias en los juzgados

Las cantidades reclamadas por el Ministerio de Hacienda son de 151.143 euros más los preceptivos intereses y el correspondiente porcentaje de las multas que suman 305. 400 euros por el delito fiscal y supuesta falsificación de la liquidación del impuesto de sociedades. En este escenario, el fiscal de delitos económicos podría rebajar en dos grados la pena de cuatro años solicitada que quedaría en la mitad.

Además, a Roberto Vázquez, sin antecedentes penales, le quedaría la vía del indulto tras celebrarse el juicio de conformidad que podría fijarse para finales de junio en Pontevedra y en el que el fiscal modificaría su escrito de acusación inicial, según indicaron fuentes judiciales.

Agencia Tributaria y Abogado del Estado estudian la oferta de la defensa

Vázquez Souto, uno de los alcaldes del PP que más tiempo se ha perpetuado en el cargo, cinco legislaturas con mayoría absoluta, había sido denunciado por la oposición y acusado del delito de negociaciones prohibidas a funcionarios pero la condena de un año se suspensión y multa de 3.600 euros finalmente fue revocada por la Audiencia Provincial.

Dos años después regresó a los juzgados para enfrentarse a otro proceso penal que también afecta a su promotora inmobiliaria Pazos Souto 2000 S.L. Según el escrito de la acusación, en la liquidación del impuesto de sociedades de 2005, Hacienda detectó que esta empresa de la que es administrador el alcalde de Portas, declaró gastos de obras inexistentes.

Entre otras obras que realizó en la isla de Fuerteventura, la empresa construyó dos edificios, El Castillo I y El Castillo II, de 26 y 51 viviendas, respectivamente. En la primera utilizó a la empresa Mapafuer S.L. y en la segunda a Mapacons Insulares S.L., declarando pagos por obras que no ejecutaron.

El administrador y único socio de estas constructoras, Pablo Vieira Vieira, quien supuestamente presentó las declaraciones del impuesto de sociedades del ejercicio 2006, había fallecido un año antes por lo que no pudo presentarlas “ y alguien tuvo que falsificar su firma”, según el fiscal.

En el escrito de acusación provisional, el ministerio público señala que Roberto Vázquez creó “las facturas y justificantes de pago emitidos” para rebajar la base imponible y concluye que ambas sociedades utilizadas para facturar no pudieron haber realizado los trabajos de construcción ya que desde el año 2002 no consta que tuvieran trabajadores en nómina.

Sin embargo, en los dos siguientes ejercicios fiscales 2003 y el 2004, las dos firmas dejaron de presentar declaraciones tributarias y de operaciones con terceras personas, mientras que un año después volvieron a presentarlas aunque, curiosamente y de manera exclusiva con Pazos Souto 2000. “Se recogen unos gastos que cubren los ingresos que se dicen recibidos por la empresa de Roberto Vázquez pero, consecuentemente, nada ingresan en la hacienda pública”, señala el fiscal.


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EN EL PAÍS

domingo, 27 de mayo de 2012

"CASO MAQUILLAJE"; DECLARAN LOS CHÓFERES DE MUNAR EN EL JUICIO

JUSTICIA | Citados este lunes
Está previsto que comparezcan en la Audiencia un total de once testigos
El ex contable de UM explicará 'cómo se llevaba el dinero negro en UM'

Efe | Palma

Los dos chóferes que Maria Antònia Munar tuvo cuando era presidenta del Consell de Mallorca testificarán mañana en el juicio del caso Maquillaje a petición de la propia acusada, en una jornada en la que está previsto que comparezcan un total de once testigos propuestos por la Fiscalía y las defensas.

El juicio en el que están acusados de corrupción Munar y su exvicepresidente Miquel Nadal prosigue mañana a las 10.00 horas en la Audiencia de Palma.

Se juzga el supuesto desvío irregular de 240.000 euros del Consell a través de la productora Vídeo U, una empresa que, según la Fiscalía Anticorrupción, compraron mediante testaferros Nadal y Munar, dirigentes de la extinta Unió Mallorquina (UM) y que se enfrentan a peticiones fiscales de 6 años de cárcel.

Entre los testigos que declararán mañana están los exchóferes de Munar, que serán presumiblemente interrogados acerca de las afirmaciones de Nadal en el sentido de que Munar le entregó un sobre con 300.000 euros para comprar Vídeo U en el interior del coche oficial.

En el juicio, Nadal narró con detalle la supuesta entrega del dinero, que él entendió que procedía de UM, explicando que ocurrió en el asiento de atrás del coche oficial de Munar cuando circulaba por la autopista de Inca y que ella le señaló el sobre y le dijo: "Ahí lo tienes".

