ISABEL VILLALONGA DECLARARÁ COMO IMPUTADA EN EL "CASO NÓOS"

El magistrado tomará declaración en Valencia a la exsubsecretaria de Presidencia

También cita a otros tres imputados y 17 testigos

EFE PALMA

El juez que instruye el llamado caso Nóos, Jose Castro, ha citado a declarar a cuatro personas en calidad de imputados en Valencia, entre ellos la exsubsecretaria de Presidencia de la Generalitat y actual secretaria general de la Delegación del Gobierno, Isabel Villalonga, y en Barcelona al empresario catalán Joaquim Boixareu, así como a 88 testigos.

En un auto dictado hoy, el juez instructor de la pieza del caso Palma Arena relacionada con el supuesto desvío de dinero de los gobiernos balear y valenciano al Instituto Nóos cuando lo presidía Iñaki Urdangarin, cita a cinco personas como imputadas, tres de ellas que ya lo estaban y dos que incorpora a la causa con esta condición.

En el caso de Barcelona, tomará declaración a un imputado y 71 testigos, los días 27, 28 y 29 de junio. La persona citada a declarar como imputado es el empresario Joaquim Boixareu, consejero delegado de Irestal Group y expresidente de la Fundación Privada de Empresarios (FemCat), que ha sido llamado a comparecer ante Castro el día 27 de junio a las 13.15.

En cuanto a los imputados de Valencia, deberán prestar declaración los días 12 y 13 de julio, al igual que 17 testigos.

Tres de las personas citadas ya figuraban como imputadas en la causa y se incorpora, además, con esta condición la exsubsecretaria de Presidencia de la Generalitat y actual secretaria general de la Delegación del Gobierno, Isabel Villalonga, con lo que en total son siete los imputados en el caso Nóos en Valencia.

El día 12 de julio, Castro ha citado al exsecretario autonómico de Turismo, Luis Lobón (que dimitió de su cargo el 15 de mayo tras ser imputado en esta causa); a la exdirectora de gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Elisa Maldonado, y a la exresposable jurídica de la misma entidad, María Ángeles Mallent. Al día siguiente tomará declaración a Villalonga.

Por otra parte, en el mismo auto el juez Castro solicita al conseller de Presidencia del Govern balear que remita al juzgado los informes jurídicos, de fiscalización o de cualquier otro tipo que tenga y que guarden relación con los expedientes administrativos relativos al patrocinio por parte de la comunidad del equipo ciclista Illes Balears (antes Banesto).

También reclama al Govern la presentación y seguimiento de dichos expedientes, así como los convenios de colaboración para la celebración de los foros Illes Balears Fórum que organizó el Instituto Nóos, y todas las decisiones administrativas adoptadas al respecto por los órganos de contratación.

Castro pide también al Govern que remita al juzgado todos los acuerdos que consten en sus archivos relativas a la Asociación Instituto Nóos, que hayan sido objeto de algún tipo de decisión por parte del Consell de Govern, incluidos los que afecten a la dotación presupuestaria.

NOTICIAS RELACIONADAS

EN EL PAÍS

Imputado un empresario catalán, amigo de Urdangarin, en el ‘caso Nóos’

El juez deniega la petición de Matas de que declaren Camps y González Pons

La Generalitat pagó a Nóos 48.000 euros por tres reuniones de trabajo

EN OTROS MEDIOS

lavanguardia.es Castro deniega la petición de Matas de tomar declaración a Camps y González Pons por los convenios con Nóos

elperiodico.com Imputado el empresario Joaquim Boixareu en el 'caso Urdangarin'

elmundo.es El juez deniega la petición de Matas de tomar declaración a Camps y González Pons

abc.es El juez Castro no se apartará del «caso Noós» tal y como solicitaba Matas

elpaís.com

ANTICORRUPCIÓN RECURRE LA EXCLUSIÓN DEL DELITO DE COHECHO EN EL "CASO FABRA"

Carlos Fabra fue presidente de la Diputación de Castellón hasta el mes de mayo. / angel sánchez

La Audiencia de Castellón devolvió la causa al juzgado para eliminar el delito

María Fabra Castellón

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito ante la Audiencia de Castellón en el que anuncia la presentación de un recurso contra la decisión de este audiencia de excluir el delito de cohecho en el “caso Fabra”, en el que el presidente del PP provincial y expresidentes de la Diputación, Carlos Fabra, está acusado también de tráfico de influencias y cuatro fraudes fiscales.

Así lo ha anunciado la fiscalía en comunicado en el que explica que presentará el recurso de casación en las próximas semanas y que este será elaborado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La Sección Primera de la Audiencia de Castellón, en una resolución realizadas de oficio, decidió devolver la causa, tras más de ocho años de instrucción, al juzgado de Nules, en donde se inició la investigación después de que un empresario acusara a Fabra de cobrarle “cantidades millonarias” a cambio de favores políticos. La Audiencia se basó en otros escritos de la Sección Segunda para exigir al juez una rectificación sobre las acusaciones formuladas contra el dirigente del PP y requirió que se excluyera el delito de cohecho. Esta decisión ha provocado la reacción de la Fiscalía Anticorrupción, que recurrirá la exclusión de este delito y, por tanto la nulidad del auto de apertura de juicio oral, con el que Fabra se acercaba al banquillo de los acusados.

La Fiscalía y la acusación mantienen que utilizó su cargo de presidente de la Diputación de Castellón

Tanto la fiscalía como la acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores UCE, alegaron que Carlos Fabra utilizó su cargo como presidente de la Diputación para mediar ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad con el fin de tratar de agilizar la fabricación de productos sanitarios reclamada por un, entonces, amigo. La acusación ha anunciado que también recurrirá la decisión de la Audiencia provincial.

En cualquier caso, recurso supondrá un nuevo retraso en la resolución de la causa, después de que el 20 de enero, el juzgado de Instrucción número 1 de Nules acordara la apertura del juicio oral contra Carlos Fabra, al que impuso una fianza de 4,2 millones de euros por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la hacienda pública.

El Juzgado número 1 de Nules, que ha tenido nueve titulares en los últimos ocho años, dio por concluida el pasado mes de diciembre la instrucción de esta investigación, abierta en diciembre de 2003.

