domingo, 27 de noviembre de 2011

EMARSA PAGÓ A SU GERENTE OCHO NOCHES DE HOTEL CON MUJERES

El ente público de Valencia fue saqueado hasta la quiebra

IGNACIO ZAFRA - Valencia

Emarsa, la sociedad pública de depuración del agua de Valencia, fue liquidada el año pasado por el PP, partido que la controlaba desde los noventa, por su insostenible situación patrimonial. Su disolución dejó un agujero de 17 millones de euros. La investigación judicial en marcha, con 16 imputados, ha destapado que la empresa pública fue saqueada por el viejo método de hacerle pagar por servicios y suministros falsos. Algunos inverosímiles, como el pago por reparaciones en maquinaria y edificios que nunca han existido; o por el tratamiento de más toneladas de lodo de las que era capaz de generar la planta.

La empresa depuradora tenía cargos por joyas y por bolsos de Loewe

Al mismo tiempo, Emarsa costeó a sus directivos la compra de joyas, bolsos de Loewe, prendas de vestir, accesorios de automóvil y otros muchos productos impropios de una empresa de depuración de aguas residuales.

El exgerente de la sociedad Esteban Cuesta, imputado por malversación de caudales públicos, estafa continuada y delitos societarios, admitió ayer en su octava declaración ante el juez que también cargó a la entidad 3.788 euros por ocho noches de hotel en las que se alojó con cuatro mujeres. La primera estancia, según la documentación que le mostró el juez, tuvo lugar en el hotel Termas Marinas El Palasiet de Benicàssim (Castellón), donde se alojaron, en dos habitaciones dobles, el exgerente y tres mujeres en agosto de 2009. La factura ascendió a 1.590 euros.

En marzo de 2009, Esteban Cuesta se alojó en el hotel Meliá de Alicante, también de cuatro estrellas, con otra amiga. Emarsa pagó 223 euros por la habitación. Desde entonces y hasta enero de 2010, el exgerente repitió tres veces en el hotel alicantino igualmente acompañado. En total, otros 1.976 euros.

El juez le preguntó que relación tenían estas señoras con Emarsa. Cuesta dijo que una de ellas a veces le hacía traducciones; del resto no alcanzó a decir nada. El juez le preguntó entonces por qué no hacían las traducciones en su despacho. Según fuentes conocedoras de su declaración, en ese momento Cuesta se desmoronó, su abogado solicitó interrumpir el interrogatorio porque su cliente se encontraba mal, y el juez lo aceptó.

El exgerente, imputado desde hace meses, fue alcalde pedáneo nombrado por Rita Barberá. La dirección regional del PP lo suspendió una semana antes del 20-N como dirigente local del PP de Valencia. La descripción que el juez ha hecho de él en los autos se parece a la de un hombre de paja: un enfermero sin experiencia en gestión a quien decidieron poner al frente de una sociedad con 20 millones de presupuesto. Cuesta ha apuntado como cerebro del saqueo al expresidente de Emarsa Enrique Crespo, también imputado. Crespo sigue siendo vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises con el Partido Popular.

elpaís.com

"CASO EMARSA"; EL EX EDIL DE VALENCIA IMPUTADO ACUSA A LA EMSHI DE FALSEAR CONTRATOS

Recurso de la defensa

* Gimeno dice que sólo suscribió un contrato y que los sucesivos son falsos

Europa Press | Valencia

El ex edil del PP en el Ayuntamiento de Valencia Juan Carlos Gimeno, imputado por presuntas irregularidades cometidas en sus contratos y facturaciones a la empresa responsable de la depuradora de Pinedo (Emarsa) a través de dos de sus sociedades, ha presentado ante el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia un recurso de reforma en el que se defiende de las acusaciones y acusa de falsificación documental a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), que ejerce de acusación particular.

Así consta un recurso de reforma, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la defensa de Gimeno califica la ampliación de la querella presentada por la Emshi de "manipulación evidente de lo realmente acontecido" que incluye documentos que "obligatoriamente tienen que haber sido alterados". Por ello, advierte de que esa actuación "puede conllevar repercusiones de carácter penal" hacia "aquellos que han aportado documentos falsos a las diligencias"

El titular del juzgado encargado del caso dictó el pasado 7 de noviembre un auto por el que imputaba a Gimeno por presuntas irregularidades en la facturación a Emarsa, a través de dos de las sociedades que preside, el Instituto de Empresa del Mediterráneo S.L. (IEM) y CRM Adecua S.L.

Gimeno fue trabajador de Emarsa entre los años 1997 y 2004 como encargado de gestión ambiental. Según denunció la Emshi, de forma simultánea a la finalización de su relación laboral con Emarsa y al cobro del finiquito, constituyó la empresa IEM y firmó un contrato de prestación de servicios con Emarsa.

Al respecto, la defensa de Gimeno precisa que tras sufrir éste un accidente de camino al trabajo "y coincidiendo con la llegada a la empresa del señor (Esteban) Cuesta" a quien su cliente "ni tan siquiera conocía cuando éste llegó a Emarsa", se llegó a un acuerdo para que siguiera prestando servicios en la empresa pero de forma externa, lo que repercutía en un ahorro anual aproximado de 25.000 euros para Emarsa.

Así, la defensa señala que "la mayor o menor habilidad" de Gimeno para negociar con Emarsa las condiciones de este nuevo contrato como externo "se podrá cuestionar, pero desde luego que no se trata de ningún ilícito penal el que se ponga fin a una relación laboral en la empresa y se inicie una relación de carácter mercantil".
 
Un único contrato
Prosigue en este sentido que "el único contrato firmado entre las partes" es el de fecha 21 de octubre de 2004, aunque admite que el primer día de vigencia efectiva del mismo, el 3 de enero de 2005, "se llegó a imprimir el contrato con la fecha cambiada pero jamás se llegó a firmar". En cualquier caso, pide que el original sea estudiado por la Policía Científica para determinar la antigüedad de la tinta.

También resta importancia al hecho de que la firma se produjera antes de la inscripción de la empresa en el registro mercantil, dado que se trata de un hecho "perfectamente regulado" y carece de relevancia penal.

La defensa insiste en que su representado tan sólo firmó este contrato y "desconoce los otros varios contratos que están siendo objeto de investigación".

De hecho, apunta que en el contrato aportado de fecha 2008 "las firmas estampadas parecen estar escaneadas" y reitera que Gimeno "jamás había visto ese contrato ni el resto de los aportados". En este sentido, explica que en los contratos posteriores acorta la duración del mismo, así como la indemnización anticipada y aumenta la cuota mensual a 5.000 euros que su defendido "jamás ha cobrado".

Por ello, señala que carece de sentido que se atribuya la autoría del mismo a quien resulta perjudicado por esas supuestas nuevas condiciones.
 
'Criminalizar y no pagar'
Para la defensa, la Emshi actúa ahora "con una evidente mala fe" para "criminalizar la cuestión y no pagar". Así, recuerda que su cliente se puso a disposición de la entidad para aclarar cualquier duda sobre los trabajos realizados.

"No parece muy normal presentar la querella sin intentar previamente determinar si ha existido un fraude o no ha existido. De ahí que las sospechas de mi cliente se dirijan directamente contra los responsables de la Emshi", señala el letrado.

La Emshi, por su parte, sostiene que IEM le reclamó el pago de un pagaré de 9.722,28 euros con vencimiento de 20 de septiembre de 2010, "sin acreditar la realización de los trabajos, las mensualidades a las que pertenece y sin aportar las facturas que lo justifiquen".

Asimismo, esta sociedad requirió el pago de 355.211,20 euros en concepto de mensualidades vencidas y no abonadas, y de indemnización por resolución anticipada de un contrato de prestación de servicios suscrito en 2004, según la entidad metropolitana, que defiende que no consta en sus archivos ningún contrato suscrito entre IEM y Emarsa en 2004, mientras que sí hay alguno entre 2008 y 2010 sin cláusula indemnizatoria.

Para la defensa, sin embargo, "le interesa la creación de estos documentos para impedir el pago" a Gimeno, por lo que advierte de que "quizás el ilícito penal se esté cometiendo en Emshi, ya que ni en 2008, ni en 2009, ni en 2010 se firmó contrato alguno". "Resulta sencillo hacerse con un contrato, cambiar determinadas cláusulas y escanear las firmas", añade el letrado del exedil.

En este punto, detalla que en uno de los supuestos contratos "parece evidente que se trata de una firma escaneada, puesto que coincide al milímetro con la firma estampada en el contrato de octubre de 2004", el único que, como reitera la defensa, fue suscrito por Gimeno.
 
Erratas y duplicidad
Por otra parte, respecto a la explicación exigida por el magistrado respecto a determinadas facturas emitidas por la empresa de Gimeno, éste señala que el hecho de que algunas de ellas recojan idénticos conceptos responde a que se trataba de un trabajo por fases. Asimismo, señala que las facturas de 2008 contienen erratas en las fechas por un error del administrativo.

