viernes, 13 de abril de 2012

"TRAMA DE LOS ERE"; LA JUEZA ALAYA LE IMPONE AL EXDIRECTOR GENERAL DE TRABAJO UNA FIANZA DE 686 MILLONES

Javier Guerrero, con gafas oscuras, antes de su declaración ante la juez.
Javier Guerrero, encarcelado desde el sábado
La juez rechaza excluir a la Junta como acusación particular del caso
La cuantía proviene del monto total presuntamente defraudado
El instructor puede sumar hasta un tercio de esa cantidad total

S. Torres | A. Salvador | Agencias | Sevilla

La juez que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza civil de 686 millones de euros al exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, encarcelado desde el sábado pasado.

Se trata de una medida cautelar de carácter personal, sino real. Es decir, la juez Alaya ha impuesto esa medida en concepto de responsabilidad civil y no para eludir la prisión, decretada sin posibilidad de fianza, han precisado a Efe fuentes del caso.

La petición de la Fiscalía elevaba la fianza para Guerrero hasta 933 millones de euros. Finalmente, la juez le ha exigido 686 millones: 552,8 millones en los que cifra el dinero público defraudado hasta 2008 en que cesó como director general de Trabajo más el tercio adicional que impone la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La fianza por responsabilidad civil tiene como finalidad garantizar la devolución de los importes que, en el futuro, una sentencia pueda considerar que han sido defraudados y hacer frente a las eventuales multas que pudieran imponérsele a Guerrero, como presunto autor de los delitos continuados de malversación y fraude que le imputa la juez. Además, le imputa supuestos delitos continuados de prevaricación, falsedad en documento mercantil y falsedad en documento oficial.

En un auto notificado este viernes, la juez también ha rechazado expulsar a la Junta como acusación particular en el proceso, como había pedido el abogado de Guerrero.

Además

jueves, 12 de abril de 2012

VICENS NIEGA HABER FORMADO PARTE DEL PLENO QUE APROBÓ LA VENTA DE CAN DOMENGE

CORRUPCIÓN | Defiende que prevaleció la estética


Europa Press | Palma

El exconseller insular de Territorio y exportavoz parlamentario de Unió Mallorquina (UM) Bartomeu Vicens ha negado, a través del escrito de defensa que sus letrados han presentado en el marco del caso Can Domenge, que actuase de forma irregular en el proceso de venta de los terrenos palmesanos, adjudicados a la mercantil Sacresa por la mitad de su valor en el mercado y de lo que ofrecía la querellante Núñez y Navarro. La defensa solicita de esta forma su libre absolución de cara al juicio que prevé celebrarse por esta causa.

El escrito incide así en que Vicens no incurrió en delito alguno por lo que "no cabe hablar de autoría ni de otras formas de participación" en los hechos investigados, rebatiendo de esta forma las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que solicita para el inculpado seis años de prisión por los presuntos delitos de fraude a la administración, revelación de secretos, y prevaricación, además de ocho años de inhabilitación absoluta, al postular que participó personalmente en la ideación y clausulado del concurso.

Y es que, tal y como, entre otros argumentos, alega la defensa de Vicens, ejercida por los letrados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, el exconseller no era miembro electo del Consell ni formaba parte del pleno, por lo que de forma singular no participó en la sesión plenaria del 5 de junio de 2005, cuando por 19 votos a favor (del PP y de UM), se aprobó la adjudicación del expediente de contratación para la enajenación de Can Domenge. Tampoco el exconseller, agregan, formó parte de la mesa de contratación.

Es más, los abogados aseveran que fue el propio Vicens quien solicitó, por medio de un escrito fechado el 11 de enero de 2006, "la ampliación del plazo por término de 15 días más para la presentación de ofertas", lo que facilitaba que un mayor número de empresas pudieran concurrir a la convocatoria, tal y como han señalado fuentes jurídicas.

El escrito incide en que el exdirigente 'uemita', quien cumple condena en el centro penitenciario de Palma por una pieza separada del caso Son Oms, presidió el jurado técnico que estudió y deliberó las distintas propuestas presentadas, deliberación de la que, precisa, se ausentó Vicens "para garantizar la libertad y exclusivo carácter técnico" de las mismas.

Fue este jurado el que, señala, acordó valorar como la mejor propuesta técnica la presentada por Construcciones Ferrà Tur-Sacresa, a la que se le otorgó la suma de 45 puntos, de los que 30, subraya, corresponden al apartado del pliego de prescripciones relativo a cuestiones arquitectónicas y más en concreto a "la adaptación del proyecto al entorno y la composición estética y diseño de las soluciones presentadas", incidiendo de esta forma en la importancia que se dio a este aspecto a la hora de decidir la adjudicación.

De hecho, el imputado ya manifestó ante la juez que instruyó la causa, Carmen González, que la intención del concurso era asegurar un proyecto singular por lo que su intervención en el proceso fue la de interesarse por que se valorara la estética del conjunto de viviendas que iban a ejecutarse en el solar. Sin embargo, la magistrada mantenía que Vicens conversó con quienes finalmente resultaron adjudicatarios y que comenzaron de este modo a trabajar en el concurso "mucho antes" de su publicación en el Boletín Oficial de Baleares.

El caso, por el que también serán juzgados los exdirigentes de UM Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Miquel Àngel Flaquer, se centra de esta forma en averiguar si la UTE adjudicaria dispuso de información privilegiada y gozó de un trato de favor en el proceso, después de que los terrenos fuesen vendidos por el Consell a Sacresa por un total de treinta millones de euros, pese a tratarse de la mitad de su valor en el mercado (57,8 millones de euros) y de lo que ofrecía Núñez y Navarro.

Cabe recordar que el caso fue instruido durante cuatro meses por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) debido al aforamiento de Munar, Nadal y Vicens, aunque finalmente volvió a manos del Juzgado de Instrucción número 12 después de que Munar dimitiese como presidenta del Parlament el 26 de febrero de 2010 tras las acusaciones vertidas contra ella por el propio Nadal en el marco del caso Maquillaje. Precisamente, la Fiscalía solicita otros seis años de prisión contra cada uno de ellos dentro de una pieza separada de esta causa.