El Supremo rechaza otro recurso de Carlos Fabra por la filtración de sus datos fiscales

Mientras Carlos Fabra se mostraba ayer "satisfecho" y con "ganas de luchar" después de que la Audiencia Provincial descartara el delito de cohecho que se le imputaba, hoy, además de conocer la decisión de Anticorrupción de recurrirlo, se ha topado también con una resolución del Tribunal Supremo que desestima uno de sus recursos. En este caso, se mostró en contra de la decisión de la Agencia de protección de dato de no sancionar las filtraciones sobre el expediente fiscal en el que se le atribuyó, a él y a la entonces su esposa, un fraude de más de un millón de euros. El Supremo ha rechazado el recurso.

NOTICIAS RELACIONADAS

EN EL PAÍS

Carlos Fabra se muestra “satisfecho” por el traslado de su causa a Nules

EN OTROS MEDIOS

rtve.es Anticorrupción recurrirá la exclusión del delito de cohecho en el caso Fabra

  

elpaís.com

EL CERCO DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL SE ESTRECHA SOBRE EL PP VALENCIANO

Los informes, los argumentos y las declaraciones van cerrando el círculo de la acusación

María Fabra Castellón

El intento de la anterior cúpula del PP valenciano por salvarse de las acusaciones de financiación ilegal es cada vez más complicado. El cerco se estrecha sobre quienes, bajo el mandato de Francisco Camps, aceptaron, según la investigación, endosar a empresarios varias facturas de deudas contraídas durante dos campañas electorales con la trama Gürtel. De esa forma, habrían financiado, de manera ilegal al PP valenciano.

Tres son las líneas desde las que se va cerrando el círculo. Por un parte, los informes policiales atestiguan que la filial de la red corrupta Gürtel en Valencia, Orange Market, cambiaba el concepto de sus facturas “a conveniencia, parece que para no mostrar el origen real de los fondos”. Y pone como ejemplo una factura emitida al PP de la Comunidad Valenciana “transformada” en otra emitida a Enrique Ortiz, “que es la pagadora real del acto del partido”. U otra factura emitida al PP de Castellón que “se cambia por otra emitida a Facsa, quien efectúa el desembolso del evento del partido”.

Conclusiones de la investigación policial sobre la trama de financiación ilegal.  / El País

Ambas empresas, junto a otras siete, están implicada en la causa de financiación ilegal que investiga el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana por las prácticas detectadas en las elecciones autonómicas de 2007 y la campaña de las generales de 2008.

Los informes policiales también hacen referencia a la campaña de las elecciones generales de 2008, en la que se investiga si el Grupo Sedesa, propiedad de la familia del exconsejero de Camps y actual presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino. La policía ya ha averiguado que cuatro facturas abonadas por el grupo a Orange Market no respondieron en realidad a “operación económica subyacente” alguna.

La policía y la Agencia Tributaria detectaron el endoso a empresarios de deudas del PP por actos electorales

También la Agencia Tributaria se ha pronunciado sobre estas prácticas. "De los documentos indicados (...) se infiere que algunos servicos prestados al PP habrían sido pagados no por este, sino por terceros (Ortiz, Facsa, Sedesa, Lubasa, Piaf)", explicaba Hacienda en un informe elaborado en 2010 en el que se reclamaba que “habría que examinar documentación que permitiera saber si los trabajos facturados a las constructoras se hicieron”. También la Agencia Tributaria llegó a la conclusión de que el PPCV ocultó al fisco gastos por importe de 2,5 millones de euros y que había "terceras personas" que pagaron, a través de Orange Market, actos electorales del PPCV.

El hilo del círculo sigue por los argumentos escritos del propio PP, por una parte el nacional y, por otra, el regional. Y, pese a manifestar que son un único partido, se contradicen. De los informes requeridos por el juez y remitidos desde las calles Génova (Madrid) y Quart (Valencia), se concluye un choque en la exposición sobre cómo se organizaban las cuentas en el partido. En Valencia aseguran que era Madrid quien las perfilaba mientras que en Madrid mantienen que las cuentas regionales nunca se han tocado sino que, simplemente, se consolidan para la contabilidad global del partido.

El exvicesecretario del PPCV ha admitido que "el de las galletas" es el empresario Enrique Ortiz

Ayer se cerró más el círculo después de que el ahora ex vicesecretario general del PP valenciano, David Serra, admitiera que el de “las galletas” y “las magdalenas” del que habla en sus conversaciones grabadas con Álvaro Pérez El Bigotes, es el constructor alicantino Enrique Ortiz, uno de los empresarios a los que, supuestamente, endosaron facturas de deudas del PP. “El viernes tendrás un talón con lo que hemos dicho, lo de mañana, y ya fetén lo tendrás listo a primera hora para cobrar el mismo viernes. El viernes está previsto que le presentéis al de las galletas la factura igual que la otra”, se le oye decir a Serra en una de ellas. El exvicesecretario argumentó que de lo que trataba con El Bigotes se limitaba a una mediación para que la trama cobrara una deuda que tenía con Ortiz. Afirmó, en su declaración como imputado, que no hablaban de un acto del PP sino de un servicio prestado por Orange Market al Grupo Ortiz. Y mantuvo que su intervención se debió a que era amigo de El Bigotes. Es decir, su teoría es que el vicesecretario general del PP valenciano, como amigo de uno de los cabecillas de la red Gürtel, medió para que la trama cobrara una deuda de uno de los más importantes grupos empresariales valencianos.