También aclara la defensa que el hecho de que una de las facturas lleve impresa en su parte trasera una previsión de tesorería de Emarsa no es una cuestión imputable a su defendido, quien las remitía por e-mail: "si en Emarsa deciden imprimirla en papel reciclado o, con los debidos respetos, en papel higiénico, será un problema de Emarsa".

Por último, señala que Gimeno "jamás ha suscrito contrato alguno con Emarsa por medio de la entidad Adecua" y reitera que el contrato de agosto de 2005 no contiene la firma de su cliente.

Escrito de oposición del PSPV
Asimismo, el PSPV, que ejerce en el proceso como acusación popular, ha presentado un escrito de oposición a este recurso en el que reiteran su apoyo al auto de imputación del juez y censura los reproches vertidos por Gimeno a la Emshi, en una actitud que califica de "inadmisible".

En el escrito, muestra su sorpresa por que el accidente del ex edil coincidiera con la llegada a Emarsa de Cuesta, lo que les hace pensar que "alguno de los dos no debía de acudir por el puesto de trabajo".

También resalta algunas "incongruencias" en cuanto a las dos fechas del contrato de octubre de 2004. "Indudablemente, merece ser investigada la relación comercial del señor Gimeno con Emarsa aun sea para saber si se lucró de los fondos públicos de dicha entidad a través de una relación comercial o desde un contrato firmado de forma antedatada".

Por último, lamenta que la defensa no haya aportado el contrato de octubre de 2004 y pide al juzgado que mantenga su auto en todos sus extremos.


elmundo.es

miércoles, 23 de noviembre de 2011

"CASO MALAYA"; ROCA EXCULPA A JULIÁN MUÑOZ DE HABER ACEPTADO UN SOBORNO DE 162.000 EUROS

Julián Muñoz y Juan Antonio Roca durante un juicio. | ELMUNDO.es

Cuando era alcalde
 
* Dice que las siglas JM corresponden a Javier Manríquez, colaborador de Gil

José Carlos Villanueva | Málaga

Juan Antonio Roca ha desvelado, por fin, quién se escondía detrás de las siglas J.M. como perceptor de un pago -presunto soborno- de 162.000 euros que él le entregó. El principal acusado en el caso 'Malaya' ha exculpado al ex alcalde Julián Muñoz de ser el beneficiario de esos fondos, entregados entre 2002 y 2003.

"Esas siglas corresponden a Javier Manríquez, un colaborador de Jesús Gil en la campaña electoral de 2003", ha relatado el ex asesor urbanístico. El fiscal, Juan Carlos López Caballero, sostiene, sin ninguna duda, que se trata de Julián Muñoz. Además, relaciona el pago con la firma de un convenio urbanístico en 2002, con Muñoz aún en la Alcaldía de Marbella.

En el marco de su estrategia exculpatoria hacia el ex alcalde- ya demostrada en sesiones anteriores cuando le desvinculó de la financiación de la campaña electoral de 2003- Roca ha dicho lo siguiente: "Antes de que yo le pagara algo a Julián Muñoz, Jesús Gil se hubiera pegado un tiro".

Todo ello, según ha expuesto, para ilustrar la "enemistad existente" entre el fallecido presidente del Atlético de Madrid y quien le sucedió en la Alcaldía a partir de mayo de 2002, tras su inhabilitación judicial.

De hecho, Roca ha situado a Jesús Gil como "titular" de la cuenta "hoja de caja cña" (hoja de caja campaña electoral) donde se recibían como "entradas" los pagos de promotores urbanísticos. El pago de 162.000 euros a J.M. aparece en el concepto "salidas" de dicha contabilidad, incautada al contable de Maras Asesores S.L., Salvador Gardoqui, pieza clave en la investigación.

La empresa CCF21, vinculada a los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, firmó un convenio de permuta de suelos con el entonces alcalde Julián Muñoz. Por ello el fiscal acusa al exregidor de haber percibido un total de 162.000 euros en sobornos de la caja de Roca. En los archivos de Maras aparecen un total de tres pagos atribuidos al acrónimo J.M. El primero el 7 de noviembre de 2002-semanas después de firmarse el convenio- por importe de 15.000 euros; el segundo el 11 del mismo mes, por 135.000 euros. El tercer pago, con Muñoz ya fuera de la Alcaldía, es el 10 de diciembre de 2003, por 12.000 euros.

Roca también ha detallado ante el fiscal los pagos que recibieron los concejales del gobierno tripartito que sustituyó a Muñoz, en agosto de 2003. No obstante, ha negado que les pagara para firmar la moción de censura: "Yo les empecé a pagar en enero de 2004 para conseguir un pacto antitransfuguismo".

Llama la atención tal justificación, por cuanto la práctica totalidad de los ediles que firmaron la moción contra Muñoz eran tránsfugas del GIL y del PSOE, salvo los del PA, cuyos dirigentes regionales respaldaron la operación política.

Roca siempre creyó que Gil le devolvería el dinero que él mismo, de sus propios fondos, pagaba a los ediles para ganarse su "lealtad"; pero cuando el ex regidor falleció asumió "que no sería así", en alusión a no recuperar lo adelantado.

Además

"CASO GÜRTEL"; RAFAEL BETOREL ENTREGA LOS TRAJES QUE LE REGALÓ "GÜRTEL" Y EL JUEZ PREGUNTA QUÉ HACE CON ELLOS

Rafael Betoret, tras acudir a declarar en el TSJ de Valencia en mayo de 2009. | B. Pajares
Condenado por cohecho pasivo

* Ha presentado cuatro americanas, once trajes, dos abrigos y un pantalón
* El juez da cinco días a las partes para que se pronuncien sobre su destino

Rodrigo Terrasa | Valencia
Rafael Betoret, ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo de la Generalitat Valenciana, condenado por delito continuado de cohecho pasivo impropio en la rama valenciana del caso Gürtel, ha hecho entrega de las prendas de ropa que recibió de las empresas de la trama, tal y como le requirió el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El pasado 16 de septiembre, el juez condenó tanto a Betoret como a Víctor Campos, ex vicepresidente del Consell, a pagar una multa de 9.600 euros, 80 euros por día, más las costas del proceso, por un delito continuado de cohecho pasivo impropio. También les exigió "el comiso de las prendas de vestir recibidas y si ello no fuera posible, el comiso de su valor en la cuantía de las mismas establecida en los hechos probados".

Según consta en la providencia dictada este martes por el magistrado presidente del jurado de este caso, el ex cargo de Turismo ha hecho entrega de las prendas de vestir que constaban en la descripción de los hechos probados en la sentencia que le condenó. Ha presentado cuatro americanas, once trajes, dos abrigos y un pantalón.

En la sentencia se consideraba probado, "por conformidad", que Betoret recibió en 2006 dos americanas, tres trajes y un abrigo por valor de 3.549 euros, y posteriormente una americana, tres trajes y un pantalón por 3.250 euros, adquiridos igualmente en Milano. Poco después, entre finales de 2006 y comienzos de 2007, le regalaron una americana, cinco trajes y otro abrigo que sumaron 6.700 euros y que la trama 'Gürtel' compró esta vez en Forever Young. En total, 13.499 euros.

En su providencia, el magistrado Juan Climent también reclama a las partes que se pronuncien, en el plazo de cinco días, sobre el destino que quieren que tengan las prendas entregadas por Rafael Betoret.

Tanto él como Campos estaban acusados de los mismos delitos que el ex presidente de la Generalitat Francisco Camps y el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa.

Los dos primeros reconocieron su culpa y fueron condenados, mientras que Camps y Costa mantuvieron su inocencia, por lo que serán juzgados a partir del próximo 12 de diciembre ante un tribunal popular.

martes, 22 de noviembre de 2011

"CASO PALAU"; EL PROMOTOR DEL HOTEL ALEGA QUE GASTÓ EN AGUINALDOS Y VIAJES LA SUPUESTA COMISIÓN A MILLET

Sacó del banco casi 900.000 euros en metálico

* Está imputada la cúpula de Urbanismo, además de Fèlix Millet y Jordi Montull
* Sacó el dinero el día que el Palau de la Música cedió al promotor el solar

Efe | Barcelona

El promotor del fallido Hotel del Palau de la Música ha justificado que los casi 900.000 euros en metálico que sacó del banco, y que se sospecha eran un pago a Fèlix Millet a cambio de la adjudicación del proyecto, iban destinados a aguinaldos, viajes y reparto de dividendos de su empresa.

El constructor, Manuel Valderrama, ha declarado como testigo ante la juez que investiga las irregularidades en la tramitación urbanística de un hotel de lujo junto al Palau de la Música, un caso por el que está imputada la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, además de los exresponsables del Palau Fèlix Millet y Jordi Montull.

Según han informado fuentes judiciales, Valderrama, que hoy ha declarado por segunda vez como testigo en esta causa, ha negado que los 900.000 euros en efectivo que retiró en dos ocasiones en los años 2006 y 2007 de sus cuentas bancarias fueran para pagar a Millet a cambio de que le facilitara los trámites urbanísticos para llevar a cabo el proyecto.

