"CASO PALMA ARENA"; LA MUJER DE MATAS GASTÓ 31.000 € EN EFECTIVO EN ROPA Y "SERVICIOS DE MESA"

La Guardia Civil investiga de dónde salía el dinero

Jaume Matas con su esposa, Maite Areal | El Mundo

* La mujer del ex ministro desembolsó más de 60.000 euros en joyas y relojes
* Llegó a pagar unas botas en metálico que costaban casi 1.000 euros

Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

La Guardia Civil denuncia al juez que investiga el patrimonio personal y el tren de vida que siguió Jaume Matas mientras era president de Baleares nuevos gastos particulares en efectivo y sin facturas "en artículos de lujo" por parte de su esposa, Maite Areal.

En esta ocasión, y tras haberse acreditado ante el Juzgado que la mujer del ex presidente del Govern balear desembolsó más de 60.000 euros en joyas y relojes pagados con dinero metálico "de procedencia desconocida" entre 2004 y 2007, los agentes de la Unidad de la Policía Judicial de Patrimonio del Instituto Armado desgranan en su informe más reciente otros 31.000 euros abonados "en efectivo" en diversas tiendas del centro de Palma.

Es parte del resultado de las pesquisas puestas en marcha hace ahora un año, cuando diversos agentes de paisano del Instituto Armado recorrieron las tiendas más exclusivas de la capital insular exhibiendo una fotografía de Areal y preguntando a los encargados de los comercios cuánto había gastado aquella mujer y, principalmente, cómo había realizado los pagos.

Un informe presentado recientemente al Juzgado de Instrucción nº 3 que investiga la causa y al que ha tenido acceso EL MUNDO atribuye a Areal el gasto de entre 15.000 y 20.000 euros en "servicios de mesa y decoración" en la tienda Decoració Born, en el Passeig del Born de Palma. "Siempre en metálico", apostilla la Guardia Civil.

elmundo.es

MILLET EMPIEZA A CUMPLIR SUS VISITAS AL JUZGADO

PALAU | El desfalco

* Cada primer día laborable de mes los ex gestores del Palau deben comparecer
* Fue una de las medidas cautelares del juez para su puesta en libertad

Germán González | Barcelona

El ex presidente de la fundación Orfeó Català-Palau de la Música, Fèlix Millet, y el ex director financiero de la entidad, Jordi Montull, han empezado hoy a cumplir las medidas judiciales que les impuso la Audiencia de Barcelona para complementar las que había dictaminado el Juzgado de Instrucción número 30. En concreto, los principales imputados por el desvío de cerca de 25 millones de euros de la fundación, la asociación y el Consorci Palau de la Música se presentarán ante el juez Juli Solaz, que instruye la causa, aunque sólo deberán cumplir el trámite de firmar esta comparecencia. Así harán cada primero de mes hasta que se celebre el juicio por la apropiación del dinero del Palau de la Música. Los acusados han acudido a las 11 de la mañana al juzgado, aunque tenían tiempo hasta las 14.00 horas.

El juez decidió dejarlos en libertad con cargos tras prestarles declaración, aunque sólo les impuso como medida cautelar que entregasen el pasaporte y la prohibición del salir del país. La Audiencia confirmó la decisión de Juli Solaz pese a que «a fin de asegurar la permanencia de los dos imputados a disposición de los órganos judiciales» se ordenó que el juez estableciese un día para que Millet y Montull se presentasen en el juzgado. El tribunal optó por esta medida "menos contundente" que las reclamadas por la Fiscalía y las acusaciones populares de prisión provisional.

Además de aplicar estas medidas cautelares a los imputados, el juzgado continua con la instrucción del procedimiento. En los próximos días se presentará ante el juez la auditoría del Consorci Palau de la Música, entidad donde están representados el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, y que cifró en casi tres millones de euros el desvío en esta institución entre 2002 y 2009. Pese a esto, la intervención general de la Generalitat cifra en unos 736.000 euros más el desvío de dinero desde el Consorci hacia la fundación y el Orfeó hasta el año 2001.