"CASO MERCASEVILLA"; EL TSJA AVALA LA DECISIÓN DE MERCASEVILLA DE NO INCLUIR A PONCE EN EL ERE DE 2007

Daniel Ponce, a la izquierda, llegando al juzgado, en una imagen de archivo. | J.M.
'No ha existido discriminación'

Europa Press | Sevilla

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la desestimación de la demanda promovida por Daniel Ponce, antaño director adjunto de la sociedad mixta Mercasevilla e imputado en varias de las causas que investiga la juez Mercedes Alaya en torno a esta empresa, contra la decisión de la directiva del mercado central de abastos de Sevilla de denegar su adhesión al expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007.

En la sentencia, el Alto Tribunal andaluz confirma la decisión del Juzgado de lo Social número 4, que desestimó la demanda de Ponce y resolvió que el plan de prejubilaciones del ERE en cuestión es un "contrato" cuyos actos requieren de "mutuo acuerdo" entre las partes, así como que en esta decisión del mercado central "no ha existido discriminación en los términos exigidos legal y jurisprudencialmente" al haber sido denegada la pre jubilación a otros 12 empleados.

En su demanda, Ponce rememoraba que, el 29 de marzo de 2007, el comité de empresa y la dirección de la sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, pactaron el derecho de los trabajadores a prejubilarse "voluntariamente" siempre que se alcanzasen los 50 años de edad, medida cuya vigencia se extendía del 2 de mayo de aquel año al 31 de abril de 2010. El 25 de marzo de 2010, Ponce cumplía 50 años y solicitaba su adhesión al procedimiento con visos a su pre jubilación.

Ante la negativa de la empresa a permitir su adhesión al ERE, el ex director adjunto promovió una papeleta de conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC), medida cuyo fracaso motivó la demanda, que fue rechazada por el Juzgado de lo Social en una decisión recurrida ante el TSJA por el propio Ponce, que alegó que "la adscripción al Plan de Prejubilación era voluntaria para los trabajadores, no precisando el consentimiento empresarial".

Las circunstancias de la empresa "han cambiado"
En su sentencia, la Sala de lo Social del TSJA pone de manifiesto que Ponce "pretende que se le incluya en el ERE como trabajador afectado por el mismo", y "no impugna la resolución de la autoridad laboral, sino la decisión empresarial de no incluirlo como afectado en el ERE", y explica que "la prejubilación es una figura que no aparece regulada en nuestro Derecho positivo, y por lo tanto se regirá por lo pactado válidamente entre las partes".

El TSJA rechaza también que se haya vulnerado el principio de igualdad y no discriminación, ya que en el presente caso "las circunstancias y la situación de la empresa y de la entidad aseguradora han cambiado, siendo relevante que incluso se han incumplido los acuerdos sobre el abono de las prestaciones pactadas".

El expediente de regulación de empleo consumado en 2007 en Mercasevilla constituye la mayor losa financiera de la compañía al haberse desligado de su financiación la Consejería de Empleo pese a los documentos firmados a tal efecto entre finales de 2007 y comienzos de 2008 por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero.

Además

SALGADO SE ACOGE AL PRIVILEGIO DE DECLARAR POR ESCRITO SOBRE EL "CASO CAMPEÓN"

Elena Salgado, el día del traspaso de cartera a Luis de Guindo | Sergio Pérez / Reuters
JUSTICIA | Investigación en el Tribunal Supremo


María Peral | Madrid

La ex vicepresidenta del Gobierno y ex ministra de Economía Elena Salgado no comparecerá personalmente en el Tribunal Supremo el próximo día 19 para declarar como testigo en la investigación que se sigue contra su antiguo compañero José Blanco. Salgado se ha acogido al privilegio de declarar por escrito que la ley concede a los miembros del Gobierno cuyo testimonio reclamen los tribunales cuando se trata de hechos conocidos en el ejercicio de sus cargos.

El instructor de la causa abierta a Blanco, José Ramón Soriano, ha dado cinco días de plazo al fiscal y a las defensas para que formulen por escrito las preguntas que quiera hacer a la ex vicepresidenta del Gobierno.

El testimonio de Salgado fue solicitado por el fiscal Manuel Dolz, que quiere conocer si Blanco se interesó ante ella, o ante algún otro cargo del Ministerio de Economía, por la concesión de un crédito del Banco Europeo de Fomento a Laboratorios Nupel. El dueño de esta empresa, Jorge Dorribo, ha declarado que pagó 240.000 euros al ex ministro de Fomento a cambio de diversas gestiones favorables a los intereses de sus sociedades.

Además

EL ALCALDE DE SANTIAGO REITERA QUE NO HUBO DELITO FISCAL Y EVITA HABLAR DE SU DIMISIÓN

JUSTICIA | Declaración ante el juzgado
Está acusado por el impago de 291.000 euros del IVA de 61 viviendas
Asegura que 'no tuvo intención de defraudar a la Hacienda pública'

Xurxo Salgado | Santiago de Compostela

El alcalde de Santiago, el 'popular' Gerardo Conde Roa, volvió este jueves a negar que haya cometido un delito fiscal, pero, a diferencia de los últimos días, lo hizo en calidad de imputado y ante el magistrado Antonio Vázquez Taín. Y es que el alcalde de Santiago se enfrenta a una acusación en relación al impago de más de 291.000 euros del IVA de 61 viviendas de la firma Gestlander, de la que es administrador.

En su declaración ante el juez, el alcalde compostelano insistió en que, en ningún momento, "tuvo la intención de defraudar a la Hacienda pública". "Ha ido bien y todo correcto. Ha sido una declaración completa", dijo en una rueda de prensa improvisada en la sede de su partido para evitar, de este modo, la protesta delante de los juzgados de Santiago de una veintena de vecinos que lo increparon a la salida de su declaración judicial.

"He explicado todos los pormenores que nos pedían y he cumplido el trámite. Queda alguna diligencia por practicar pero lo más importante es que mi declaración ha sido completa y clara", subrayó al tiempo que quiso dejar claro que "no hubo engaño, sino colaboración" con la Justicia.