De hecho, esos 900.000 euros -cifra idéntica a la que figura manuscrita en una carpeta incautada en el Palau de la Música con el epígrafe "Acords Valderrama"-, fueron extraídos de las cuentas del constructor los días 20 y 21 de diciembre de 2006, coincidiendo con la firma del contrato privado por el que el Palau de la Música cedió al promotor el solar para el hotel, y el 11 de julio de 2007, el día antes de que se formalizara la escritura pública.

Valderrama, que hoy ha declarado como testigo junto a un hermano suyo que se encargó de retirar una de esas cantidades, ha alegado que los 470.000 euros que extrajo en diciembre de 2006 eran para "aguinaldos", tanto para él como para sus familiares, que también trabajan en la empresa del constructor.

Esa cantidad sirvió además para pagar las celebraciones navideñas y regalos a allegados, según el testigo, que ha justificado que esos dispendios los sufragara en metálico porque, de esa forma, podía ocultar a sus familiares y socios en la empresa que llevaba un tren de vida superior.

Respecto a los otros 425.000 euros que extrajo en julio de 2007, el constructor ha afirmado que correspondían a un reparto de dividendos entre socios de la empresa y que iban destinados a pagar viajes de verano, así como la cuotas del club de golf.

El promotor, además, ha detallado que otra parte de esos 425.000 euros -que guardaba en un caja fuerte- fue destinada a pagar varias celebraciones con las que festejó por todo lo alto su 60 aniversario.

Su hermano Emilio, no obstante, ha contradicho la versión del empresario al negar que en verano de 2007 recibiera ningún importe en concepto de un reparto de beneficios, pese a ser socio de la constructora.

Han declarado también ante la juez los peritos que han realizado, por encargo de las defensas del ex teniente de alcalde de Urbanismo Ramon García-Bragado y del ex gerente Ramon Massaguer, tres informes que acreditarían la legalidad de los trámites urbanísticos del Hotel del Palau.

Esos informes, pagados por el Ayuntamiento de Barcelona entre mayo y junio de este año, sostienen que la permuta urbanística que iba a permitir la construcción del Hotel no implicó ninguna pérdida económica para las administraciones públicas, porque el constructor habría pagado más de cinco millones a la Generalitat como compensación si el proyecto hubiera salido adelante.

Los otros dos informes sobre la tramitación del proyecto hotelero pretenden demostrar que las modificaciones urbanísticas que el Ayuntamiento realizó eran legales y que no se pagaron plusvalías por el mismo.

La Fiscalía, no obstante, considera en su querella por las irregularidades en torno al Hotel del Palau que la Generalitat sufrió una pérdida económica considerable con la permuta urbanística y la posterior recalificación de un edificio de su propiedad necesaria para permitir el proyecto hotelero.

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; MATAS PIDE ARCHIVAR SU IMPUTACIÓN EN UNA PIEZA SOBRE LOS GARCÍA RUÍZ

Europa Press | Palma

La defensa del expresidente del Govern, Jaume Matas, ha solicitado el archivo de su imputación en la pieza separada 22 del caso Palma Arena, relativa a la facturación por parte de la empresa de los hermanos García-Ruíz -también encausados en este proceso-, al considerar que este fleco constituye "un claro ejemplo de procedimiento inquisitorial", al tiempo que defiende que no se ha hallado "ni un sólo indicio de participación" de Matas en estos hechos.

En un escrito presentado ante el juez instructor del caso, José Castro, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado del exdirigente del PP, Antonio Alberca, arguye que su patrocinado no tiene "ninguna relación" con las facturas que se investigan en esta pieza y asevera que ésta únicamente está formada "por la mera acumulación de documentación contable" sin que conste "un sólo atestado o informe judicial que indiquen al menos cuál es el objeto de la instrucción o qué delito podría haberse cometido".

Tanto es así que el abogado pide al magistrado que aclare si alberga "alguna sospecha, prevención o recelo" sobre Matas, pues tal y como ya había denunciado anteriormente Alberca "en esta causa se vienen vulnerando el derecho a conocer la acusación que se dirige contra el expresidente y a un proceso con todas las garantías".

En concreto, recuerda Alberca, se trata de facturas giradas a esta mercantil así como la acreditación documental del pago de las mismas, en las que Matas no ha tenido "la menor intervención" como tampoco "conocimiento de su existencia". Tal es el caso, recuerda, de varias facturas relacionadas con la construcción del velódromo Palma Arena, sobre la confección de presupuestos, la del restaurante Samantha por una comida para once personas o las referidas al suministro de consumibles informáticos.

"Por más que echemos a volar nuestra imaginación, no alcanzamos a ver dónde está su carácter delictivo", asevera el abogado en su escrito, en el que recalca que tras más de tres años de instrucción en la que Matas se encuentra "sometido a la pena de banquillo al haberse abierto una causa general contra su gestión política al frente del Govern balear", no cabe mantenerle imputado en esta pieza "por si acaso" y "eternamente a la espera de algún día poder encontrar cualquier indicio que justifique la vulneración de tantos derechos procesales".

Cabe recordar que una de las últimas resoluciones del juez Castro, dictada este lunes,denegaba la petición de Matas de investigar las filtraciones sobre las pesquisas en torno al Instituto Nóos que presidía el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, aseverando que no ha sido nadie de su Juzgado "quien ha concedido ruedas de prensa" relacionadas con esta causa como tampoco "el que ha acudido a medios televisivos para lo mismo", en alusión al exdirigente del PP.

elmundo.es

"CASO MALAYA"; ROCA CALIFICA DE "MAQUINACIÓN POLICIAL" QUE LE SOBORNARAN POR FAVORES URBANÍSTICOS

José Carlos Villanueva | Málaga

"Eso es una maquinación policial". De esta forma tan beligerante ha calificado el principal acusado en el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, la tesis del fiscal sobre que los pagos de empresarios recibidos en su contabilidad de Maras Asesores guardan relación con favores urbanísticos, traducidos en licencias de obras ilegales y aprobaciones de convenios, sujetos a un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en revisión y no vigente.

Por mucho que Roca lo niegue la Policía estableció minuciosamente una correlación entre los pagos anotados en la contabilidad incautada y numerosos convenios y licencias de obras que coincidían en el tiempo. Dato éste que sustenta las acusaciones. Entre 2001 y 2006 el considerado cerebro de la trama de corrupción municipal marbellí habría recibido 33 millones de euros en concepto de sobornos provenientes de promotores.

Durante el sexto día de interrogatorio a Roca el acusador público se ha interesado especialmente por el nombre del conocido empresario Tomás Olivo. Él aparece como la persona que entregó al exasesor urbanístico 600.000 euros. Una vez reconocido dicho pago, el exbrazo derecho de Jesús Gil en el Consistorio marbellí sostiene que dicha cantidad provenía de su labor de "intermediación" en la venta de unos suelos.

Lo cierto es que el fiscal, Juan Carlos López Caballero, ha puesto de manifiesto que la entrega de esos 600.000 euros coincidió en el tiempo con la suspensión de la paralización de unas obras a Olivo, por parte del equipo de gobierno que presidía la exalcaldesa Marisol Yagüe. Se trataba de los trabajos de ampliación del centro comercial La Cañada (9 licencias ilegales), autorizadas por el exalcalde Julián Muñoz, y cuya sucesora en la Alcaldía paralizó durante un tiempo.

Roca ha achacado la suspensión de la paralización de obras de Olivo a un informe del secretario municipal, Leopoldo Barrantes. Se da la circunstancia de que dicho fedatario público también se encuentra acusado en el macrojuicio. Las nueve licencias otorgadas por Muñoz al empresario murciano fueron impugnadas por la Junta de Andalucía ante el TSJA. Aunque las obras se pararon, circunstancia a la que se acoge Roca, la exalcaldesa Yagüe optó finalmente por archivar el expediente, coincidiendo en las fechas con el pago de Olivo al exasesor urbanístico, según mantiene el Ministerio Público.

"No existe relación causal entre Olivo y Roca o Maras Asesores o las sociedades de Roca", ha defendido con vehemencia el principal acusado, al hablar de sí mismo en tercera persona. En el marco de su defensa ha aludido a los empresarios también acusados Carlos Sánchez y Andrés Liétor, como las personas que negociaron directamente con Olivo en la compra venta de unos suelos en los que también aparecía vinculado el constructor granadino José Avila Rojas, socio de los dos anteriores.

El abogado de Tomás Olivo, Antonio Ruiz Villén, ha hecho constar su protesta, tras interrumpir al fiscal, para aportar una sentencia firme de un Juzgado de lo Penal malagueño "en la que se dice que no se realizó construcción de naves comerciales con posterioridad a diciembre de 2004. Que tampoco se ejecutaron naves ni estacionamiento, ni alcantarillado". Así pues, el que fuera juez de instrucción marbellí en el 'caso estatua rusa'-ahora en excedencia- sostiene que "el fiscal no pude imputar estos hechos cuando es cosa juzgada". El pago de Olivo a Roca fue en noviembre de 2005 y ese mismo mes Yagüe decretó la suspensión de la paralización de obras, ha remachado López Caballero.