A la espera del informe de la Agencia Tributaria
El juez está a la espera de conocer el resultado del informe económico encargado a peritos de la Agencia Tributaria para saber el dinero que habrían desvíado los principales imputados. A mediados de diciembre los auditores, que cuantificaron el desvío de unos 21 millones de euros de la fundación y la asociación entre 2000 y 2009, presentaron ante el juez sus conclusiones. Según el informe, en este tiempo, los imputados sacaron diversas cantidades de las cuentas de estas instituciones, además, de pagar viajes personales con dinero del Palau y hacer reformas en sus casas con este dinero. También se destaca que cargaron a las cuentas de las entidades los 165.000 euros que costaron las bodas de las hijas de Millet o los 72.000 euros que entregó a Ángel Colom para pagar las deudas del Partit per la Independència. El abogado de Millet, Pau Molins, considera que en realidad se discute dónde están los 12,8 millones que servían para pagar comisiones, sueldos en negro o dietas a los cantantes, según los imputados, de los que no hay facturas. Por eso pedirá al juzgado otra auditoría.

elmundo.es

CONTRA EL LEVIATÁN URBANÍSTICO

REPORTAJE

Un viverista de Náquera lleva 11 años denunciando los abusos en un polígono

CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia

Enrique Lluch es una víctima del urbanismo salvaje. Desde que en 1999 se viera afectado por un Programa de Actuación Integrada (PAI) que acabó con su vivero en Náquera, este hombre no ha cejado de buscar justicia. Ha recurrido a los juzgados, levantado actas notariales, pagado informes periciales y comprobado in situ si las obras imputadas a la urbanización que le afectó se hicieron y cuánto costaron.

Al viverista sólo le queda recurrir a Estrasburgo tras pleitear en España

"Entregando mi parcela aún debería pagar al urbanizador 12.766 euros"

Lluch lleva 11 años luchando contra el Leviatán de la normativa urbanística y a la vista de lo conseguido en España -los tribunales han tumbado varias de sus reclamaciones-, a Enrique sólo le queda Estrasburgo, sede el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y poco más. Una reciente sentencia de la Corte europea favorable a un vecino de Bocairent, por un caso también de supuesto abuso urbanístico, ha abierto una diminuta rendija a la esperanza.

Este hombre, ahora de unos 60 años, montó a principios de los años ochenta un vivero de plantas en unos terrenos en Náquera que, tras la presentación de un PAI, se convirtieron en polígono industrial.

Cuando el Ayuntamiento de Náquera, gobernado entonces por el PP, aprobó el PAI y reparceló el polígono donde se ubicaba el vivero, a Enrique casi se le heló la sangre. Tenía que pagar una cuota urbanística de 103.324 euros, mientras su parcela se valoraba en 90.558 euros. "Entregando la propiedad íntegra de mi parcela en pago de la cuota, como está previsto en la LRAU (entonces en vigor), aún le adeudaría al agente urbanizador (Promociones Polígono XVI de Náquera, SL) 12.766 euros, es decir, dos millones de las antiguas pesetas", explica. Recurrió el pago y alegó, entre otras razones, que a las obras de urbanización se presentó un solo presupuesto, el proyecto se expuso al público en pleno agosto de 1999, y para colmo aun hoy repite, en contra de la versión del Ayuntamiento de Náquera, que el proyecto no se cumplió en su totalidad.

Perdió el recurso porque, según la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, la liquidación de las obras era provisional y, por tanto, hasta que no se hiciera el balance definitivo no cabía reclamación. El viverista ha esperado casi 9 años la liquidación definitiva del PAI. De ahí sus denuncias de indefensión e insistencia en que los costes de la urbanización del polígono, por compararlo con algo, superan en más del 300% el coste con que la Generalitat adjudicó uno similar seis años después al PAI de Parc Sagunt I.

Su vivero, tras la urbanización, se vio rodeado de edificios altos que alteraron las condiciones medioambientales del negocio que hasta entonces le daba de comer. Las plantas se fueron marchitando hasta morir asfixiadas de calor. "Encargué un informe a la Universidad Politécnica de Valencia para que midiera las condiciones dentro del vivero y anotaron que tras las obras dentro del invernadero las temperaturas superaban los 50 grados centígrados que, en condiciones de humedad, parecían todavía mayores", recuerda con impotencia.

Enrique se dirigió al consistorio y al agente urbanizador para que le indemnizaran para poder trasladar el vivero a otro lugar, pero los juzgados no aceptaron su reclamación. Su única compensación es una parcela en el polígono, menor que la original pero urbanizada. No le consuela.