NOTICIAS RELACIONADAS

EN EL PAÍS

El PP valenciano y Génova chocan en la financiación ilegal

Agenda del 18 al 24 de mayo

El extesorero del PP niega irregularidades en las cuentas de su partido

Los silencios ¿culpables? de los imputados

EN OTROS MEDIOS

lavanguardia.es Imputado otro alto cargo del gobierno valenciano por la presunta financiación irregular del PPCV

20minutos.es La supuesta financiación irregular del PP valenciano suma ya un total de 26 imputados

abc.es Luis Bárcenas declara por la presunta financiación ilegal del PP valenciano

elmundo.es Luis Bárcenas declara hoy por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano

elpaís.com

"CASO PALMA ARENA"; EL JUEZ CASTRO RECHAZA DE NUEVO APARTARSE DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE NÓOS

Dice que Matas está 'empecinado'

'Ni Matas ni su abogado discreparon de las preguntas realizadas'

Le recuerda que la investigación lleva abierta dos años

Dice que 'hasta ahora nunca había parecido inquietarle' este hecho

Eduardo Colom | M. J. García | Palma

El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha rechazado de nuevo inhibirse de las investigaciones en torno a las actividades presuntamente ilícitas llevadas a cabo a través del Instituto Nóos, y que constituyen la pieza 25 de la causa. De esta manera, desestima la petición del ex presidente del Govern Jaume Matas por la que interesaba que el magistrado se apartase de estas pesquisas al considerar que no tienen relación con las que indagan un presunto desfase en la construcción del velódromo palmesano.

Castro recuerda a Matas que la investigación lleva abierta desde hace dos años y que "hasta ahora nunca había parecido inquietarle" que él fuera el instructor. "Queda de manifesto que el interés de Matas no es la observancia de las normas de competencia sino un empecinamiento en privar de esa competencia a este intructor".

Mediante un auto dictado este jueves, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma alega entre otros argumentos que ya cuando tomó declaración al imputado en marzo de 2010 se le preguntó en torno a los convenios firmados entre el Govern balear y Nóos para la celebración de dos foros sobre turismo y deporte, y entonces "ni el señor Matas ni su dirección letrada mostraron su discrepancia sobre las preguntas que se le formularon, ni se cuestionaron la competencia de este instructor para hacerlas o consentir que otros lo hicieran" en el marco del caso Palma Arena, según recoge Europa Press.

Tal y como pone de manifiesto el magistrado en sus razonamientos jurídicos, desde entonces se han dictado más de quince resoluciones hasta que fue abierta la pieza sobre Nóos, el 4 de agosto del pasado año, a partir de cuando se dictaron otras 33, sin que ni siquiera una vez levantado el secreto de las mismas ninguna de ellas fuese objeto de recurso ni de cuestionamiento de la competencia por parte de Matas.

En el auto, Castro asevera que fue a partir de la nueva citación del exjefe del Ejecutivo autonómico ya en el marco de la pieza número 25 cuando su abogado, Antonio Alberca, cuestionó la competencia de su Juzgado para instruir estas investigaciones. Es más, el juez considera que la pretensión de la defensa de Matas de que el juez decano decida en base a las normas de reparto que estas pesquisas recaigan en otro Juzgado "carece de todo encaje jurídico", puesto que a pesar de que el decano, entre otros cometidos, tiene el de intervenir en el reparto de asuntos, no es así "en cualquier momento procesal que a alguien se le pueda antojar sino solo cuando aquéllos acceden a los Juzgados a través de los variados cauces habilitados para ello".

Y ello, prosigue, "con la estricta finalidad de que la carga competencial entre todos ellos sea equitativa y con rigurosa observancia de las normas de reparto". Tanto es así que considera que la solicitud del exministro "supera todo lo inconcebible" y asevera que la inhibición de un instructor "no puede ser algo caprichoso que obedezca al personal interés de éste ni al personal y además extemporáneo de ninguna de las partes".

Es por todo ello que considera "extemporáneo, sin cauce procesal y sin base legal alguna" entrar en el debate planteado por la defensa de Matas, menos aún cuando está por resolverse por la Audiencia Provincial de Palma un recurso de apelación sobre "exactamente la misma cuestión".

Además

El abogado de Urdangarin demostrará que no hay cuenta en Suiza

La Justicia ha descubierto ya 700.000 euros evadidos a Suiza

elmundo.es

UN JUEZ INVESTIGA A 13 PERSONAS POR PREVARICACIÓN, MALVERSACIÓN Y FALSEDAD EN LA DIPUTACIÓN

DIPUTACIÓN DE GRANADA | Entre los implicados, el ex vicepresidente

Según la Policía, se hicieron contrataciones para beneficiar a un empresario

En la feria empresarial Mercamed de Tetuán y en el proyecto de museo en Xauen

También aparece entre los implicados la mujer del portavoz del PSOE en Granada

José A. Cano | Granada

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, el magistrado Miguel Ángel del Arco, ha abierto diligencias contra 13 personas, entre ellas el que fuera vicepresidente de la Diputación por IU en el anterior mandato, Julio Bernardo, y la pareja de Francisco Cuenca, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, por la supuesta gestión irregular de los fondos del programa Poctefex, en la organización la feria empresarial Mercamed en Tetuán y en la realización del proyecto de un museo en Xauen, Marruecos.

El juzgado investigará la participación de estas 13 personas, entre las que se encuentran, además de los mencionados, once trabajadores o ex trabajadores de la institución provincial, en los posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos mercantiles. La apertura de la investigación llega después de que la Fiscalía Provincial presentase denuncia por los mismos cargos.

La investigación se produjo después de que la Fiscalía Superior de Andalucía diera traslado el pasado 26 de marzo de un informe de la Policía Judicial que ponía de manifiesto "suficientes indicios para suponer" que, dentro del proyecto conocido como Mercamed, algunos responsables de la Diputación favorecieron con sus actuaciones que las sociedades del empresario Antonio Roldán Maroto pudieran realizar trabajos para el organismo provincial pese a tener deudas con la Seguridad Social.

El ex vicepresidente, según la Policía, buscó la manera de "amparar" dichos pagos haciendo constar la contratación formal con otras empresas "que se limitaban a solicitar la adjudicación, facturar y previamente subcontratar" con las empresas de Roldán, "dando una apariencia de legalidad a los expedientes administrativos que fueron incoados para autorizar los pagos" por los servicios desarrollados con ocasión de la feria Mercamed, que tuvo lugar en Tetuán los días 26, 27 y 28 de mayo de 2011.

Entiende la Policía Judicial que en este caso existieron "dos tramas". Con la primera, según consta en el decreto fiscal, se trataron de cubrir las irregularidades que se habrían cometido para que Roldán realizara el trabajo "cuando legalmente no podía hacerlo", y con la segunda, se procuró que los servicios fueran prestados por una empresa marroquí, Juridicus Maroc, por los problemas administrativos surgidos en la frontera, "llevando a cabo posteriormente diversas actuaciones administrativas para que tuviera lugar la participación de la Diputación en el evento y se abonaran los servicios realmente prestados".