Durante la sesión de este martes también se han reproducido en la sala escuchas telefónicas en las que una persona se pone en contacto con el despacho municipal de Roca para preguntarle a éste "dónde puede llevar el dinero" el empresario -también acusado- Enrique Ventero, imputado por presuntos sobornos al exasesor urbanístico marbellí. Ya en la sesión anterior Roca había reconocido haber recibido un pago de 300.000 euros del empresario cordobés Rafael Gómez 'Sandokán'.

A diferencia de lo que sostiene el fiscal, sobre que Roca favoreció un convenio urbanístico, así como la "inactividad municipal" en obras del ahora concejal de Unión Cordobesa, el excargo municipal marbellí argumenta que actuó como "intermediario" en una operación de compra venta de terrenos para 'Sandokán', a través de su socio en la empresa Marbella Airways, Francisco Pozuelo, conocido como 'Pacurri'. El pago de 300.000 euros de Gómez a Roca se produjo en noviembre de 2004 y la licencia y el convenio logrados por el propietario de Arenal 2000 S.L. están fechados cinco meses antes, en junio de 2004.

Además
* Gráfico: Las claves del caso 

lunes, 21 de noviembre de 2011

"CASO BRUGAL"; EL JUEZ TOMARÁ DECLARACIÓN A RIPOLL ANTES DE TRASLADARSE A ELCHE

Carlos San Martín

Efe | Alicante

El juez de Orihuela que dirige algunas de las principales ramas del caso Brugal, Carlos San Martín, tomará declaración al expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll (PP) y a dos empresarios más antes de que se haga efectivo su anunciado traslado a un juzgado de Elche.

Hace unos días, se conoció que San Martín había ganado un concurso de méritos para trasladarse al juzgado ilicitano de primera instancia número 4, lo que provocará que la operación Brugal vaya a contar desde comienzos de 2012 con el sexto juez instructor desde que se destaparon las presuntas irregularidades a comienzos de 2006.

Fuentes judiciales han informado hoy a EFE de que San Martín continuará en el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela hasta que su traslado sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo cual no se prevé para antes del 15 de diciembre.

Hasta entonces, San Martín seguirá con las investigaciones de varias de las piezas separadas del Brugal y, como estaba previsto, interrogará a los tres imputados que restan por comparecer de la rama de las supuestas irregularidades en la adjudicación del plano zonal de residuos.

Éstos son los empresarios Ángel Luis Bracho (30 de noviembre) y José Candel (5 de diciembre) y el citado Ripoll (1 de diciembre).
 
Nuevo juez a finales de febrero
San Martín sólo cesará de su actual puesto al día siguiente de la publicación del trasladado en el BOE, momento a partir del cual cubrirá la vacante un juez sustituto previamente elegido por el decanato de Elche.

Además, una vez que se cumpla ese trámite se sacará a concurso nacional la plaza en el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela (en principio antes de fin de año) para que posteriormente sea cubierta por un magistrado, lo cual ocurriría en el mejor de los casos a finales de febrero.

Si no hubiera peticionarios en este primer concurso, la plaza se sacaría a ascenso de jueces a magistrados y mientras tanto continuaría trabajando el juez sustituto.

Además de cerrar la ronda de comparecencias antes de marcharse a Elche, San Martín debe presentar por escrito una relación de los asuntos pendientes de resolución, lo que en derecho se conoce como "alarde", para dar cuenta de la situación del juzgado a sus sucesores.

San Martín ha logrado el traslado al segundo intento ya que el pasado verano optó a otra plaza en el Penal número 6 de Alicante, que no consiguió.
 
Operación Brugal
La operación Brugal se inició en los primeros meses de 2006 a raíz de que el industrial Ángel Fenoll difundiera unas grabaciones con un exconcejal de Orihuela en las que se ponía de manifiesto unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso local de basuras, donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la mercantil de su propiedad, Colsur.

Las investigaciones iniciales se dilataron y desvelaron nuevos y variados supuestos casos de corrupción en Orihuela y otras localidades de la provincia, que a su vez dieron origen a cerca de una veintena de piezas separadas del Brugal.

Entre ellas, las posibles irregularidades en la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja y las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, donde están implicados la actual alcaldesa, Sonia Castedo, y su predecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP, y cuya causa fue derivada al juzgado de instrucción número 5 de la capital.


EL JUEZ IMPUTA AL HERMANO DEL EX DIRECTOR FINANCIERO DE EMARSA

Administrador de la empresa Arrima SL

* Su empresa facturó a Emarsa 188.358,98 euros en cuatro años por 53 cursos
* El juez acuerda unir a la causa nuevas facturas aportadas por la Emshi

Europa Press | Valencia

El titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado imputar a Antonio Arnal, hermano de Enrique Arnal, exdirector financiero de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia S.A. (Emarsa) -también imputado-, para que explique el cobro de 188.358,98 euros en cursos supuestamente impartidos entre 2005 y 2009, según consta en un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

De esta manera, el magistrado ha estimado la petición formulada por el ministerio fiscal y por la acusación particular de citar como imputado a Antonio Arnal, administrador único de la mercantil Arrima Centre d'Estudis S.L. desde el año 2006, para que explique los cursos impartidos a miembros de Emarsa durante varios ejercicios. Anteriormente era administrador solidario de esta entidad junto a Juan Manuel García.

Según declaró Antonio Arnal al juzgado, en fecha 26 de octubre, Arrima ya trabajaba con Emarsa desde 2001, y en 2004 quiso continuar las relaciones entre ambas entidades ya que no había impartido ningún curso ese año. Entonces, su hermano Enrique, a la sazón de director financiero, le presentó al exgerente, Esteban Cuesta, para que hablaran sobre el tema.

Tras ello, en enero de 2005, Cuesta firmó un contrato con Juan Manuel -administrador de Arrima-, por el que le encargaba a esta entidad la gestión e impartición de los cursos de formación continua que en cada ejercicio se establecieran prioritarios para sus empleados. La duración del contrato era de un año renovable. Preguntado a Arnal por qué no firmó él el contrato, indicó que para que la negociación "fuera lo más objetiva posible" y para que "no hubiera ningún indicio de que había ningún tipo de privilegio". Así, Arrima facturó a Emarsa 188.358,98 euros entre 2005 y 2009 por 53 cursos.

Ante estos datos, el juez indica que si las circunstancias que rodean la contratación de Arrima por Emarsa "llaman la atención", resulta "igualmente llamativo" el tipo y número de cursos supuestamente impartidos a los empleados de una empresa "cuya actividad no era sino la explotación de la estación depuradora de aguas residuales ubicada en Pinedo", puntualiza. Así, entiende que existen indicios de que estos cursos no se impartieron.
 
Los viajes
Asimismo, al magistrado le constan dos viajes de Arnal a Bucarest. El primero de ellos fue con su hermano Enrique, abonado con fondos de Emarsa, respecto del que el exgerente de la entidad no supo dar razón porque desconocía que el recién imputado lo hubiera realizado.

El segundo viaje, realizado del 16 al 23 de noviembre de 2008, lo hizo Antonio Arnal junto a su hermano, Juan Manuel García y José Luis Sena con destino a Bucarest, también pagado por Emarsa. De este viaje tampoco tenía constancia el exgerente, Esteban Cuesta, tal y como indicó en su declaración. Antonio Arnal declaró ante el juez sobre este último viaje que se le pidió su asistencia técnica en calidad de experto en comercio exterior, en una asistencia que "requirió nuestro asesoramiento", comentó.

Por todo, el juez acuerda citar a declarar en calidad de imputado y solicita que se le remita certificación literal de la empresa Arrima. También pide conocer el patrimonio y medios de vida de Arnal, y que el Registro Civil le remita las cuentas anuales de la enidad en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2010.

Por otro lado, el magistrado ha dictado una providencia por la que admite a trámite el recurso interpuesto por otro de los imputados, Sebastián García, contra el auto en el que se le decretaba libertad provisional con obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado, y se le acordaba la retirada de su pasaporte. Asimismo, el magistrado acuerda unir a la causa nueva documentación presentada por la Emshi.


elmundo.es

"CASO CAN DOMENGE"; MUNAR PRESENTA DOCUMENTACIÓN MÉDICA PARA QUE LE NOTIFIQUEN EL AUTO EN SU CASA

Ante la juez

Europa Press | Palma

La expresidenta del Consell y del Parlament, Maria Antònia Munar, ha presentado este lunes ante la jueza instructora del caso Can Domenge, a través de su procurador, numerosa documentación médica para justificar su actual estado de salud y puedan notificarle en su propio domicilio el auto que puso fin a la instrucción de la causa así como los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, el Consell y la mercantil Núñez y Navarro, con cuya querella fueron iniciadas las pesquisas.

Así lo han señalado fuentes jurídicas a Europa Press, después de que el pasado jueves la titular del Juzgado de Instrucción número 12, Carmen González -quien decidirá en breve sobre esta cuestión- diese a Munar tres días hábiles para que ampliase la información que aportó sobre el tratamiento al que está sometida para justificar por qué no acudió al Juzgado la misma jornada en la que sí lo hicieron el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal, el exconseller insular Miquel Àngel Flaquer y el abogado Santiago Fiol, también acusados en este caso.