En su declaración ante el juez, Conde Roa subrayó que no cometió "ningún delito fiscal" y que su empresa no tuvo nunca la "intención" de defraudar a la Hacienda pública. "Estoy muy tranquilo y era un trámite que hay que pasar", apuntó en relación a su declaración judicial.

Por eso se mostró en todo momento "muy tranquilo" y espera que su problema se resuelva en breve. "No me he sentido en ningún momento presionado, ni por lo que han publicado los periódicos, ni por nadie de mi partido", señaló al apuntar que "la peor presión" ha sido su declaración ane el juez que "ha sido en todo momento coherente".

Dimisión
De esta forma, el regidor compostelano no quiso hablar sobre su dimisión. "No quiero mezclar consideraciones de tipo político con las consideraciones que me han traído aquí", indicó para atajar las insistentes preguntas de los periodistas. "No ha habido engaño, sino colaboración", repitió.

También el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se refirió hoy a este asunto y apuntó que su partido actuará "con claridad" y será "coherente y consecuente" con lo que dictamine la Justicia y lo que digan los Estatutos del PP a la hora de determinar el futuro político del alcalde de Santiago. No obstante, el jefe de filas del PPdeG dio por buena las explicaciones del alcalde y afirmó, tras el Consello de la Xunta, "que -Conde Roa- no tenía medios porque sus empresas se arruinaron y que estaba en proceso de pago cuando se le notificó la denuncia por impago".

Por su parte, el regidor compostelano, que en ningún momento quiso hablar sobre una posible dimisión, señaló que "estará a disposición" de lo que decida el PPdeG y Núñez Feijóo.

'No hay juicio abierto'
Tras la declaración de Conde Roa ante el Juzgado número dos de Santiago también habló su abogado, Ramón Sabín, para aclarar que, por el momento, "no hay ningún juicio abierto" contra el alcalde. "Por eso, esperamos que se archive el caso", indicó.

Y es que Sabín, al igual que hizo su defendido, insisitió en que "no hubo ánimo de ocultar nada" porque las actividades y las cuentas de la empresa Gestlander "son públicas".

En todo caso, Jorge Fernández de Aranguiz, fiscal del caso, precisaba a la salida de la declaración que el proceso continúa. "La Fiscalía le atribuye un hecho y estamos en fase de instrucción y hay que acreditarlo. Después se verá si hay que llevarlo a juicio y escuchar sus opiniones y ese es nuestro trabajo", dijo al tiempo que recordó que el juez ya admitió a trámite la querella y que Conde Roa testificó este jueves en calidad de imputado.

Precisamente, y para recaudar más información sobre este caso, el juez citó también a declarar al asesor fiscal de Geslander para ver si procede o no abrir juicio oral.

Madrugador
El alcalde de Santiago llegó temprano a los juzgados de Santiago, en torno a las 09.00 horas, para asistir a la declaración de un inspector de Hacienda en relación a su caso. Posteriormente, y tras un receso, sobre las 12.00 horas comenzó la declaración de Conde Roa que se prolongó durante más de una hora.

Precisamente, sobre la declaración del inspector de Hacienda, el regidor subrayó que "fue meridianamente clara". A las puertas del juzgado compostelano se concentraron, también, una veintena de vecinos con pancartas en las que se acusaba al alcalde de ser un "ladrón".

Críticas del PSdeG
Por otra parte, el parlamentario autonómico del PSdeG Xaquín Fernández Leiceaga pidió a la Xunta que investigue la posibilidad de que la promotora Geslander haya vendido 61 viviendas de protección oficial en Santiago con "una discrepancia notable entre las cantidades consignadas ante notario y las facturas". Ha cifrado este posible "sobreprecio", del que ha recibido "informaciones" que todavía no ha comprobado, en "más de 200.000 euros".

Por eso, en una rueda de prensa pidió la dimisión de Conde Roa porque, dijo, "no puede seguir un día más" en su cargo debido a su "defraudación consciente y voluntaria". "La imagen de Santiago es un intangible simbólico, que se compromete cuando el mensaje que se traslada es el de un alcalde defraudador acusado de un delito fiscal y con riesgo de ingresar en prisión".

EL JUEZ IMPUTA AL EDIL DE URBANISMO DE TORREVIEJA POR LA BASURA


La secretaria municipal también está imputada por una licencia de obras para la planta de residuos

Alicante

El Juzgado de Instrucción número dos de Torrevieja ha citado a declarar como imputados al concejal de Urbanismo de Torrevieja, Francisco Moreno, del PP, y a la secretaria municipal. Los dos están imputados por la concesión de una licencia de obras el 12 de octubre de 2011 para la construcción de la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos que Acciona-La Generala Torrevieja UTE había solicitado en 2005, meses después de que le fueran adjudicadas la recogida de la basura y la limpieza viaria y fecha desde la cual la empresa ha estado ejerciendo la actividad sin licencia y sin control municipal.

La actuación judicial es consecuencia de la denuncia presentada por el Grupo Socialista a la Fiscalía de la Audiencia de Alicante, que investigó y posteriormente dio traslado al juzgado de la actuación municipal. Según la oposición, desde hace siete años la adjudicataria de la recogida de la basura deposita 80 toneladas diarias en un recinto no autorizado, para su posterior traslado en camiones de mayor tonelaje al vertedero de La Murada-Abanilla, propiedad de Ángel Fenoll, cabecilla de la trama de basuras que originó el caso Brugal.

Informe en contra
La denuncia del PSPV especifica que la licencia de la planta de transferencia recogida en el contrato de adjudicación se concedió con el informe contrario del jefe del servicio de Urbanismo, la arquitecta municipal y dos arquitectos técnicos municipales, ya que, según concretaron, la planta estaba pendiente del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Tres de ellos han sido citados como testigos en el mismo procedimiento.

La adjudicación de este contrato de recogida de basura ya está instruyéndose en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana tras una denuncia de Los Verdes porque el entonces alcalde del PP y hoy diputado autonómico, Pedro Ángel Hernández Mateo, adjudicó la contrata utilizando el informe de un letrado asesor externo relacionado con la empresa beneficiaria. Hernández Mateo declaró como imputado el pasado 27 de febrero por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental, aunque negó su participación en cualquier amaño.