De todo lo que le ha sucedido en la última década, lo que peor soporta Lluch es que a lo largo de estos 11 años de lucha se ha encontrado con una infinidad de supuestas irregularidades en la tramitación de los proyectos urbanísticos que le afectan. Para acreditarlos se ha dejado mucho tiempo y dinero. En un informe pericial encargado por el propio Lluch, éste insiste en que las obras de urbanización que el consistorio dio por finalizadas no se ejecutaron conforme al presupuesto del proyecto urbanístico aprobado. Según Lluch, faltan viales y la estación depuradora no se encuentra en el lugar previsto en los planos iniciales. Un experto se personó, a petición del viverista, en el polígono para comprobar dónde se encontraba la depuradora y ni el consistorio ni el agente urbanizador fueron capaces de indicarle el lugar exacto dentro de los límites del PAI afectado. La demolición de unas naves, cargada también a la cuota urbanística, tampoco se hizo y para ello aporta unas fotografías posteriores a la finalización del proyecto.

Pasados cinco años desde la aprobación definitiva de la reparcelación y al entender que las obras no se habían terminado, Lluch reclamó al consistorio la caducidad de la adjudicación. En su respuesta, el Ayuntamiento aseguró que las obras sí estaban acabadas a falta de subsanar algunas deficiencias y que el cómputo del plazo de ejecución de las obras había quedado además suspendido por la eliminación de un poste de media tensión.

Su fe está puesta ahora en la Corte de Estrasburgo, ya que aunque mantiene vivos todavía un par de procedimientos en los tribunales españoles, tampoco sabe qué pasará con ellos. "Sólo quiero que mi familia tenga la certeza de que he hecho todo lo que he podido. No me voy a dejar vencer", advierte Lluch.

Noticia relacionada
* Un municipio bajo la lupa de los jueces

elpaís.com

"CORRUPCIÓN PARTIDOS POLÍTICOS"; NÁQUERA, UN MUNICIPIO BAJO LA LUPA DE LOS JUECES

C. V. - Valencia

Náquera, localidad de Camp de Túria de unos 4.000 habitantes, ha sido investigada varias veces por la justicia a raíz de denuncias sobre el urbanismo. En septiembre de 2006, la Fiscalía denunció por tráfico de influencias al arquitecto técnico de Náquera J. C. P. por un supuesto caso de información privilegiada, tráfico de influencias y violación de secretos. Según argumentó entonces la Fiscalía, el arquitecto técnico pudo favorecer la adjudicación de un gran número de obra pública dotacional, así como de varios PAI, a Gil Garrido Obras Públicas, SL, con la que tenía relación a través de una sociedad interpuesta de la que era socio.

Los juzgados de Llíria acabaron investigando las sospechosas relaciones entre el arquitecto técnico del Ayuntamiento de Náquera y dos empresarios a los que les fueron adjudicados varios proyectos municipales. En junio de 2008, el juzgado edetano archivó por ausencia de delito la causa abierta dos años antes contra el ya ex arquitecto municipal. Investigado si favoreció a Gil Garrido aprovechando su puesto de funcionario en Náquera, la Fiscalía no pudo probar los hechos y, por tanto, resolvió que no había indicios suficientes. Eso sí, la Fiscalía a lo largo de estas dos investigaciones llegó a calificar la actividad urbanística de este consistorio, tanto por la corporación entonces gobernada por el PP como de la anterior, en manos del PSPV, de auténtica maraña. La sucesión de corporaciones en este municipio de Camp de Túria entre 2003 y 2004 a causa de sucesivas mociones de censura y alianzas que tenían el urbanismo como fondo no ha facilitado la investigación de la Fiscalía en este caso.

En el proceso se vio que en menos de año y medio (de marzo de 2001 a julio de 2002) la firma Gil Garrido y Prosunaq, una sociedad en la que figuraba el propio Gil Garrido y, a través de otra sociedad, el arquitecto técnico, vieron aprobados por el Ayuntamiento de Náquera proyectos por valor de 40 millones de euros. Gil Garrido abandonó en 2003 ambas empresas y creó otra diferente que no actuaba en Náquera e insistió en que todo lo que se hizo fue a través de concurso público y ninguna otra empresa presentó alegaciones.

La Fiscalía archivó en abril de 2007 la investigación en torno a otra trama en la que estaban supuestamente implicados varios alcaldes de Náquera en relación con la ejecución de tres PAI y el destino de un solar del Ayuntamiento. El fiscal cerró el caso al no disponer de pruebas.