"En resumen, tuvo lugar el cobro de diversas cantidades por parte de las anteriores que, en algún caso, devuelven o entregan el dinero al empresario y, en otro, comunican a la Diputación que han cobrado una cantidad determinada sin realizar servicio alguno", indica el informe.

La actual vicepresidenta de la Diputación Provincial, Luisa García Chamorro (PP), ha advertido que la institución, como posible parte perjudicada, estudia personarse en el proceso "para ejercer cuantas acciones penales y civiles considere oportunas", pues "se ha hecho un daño muy grave tanto económico como de imagen a esta Diputación y se están poniendo en riesgo los fondos europeos".

Asimismo, en la línea de lo que ya ha solicitado el PP en otras ocasiones, la vicepresidenta de la Diputación ha considerado que "no se sostiene" que el que fuera delegado provincial de Innovación y actual portavoz del PSOE municipal, Francisco Cuenca, "estuviera ajeno a los trapicheos que hacía su mujer en la Diputación".

elmundo.es

"TRAMA DE LOS ERE"; EL ABOGADO DE JAVIER GUERRERO PIDE A LA JUEZ QUE CITE AL EX CONSEJERO JOSÉ ANTONIO VIERA

No aclara si como testigo o imputado

La Guardia Civil lo cree promotor de ayudas a empresas de la Sierra Norte

Firmó como consejero el convenio que creaba la partida del 'fondo de reptiles'

También pide a la juez que reclame al PP 'toda la documentación' que tenga

Europa Press | Sevilla

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, en prisión preventiva desde el pasado día 10 de marzo imputado en la investigación de los ERE fraudulentos, ha solicitado a la juez que investiga el caso que cite a declarar al ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, al responsable del gabinete jurídico de la Junta y al ex interventor general.

En un escrito presentado este jueves en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el abogado de Francisco Javier Guerrero pide a la magistrada que cite a declarar a Viera, al ex interventor de la Junta Manuel Gómez, que emitió los informes y fiscalizó las ayudas investigadas, y al responsable jurídico de la Junta, Francisco del Río.

El letrado del ex director general de Trabajo no precisa si estas tres personas deben ser citadas como imputadas o como testigos, lo que deja a criterio de la propia Mercedes Alaya.

En el mismo escrito, el abogado de Guerrero pide a la juez instructora que requiera al PP, personado en este caso como acusación particular, para que entregue toda la documentación que posea sobre el presente procedimiento y no lo haga "por capítulos semanales".

Hay que recordar que Viera era consejero de Empleo cuando se firmó el convenio con el IFA que reguló la entrega de las ayudas sociolaborales y directas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en un informe realizado después de tomar declaración al propio Guerrero, concluyó que Viera "tenía conocimiento de todas las ayudas a empresas que se concedían a las mercantiles de la Sierra Norte" de Sevilla.

En ese informe, los agentes concluían que Viera, "no sólo tenía conocimiento de todas las ayudas a empresas que se concedían a las mercantiles de la Sierra Norte, sino que especialmente fue el que promovió las ayudas" vinculadas a Matadero de la Sierra Morena, perteneciente a José Enrique Rosendo Ríos, hijo del ex alcalde de El Pedroso Rafael Rosendo, y a su entonces persona de confianza José María Sayago Lozano, SAT Virgen del Espino y Almazara del Guadalcanal.

Además

Fianza impuesta a Javier Guerrero: 686 millones

Fianza del ex consejero Fernández: 807 millones

4,7 millones de fianza para otros 16 imputados

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; EL JUEZ DENIEGA LA PETICIÓN DE MATAS DE TOMAR DECLARACIÓN A CAMPS Y GONZÁLEZ PONS

Las novedades

Le recuerda que si quiere 'disipar cualquier duda' puede comparecer y 'explicitar los indicios de criminalidad concurran en esas personas'

Europa Press | Palma

El magistrado del Juzgado número 3 de Palma, José Castro, ha denegado la petición que le hizo este miércoles el expresidente Jaume Matas para que tomara declaración al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y al exconseller de esta Generalitat y vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, por los convenios firmados con el Instituto Nóos, cuando estaba presidido por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin.

En un auto dictado este jueves, Castro también deniega la solicitud de Matas para que solicitara a los Ayuntamientos de Madrid; de Alcalá de Henares y de Mataró que facilitasen toda la documentación que obre en sus archivos acerca de convenios de colaboración y/o contratación con Fundación Cultura, Deporte e Integración Social; Fundación Instituto Nóos; la mercantil Nóos Consulting o con Iñaki Urdangarin.

En este auto, el juez recuerda que el abogado de Matas, Antonio Alberca, le pidió que se inhibiera en la instrucción de la subpieza 25, que hace referencia al caso Nóos, al alegar una "falta de competencia" del Juzgado de Instrucción número 3 para instruir esta causa.

"Pues bien, un no acaba de entender cómo, al tiempo que se mantiene esta pretensión, se le está pidiendo a quien previamente se reputa incompetente que haga extensiva su incompetencia a la investigación de contrataciones habidas en Alcalá de Henares, Madrid y Mataró, así como cite para recibirles declaración a determinadas personas con ellas relacionadas", señala Castro.

En este sentido, el juez recuerda a Matas que si quiere "disipar cualquier duda", respecto a un supuesto "agravio comparativo" con otras personas, puede comparecer ante este Juzgado y "explicitar cuantos indicios de criminalidad concurran en esas personas a las que cita y que las hagan acreedoras a recibir el mismo trato que él y comprobará cómo el Juzgado adoptará el posicionamiento que corresponda".

Así, Castro recalca que "mientras esto no ocurra, y el pasado 17 de mayo desaprovechó la oportunidad que se le brindaba, este Juzgado no habrá de abordar diligencias ni estrategias que en este momento no estima oportunas sólo para convencer a Matas".

Respecto a la declaración de González Pons, que Matas llegó a decir que fue "extrañamente suspendida 'sine die', el juez ha recordado que no pudo tomar declaración al vicesecretario general del PP, debido a que el mismo día, él se encontraba interrogando a otras personas en la sede de la Ciudad de Justicia de Valencia, por lo que "careciendo quien ahora resuelve del don de la ubicuidad, la razón de la suspensión parece obvia".