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EN EL PAÍS

"CASO EMARSA"; EL JUEZ IMPUTA A DOS ALTOS CARGOS DE LAS DEPURADORAS DE LA GENERALITAT

Vicente Ríos pide que se averigüe el patrimonio de Juan José Morenilla e Ignacio Bernácer
El magistrado atiende la solicitud del fiscal, la acusación particular y el letrado de la Generalitat

Ignacio Zafra Valencia

El juez Vicente Ríos que investiga el saqueo de Emarsa, la sociedad que depuraba el agua de Valencia, elevó ayer la implicación de cargos públicos a la Generalitat. El instructor dictó la imputación de José Juan Morenilla, que fue hasta 2010 gerente de Epsar, la empresa del Gobierno autonómico responsable de financiar y vigilar a las depuradoras valencianas. Y de Ignacio Bernácer, que sigue siendo director de explotación de la misma. Su imputación fue solicitada inicialmente por los socialistas, petición a la que se sumó la fiscalía y el resto de acusaciones. En un ejemplo de las dificultades a las que se enfrenta el Consell por el continuo avance de causas judiciales ligadas a la corrupción, la imputación de Bernácer fue solicitada por el mismo abogado de la Generalitat. Es decir, por la Administración que sigue pagándole la nómina y que ayer no anunció medidas al respecto.

El juez basa su decisión en dos elementos. De un lado, Morenilla y Bernácer formaron parte de la comisión que estableció año tras año el precio que Emarsa debía pagar por el tratamiento de lodos. Éste alcanzó los 46 euros por tonelada de fango cuando, según ha desvelado la investigación, el coste real era de solo 18 euros. Para inflar el precio se utilizaba a una empresa intermedia. “La empresa encargada de gestionar los lodos”, señala el juez en su auto reproduciendo los argumentos de la fiscal, “era Adobs Organics, y la empresa encargada de facturar a Emarsa, sin realizar más función que la de intermediación fue Etwas Eigenlich”. Esa limitada actividad le permitía, sin embargo, doblar el precio.

La información era remitida semestralmente a la Consejería de Medio Ambiente de la que depende Epsar. Y la fiscal considera por ello que “no es posible creer que los responsables de Epsar no tuviesen conocimiento de que las empresas que facturaban a Emarsa por la gestión de lodos no eran las que realizaban el servicio realmente”.

Tanto Etwas como todo un abanico de empresas que la sucedieron en dicha función de mera intermediación eran de Jorge Ignacio Roca, imputado en la causa y huido de la justicia. Todas ellas “aparecen en Emarsa como por arte de magia, desaparecen de la misma manera y la única huella que dejan es la facturación de 16,9 millones de euros \[a Emarsa\] por un servicio que no han prestado”, continúa el juez en línea con la fiscal.

La sospecha de adónde fue a parar ese exorbitante sobrecoste es el segundo motivo que ha llevado al instructor a ampliar la investigación a Morenilla y Bernácer. Dos imputados declararon ante el juez que los dos directivos recibían cada mes una parte del dinero que el empresario de lodos entregaba a los responsables de Emarsa, y que habría alcanzado los 180.000 euros mensuales. Al principio, afirmaron estos dos imputados, Enrique Arnal y Sebastián García, Roca entregaba el dinero en cajas de cartón y más adelante a través de tarjetas de crédito a nombre de sus empresas que los imputados sacaban en cajeros.

Los otros dos beneficiarios habrían sido Enrique Crespo, dimitido vicepresidente de la Diputación de Valencia, y Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa. Cuesta corroboró en parte dicha versión al declarar que extrajo 60.000 euros con las tarjetas de Roca y le entregó la mitad a Morenilla “en su oficina o en algunas cafeterías de Valencia”.

El portavoz socialista en la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, Ramón Marí, consideró ayer “una prueba de la implicación del PP” en el caso el hecho de que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra mantenga en su puesto a Bernácer “a pesar de los numerosos indicios” que existen contra él.

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EN OTROS MEDIOS

miércoles, 11 de abril de 2012

"CASO PALMA ARENA"; JOAN FLAQUER DECLARARÁ EL VIERNES POR NÓOS COMO TESTIGO, NO COMO IMPUTADO

A petición de su abogado
El expresidente de la Ciudad de las Artes y las Ciencias declarará como imputado

Efe | Palma

El exconseller balear de Turismo del PP Joan Flaquer declarará el próximo viernes como testigo, y no como imputado, en el marco de la pieza del caso Palma Arena que trata sobre el Instituto Nóos, después de que su defensa así lo haya pedido y el juez haya accedido hoy a ello.

Según han informado fuentes jurídicas, la defensa de Flaquer pidió al juez del caso, José Castro, que su cliente fuera citado en calidad de testigo para este viernes, cuando también tendrán que declarar otras dos personas, esta vez como imputados.

Los otros citados son el expresidente de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA) Jorge Vela y Antonio Ballabriga, vinculado a las actividades supuestamente ilícitas de Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres al frente del Instituto Nóos.

El primero en declarar como testigo, a las 9.30 horas, será Flaquer, seguido de Vela a las 11.00 horas y Ballabriga una hora después.

El que fuera conseller del Govern de Jaume Matas (2003-2007) tendrá que responder al juez sobre su papel en la contratación supuestamente irregular del Instituto Nóos para organizar un foro sobre turismo y deporte durante los años 2005 y 2006 con un gasto para las arcas públicas de Baleares de 2,3 millones de euros.

Tras las declaraciones del viernes, el juez Castro tiene previsto seguir la instrucción de esta pieza el día 18 en Palma, cuando tomará declaración a dos testigos, y un día después, en Barcelona, a catorce testigos más.

La Fiscalía indaga en esta pieza del Palma Arena varios delitos de corrupción y centra sus investigaciones en los contratos públicos por valor de 5,8 millones de euros que recibió Nóos entre 2004 y 2007, cuando lo presidió Urdangarin y Torres, de los gobiernos balear y valenciano por organizar eventos relacionados con el deporte.