En octubre de 2009, la Fiscalía volvió a hacerse eco de una denuncia presentada por vecinos de Camp de Túria contra el Ayuntamiento de Náquera por adjudicar sin concurso la construcción de un edificio sobre suelo municipal. La construcción del edificio, según explicó en su día el alcalde de Náquera, Ricardo Arnal, se pactó en un convenio con la promotora Aedifica y Residencial Náquera Golf, que impulsa un PAI en este término municipal.

elpaís.com

"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; EL TESTAFERRO DE VICENS SACÓ EN EFECTIVO EL DINERO QUE LE DIO MUNAR

Malversación de fondos públicos

Alfredo Conde, testaferro de Bartomeu Vicens | Cati Cladera

* La Policía denuncia las 'exageradas disposiciones en metálico o con tarjeta
* La investigación cree que estas 'no son imputables a su gestión empresarial'

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional constata que el testaferro de Bartomeu Vicens sacó masivamente dinero en efectivo de su cuenta personal tras desviarse los millonarios contratos públicos que le otorgaba el Consell de Mallorca presidido por Maria Antònia Munar. La policía judicial acaba de aportar al Juzgado de Instrucción número 2 de Palma que investiga la denominada Operación Maquillaje el informe definitivo sobre el análisis de las cuentas bancarias de las empresas a las que Unió Mallorquina (UM) adjudicó a dedo la radio y la televisión públicas y a las que pagó por programas fantasma que se cobraron pero que nunca se llevaron a cabo.

La Policía Nacional establece entre sus principales conclusiones que Alfredo Conde, el amigo personal del ex conseller de Territorio Vicens al que éste usó para cobrar sus comisiones del 15% de la recalificación del polígono industrial de Son Oms y al que Munar le adjudicó la radio de la institución insular mediante un concurso amañado, se desvió masivamente gran parte de los fondos públicos que le fueron entregados, en total más de tres millones de euros, a una cuenta personal suya en Sa Nostra.

Recalcan los investigadores que los desvíos los realizaba de manera prácticamente paralela a la recepción de las subvenciones, en la mayoría de ocasiones el mismo día; y que, acto seguido, Conde sacaba el dinero en efectivo o mediante operaciones con su tarjeta de crédito. Tras examinar los movimientos realizados entre 2001 y 2007, la Brigada de Blanqueo de Capitales estima que Conde hizo desaparecer al menos 364.213 euros en fines completamente ajenos a los que le fueron teóricamente encomendados. Por ello apunta el equipo de la policía judicial dirigido por el comisario Antonio Cerdá que una de las prioridades de la investigación a partir de ahora debe pasar por determinar el destino exacto del dinero que Conde retiró en metálico del cajero en disposiciones individuales que podían alcanzar los 24.000 euros en un solo día.

"Llama poderosamente la atención el volumen de gasto empleado en efectivo o tarjeta de crédito desde la cuenta corporativa", destaca la Policía Nacional en las conclusiones de su informe en referencia a la cuenta de su sociedad Studio Media Comunicació, S.L., con la que explotó la radio del Consell de Mallorca. Pero "llama aún más poderosamente la atención el volumen de efectivo y compra con tarjeta desde su cuenta particular". Alcanzando sólo en este último caso la cifra de "152.941 euros en algo menos de seis años".

Además
* Opinión: ¿Dónde está el dinero que sacó Conde?

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IMPUTADO EL EX ALCALDE DE LES BORGES DEL CAMP POR PREVARICACIÓN

Ya ha sido llamado a declarar

* Se acusa a Robert Ortiga de presuntos delitos relacionados con el urbanismo
* Los habría cometido a lo largo de sus 18 años al frente del Consistorio

Salud Muñoz | Tarragona

El ex alcalde convergente de Les Borges del Camp (Tarragona), Robert Ortiga, está imputado por el juzgado de Instrucción número 4 de Reus por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento público, alteración del precio de las cosas y contra la ordenación del territorio, presuntamente cometidos durante los 18 años que estuvo al frente del gobierno municipal.

Además de las irregularidades urbanísticas, sobre el alcalde pende la denuncia en Fiscalía por delito ecológico al permitir vertidos al arroyo que han provocado la contaminación de los pozos propios y del pueblo vecino de Riudoms. Se trata de la misma agua que se distribuye por la red de agua potable del propio pueblo de Les Borges del Camp que, según un informe de la Agencia Catalana de l'Aigua, "no sirve ni para regar las calles".

Según ha podido saber EL MUNDO, el ex alcalde de Les Borges del Camp y ex presidente del Consell Comarcal del Baix Camp ya ha sido llamado a declarar como imputado en relación a diversas operaciones de compraventa de terrenos que realizó en su propio municipio cuando todavía era alcalde. Entre otras actuaciones, el juez investiga el desvío del trazado de la futura variante, que ahora pasa por unos terrenos que adquirió la familia Ortiga y que se revalorizarán con la cercanía de la nueva carretera.

elmundo.es

EL "BUCKINGHAM" DE MATAS

JOSEP MARIA AGUILÓ PALMA DE MALLORCA

Hace tan sólo unos días, todos los medios daban a conocer la delicada situación judicial en la que parece encontrarse ahora el ex presidente autonómico de Baleares, Jaume Matas, a quien el juez instructor del llamado «caso Palma Arena», José Castro, atribuye en su último auto la comisión de nada menos que nueve delitos, entre ellos los de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, que, sumados, pueden llegar a suponer una pena total de hasta 30 años de cárcel.