Munar negó ante el tribunal estas acusaciones y afirmó que se podrían deber "a la presión de la Fiscalía" y a que las relaciones entre ella y su antiguo delfín político se deterioraron cuando ella decidió dejar la política.

A petición de la Fiscalía, mañana también está citado como testigos el excontable de UM Álvaro Llompart, colaborador del ministerio público en otros casos de corrupción, quien, según explicó el fiscal Juan Carrau el primer día del juicio, explicará "cómo se llevaba el dinero negro en UM".

Otros de los testigos de la Fiscalía son Gregoria Morata, que fue secretaria del grupo municipal de UM; Juan Arrom, afiliado al partido de 2006 a 2010; Débora Lorente, extrabajadora del departamento de Comunicación del Consell y también afiliada, así como Petra María Verdú.

Los cuatro cobraron supuestamente sueldos contratados por productoras vinculadas a UM, cuando realmente trabajaron para el partido.

Además de los dos chóferes, el abogado de Munar, Gabriel Garcías, ha pedido la declaración mañana de Antoni Martorell, que fue nombrado director de IB3 después de haber desempeñado los cargos de director insular de Comunicación y jefe de Gabinete de Munar.

La última jornada del juicio fue el 21 de mayo, cuando varios testigos confirmaron la existencia de irregularidades en los contratos del Consell de Mallorca con Vídeo U, productora que recibió 1,3 millones de euros de la institución insular entre 2003 y 2007.

En la primera semana del juicio declararon todos los acusados: Munar, Nadal, la exdirectora insular de comunicación Margarita Sotomayor, el exresponsable de Vídeo U Miquel Oliver, los dos supuestos testaferros que compraron la productora, Miguel Sard y Víctor García, y el matrimonio formado por Elisabet Diéguez y Alfredo Conde, cuya empresa Studio Media recibió parte de las subvenciones sospechosas.

Tras la jornada de mañana, el juicio continuará los días 29, 30 y 31 de mayo y está previsto que acabe el 1 de junio.

TRES AÑOS DE CORRUPCIÓN EN LAZAROTE

JUSTICIA | Se investigan los delitos de malversación y cohecho
Se investigan delitos de malversación, cohecho, blanqueo y falsedad
Cargos públicos y funcionarios del Ayuntamiento de la capital, imputados
En los últimos años se han desarrollado tres operaciones judiciales
La investigación apunta a que se ha llegado al corazón de la trama corrupta

Yira Arredondo | Arrecife (Lanzarote)

Dos causas paralelas, en dos islas diferentes (Fuerteventura y Lanzarote) dejan al interventor de los ayuntamientos de Arrecife, San Bartolomé y Teguise (Lanzarote) en prisión provisional e incomunicada. Carlos Sáenz también ejerció como interventor en el Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura) hasta 2008.

El primero en acordar prisión para Sáenz fue el titular del juzgado de instrucción número cinco de Puerto del Rosario (Fuerteventura). La juez Aurora García, responsable del juzgado de instrucción número 4 de Arrecife, dictaba la misma orden la pasada noche.

La corrupción salpica por tercera vez en tres años al Ayuntamiento de la capital de Lanzarote. Tres operaciones judiciales han imputado a cargos públicos y funcionarios de esa institución. La más reciente parte de una denuncia anónima, presentada ante el fiscal Ignacio Stampa. En ella se avisaba de presuntas irregularidades en el cobro de facturas. Incluso, según fuentes consultadas, se podrían haber cargado cobros al Ayuntamiento por servicios que nunca se llegaron a prestar.

Delitos investigados
Esta operación investiga delitos de malversación de fondos públicos, cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y falsedad en documento público. También ha sido enviado a prisión un empresario, José Vicente Montesinos, administrador de las sociedades Tributos La Oliva y Progestril.

Se trata de una empresa dedicada a la recaudación de tributos y que cobraba porcentajes a los ayuntamientos que le contrataban entre ellos el de la Oliva y San Bartolomé.

Así lo ha acordado la magistrada Aurora García y el fiscal, después de que tras su detención en Fuerteventura, fuera citado a declarar ayer en Arrecife.

Libertad con cargos
Otros dos detenidos el pasado martes en el desarrollo de esta investigación han salido ya de prisión. El ex concejal en el Ayuntamiento de Arrecife José Miguel Rodríguez lo hacía en la madrugada del viernes en libertad con cargos. Rodríguez está imputado en las dos operaciones anticorrupción más relevantes de la isla: Unión y Jable.