De esta forma, aún no le ha sido formalmente comunicado el auto, que decretaba una fianza de responsabilidad civil de 37,1 millones de euros para Munar, Flaquer, Nadal, el exconseller Bartomeu Vicens y el máximo accionista de Sacresa, Román Sanahúja, que disponían de un día para que abonasen de forma conjunta y solidaria la caución. El Juzgado prevé iniciar los trámites de embargo de su patrimonio una vez los encausados designen bienes hasta cubrir la fianza fijada para ser, una vez comprobado su valor, posteriormente embargados, de acuerdo al artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Junto a la notificación del auto y de los escritos de calificación, se les ha dado traslado de las actuaciones a los acusados -excepto a Munar por el momento- para que presenten escrito de defensa en el marco de este proceso, que indaga la venta de los terrenos de Can Domenge por parte del Consell por la mitad de su valor en el mercado y de lo que ofrecía la mercantil Núñez y Navarro, en favor de la UTE formada por Sacresa y Ferrà Tur.

En concreto, el Ministerio Público reclama seis años de prisión para Munar así como para Nadal, Vicens y Flaquer por presuntos delitos de fraude a la administración (por los que solicitan tres años de cárcel), revelación de secretos (otros tres años) y prevaricación, además de un año y medio de cárcel para Fiol (fraude y revelación de secretos), y dos años para Sanahúja (fraude y uso de información confidencial).

Núñez y Navarro, personada a través de las sociedades Josel S.L. y Anova S.A., reclama por su parte diez años de cárcel para Munar, Nadal, Vicens y Flaquer por los delitos de malversación, fraude a la administración pública, prevaricación y revelación de secretos, y un año y medio de prisión para Fiol, por los delitos de fraude y revelación de secretos, así como para Sanahuja Pons, a quien imputa los delitos de malversación, fraude y uso de información reservada.

Asimismo, el Consell solicita en un duro escrito de acusación nueve años de prisión para los cuatro ex dirigentes 'uemitas' y el abogado externo de Sacresa por fraude, prevaricación, malversación y revelación de secretos e informaciones, mientras que pide hasta 11 años de cárcel para el máximo accionista de Sacresa por fraude, malversación, prevaricación y aprovechamiento de la información facilitada.


elmundo.es

"CASO MALAYA"; ROCA DESVINCULA A JULIÁN MUÑOZ DE LA FINANCIACIÓN DE LA CAMPAÑA DEL GIL

En 2003

José Carlos Villanueva | Málaga

Eran fondos para la campaña electoral del GIL en 2003, pero no tenían nada que ver con el cabeza de lista de dicho partido, el exalcalde Julián Muñoz. Esta es la tesis que el principal acusado en el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, ha mantenido este lunes ante el fiscal. El exasesor urbanístico ya reconoció en sesiones anteriores de la vista oral haber recibido más de 290.000 para tales comicios, provenientes de diversos promotores también acusados.

En el marco de su estrategia de defensa Roca trata de desvincular, a toda costa, de la financiación del Grupo Independiente Liberal precisamente a quien era su candidato, tras la inhabilitación judicial de Jesús Gil, ocurrida en 2002.

Roca lo explica así: "Jesús Gil y Julián Muñoz acudían divididos a aquellas elecciones de 2003 y Julián creó un nuevo partido, que era el CAI". La historia no es exactamente así, ya que el CAI, formado por exediles del GIL se creó para las elecciones de 2007.

Fue un sobrino de Muñoz quien constituyó entre 2002 y 2003 el partido ALIM. Buscaba tener unas siglas en la recámara en caso de que Gil optara por no colocar al novio de Isabel Pantoja como cabeza de lista electoral.

Lo cierto es que, a pesar de las desavenencias preelectorales públicas y notorias entre Gil y Muñoz, en la llamada "hoja de caja cña" que Roca atribuyó en su declaración a "hoja de caja campaña electoral" aparecen tres pagos que suman un total de 162.000 euros, asociados a las siglas JM. Un acrónimo que el fiscal relaciona con el nombre de Julián Muñoz.

Sorprendentemente, el Ministerio Público aún no ha preguntado a Roca por dichas iniciales, a pesar de que sí lo ha hecho sobre los convenios urbanísticos gracias a los cuales el exregidor cobró los presuntos sobornos tras estampar su firma en ellos.

Relación con el GIL
"¿Tenía usted algún cargo en el GIL?", ha preguntado el acusador público a Roca. En el marco de su respuesta el ex brazo derecho de Jesús Gil ha involucrado a tres personas fallecidas en labores de recaudación de fondos aportados por empresarios. Se trata del propio Gil, su secretaria personal, Lucía Aguilera, y el exgerente de sociedades municipales José Luis Jiménez. Como "tesorero" de dicho partido ha situado a Julio izquierdo, un amigo personal del que fuera presidente del Atlético de Madrid que no está en el banquillo de los acusados.

Paralelamente, Roca ha aclarado que él "recaudaba a unos promotores, Gil a otros y luego yo los fondos totales los asignaba a lo que me decía Jesús Gil". Así pues, Julián Muñoz siempre estaba al margen de todo, "porque él llevaba su propia campaña", ha apostillado el considerado cerebro de la trama de corrupción municipal juzgada.

En relación con un pago de más de un millón de euros, hecho por el conocido promotor Fidel San Román, Roca ha asegurado que dicho acusado sabía que era para el GIL. Sin embargo, en su declaración judicial el empresario taurino habló de "un dinero extra en métalico, en sobres" que el entonces gerente del urbanismo marbellí le pedía por una licencia de obras futura.

"El señor San Román, que no es un imbécil, no me va a pagar a mí un dinero hasta que no se ratifique algo", le ha contestado Roca al fiscal cuando éste le ha preguntado por ello. Además, el exasesor sitúa la confesión de San Román ante el juez instructor "para salir de prisión".

En su afán por desvincular cualquier pago a concejales supeditado a la aprobación de proyectos urbanísticos, Roca ha declarado que pagaba a los ediles de sus propios fondos personales. Así trata de deslindar cualquier entrega de fondos a ediles con el dinero que él recibía, a su vez, de empresarios con intereses urbanísticos en la ciudad.

El urdidor de todo el urbanismo de Marbella entre 1992 y 2006 reconoce cobros de empresarios, pero siempre por tareas de asesoramiento privado, así como negocios en común con ellos, además de los ya mencionados pagos para la campaña electoral de 2003. El fiscal sostiene que recibió más de 33 millones de euros en sobornos de empresarios entre 2001 y 2006.

Juan Antonio Roca ha señalado que la exalcaldesa Marisol Yagüe, de quien era asesor personal, "desconocía por completo" sus labores de asesoramiento urbanístico a empresarios con intereses en el municipio.

Además
* Gráfico: Las claves del caso
* Quién es quién en 'Malaya'
* Lea toda la información sobre el juicio

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; EL JUEZ CASTRO RECHAZA LA DENUNCIA DE FILTRACIONES EN LA INVESTIGACIÓN DE URDANGARÍN

Lo había solicitado Matas

* Afirma que nadie de su Juzgado 'ha concedido ruedas de prensa'
* Acusa a Matas de responsabilizarle cuando fue él quien acudió a TV

Europa Press | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, encargado de las investigaciones del caso Palma Arena y del enriquecimiento presuntamente ilícito del expresidente balear Jaume Matas, ha denegado la petición del imputado de investigar las filtraciones sobre las pesquisas en torno al Instituto Nóos que presidía el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, aseverando que no ha sido nadie de su Juzgado "quien ha concedido ruedas de prensa" relacionadas con esta causa como tampoco "el que ha acudido a medios televisivos para lo mismo", en alusión al exdirigente del PP.

"No deja de ser hiriente que quien así actúa sea precisamente quien ahora viene a responsabilizar a este instructor de llevar a cabo filtraciones o de no impedir deliberadamente que otros lo hagan", ha expuesto el magistrado en el auto que ha dictado este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que de forma tajante se ampara en trece argumentos para justificar que no procede investigar de dónde proceden tales filtraciones.

Es más, el juez apostilla que su Juzgado "nunca sería competente" para ello "si lo que insinúa es la responsabilidad que este instructor podría haber contraído en la comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos y violanción de secretos". "Se reconduciría al absurdo que este instructor se investigara a sí mismo", afirma Castro, quien asevera que iniciar estas investigaciones "se advierte inútil" así como "dilapidador de un tiempo que no sobra".

En esta misma línea, Castro considera "deseable" que hasta que la defensa de Matas, ejercida por Antonio Alberca, "no cuente con pruebas objetivas sobre la responsabilidad que, por acción u omisión, este proveyente haya podido contraer en orden a supuestas filtraciones, se abstuviera a verter en foros judiciales y extrajudiciales de pública repercusión las mismas imputaciones de siempre".