Respecto al 'sine die', el juez manifiesta que es cierto que hasta ahora no se ha hecho un nuevo señalamiento en sustitución del anterior, si bien anuncia que ya se acordará "de manera concentrada para todas las diligencias que hayan de practicarse en Madrid de manera que no fuercen a segundos desplazamientos".

Además

Cita a 5 imputados y 88 testigos en Barcelona y Valencia

elmundo.es

EL JUEZ REACTIVA EL "CASO ORQUESTA" TRAS LA RATIFICACIÓN DE 28 IMPUTACIONES

CASO ORQUESTA

La fiscalía confirma los cargos contra los alcaldes de Fisterra, Mazaricos y Corcubión

El regidor socialista de Muxía, llamado a declarar como testigo

Paola Obelleiro A Coruña

No habrá sobreseimiento. Por el momento. Y casi 30 personas —cargos públicos, funcionarios, empleados municipales y constructores— continuarán imputadas en la Operación Orquesta, la trama de corrupción destapada por casualidad hace ya dos años y medio en la Costa da Morte. “No procede acordar en este momento procesal el sobreseimiento de la causa respecto de ninguno de los imputados”, resolvió la fiscalía en un informe de febrero pasado. Siguen en libertad provisional, acusados de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, los alcaldes de Fisterra, José Manuel Traba, y de Mazaricos, José Manuel Santos, ambos del PP; el exregidor independiente de Cee Ramón Vigo, desbancado del cargo por una moción de censura en marzo pasado y que evitó la cárcel al pagar 29.000 euros de fianza; así como concejales de estos tres ayuntamientos, entre otros. El último imputado, ya a finales de septiembre de 2011, fue el alcalde de Corcubión, el socialista Francisco Javier Lema Fuentes.

Su homologo de Muxía y compañero de filas, Felix Porto, deberá declarar el 12 de junio, en calidad de testigo, ante el instructor del caso y titular del Juzgado número dos de Corcubión, Andrés Lago Louro. La secretaria municipal también está convocada para ese día. Con ambas citaciones se reactiva esta investigación judicial, tras desestimar la fiscal las alegaciones de uno de los imputados, Carlos Rey Paz. Funcionario del Juzgado de Paz de Muxía, está imputado al considerar el juez instructor por “posee, dirige y protagoniza su propia actividad defraudatoria”, al margen de los manejos de los demás implicados, como alcaldes y constructores.

Rey Paz, cuyos teléfonos fueron intervenidos a los largo de 2010, está acusado de “falsificar facturas para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta” de la Xunta. Actuaba en “clara connivencia con funcionarios de la Consellería de Cultura”, según un auto del juez. El propósito final era organizar festejos a través de asociaciones para buscar el reedito electoral del PP de Corcubión, según consta además en las citadas escuchas policiales.

Este funcionario de Muxía está también investigado por actuar como intermediario de otro de los principales encausados de esta trama de corrupción, el representante de orquestas Jorge López Lago. A cambio de comisiones en metálicos, Carlos Rey Paz se encargaba supuestamente de cobrar comisiones para que ayuntamientos de la comarca, como el de Muxía, contratasen los servicios del agente artístico y de las formaciones a las que representaba.

La fiscalía es tajante en su informe para desestimar las alegaciones de este funcionario contra su imputación por cohecho, tráfico de influencias y fraude de subvenciones públicas: “A poco que se haga una mínima aproximación al caso de Carlos Rey Paz, resultan numerosísimas las cuestiones a juzgar”. Cuando concluya, con un auto de procesamiento, el análisis de la abultada cantidad de documentación y conversaciones grabadas que recoge este sumario, reseña la fiscal, habrá que determinar si Rey Paz, además de autor del “cohecho pasivo que se investiga”, también es cooperador necesario o inductor de la comisión de ese delito.

La declaración como testigo del alcalde de Muxía ayudará a avanzar en la resolución de este punto concreto. Porto será interrogado sobre las sucesivas conversaciones grabadas entre Jorge López y Carlos Rey, entre febrero y mayo de 2010, en las que ambos hablan de la organización “de un fiestón en Muxía” y su pago. Incluye una comisión de 500 euros que el regidor, según dicen los dos imputados en las escuchas policiales, supuestamente hizo entregar “en un sobre para no andar con bancos ni transferencias” al funcionario por estas gestiones. Rey Paz incluso indica a su socio que “apalabre el 50% facturado y el 50% sin factura”.

La contratación de obras públicas, bajo sospecha

El meollo de la trama de corrupción investigada en la Costa da Morte está en las obras públicas concedidas la mayor parte del tiempo a dedo por alcaldes, previo amaño y posterior pago de sobornos, a Construcciones Ogando, una empresa de Muxía dirigida por padre e hijo, ambos entre los principales encausados del caso Orquesta. Las escuchas policiales a las que, durante un año, la policía sometió a los protagonistas de este entramado derivó en febrero de 2011 en la detención de los alcaldes de Fisterra, Mazaricos y Cee —ahora ya relevado—, sus ediles de Obras y los dos constructores mencionados.

La lista de implicados fue creciendo —suma ya 28 personas, incluidos los secretarios municipales de estos tres ayuntamientos— a medida que los investigadores fueron analizando los documentos intervenidos tanto en las sedes de estas corporaciones como en la oficina de los promotores Ogando. Allí fue donde la policía encontró papeles sobre dos obras localizadas en Corcubión que llevó al juez a imputar, siete meses después de aquellas detenciones, al propio regidor de este ayuntamiento. Lema Fuentes, primer socialista directamente implicado en esta trama, está acusado de tráfico de influencias y prevaricación.

El alcalde de Muxía de momento no está imputado. Pero también hay una obra contratada por este ayuntamiento a la empresa de los Ogando, por importe de 168.395 euros para acondicionar tres caminos, que también está bajo sospecha. La policía considera en su informe sobre documentos incautados a los constructores que, al igual que en Mazaricos, Cee y Fisterra, se le pudo dar a esas obras de Muxía “una aparente formalidad al procedimiento de contratación [negociado sin publicidad] de la obra decidida de antemano”.