Además

"CASO VOLTOR", INDAGAN SI POLLENÇA AUSPICIÓ LA WEB DE UM Y SI EL INESTUR PAGÓ SU PUESTA EN MARCHA

Pieza separada número 14
El exalcalde Joan Cerdà ha declarado como imputado

Europa Press | Palma

El exalcalde de Pollença, Joan Cerdà, ha asegurado, durante la declaración que este miércoles ha prestado en calidad de imputado en el marco del caso Voltor, que mientras ocupó este cargo nunca auspició la puesta en marcha de la página web del grupo municipal de Unió Mallorquina (UM) para que ésta fuera sufragada con fondos del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), dependiente de la Conselleria de Turismo.

Así lo ha puesto de manifiesto en su comparecencia ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, en la que ha sido interrogado en torno al presunto desvío de fondos de esta empresa pública al impulso de la web de la extinta formación nacionalista, desarrollada por el empresario José Florentino Roy, quien también se encuentra encausado dentro de estas pesquisas.

En el marco de la pieza separada número 14 de este caso, el exprimer edil ha incidido en que nunca le dijo al exgerente del Inestur Antoni Oliver que desde esta empresa fuera impulsada la web, al tiempo que ha asegurado que el único contacto que tuvo con Roy sobre este asunto fue, como miembro del comité local de UM, "para darle mi opinión sobre el contenido" de la misma después de que éste acudiera a él para preguntarle cómo creía que debía ser la página.

"No tengo constancia de que se pretendiera que la web se hiciera por Roy dándose por cobrado a través de contrataciones con el Inestur", ha insistido Cerdà, quien en esta misma línea ha apuntado que el empresario "nada tiene que ver con el Ayuntamiento de Pollença" y que el desarrollo de este proyecto fue debatido durante varias reuniones por el comité local del partido. "Una vez se decidió la elaboración, no intervine ni directa ni indirectamente en el trabajo realizado", ha añadido.

"CASO MALAYA"; LA UDYCO SOSTIENE QUE LAS SIGLAS J.M. SON DE JULIÁN MUÑOZ BASÁNDOSE EN INDICIOS

Julián Muñoz durante el juicio de 'Malaya'. | Cabanillas
Acusado de recibir 162.000 euros en sobornos de Roca


José Carlos Villanueva | Málaga

Los dos inspectores de la Udyco que llevaron el peso de la investigación del caso 'Malaya', Juan Antonio Rando y Marcos Romarís, sostienen, sin dudarlo, que las siglas J.M. se corresponden con la identidad del ex alcalde de Marbella Julián Muñoz.

El principal acusado, Juan Antonio Roca, así como el propio Muñoz, siempre han negado que dichas iniciales, vinculadas a sobornos por valor de 162.000 euros, guardaran relación con el ex regidor. Pero la Policía desmonta dicha tesis en un cúmulo de indicios. El más importante fue el hallazgo de una carpeta, en el despacho de Roca, con las iniciales "J.M.-I.P.-M.Z." en la portada del documento. Rando lo tiene claro: "Se trata de Julián Muñoz, Isabel Pantoja y Maite Zaldívar".

Ambos inspectores han continuado declarando este miércoles a preguntas del fiscal Juan Carlos López Caballero. El Ministerio Público se ha interesado por la anotación de J.M. encontrada en la contabilidad interna del principal acusado, Juan Antonio Roca. El ex asesor urbanístico sostuvo en su momento que J.M. eran las siglas de Javier Manrique, al que situó como "un asesor electoral del GIL y de Jesús Gil durante la campaña de las elecciones municipales de 2003". Sin embargo, los dos inspectores no han encontrado evidencia alguna que respalde dicha versión. En resumen, si Roca se refería siempre a Julián Muñoz como J.M. en sus anotaciones internas, por qué motivo iba a hacer una excepción justo cuando aparecen las mencionadas iniciales vinculadas a un montante de pagos por importe de 162.000 euros.

En la famosa "carpeta naranja" de Roca la Policía halló la escritura pública de la adquisición del apartamento que Isabel Pantoja adquirió, a través de la empresa Frambel Artis en el hotel Guadalpín de Marbella. Además, también apareció la siguiente cita: "J.M.-Gil insultos Salsa Rosa". Para la Policía no hay duda de que se trata de Julián Muñoz y la trifulca que protagonizó con el fallecido regidor en agosto de 2003 durante la emisión del antiguo programa rosa de Telecinco.

Otro indicio que sustenta la versión policial es el hallazgo, en poder de Roca, de distintas facturas "originales" correspondientes a gastos de M.Z. (Maite Zaldívar), vinculada a J.M., también por gastos de la suite del Guadalpín donde se alojó la ex mujer del entonces regidor en 2003. Las facturas eran giradas a la empresa Senior Servicios Generales Madrid S.L. cuyas participaciones fueron íntegramente vendidas a Zaldívar.

Romarís ha hecho constar que la secretaria de Roca, Ainhoa Coca, siempre anotaba con las iniciales J.M. las llamadas telefónicas de Julián Muñoz a su jefe o viceversa. Por último, la Udyco relaciona en el tiempo determinados pagos atribuidos por Roca a las siglas J.M. con convenios urbanísticos que el propio ex regidor firmó personalmente. Concretamente, el 7 de noviembre de 2002 aparece un pago de 15.000 euros a J.M. "Tan sólo un día después de la firma de un convenio", ha recalcado el inspector Romarís.

Tanto el fiscal como los dos inspectores de Udyco declarantes han dejado claro que la carpeta incautada a Roca vinculada a Julián Muñoz, Isabel Pantoja y Maite Zaldívar forma parte de la pieza separada por blanqueo de capitales cuyo juicio oral afrontarán los tres a partir del 28 de junio. Roca, por una vez, será testigo.

Además

EL FISCAL PIDE SIETE AÑOS DE PRISIÓN PARA EL EX ALCALDE DE LINARES DE LA SIERRA

HUELVA | Por construir una edificación ilegal
Obtuvo licencia para una casa de aperos y se construyó un chalet
Pagó parte de la obra con dinero del Ayuntamiento

Lorena Correa | Huelva

El ex alcalde socialista de Linares de la Sierra (Huelva), Jaime Luis Fernández Ceballos, se enfrenta a una pena de siete años de prisión por construir, presuntamente, una casa ilegal en plena Sierra de Aracena y Picos de Aroche sobre unos terrenos de su compañera sentimental y costeada con fondos públicos.