Y es que en su escrito, el abogado denunciaba las filtraciones a los medios de comunicación sobre las investigaciones en torno a Nóos ya que, a su juicio, contribuyen a lanzar "insidias" y "sospechas" contra su patrocinado, al tiempo que "afectan a la imagen pública de Matas, por lo que se agrava la pena de banquillo a la que se ve sometido desde hace más de tres años".

Entre otras razones, Castro considera que "no deja de ser incongruente" que la dirección letrada que denuncia estos hechos "sea aquella cuyos escritos, que también están sujetos al secreto sumarial, accedan antes a las direcciones de rotativos que este Juzgado", y, sin ir más lejos, recuerda que del escrito que presentó Alberca sobre las filtraciones se hicieron eco varios medios cuando el mismo juez instructor "aún ni tan siquiera había tenido oportunidad de leerlo".

La resolución judicial explica que las posibilidades prácticas de cumplir el secreto son "muy distintas" según los avatares por los que atraviesa la causa como también "muy diversos los posibles autores de las supuestas filtraciones en proporción al número de personas que inevitablemente han de compartir el secreto", sin que el juez "tenga datos para señalar a nadie en concreto".

'No se ha filtrado ni una resolución'
De forma más concreta, asegura que en ningún momento ha habido filtración alguna sobre el auto de apertura de la pieza secreta que investiga los contratos a Nóos, como tampoco, excepto la parte dispositiva del auto de entrada y registro de las distintas mercantiles vinculadas a Urdangarin, "ni una sola de las resoluciones que han recaido en dicha pieza secreta ha trascendido al exterior, ni en su letra ni en su espíritu".

Finalmente, el magistrado afirma que "bastante trabajo pesa ya sobre este Juzgado como para tener que confirmar o rebatir a los distintos medios las informaciones que ofrezcan", lo que supondría por otra parte "quebrantar el secreto". Asimismo, Castro destaca el hecho de que la defensa de Matas aportase como "indubitativos medios de prueba" recortes de prensa que "sorprendieron incluso a este proveyente por lo que tenían de adivinanza de decisiones en las que ni tan siquiera había pensado", algunos "se contradecían" y otros "respondían más a lucubraciones".

El letrado hacía referencia a numerosas informaciones en medios de comunicación sobre las investigaciones de esta subpieza -incluida en la pieza 25 del caso- en las que se dan numerosos detalles de las diligencias practicadas, como es el caso del registro efectuado el día 7 de noviembre en la sede de Nóos en Barcelona, el contenido de las declaraciones practicadas o incluso los próximos pasos que pueden tomar la Fiscalía o el juez


elmundo.es

domingo, 20 de noviembre de 2011

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ IMPUTA EN GÜRTEL A OTROS TRES ALTOS CARGOS DE LA GENERALITAT

El magistrado cree que pudieron cometer los delitos de cohecho y prevaricación en la adjudicación de contratos a ‘El Bigotes’

Ignacio Zafra Valencia

El juez José Ceres ha imputado a otros tres altos cargos de la Generalitat en el grueso de la vertiente valenciana del caso Gürtel que instruye en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Se trata de Salvadora Ibars, directora general de Promoción Institucional en Presidencia de la Generalitat; Isaac Vidal, jefe de área de Mercados y Comunicación en la Agencia Valenciana de Turismo, y Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la misma agencia del Gobierno autonómico.

El magistrado cree, “dada la documentación e informes incorporados hasta la fecha a las presentes diligencias”, que los tres pudieron cometer los delitos de cohecho y prevaricación en la adjudicación a Orange Market, la sociedad de la trama corrupta que administraba Álvaro Pérez, El Bigotes, de los contratos de organización y montaje del pabellón valenciano en la madrileña feria de Fitur.

La red que lideraba Francisco Correa obtuvo casi cinco millones de euros por la adjudicación del pabellón de la Generalitat cinco años seguidos, de 2005 y 2009. La investigación ha revelado que, en unos casos, los miembros de la trama mafiosa conocían las bases oficiales de la adjudicación semanas antes de que fuera publicada, lo que les permitía elaborar propuestas ganadoras frente al resto de competidores. Y en otros, que la oferta de Orange Market se alzaba con los cuantiosos contratos a pesar de no reunir los requisitos o hacer la oferta más cara.

En la enrevesada trayectoria procesal del caso Gürtel, el TSJ valenciano decidió asumir, por separado, la competencia de dos de sus ramales. El primero es el que sentara en el banquillo el próximo 12 de diciembre al expresidente Francisco Camps y al exsecretario general del PP regional Ricardo Costa por haber aceptado supuestamente dádivas de la trama.

El segundo, en el que han sido imputados los tres nuevos altos cargos, contiene la aparentemente irregular concesión de los contratos de Fitur y, al mismo tiempo, la financiación ilegal del PP (delito electoral), que habría incluido la falsificación en documento mercantil.

En esta segunda y central vertiente del caso Gürtel valenciano ya estaban imputados buena parte de la plana mayor del PP regional y del Gobierno de Camps: Vicente Rambla (exvicepresidente de la Generalitat); David Serra (vicesecretario de Organización del PPCV); Yolanda García (tesorera del PPCV); Cristina Ibáñez (administradora del PPCV); Luis Bárcenas (extesorero del PP); Milagrosa Martínez (expresidenta de las Cortes valencianas y exconsejera de Turismo); Rafael Betoret (exjefe de gabinete de Turismo) y, de nuevo, Costa.

En la providencia que comunica las nuevas imputaciones, que lleva fecha de 11 de noviembre, el magistrado indica que El Bigotes y Cándido Herrero (empleado de la trama) hablan sobre Salvadora Ibars en una conversación telefónica que tuvo lugar el 28 de diciembre de 2008 y que fue intervenida por la policía. De su contenido, concluye el juez, “y sin perjuicio de lo que resulte, se puede inferir un no descartable grado de conocimiento o participación en los hechos relativos a una negociación previa que pudiera, en su caso, posibilitar una ventaja o facilitación del direccionamiento de la contratación administrativa mencionada [adjudicación de Fitur] a favor de Orange Market”.

El magistrado señala, respecto a Isaac Vidal y Jorge Guarro, que ambos participaron en la elaboración de los pliegos de condiciones del concurso, estableciendo “criterios de adjudicación de influencia decisiva”. Al mismo tiempo, participaron en la mesa de contratación que elegía entre las ofertas presentadas; y emitieron informes que fueron “determinantes para la propuesta” que dicha mesa elevó a la Agencia Valenciana de Turismo, sobre la base de la cual se adjudicaron los contratos a Orange Market.

El juez pide en la misma resolución a Presidencia de la Generalitat y a la Consejería de Turismo que amplíe la información sobre cómo se formaban las mesas de contratación investigadas y qué criterio se utilizaba para elegir a sus integrantes.

viernes, 18 de noviembre de 2011

EL TSXG SE INHIBE A FAVOR DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE FERROL EN TORNO AL "CASO ARENA"

Vista aérea del puerto interior de Ferrol. | Autoridad Portuaria
Caso de importación de áridos contaminantes

* El ex diputado Javier Escribano, investigado por dos presuntos delitos
* El dueño de Manmer le habría regalado un vehículo de alta gama para que mediase
* PSOE y BNG exigen explicaciones a Negreira por la posible revelación de datos

Raúl Salgado | Ferrol

El sumario de la 'operación Arena' vuelve a estar en manos del juzgado de instrucción número 3 de Ferrol en su integridad. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado este jueves el traslado al juzgado ferrolano de la parte de la causa que había instruido desde el pasado mes de septiembre. Su sala de lo Civil y Penal acordó esta medida el 11 de noviembre, tras un cambio relevante en el proceso: la pérdida de la condición de aforado del ya ex diputado autonómico del PP Javier Escribano.

El juez decano de la urbe naval, Alejandro Morán Llordén, iniciaba las investigaciones en torno a este caso la pasada primavera. El 31 de octubre, Morán Llordén levantaba el secreto de sumario sobre la parte de la 'operación Arena' cuya instrucción permanecía bajo su responsabilidad. El procedimiento buscaba la confirmación de un presunto delito medioambiental causado por la empresa Manmer, cuyo titular es el empresario eumés Fermín Duarte, que fue detenido el 27 de octubre y puesto en libertad 24 horas más tarde, tras prestar declaración.

Sin embargo, parte de la causa fue desgajada a favor del TSXG por la condición de aforado de Escribano, cuya conducta, según la investigación, podría corresponderse con sendos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

La intervención del teléfono del empresario reveló que Duarte acordó con el diputado popular que éste mediase a su favor ante administraciones afines, de cara a que su mercancía fuese adquirida por compañías adjudicatarias de obras públicas. A cambio, habrían pactado que el eumés obsequiase al parlamentario con un vehículo de alta gama, que vendió poco después, y que le entregase dinero en metálico a modo de comisiones ilegales.
 
Filtración
El PSOE y el BNG se han pronunciado este jueves en torno al caso 'Arena', pero no en referencia a la investigación sobre el proceder de Escribano y Duarte. Ambas formaciones políticas se han interesado por la "posible implicación" del alcalde de A Coruña y presidente provincial del PP, Carlos Negreira, en una filtración de la causa judicial.