Muchos de los amaños entre los alcaldes de la Costa da Morte y los constructores Ogando se resolvían durante comidas. En diciembre de 2010, por ejemplo, los dos empresarios del ladrillo organizaron una grande con políticos y funcionarios de la comarca. En su informe sobre el ágape, con reportaje fotográfico incluido, la policía no pudo acreditar la asistencia del alcalde de Muxía, que estaba invitado. Pero sí acudió la secretaria municipal, acompañada de su pareja.

elpaís.com

EL JUEZ DEL TSJ MANTIENE LA IMPUTACIÓN AL EX ALCALDE DE TORREVIEJA POR PREVARICACIÓN

Hernández Mateo, durante una comparecencia en el TSJ. | Benito Pajares

TRIBUNALES | Por irregularidades en el contrato de las basuras

Alicante

El magistrado instructor de la sala Civil del Tribunal Superior de Justica, Juan Climent, ha concluido la instrucción abierta a consecuencia de una denuncia presentada contra Pedro Ángel Hernández Mateo, diputado y ex alcalde Torrevieja, por supuestas irregularidades en el proceso de adjudiciación de un contrato de recogida de residuos sólidos.

El juez mantiene en su auto la imputación de Hernández Mateo por los supuestos delitos de prevaricación en la adjudicación del contrato del servicio de recogida de residuos sólidos, transporte y vertedero, limpieza viaria y limpieza y mantenimiento del término municipal de Torrevieja. También mantiene la imputación por falsedad documental en la propuesta y en el Decreto de la adjudicación del contrato de consultoría.

Archiva, por otra parte, la imputación a Pilar García, oficial mayor del Ayuntamiento de Torrevieja y jefa de servicio de contratación. Ha llegado a esta decisión después de haber admitido las declaraciones testificales del Ministerio fiscal en las que se considera que Francés "carecía de capacidad de propuesta, de capacidad decisoria y al no haber quedado acreditada mínimamente su intervención en los hechos, más allá del cumplimiento de órdenes".

El magistrado de la Sala Civil ha dado traslado a las partes para que en diez días soliciten apertura de juicio oral o sobreseimiento.

elmundo.es

BLASCO AL LÍDER DE LA TRAMA DE LAS ONG: "YO QUIERO ACABAR CONTIGO DE ALCALDE DE NUEVA YORK"

Rafael Blasco, portavoz parlamentario del PP valenciano. | José Cuéllar

CORRUPCIÓN | Fraude en las ayudas al tercer mundo

La Policía grabó una conversación con Tauroni antes de dejar la Conselleria

'Estate bien que va a salir todo muy bien', le dice Blasco al empresario

Rodrigo Terrasa | Valencia

El sumario que investiga la presunta trama para desviar el dinero de la Generalitat Valenciana para ayudas al tercer mundo hacia distintas empresas y ONG revela infinidad de conversaciones que comprometen al ex conseller de Solidaridad y actual portavoz parlamentario del PP valenciano.

La información publicada este miércoles por EL MUNDO revela la estrecha relación de Blasco con Augusto César Tauroni, señalado por la Policía como el 'cerebro' de la trama y el único imputado que sigue en prisión.

Prueba de su vínculo son las conversaciones que mantuvieron Blasco y Tauroni en los días previos a la salida del primero de la Conselleria que dirigía desde 2008. El 21 de junio de 2011, Francisco Camps, entonces presidente de la Generalitat, ejecutó una de sus mayores crisis de gobierno y relevó a Blasco de la cartera de Solidaridad y Ciudadanía.

Blasco, que había sido conseller en distintas dependencias desde 1983 y con todos los presidentes del gobierno valenciano, desde el socialista Joan Lerma al 'popular' Francisco Camps, se quedaba por primera vez sin responsabilidad en el Consell.

Apenas dos semanas antes de cesar como conseller, Rafael Blasco hablaba con Augusto César Tauroni. Le tranquilizaba sobre su futuro e incluso bromeaba con la posibilidad de acabar juntos en Nueva York- La Policía registró la siguiente conversación telefónica a las 19:59 horas del 8 de junio de 2011:

Augusto César Tauroni (A).- Hola

Rafael Blasco (R).- Hola, estate bien, ¿eh?

A.- No, si yo estoy bien. Bueno... (inteligible entre risas)

R.- No, pues no no, estate bien que va a salir todo muy bien. (ininteligible) ... con más tranquilidad, pero van a ir las cosas mejor que lo que lo teníamos. Lo que pasa solamente, pues es, los sacrificios que tiene que hacer uno de aguantar un rollo que es muy pesado pero a cambio tener otras cosas aseguradas, y yo creo que...

A.- Ya...

R.- Y yo creo que ese es un poco el tema. Y así, pues... Lo importante es resistir y...

A.- Mmm.

R.- ...y mantener el tipo, ¿eh¿ Y a ver, de momento, esto lo otro yo creo que va a ir exactamente bien ¿eh¿ Pero de momento, eso, sólo es una interlocución para que cualquier cambio no produzca efectos no deseados. Porque, lo de eso, es sencillamente lo digo, muy fuerte, ¿no? Es de efectos internos. Pero en fin... Ya sabes que yo quiero acabar en compañía tuya de alcalde de Nueva York y de comisario de...

A.- No, no, no. Alcalde no...

R.- risas

A.- (ininteligible) ... yo las calles no, por favor

R.- Ya está, pues nos haremos alguna cosa por ahí, no te preocupes.

A.- Venga un abrazo.

R.- Ya hablamos, un abrazo y gracias, ¿eh? Hasta luego.

Además

Rafael Blasco, entre Roger Rabbit y el 'conejo afortunado'

Blasco, al empresario en prisión: 'Tenemos que resistir'

Lea la noticia íntegra en Orbyt 

Corrupción sin fronteras

¿Cree que Blasco debe renunciar como portavoz del PP?

elmundo.es

"CASO VOLTOR"; BUILS AFIRMA ANTE LA JUEZA QUE "JAMÁS" PACTÓ RÉDITOS PARA UM O PARA SÍ MISMO

Declaración ante el juez

ELMUNDO.es | Palma

El exconseller de Turismo Francesc Buils ha asegurado hoy a la jueza del caso Voltor que "jamás" pactó "con nadie" réditos para su partido, Unió Mallorquina (UM), ni para sí mismo, en referencia a las acusaciones de un imputado que afirmó que así lo hizo a cambio de abrir una cuenta con dinero público.