El otro detenido, Javier Betancort Tubau, actual presidente del consejo regulador de denominación de Vinos de Lanzarote, abandonaba la pasada noche sede judicial, después que la juez prorrogara su detención 24 horas más. Le imputan varios delitos entre ellos cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicos.

La investigación apunta que esta vez se ha llegado al corazón de una trama corrupta en esa corporación centrándose en la figura del interventor, responsable de fiscalizar los fondos de las corporaciones.

Además

viernes, 25 de mayo de 2012

SUMARIO DE LA "OPERACIÓN PONIENTE"; ENCISO Y ALEMÁN COMPRARON Y VENDIERON INMUEBLES EN OPERACIONES MILLONARIAS

El ex alcalde de El Ejido Juan Enciso y el ex interventor, José Alemán. | M.C.
El ex alcalde y el ex interventor crearon sociedades junto con sus esposas
La sociedad de Enciso compró edificios que luego fueron vendidos a Elsur

Miguel Cabrera | Almería

Los últimos tomos del sumario de la operación Poniente, que investiga una trama de corrupción municipal en El Ejido, ofrecen informaciones precisas y detalladas, mediante escrituras públicas, de las millonarias operaciones de compraventa de inmuebles y propiedades de los grupos empresariales creados por el ex alcalde Juan Enciso y el presunto cerebro de la trama y ex interventor municipal, José Alemán.

Estas investigaciones en torno a las piezas separadas sobre los grupos de Enciso y Alemán, en los que también participaban algunos de sus familiares, han permanecido secretas en el sumario hasta hace pocos días debido a la ingente cantidad de diligencias a practicar y al importante volumen de la causa, tal y como justificó hace un año el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, que instruye el caso.

Aunque los tomos sobre los que se ha abierto el sumario no ofrecen novedades significativas en torno al caso, si aportan un gran número de datos y detalles sobre las operaciones de ambos grupos empresariales entre 2002 y 2008, en torno a medio centenar de ellas sobre las que la anterior juez titular, Montserrat Peña solicitó documentación, que ha sido confeccionada a través de los datos aportados por notarios, en su mayor parte de Almería, aunque también de otras provincias, como Granada y Málaga.
Edificio que compartían Elsur y PAL, cuya construcción se investiga. | M.C.
Entre estas se encuentran una quincena de operaciones realizadas por Alemán y su mujer, Isabel Carrrasco, también imputada, por valor de unos tres millones de euros, como ha informado La Voz de Almería. Según el sumario, el grupo Alemán -en el que también se incluyen sus sociedades- adquirió, por ejemplo, dos pisos de lujo en el centro de Almería, otro de similar calidad con plaza de garaje en la plaza Mayor de El Ejido, dos oficinas en la Puerta de Purchena de la capital -que alquiló a Acusur- una finca en Viator, un dúplex en la barriada ejidense de Almerimar, un piso en la Vega de Acá, también en la capital y un bajo comercial de 800 metros cuadrados frente a El Corte Inglés de El Ejido, entre otras propiedades.

Por su parte, el grupo del ex alcalde del Pal Juan Enciso -del que forma parte también su mujer, Francisca Aguilera y sus sociedades-, al igual que Alemán, compró, entre otras propiedades, un piso de lujo en la plaza Mayor de El Ejido con plaza de garaje y un bajo comercial de 800 metros cuadrados en el mismo edificio que el ex interventor, junto a otros solares y participaciones societarias.

En la información recogida en el sumario destaca la operación iniciada por la sociedad Enciso y Aguilera, formada por el ex alcalde y su mujer, que adquirió un solar en la Plaza Mayor ejidense que luego permutó con Ensap Plaza. Esta era una sociedad en la que junto a Enciso y Aguilera también participaba el conocido empresario Miguel Santaella, para construir plazas de aparcamiento y un edificio de oficinas.

Una vez finalizada la construcción, Ensap Plaza vendió buena parte de las oficinas a Faneas, sociedad de Miguel Santaella, y el mismo día y por el mismo dinero ésta también los vendió a Desarrollos Urbanísticos de El Ejido, una empresa al 100% municipal presidida por Juan Enciso. Se trataría, según el sumario, de la utilización de una presunta sociedad interpuesta para que no fuera el propio alcalde "el que se vendiera a sí mismo, es decir, al Ayuntamiento".

Se da la circunstancia de que parte de estas oficinas se alquilaron a Elsur, la empresa de servicios de El Ejido que es la clave de la operación Poniente, pues fue presuntamente utilizada por sus responsables para conseguir desmesurados beneficios a través de subcontratas propiedad de otros imputados en la trama. En el ático del mismo edificio se situó la sede del Pal, partido que fundó Enciso tras ser expulsado del PP.