Desde filas socialistas y nacionalistas han reclamado que el regidor confirme la posibilidad, apuntada este jueves por el diario El País, de que habría avisado a Javier Escribano de la investigación iniciada sobre su presunto trato de favor hacia el empresario Fermín Duarte. Negreira habría advertido al por entonces parlamentario que los detalles de las escuchas telefónicas practicadas al efecto podrían obrar ya en manos de medios de comunicación. Esas mismas informaciones indican que la dirección autonómica de los populares tenía conocimiento de los hechos y que habría solicitado al alcalde de A Coruña que ejerciese como intermediario para lograr la dimisión del diputado autonómico.

Los socialistas coruñeses han solicitado una explicación "convincente", mientras que el BNG ha destacado que, a su entender, sobresale "el derecho fundamental a la presunción de inocencia". Sin embargo, creen que "la colaboración con la Justicia" representa un deber ciudadano.

El PSOE ha ido más allá y ha anunciado que emprenderá acciones judiciales para confirmar la implicación de Carlos Negreira en un "presunto chivatazo". A través de un comunicado, el secretario de Organización de los socialistas gallegos, Pablo García, tilda de "llamativo" el hecho de que dos diputados del PP renunciasen a su cargo "con pocas semanas de diferencia" por su presunta relación "con tramas de corrupción".

En esta línea, cita la dimisión del parlamentario Pablo Cobián por el caso 'Campeón' y la de propio Escribano, definiéndolos como dirigentes "estrechamente vinculados al presidente provincial del PP y actual alcalde". García añade que el regidor "puede haber incurrido en un presunto delito de encubrimiento al avisar a Escribano de que estaba siendo investigado".
 
Núñez Feijóo
Quien también se ha posicionado ha sido el propio presidente de la Xunta y líder del PP gallego. Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión semanal del Consello del Gobierno autonómico, ha dicho que y ha defendido el proceder de su formación política en torno a este caso.

Así, Feijóo ha reiterado que, tras conocerse la solicitud judicial, Javier Escribano "presentó su dimisión" y que ése es "un hecho constatable" que evidencia que "lo importante son los hechos". Según el presidente de la Xunta, el PP actúa "cuando hay planteamientos por parte de los juzgados".
 
Áridos
El interés de Fermín Duarte por encontrar acomodo para los materiales con los que operaba habitualmente venía marcado por un factor clave: su supuesta condición de residuos potencialmente peligrosos. Tras una primera denuncia de la Asociación Galega de Áridos en el 2009, la Consellería de Medio Ambiente paralizaba de manera cautelar su uso. La compañía se defendió arguyendo que las empresas de la competencia buscaban dañar su imagen y que esos áridos eran inocuos.

El salto a la palestra mediática del caso Arena ha sacado a la luz nuevos destinos para esos materiales contaminantes. Junto a las más de 350.000 toneladas que el presidente de la Autoridad Portuaria asumió que se acumulan en el puerto exterior de Caneliñas, también se ha conocido la existencia de acumulaciones de áridos de Manmer en varios municipios de la comarca.

En el caso de la dársena ferrolana, el Puerto remitió a la Fiscalía informes sobre las obras ejecutadas con dichos áridos en superficie portuaria, aunque insiste en que el alto tribunal gallego tendrá que concretar a qué lugar se deben trasladar y que, pese a su acumulación, no implican riesgo de contaminación, al permanecer en una zona de decantación.

Según datos del propio puerto ferrolano, Manmer recibió en la rada ferrolana más de 700.000 toneladas de residuos asfálticos llegados desde Holanda en apenas un año, hasta junio del 2010. Sin embargo, esos áridos contarían con aval comunitario que respaldaría su aptitud para futuros trabajos. La Fiscalía rechazó este extremo. Este pasado lunes, el departamento autonómico de Medio Ambiente ha remitido al juez instructor nuevos informes, que el magistrado considera esenciales para que haya avances en la investigación.

elmundo.es

jueves, 17 de noviembre de 2011

DOS RECURSOS PARALIZAN LA FASE ACUSATORIA DEL "CASO TURISME JOVE"

Interpuestos por dos empresarios

Europa Press | Palma

Dos recursos de reforma interpuestos contra el auto que ponía fin a la instrucción del caso Turisme Jove han mantenido paralizada durante varios meses la fase acusatoria de la causa. Una vez resueltos, el expediente del caso le será entregado en breve al PP, personado como acusación popular', para que pueda formular su escrito de calificación sobre los hechos investigados en esta causa de presunta corrupción centrada en el presunto desvío de un millón de euros públicos, según han señalado fuentes jurídicas.

A pesar de que ambos recursos, presentados por los empresarios Pau Pujante y Matías Vidal contra el auto que decretaba el pase a procedimiento abreviado del procedimiento, no tenían efecto suspensivo y el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Miquel Florit, podía dar traslado al PP para que formulase su escrito de acusación sin necesidad de resolver antes los recursos, el magistrado optó por decidir previamente sobre ellos, lo que ha ralentizado el proceso.

Ambas impugnaciones han sido desestimadas y en próximos días, una vez los 'populares' tengan en sus manos el expediente, presentarán su escrito de acusación tal y como ya hicieron la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Comunidad Autónoma.

Más de un millón desviado y quiebra técnica
Cabe señalar que el Ministerio Público solicita un total de 48 años y medio de prisión para 13 de los imputados del caso Turisme Jove, a quienes acusa de haber planificado y desarrollado entre los años 2003 y 2007 una trama por la que habría desviado más de un millón de euros a través de esta empresa pública y que provocó que la entidad quedase en quiebra técnica.

En concreto, la acusación pública reclama 10 años y medio de cárcel para el ex gerente del consorcio Turisme Jove, Damià Amengual, 12 para el ex director general de Juventud en la última legislatura de Jaume Matas, Juan Francisco Gálvez, y cuatro y medio para el ex jefe de Servicios y Mantenimiento de la empresa, Juan Francisco Gosálbez, principales encausados de este procedimiento. La acusación ha decidido finalmente dirigirse contra 13 de los 21 encausados de este proceso judicial.

Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau les atribuyen delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude, y consideran que los tres anteriores acusados llevaron a cabo diversas actuaciones dirigidas a conseguir que parte de los fondos del consorcio fuese utilizada en beneficio privado. "Un enriquecimiento a costa de los fondos y cargos públicos que se desarrolló utilizando distintas operativas" aprovechándose de la "falta total y absoluta" de controles administrativos sobre su gestión, tal y como postulan los fiscales.

Para ello, contaron con la intervención de los otros encausados -particulares con quienes se relacionaban o contrataron al margen de los procedimientos de contratación pública- con quienes presuntamente se concertaron a fin de admitirles facturas que no se correspondían con servicios prestados.

Además, la acusación pública sostiene que los responsables del consorcio habrían cobrado comisiones por la adjudicación de los contratos y habrían interpuesto sociedades expresamente constituidas para defraudar a la administración, obteniendo del erario público el reintegro de gastos personales y ocasionando de este modo a Turisme Jove un perjuicio que superaría el millón de euros, según las investigaciones practicadas dentro de este caso.


elmundo.es

"CASO CAN DOMENGE"; LA JUEZA DA UN DÍA A LOS ACUSADOS PARA ABONAR UNA FIANZA CIVIL DE 37 MILLONES

Miquel Nadal con su abogado recoge el auto | Cati Cladera
Munar, Nadal, Flaquer, Fiol y Vicens

* Se les ha notificado en persona el auto de apertura de juicio oral de esta causa
* Munar no acude al Juzgado por enfermedad y la juez le pide documentación

Europa Press | Palma

La titular del Juzgado de Instrucción número 12, Carmen González, ha dado un día de plazo a cinco de los acusados del caso Can Domenge, entre ellos la expresidenta del Parlament y del Consell Maria Antònia Munar -a quien por el momento no le ha sido comunicado formalmente-, el exvicepresidente de la institución insular Miquel Nadal, y el exconseller de Hacienda Miquel Àngel Flaquer, para que abonen de forma conjunta y solidaria la fianza de responsabilidad civil de 37,1 millones de euros que decretó contra ellos en el marco de esta causa.

Un plazo que comenzará a contar desde este jueves después de que tanto a Nadal como a Flaquer les haya sido notificados en persona a lo largo de esta mañana el auto de apertura de juicio oral de esta causa, en el que se les requiere el pago de la caución, mientras que en el caso de Munar, su procuradora ha presentado un certificado médico para justificar el hecho de que que la exdirigente de UM no haya acudido a los Juzgados. Ante ello, la magistrada le ha dado tres días hábiles para que aporte una mayor documentación que justifique su estado de salud, y en caso de que finalmente no pueda comparecer, se le notificaría en su domicilio, según han informado fuentes jurídicas.

Tanto el auto como los escritos de acusación del caso también le han sido notificados al exconseller insular de Territorio, Bartomeu Vicens, si bien en su caso en la prisión de Palma, donde cumple condena por una pieza separada del caso Son Oms. A otro de los acusados, el principal accionista de la empresa Sacresa, Román Sanahúja, se le notificará en Barcelona, mientras que el otro de los inculpados, el abogado Santiago Fiol, también ha acudido esta mañana a los Juzgados y le ha sido requerida una fianza civil de 200.000 euros.