El juicio tendrá lugar entre los días 16 y 18 de abril en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y con el ex alcalde están imputados su compañera sentimental y el constructor que se encargó de las obras.

Según la Fiscalía onubense, Fernández Ceballos y su pareja decidieron en 2008 llevar a cabo, en calidad de promotores, la construcción de una vivienda en la finca propiedad familiar de la mujer. Pero esta finca no cumplía los requisitos para la vivienda, puesto que el terreno se encuentra situado en suelo no urbanizable de especial protección por estar enclavado dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Para saltarse la ley, la pareja solicitó en mayo de 2008 una licencia municipal para construir una caseta de aperos de 20 metros cuadrados con altura máxima de 3,5 metros. Sin embargo, los acusados iniciaron las obras para construir una vivienda de 45 metros cuadrados en dos plantas (una subterránea) con salón, chimenea, cocina y baño a modo de 'segunda residencia', incompatible con la legislación protectora de este parque natural de la provincia de Huelva. Pero además, el alcalde costeó la edificación con fondos municipales y remitió al Ayuntamiento tres facturas sin detallar si fueran obras municipales.

La Fiscalía de Huelva pide asimismo para el empresario que se encargó de la cimentación de la casa, al que considera como cooperador de malversación, la pena de tres años de prisión, además de realizar los trabajos de demolición casa.

martes, 10 de abril de 2012

EL JUICIO DEL "CASO BITEL" QUEDA VISTO PARA SENTENCIA


Un momento del juicio esta mañana en Palma. | Pep Vicens
JUSTICIA | En Palma



Europa Press | Palma

El juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Palma contra el exgerente de Baleares Informática Balear (Bitel) Damià Vidal y otros tres acusados ha quedado visto para sentencia, después de que las acusaciones y las defensas hayan expuesto sus conclusiones e informes finales. En su turno, el abogado de Vidal ha llegado a admitir la comisión de un presunto delito de apropiación indebida, por el que ha reclamado seis años de prisión como alternativa a la pena solicitada por la Fiscalía -12 años de cárcel-.

Junto al exgerente, para quien el Ministerio Público rebajó en dos años su petición de condena, también han sido juzgados el exsecretario de Bitel, Sebastián Romaguera, quien se ha conformado con la pena solicitada para él -una multa de 5.400 euros-; el ingeniero informático Iván Guardia -para quien la Fiscalía solicita un total de 20.680 euros de multa- y el exdirigente de las Nuevas Generaciones del PP, Ramón de la Iglesia -petición de 7.380 euros de multa-.

Mientras tanto, el fiscal Pedro Horrach retiró sus acusaciones contra el exjefe financiero de la empresa, Miquel Simonet, para quien inicialmente reclamaba dos años de privación de libertad. En su intervención, Horrach ha acusado a Vidal, en libertad bajo fianza de 200.000 euros, de haber ideado y planificado diversas actuaciones dirigidas a apoderarse de ingentes cantidades de los fondos públicos de los que tenía poder cuando estaba al frente de la entidad, aprovechando para ello la falta total y absoluta de controles administrativos y financieros.

Para ello, ha precisado, utilizó diversos mecanismos, entre ellos el uso de la tarjeta de crédito de la sociedad en beneficio privado y realizando transferencias desde la cuenta de Bitel a la suya propia. La Fiscalía y la acusación particular observan asimismo la recepción y el abono de facturas emitidas siempre por las mismas personas o entidades -De la Iglesia, Iván y Alexandre Guardia, Hélix Infocom y Auditoría Informática Balear-, que aparecen de forma reiterada en la contabilidad de la empresa pública en el marco de "una ausencia total y absoluta de documentos que soporten los conceptos facturados".

Así, en su escrito de calificación definitivo, formulado de forma conjunta con Bitel como acusación particular, asevera que "no estamos ante meras irregularidades sino ante infracciones evidentes, flagrantes y clamorosas", añade la Fiscalía, que llega a postular que "absolutamente todos los expedientes de contratación analizados son simulados" y con ello "sólo se pretende dar apariencia de legalidad a decisiones prevaricadoras".

El abogado de Vidal: 'Mi defendido no era funcionario'
Sin embargo, ante todas estas afirmaciones el letrado de Vidal, Eduardo Valdivia, ha recriminado la "falta de rigor" de las acusaciones al defender que su patrocinado "no era funcionario público "a efectos penales" como también ha aseverado que Bitel "no participaba en el ejercicio de la función pública" ni su tesorería "formaba parte del caudal público".

En su intervención, el abogado ha lamentado que "se haya sometido a juicio desde el primer al último día en que Vidal estuvo al frente de Bitel" y además ningún perito "haya hablado del perjuicio ocasionado" en la empresa, a pesar de que "se le acusa de delitos de malversación y cohecho". "Así las cosas, deberá ser el tribunal el que verifique si hubo facturas duplicadas o pagos sin justificar, entrando en un mundo que no le compete", ha subrayado.

Asimismo, Valdivia ha criticado que durante el juicio las acusaciones hayan introducido hechos nuevos, "alterando las garantías procesales y afectando al derecho de defensa". "¿Qué criterios han seguido para incluir unas facturas y otras no?", se ha preguntado al respecto.

Vidal admite un presunto delito de apropiación indebida
El abogado ha solicitado por tanto la libre absolución del exgerente de Vitel, si bien ha pedido como alternativa la condena de su defendido a seis meses de cárcel por un supuesto delito de apropiación indebida en el caso de cuatro facturas contra Hélix "que, lo admitimos, no corresponden a trabajo real alguno". Junto a ello ha reclamado que se apliquen las atenuantes de enajenación mental y reparación del daño producido.