Buils ha declarado hoy ante la jueza Carmen Abrines, instructora de este caso de supuesto desvío de fondos desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) cuando este organismo dependía de la Conselleria del miembro de la extinta UM.

El exconseller ha respondido a las acusaciones del que fuera jefe del departamento económico del Inestur Álvaro Llompart, quien sostuvo esta semana ante la jueza que Buils y UM pactaron obtener comisiones y "prebendas" de la entidad Banif por abrir una cuenta ilegal en 2008 con dinero público.

"Jamás, en cualquier caso, pacté o hablé con nadie sobre réditos ni para el partido, ni para terceras personas, ni para mí. Ni con el señor Llompart ni con nadie", ha explicado Buils.

La Administración autonómica no podía legalmente abrir esa cuenta puesto que Banif no estaba dentro del acuerdo marco de bancos con el que podía contratar, un aspecto que Buils ha dicho desconocer en ese momento aunque Llompart aseguró que, una vez abierta, le comunicó la existencia de un informe de la Conselleria de Economía advirtiendo que era ilegal.

"Si Llompart dice que me informó, miente", ha asegurado al respecto.

Buils ha narrado que la idea de abrir la cuenta fue de Llompart, que también llevaba la contabilidad de UM, y ha explicado que en la operación participó el exportavoz de UM en el Consell Miquel Ángel Flaquer, pero no en representación del partido, sino como economista y "persona de más absoluta confianza" del exconseller.

Ha reconocido que mantuvo una reunión con los responsables de Banif -la división de banca privada del Grupo Santander- y con Llompart, pero ha apostillado que en ella no se habló de las condiciones de la cuenta, en la que se ingresaron 1,2 millones del Inestur y que finalmente no dio ningún interés a las arcas públicas.

Se siente 'traicionado'

Uno de los representantes de la entidad que participaron en la reunión es tío de Llompart, un hecho del que Buils ha dicho que se enteró por el sumario del caso y por el que se siente, ha apuntado, "traicionado".

Buils ha explicado que tiene una hipoteca y varias cuentas en el Banco Santander, una entidad que, según Llompart, le prometió beneficios en "hipotecas personales y condiciones de las mismas".

El exconseller ha insistido en que Flaquer no llevó las negociaciones del tema, sino que fue Llompart, en quien él confió porque "no tenía por qué dudar de él".

Finalmente, Buils ha asegurado que en el tiempo que estuvo en la Conselleria de Turismo de máximo responsable "nadie" le dijo que el dinero público no se podía invertir en una entidad privada.

La cuenta que centra esta pieza del caso Voltor la cerró el sucesor de Buils en la Conselleria y compañero del partido extinto, Miquel Nadal, y nunca generó intereses, algo que Llompart atribuyó a que no se llegó a ingresar la cantidad pactada con el banco, de 4 millones de euros.

elmundo.es

"OPERACIÓN ALMEXIA"; TRES IMPUTADOS DECLARAN EN EL CASO DE IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS EN ALMOGÍA

Petición de la Fiscalía

Europa Press | Málaga

El Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga ha tomado declaración este miércoles a tres imputados en el caso en el que se investigan presuntas irregularidades urbanísticas en la localidad malagueña de Almogía y en el que hay imputados funcionarios municipales, promotores y el alcalde, Cristóbal Torreblanca.

Según han confirmado fuentes judiciales, de las tres personas que han declarado este miércoles como imputadas, dos lo hacen por primera vez, como son un policía local y un promotor. Para este jueves, está previsto que comparezcan, también como imputadas, otras cuatro personas, todas particulares solicitantes de licencias.

Estas declaraciones se producen tras pedirlo la Fiscalía y una vez que la Junta de Andalucía ha presentado los informes solicitados para analizar, según han dicho a Europa Press las fuentes, determinadas licencias urbanísticas investigadas, la clasificación y calificación del suelo, obras proyectadas y si éstas son legalizables.

Agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo en octubre de 2099 el registro del Ayuntamiento de Almogía y de la Casa de la Cultura, donde se encontraba documentación relativa a los expedientes de obras. En esta causa se investigan fundamentalmente delitos de prevaricación, falsedad y contra la ordenación del territorio.

En concreto, en estas diligencias se investigan licencias urbanísticas en hábitat rural y diseminado y también determinados permisos de obras expedidos para reforma de viviendas, así como los informes emitidos por la Policía Local respecto la antigüedad de las construcciones.

El alcalde está imputado por delitos de falsedad en documento público y prevaricación urbanística. Además, también se imputó al que era delegado de Obras, que sigue en la Corporación municipal, y al que era concejal de Urbanismo, así como al secretario municipal, a al menos dos policías locales y a funcionarios.

Además

Una ruta por la corrupción municipal

elmundo.es

LA ÚLTIMA DETENIDA EN LA OPERACIÓN DE CASARES PAGA LA FIANZA DE 70.000 EUROS

CORRUPCIÓN | Imputada por blanqueo y pertenencia a organización criminal

Europa Press | Málaga

La última detenida en la presunta trama de blanqueo de capitales y corrupción urbanística que se investiga en el municipio malagueño de Casares, que el pasado viernes pasó a disposición judicial y para la que el juez impuso prisión eludible bajo fianza de 70.000 euros, ha abonado esta semana la cuantía determinada.

El Juzgado de Primera instancia e Instrucción número 2 de Estepona (Málaga), que se encarga del caso declarado secreto, le imputa los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Las otras dos personas que también debían abonar esta semana la fianza, aún no lo han hecho. Por un lado, a A.C., imputada por blanqueo de capitales y relación con organización criminal, se le impuso una fianza de 100.000 euros, teniendo de plazo, en un primer momento, hasta el pasado viernes para pagarlos.

Sin embargo, el juez le prorrogó el tiempo para depositar la fianza hasta este jueves, día 24. Además, le mantuvo las mismas medidas cautelares, por lo que debería acudir todos los días al juzgado y no podría abandonar el país.