Cabe señalar que, en caso de que los acusados no puedan pagar estas cantidades, deberán designar sus bienes hasta cubrir las fianzas fijadas para ser, una vez comprobado su valor, posteriormente embargados, de acuerdo al artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Por otro lado, también han sido requeridos para que designen abogado y procurador, tal y como establece la Ley, y se les ha dado traslado de las actuaciones para que presenten escrito de defensa en el marco de este proceso, que indaga la venta de los terrenos de Can Domenge por parte del Consell por la mitad de su valor en el mercado y de lo que ofrecía la mercantil Núñez y Navarro, querellante en la causa.

En concreto, el Ministerio Público reclama seis años de prisión para Munar así como para Nadal, Vicens y Flaquer por presuntos delitos de fraude a la administración (por los que solicitan tres años de cárcel), revelación de secretos (otros tres años) y prevaricación, además de un año y medio de cárcel para Fiol (fraude y revelación de secretos), y dos años para Sanahúja (fraude y uso de información confidencial).

Núñez y Navarro, personada a través de las sociedades Josel S.L. y Anova S.A., reclama por su parte diez años de cárcel para Munar, Nadal, Vicens y Flaquer por los delitos de malversación, fraude a la administración pública, prevaricación y revelación de secretos, y un año y medio de prisión para Fiol, por los delitos de fraude y revelación de secretos, así como para Sanahuja Pons, a quien imputa los delitos de malversación, fraude y uso de información reservada.

Asimismo, el Consell solicita en un duro escrito de acusación nueve años de prisión para los cuatro ex dirigentes 'uemitas' y el abogado externo de Sacresa por fraude, prevaricación, malversación y revelación de secretos e informaciones, mientras que pide hasta 11 años de cárcel para el máximo accionista de Sacresa por fraude, malversación, prevaricación y aprovechamiento de la información facilitada.
 
Munar, al frente del entramado
Cabe recordar que, en el auto que ponía fin a la instrucción de la causa, la instructora consideraba "ilógico" que Munar, presidenta del Consell cuando se enajenaron los terrenos, fuese "engañada" entonces por los demás imputados en la causa que investiga las presuntas irregularidades cometidas en torno a esta venta, como tampoco cree que "todo el entramado, el plan y las negociaciones" se hicieran "a espaldas" de la expresidenta 'uemita'.

Asimismo, la magistrada recordaba que fue Munar quien designó a las personas que gozaron de una actuación material, personal y directa en el proceso y en las negociaciones "fraudulentas", en relación a Nadal, Vicens y Flaquer, y además abundaba en que "era la presidenta del partido al que pertenecían todos ellos", en referencia a UM.


elmundo.es

"CASO CLOACA"; UN INFORME CIFRA EN 203.000 EUROS EL SOBRECOSTE DE LA RECOGIDA SELECTIVA REALIZADA POR MASCARÓ

El estudio ha sido realizado por una filial de Mascaró

Europa Press | Palma

Un informe aportado por la UTE Resenetma -filial de Melchor Mascaró- cifra en un total de 203.711 euros la cantidad que presuntamente fue sobrefacturada por los servicios de recogida selectiva que la concesionaria prestó entre 2006 y 2010, lo que contrasta con los más de cinco millones de euros a los que una pericial encargada por el Consell de Mallorca elevaba el desvío que a nivel global se habría producido a través de esta mercantil y de la FCC Lumsa, lo que está siendo investigado en el marco del caso Cloaca.

El documento ha sido aportado por la defensa de la mercantil, ejercida por el letrado Jaime Campaner, después de que el juez instructor de la causa, Enrique Morell, emplazase a las UTE investigadas en este procedimiento -Resenetma y FCC Lumsa- a que justificasen documentalmente el valor real de los servicios prestados y esclarecer de este modo si incurrieron en supuestos delitos de malversación que junto a otros se indagan en este caso.

El dictamen pericial, al que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido elaborado por el economista Antonio Suau, indica que el valor de los servicios que prestó Resenetma asciende a 3,2 millones de euros, si bien la diferencia entre esta cantidad y el importe facturado a la Institución Insular se sitúa en los 203.711 euros. Se trata de unas conclusiones que difieren del informe que elevaba a más de cinco millones la cantidad global presuntamente desviada a través de las dos mercantiles y cuyo autor reconoció posteriormente errores en la valoración que había efectuado.

En cualquier caso, FCC-Lumsa y Resenetma defienden que fueron ellas, y no el Consell, las perjudicadas por el cambio de facturación que la Institución insular impulsó al poner en marcha de los sistemas de recogida puerta a puerta por parte de algunos municipios en perjuicio de estas empresas, lo que a juicio de las empresas supuso una modificación incorrecta e ilegal del contrato suscrito por éstas con el Consell en 2002 y por el que las mercantiles debían encargarse del servicio de recogida selectiva.

En este contexto, aseveran que este "incumplimiento" les provocó en total un "quebranto" económico valorado en unos 3,1 millones de euros por facturas impagadas y sin que la Administración pública haya sufrido "perjuicio alguno". Las defensas de ambas UTE así lo hicieron constar en las alegaciones que presentaron después de que la Fiscalía calculase en más de 3,1 millones de euros las cantidades que abonó el Consell a las UTE por trabajos no realizados, si bien el nuevo informe pericial las estimaba en más de cinco millones.

Posteriormente, un informe jurídico aportado al caso por Resenetma consideraba "claramente irregular" el cambio de facturación impuesto por el Consell y negaba por tanto un enriquecimiento "injusto" por parte de esta concesionaria. El documento, al que tuvo acceso Europa Press, incidía en que el resultado de poner en práctica la anterior fórmula de recogida provocó que una parte notable de las fracciones de residuos dejaba de ser recogida por las concesionarias, lo que comportaba unos "evidentes" perjuicios económicos para éstas.

El dictamen, elaborado por el catedrático Avel·lí Blasco, aseveraba que el Consell habría procedido de forma correcta si hubiera especificado y exigido a los municipios que, tras la implantación del sistema puerta a puerta, entregasen los residuos recogidos a las adjudicatarias del contrato inicial. "Lo que ocurrió en cambio es que el Consell autorizó a algunos municipios para la recogida puerta a puerta sin obligar a entregar a Resenetma los residuos recogidos", incidía el informe.

"En consecuencia, lo menos que se puede decir es que la modificación fáctica del contrato entre el Consell y la UTE fue ilegal e incorrectamente efectuada", lo que condujo, según el informe, a que descendiesen notablemente las toneladas de residuios entregadas a la concesionaria y en virtud de las cuales cobraba del Consell. El dictamen apuntaba a que el impulso del nuevo sistema "se indicó o sugirió" desde el propio Consell, por lo que esta medida no respondía "a una petición de las empresas adjudicatarias sino a una iniciativa de la propia Administración contratante".

Cabe recordar que en el marco de este procedimiento se encuentran imputados la ex consellera insular de Medio Ambiente y ex portavoz de UM, Catalina Julve, el ex director general de Residuos del Consell, Guillem Riera, la directora financiera del grupo empresarial Melchor Mascaró, María Mascaró; el funcionario e ingeniero técnico encargado de supervisar las facturas relacionadas con la recogida selectiva, Gabriel Perelló, y otros numerosos encausados. Imprimir


elmundo.es

"TRAMA DE LOS ERE"; EL FISCAL PIDE FIANZAS POR 3,5 MILLONES A 14 "INTRUSOS" POR LAS AYUDAS RECIBIDAS

Comparecencia en el Juzgado de Instrucción

Efe | Sevilla

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este jueves que el primer grupo de 14 imputados por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos depositen fianzas por importe de las cantidades percibidas, casi 3,5 millones, según la información a la que ha tenido acceso ELMUNDO.es de Andalucía. Se trata de 13 'intrusos' y un empresario.

En una comparecencia celebrada en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, la Fiscalía ha expresado que dicha fianza debe responder por "las cantidades ilícitamente obtenidas" y ha precisado que pedirá la misma medida cautelar para los futuros imputados.

Los abogados defensores de los "intrusos" se han opuesto a la fianza argumentando la "falta de conciencia de culpabilidad" de sus clientes y, en el caso de Rafael Rosendo, ex alcalde socialista de El Pedroso (Sevilla), su abogado ha argumentado que ya ha hecho un depósito judicial por los 112.900 euros percibidos.

Anticorrupción ya anunció que solicitaría a la juez que imponga fianza o embargue bienes a todos los intrusos y personas que permitieron que percibieran un "beneficio indebido y delictivo" de fondos públicos. En un escrito fechado el 25 de octubre, el Ministerio Público considera que se ha demostrado la existencia de una "trama organizada" de percepción de fondos públicos de la Junta, en una investigación "aún embrionaria" pero que causó un "perjuicio manifiesto y grave" a los fondos públicos.

Además

elmundo.es