Se da la circunstancia de que Vidal fue perito de la defensa en el primer sumario del caso Bitel, que indagaba si desde la Secretaría de Matas en su primer mandato fue espiado el correo electrónico del entonces presidente de la Comisión Insular de Urbanismo, el socialista Francesc Quetglas.

Este es uno de los primeros juicios que tienen lugar por las presuntas irregularidades cometidas al frente de diversos organismos públicos durante el último mandato de Jaume Matas, quien por su parte está siendo investigado en el marco del caso Palma Arena y se encuentra en libertad bajo fianza de 2,5 millones de euros, una de las más altas impuestas a un político en España.

"CASO MALAYA"; LA UDYCO CORROBORA QUE LAS INICIALES HALLADAS SE CORRESPONDÍAN CON NOMBRES DE CONCEJALES

Los archivos Maras
Se trata de los sobornos de Juan Antonio Roca a ex ediles de Marbella

José Carlos Villanueva | Málaga

"Si tenemos las iniciales I.C. y arriba pone Real Madrid está claro que se trata de Iker Casillas". Con este sorprendente ejemplo, unido al de "S.R. es Sergio Ramos", ha ilustrado el inspector de la Udyco Juan Antonio Rando la vinculación entre las siglas de los famosos archivos de Maras -incautados a Juan Antonio Roca- con la identidad de ex concejales del Ayuntamiento de Marbella. Más de una docena fueron supuestamente sobornados por el considerado cerebro de la trama de corrupción. Se trata de la fase testifical del cuarto y último bloque del juicio por el llamado caso 'Malaya'.

Rando ha comparecido junto a su compañero de grupo, el inspector Marcos Romarís, a preguntas del fiscal. Los dos mandos policiales estuvieron al frente de las pesquisas del caso desde noviembre de 2005 hasta comienzos de 2007, cuando decidieron abandonar, tras recibir numerosas presiones por parte de determinados superiores para que les facilitaran información. El entonces juez instructor, Miguel Ángel Torres, les había ordenado que sólo respondieran ante él y 'blindaran' la investigación.

En el marco de su relato ambos inspectores han recordado haber visto que "muchas iniciales se correspondían con las iniciales de miembros de la junta local de gobierno", en alusión a los integrantes del tripatito que presidió Marisol Yagüe entre agosto de 2003 y marzo de 2006.

"Era como tener las iniciales de los jugadores del Real Madrid" en un documento en el que aparecía el nombre del conjunto blanco, ha insistido Rando. De hecho, ya el propio fiscal, Juan Carlos López Caballero, declaró antes del juicio que para la Policía había sido "una ganga" encontrarse toda la contabilidad interna de Juan Antonio Roca. Se trata de la principal prueba de cargo.

Obviamente, salvo por el testimonio de Roca, que reconoce haber pagado personalmente sobornos a M.Y. (Marisol Yagüe); I.G.M. (Isabel García Marcos) y C.F.(Carlos Fernández) sobre el resto de iniciales vinculadas con la identidad de ediles sólo existen indicios para relacionarlas entre sí.

Roca sólo admitió haber entregado personalmente sobres a Yagüe, García Marcos y Fernández "para que ellos los repartieran entre sus grupos", por lo que se desentendió de más entregas a ediles, salvo en el caso del ex gilista Rafael González, quien reconoció haber recibido entregas de ex asesor urbanístico a modo de préstamos para la hipoteca de su casa, al tener el sueldo embargado.

"Los repartos no eran equitativos y quienes más recibían era los tenientes de alcalde", ha precisado Rando. El propio Roca ya corroboró distintas cifras atribuidas precisamente a la ex alcaldesa Yagüe y los tenientes de alcalde García Marcos y Fernández.

Rando y Romarís también han precisado que, a veces, la palabra "conce" (supuesto diminutivo de concejal) aparecía junto a las iniciales de ediles, por lo que también les sirvió de indicio.

Los investigadores de la Udyco pudieron conectar entre sí diversos pagos a ediles que se correspondían con aportaciones de empresarios favorecidos con resoluciones urbanísticas.

"Veíamos cuestiones extrañas que repudiaban a la lógica, como era el hecho de que aprovechamientos urbanísticos de la Milla de Oro de Marbella se permutaban por vertederos", ha recordado Rando. Precisamente, el ejemplo que ha puesto el policía guarda relación con hechos delictivos que se imputan al ex alcalde Julián Muñoz.

El Tribunal de Cuentas ya emitió numerosos informes en los que insistía en que el ex regidor gilista causó un gran perjuicio patrimonial a las arcas municipales. El modus operandi consistía en enajenar suelo municipales siempre a precios muy inferiores a los de mercado.

Los investigadores de la Udyco también han dejado claro que nos les consta "ningún documento que acredite los asesoramientos a empresarios", a modo de intermediación, que Roca esgrime en su defensa para justificar cantidades cobradas. Para Anticorrupción se trata de sobornos como el de los más de 3 millones de euros que el constructor Fidel San Román confesó durante el juicio haber pagado al ex gerente de Urbanismo de Marbella. El objetivo era obtener a cambio licencias de apertura para sus promociones.

En el marco de los sobornos investigados, Rando, a preguntas del fiscal, ha interpretado como "una dádiva" entregada por Roca a Yagüe los 9.700 euros que sirvieron para que la ex alcaldesa abonara los servicios del conocido cirujano plástico Javier de Benito. Fue tras someterse a una intervención en la clínica Teknon de Barcelona. Dichos fondos provenían a su vez de un soborno entregado por la inmobiliaria Aifos al ex asesor municipal, a cambio de favores urbanísticos.

Además

"CASO GÜRTEL"; UN INFORME POLICIAL APUNTA A QUE GÜRTEL TUVO EL PLIEGO DE FITUR 2005 ANTES DE CONVOCARSE EL CONCURSO

Orange Market fue finalmente la adjudicataria
Se enmarca en el caso sobre la supuesta financiación irregular del PPCV
El documento de la UDEF fue remitido al juez Ceres el pasado 28 de marzo
La Policía sostiene que 'El Príncipe' es el presidente del grupo Cyes

Europa Press | Valencia

Un nuevo informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) desvela que la red Gürtel recibió el pliego de condiciones técnicas de Fitur 2005 antes de que la Generalitat valenciana convocase el correspondiente concurso. De esta manera, Orange Market, que fue la adjudicataria final, pudo adecuarse a la oferta en base a los requisitos establecidos en dichos pliegos.