La otra persona que tiene que pagar la fianza esta semana está imputada por los delitos de blanqueo y pertenencia a organización criminal. A ésta se le impuso una cantidad de 50.000 euros, teniendo de plazo para efectuar el pago hasta este viernes, día 25.

El juzgado investiga desde finales de 2010 una trama de blanqueo de capitales y corrupción urbanística, supuestamente relacionada con organizaciones criminales, y centrada fundamentalmente en el proyecto denominado Majestic. En total, por el momento son 11 las personas imputadas, de las que siete fueron detenidas y el resto se les citó como imputadas.

Entre los detenidos se encontraba el ex alcalde de Casares Juan Sánchez, acusado de los delitos de prevaricación relacionada con corrupción urbanística, cohecho y blanqueo de capitales. Sánchez, que actualmente era edil de Vivienda y Relaciones Institucionales, ha renunciado al cargo este miércoles.

elmundo.es

DIMITE COMO EDIL EL EX ALCALDE DE CASARES ACUSADO DE COLABORAR CON MAFIA RUSA

CORRUPCIÓN | Concejal de Vivienda y Relaciones Institucionales

Cree que será lo mejor para el pueblo, para el Ayuntamiento y para IU

Efe | Málaga

El ex alcalde de Casares Juan Sánchez, que el pasado viernes salió de la prisión provincial de Alhaurín de la Torre donde estuvo tras ser acusado, entre otros delitos, de colaborar con la mafia rusa, ha presentado su dimisión como concejal de Vivienda y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento.

Fuentes de Izquierda Unida, formación a la que pertenecía hasta que fue detenido por la Guardia Civil el pasado 14 de mayo, han informado este miércoles a Efe de su renuncia.

En su carta de dimisión, Sánchez agradece "públicamente todos los gestos de apoyo, solidaridad y confianza que he recibido durante estos días de mis vecinos y vecinas". Dice que toma esta decisión "convencido que será lo mejor para mi pueblo, para su Ayuntamiento y para mi organización, los tres pilares que han marcado mi trabajo durante toda mi vida".

Juan Sánchez asegura que tiene "la conciencia limpia sabiendo que mi único cometido ha sido siempre trabajar por y para mi pueblo", que "acata el Código Ético de Izquierda Unida" y que "no voy a realizar ningún tipo de declaraciones ya que no quiero interferir en el trabajo de la justicia".

La dirección provincial de IULV-CA ha querido hacer público su "agradecimiento" por esta actitud, ya que Sánchez aplica el código ético y lo califica como "herramienta que diferencia a nuestra organización y que nos hace ir por el camino de la coherencia, sobreponiendo lo común a lo personal".

Sánchez abandonó la cárcel tras depositar su abogado la fianza de 200.000 euros que le impuso el juez que instruye el caso de blanqueo de capitales en la Costa del Sol relacionado con la mafia rusa que coordina la Fiscalía Anticorrupción.

En la operación se bloquearon 236 casas, 165 cuentas de 19 bancos y 19 vehículos y el juez decretó para el exalcalde prisión provisional eludible bajo fianza de 200.000 euros por los delitos de prevaricación relacionada con corrupción urbanística, cohecho y blanqueo de capitales.

elmundo.es

TRAMA DE LOS ERE; LA JUEZA ALAYA IMPONE UNA FIANZA DE 807 MILLONES AL EX CONSEJERO DE EMPLEO ANTONIO FERNÁNDEZ

El ex consejero Antonio Fernández, el día que ingresó en prisión. | Jesús Morón

Por responsabilidad civil

La fianza supera en 121 millones a la que se impuso a Javier Guerrero

El ex consejero de Empleo es uno de los imputados en la causa que está preso

La Audiencia estudia el recurso de Fernández pidiendo su excarcelación

Antonio Salvador / Sebastián Torres | Sevilla

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en numerosos expedientes de regulación de empleo pagados por la Junta de Andalucía, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 807.403.232 euros al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

La cuantía de la fianza a Fernández, que ha sido notificada este míércoles a las partes, es ligeramente inferior a la solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares, que la cifraron en 890 millones de euros.

Esta cantidad está calculada para cubrir la eventual responsabilidad civil de Fernández, a quien la juez considera "artífice" del sistema de ayudas investigado, y no para eludir su ingreso en prisión comunicada y sin fianza que le impuso tras cuatro días de declaraciones.

Fernández se encuentra en prisión preventiva desde el 24 de abril, imputado de seis delitos: cuatro continuados de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, malversación de fondos y obtención indebida de subvenciones, además de cohecho y falsedad en documento mercantil.

El que fue consejero de Empleo de la Junta entre 2004 y 2010 fue uno de los dos firmantes del convenio marco del 17 de julio de 2001 que permitía disponer del dinero para el pago de prejubilaciones y ayudas a empresas supuestamente en crisis de forma arbitraria y sin transparencia.

Por este convenio se creó la famosa partida 31.L, bautizada por el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Javier Guerrero como "fondo de reptiles" en su declaración ante la Policía Nacional en diciembre de 2010.

La fianza por responsabilidad civil impuesta por la instructora del caso de los ERE al ex consejero Antonio Fernández supera en unos 121 millones de euros la fijada para Guerrero, en prisión desde el pasado 10 de marzo. Además de Guerrero y Fernández, también se encuentra en prisión preventiva por orden de la juez Alaya el que fuera chófer del ex director general, Juan Francisco Trujillo Blanco.

El auto por el que la magistrada impone fianza al antiguo consejero de Empleo -que lo fue con José Antonio Griñán al frente de la Junta- se conoce mientras la Audiencia de Sevilla ha de dilucidar el recurso interpuesto por el abogado de Fernández, en el que solicita su excarcelación.

Embargos a 17 imputados

Asimismo, la juez Alaya ha decretado el embargo de bienes inmuebles y cuentas bancarias de 17 imputados en la causa, destacando el caso del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, para quien ordena el embargo de cinco cuentas y de sus bienes a fin de cubrir los 686.190.686,36 euros que le impuso como fianza de responsabilidad civil.

Además

Fianza de 4,7 millones para otros 16 imputados

La de Javier Guerrero, la segunda fianza más alta del caso

elmundo.es