Así se desprende de este informe policial, con fecha de 28 de marzo de 2012, y que ha sido remitido al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), José Ceres, encargado de instruir la causa de presunta financiación irregular del PPCV dentro del conocido como 'caso Gürtel'. En esta misma documentación la Policía sostiene que 'El Príncipe' es Felipe Almenar, presidente del grupo empresarial Cyes.

Respecto al concurso de la feria, el informe recoge que Rocío Perea, trabajadora desde el año 2004 de varias empresas del grupo de Francisco Correa, recibió un correo electrónico, en fecha 4 y 5 de noviembre de 2004, con documentación relacionada con el evento Fitur de 2005.

Entre la misma, se hallaba el pliego de condiciones técnicas de la feria que requirió la empresaria Isabel Jordán -e imputada en esta causa- y que le fue remitido por Down Town Consulting -entidad que luego se convirtió en Easy Concept S.L.-. De esta manera, la red obtuvo estas condiciones antes de que se convocase el concurso, "pudiendo de esta manera adecuar Orange Market su oferta en base a los requisitos establecidos en dichos pliegos", según consta en el informe.

Asimismo, consta que Rocío Perea recibió un total de 1.874,30 euros de la Caja 'B' del grupo entre los meses de febrero y abril de 2005, en forma de "gratificaciones" por su participación en la ejecución de los stands de Fitur 2005 o congresos valencianos.

Por otro lado, y respecto a la misma persona, el informe recoge que Perea se ocupó de transmitir la petición de asesoramiento para definir la fórmula de adjudicación de unos servicios por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, siguiendo las instrucciones de Jordán.

Por estos datos, la Policía mantiene que Perea era "plenamente consciente" de la "fraudulenta" forma de trabajar de la organización, como se ha podido comprobar en los trabajos efectuados al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y cómo esta persona participaba de manera activa en dicha actividad junto con Isabel Jordán.

Nuevas 'dentificaciones'
Otro de los puntos del informe de la Udef es la identificación de distintas personas vinculadas a los hechos objeto de la investigación. Y en este sentido, desvela que "a partir de datos objetivos" se "infiere" que la persona designada como 'El Príncipe', que aportó la cantidad de 200.000 euros a la sociedad Orange Market S.L., es Felipe Almenar.

Asimismo, cita a Virginia Beltrán, trabajadora de Orange Market, quien participó en el proceso de elaboración y posterior modificación de diversas facturas emitidas por esta empresa, con destino a la sociedad Facsa, en el año 2007, así como en su ulterior envío al administrador único de esta entidad, tras su remisión previa a Pablo Crespo para su aprobación.

En concreto, en uno de los correos, Beltrán envió al administrador de Facsa cuatro facturas, y le pidió que le facilitara una dirección de correo ordinario para poder enviarle las originales.

El informe también hace referencia a Juan Enrique Sanz, administrador de la mercantil Juan Sanz S.L., que participó en el diseño del stand de la Comunidad para Fitur 2009, adjudicado a Orange Market, de la cual era proveedor.

La Policía señala que por parte de esta sociedad se elaboró, al menos, una factura a Orange Market con conceptos "ficticios" que no se ajustaban a la realidad del servicio inicialmente prestado, previa petición al respecto por parte de Cándido Herrero y que servían de cobertura a las facturas ficticias emitidas por Orange a nombre de la sociedad constructora Enrique Ortiz e Hijos.

Por otro lado, el informe también alude a Isaac Vidal, ex director de marketing de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), y expone que su nombre figura en un documento en el que se detalla un listado de personas destinatarias de regalos de Navidad. En este listado también figura Salvadora Ibars, ex directora general de Promoción Institucional de la Comunidad.

Agenda de Pablo Crespo
La Policía también examinó la agenda de Pablo Crespo y, tras ello, determina en su informe que existe una vinculación "directa" de la organización con responsables políticos y cargos públicos del PPCV, y que hubo correlación entre éstos y la obtención de negocio para la sociedad Orange Market.

En esta agenda se plantea la posición previsible en los órganos de gobierno de la Generalitat tras las elecciones autonómicas de 2007, indicando que Víctor Campos, Ricardo Costa y Vicente Rambla estarían en el mismo; y cuáles eran sus objetivos, que pasaban por implicar a los responsables políticos como a Costa en las operaciones, de tal forma que vieran que la consecución de trabajos para Orange Market era también un logro personal de él.

Asimismo, en esta agenda figuraba la intención de infundir tranquilidad sobre operaciones que realizaban en Valencia, entre ellas, la adjudicación de trabajos relacionados con la visita del Papa; y se indicaba que sus perspectivas de futuro pasaban por la obtención de muchos trabajos con el PPCV en forma de actos o acciones. También resaltaba el papel de 'Pedro García', ex director de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), en las actividades de organización como persona que hablaba con los responsables políticos.

De esta agenda intervenida también se deduce que la organización relacionaba, por un lado, el conjunto de actos y acciones de comunicación desarrolladas para el PPCV y el coste de las mismas y, por otro, la fórmula de financiación de esos servicios definiendo la deuda viva existente en un momento determinado diferenciando entre 'Deuda Final RC', integrada por las cantidades pendientes de pago con origen en actos de partido y acciones de comunicación; y la 'Deuda VR', construida a partir de las acciones de comunicación de las campañas electorales.

Respecto a las siglas 'RC' y 'VR', la Policía señala que la organización de Correa las utilizaba para hacer alusión a la persona encargada del pago de la deuda generada con motivo del montaje de los actos y campañas de comunicación para la formación del PPCV. Identifica las primeras siglas con Ricardo Costa, y las segundas con Vicente Rambla.

Otro apartado del informe se dedica a aportar información registral de la sociedad Down Town Consulting S.L., que en la actualidad se corresponde con la denominada Easy Concept Comunicación S.L. De la misma fue administradora única Isabel Jordán entre marzo de 2005 y octubre de 2007.

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