Como es sabido, Matas está imputado en dicho caso, al igual que su esposa, Maite Areal, y su cuñado, Fernando Areal. Todos ellos deberán declarar ante la Justicia el próximo 23 de marzo. El también ex ministro de Medio Ambiente abandonó la política activa en verano de 2007, y desde entonces vive de forma discreta y trabaja en EE.UU.

El desarrollo del «caso Palma Arena» puede ser calificado, cuando menos, de curioso e inesperado. En un primer momento, se investigaban sólo las posibles causas del sobrecoste de este equipamiento deportivo, inaugurado a principios de 2007, que contaba con un presupuesto originario de 47,7 millones de euros y que acabó costando finalmente unos 110 millones. En septiembre del pasado año se produjo un giro radical en este caso, cuando el juez Castro decidió incorporar al sumario las diligencias informativas realizadas en el marco de otra investigación, en principio por completo ajena a ésta, la denominada «operación Buckingham», en la que la Fiscalía Anticorrupción de Baleares intentaba averiguar las razones del presunto incremento patrimonial de Matas.

«El Palacete»

En esa segunda causa, las investigaciones se centraban en la compra, por parte de Matas, de la planta noble de una antigua casa señorial en Palma, conocida como «el palacete», que adquirió en 2006 por 900.000 euros, cuando, al parecer, su valor real era de 2,5 millones. La Fiscalía empezó a actuar a raíz de unas denuncias anónimas formuladas a finales de 2008, y cuando después de seis meses de investigaciones solicitó una prórroga para continuar con las mismas, le fue denegada por el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, en el único caso de presunta corrupción que ha parado hasta ahora, al considerar que de las diligencias realizadas no podía deducirse la presunta comisión de ningún delito.

En cambio, desde que el juez Castro incorporó dichas diligencias al «caso Palma Arena», ha habido ya dos registros judiciales en la casa de Matas, el 6 de noviembre y el 24 de diciembre, y en los dos últimos meses han declarado ante el juez, como testigos, contratistas que realizaron trabajos de reforma en dicha casa, obras que en algunas ocasiones habrían sido realizadas sin factura y pagadas en efectivo pese a su elevado importe, que en algunos casos ascendió a decenas de miles de euros.

abc.es

"OPERACIÓN PONIENTE"; ELSUR FIRMABA CONTRATOS Y DESPUÉS CELEBRABA EL CONCURSO PÚBLICO DE TURNO

ALMERÍA | En octubre de 2005

M- Cabrera | Almería

La empresa mixta de servicios municipales de El Ejido, Elsur, firmó en octubre de 2005 un contrato de ejecución de obra con una subcontrata, Promejido SA –ajena totalmente en este caso a la trama relacionada con la operación Poniente- para construir un centro de mayores en la barriada de Santa María del Águila antes de que se resolviera el concurso público convocado por el Ayuntamiento.

Aunque fuentes consultadas por este diario consideran que este contrato no es ilegal, puesto que contempla una cláusula por la que «se considerará extinguido de no resultar Elsur adjudicatario», sí es cuanto menos ‘sospechoso’, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento estaba gobernado por Juan Enciso, quien a su vez presidía Elsur, y sobre todo sabiendo, a posteriori, que finalmente fue esa empresa la que resultó adjudicataria.

De hecho, la construcción del centro fue «ofrecida» a la empresa Promejido SA, y sus responsables aceptaron «con buena fe, para dar un servicio al pueblo donde ha construido un gran número de viviendas», por lo que firmaron el contrato en cuestión.

Los firmantes, Elsur y la posteriormente adjudicataria, exponen en el primer punto del contrato: «que la entidad Elsur se presenta a la licitación pública convocada por el Ayuntamiento (en adelante cliente) de El Ejido para la ejecución de la obra denominada Centro de Mayores de Santa María del Águila. Dicha obra puede ser adjudicada a Elsur».

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; UNA "TAPADERA" DE MATAS COMPRÓ, REFORMÓ Y VENDIÓ EL PALACETE ENTERO

Denuncia de la Guardia Civil

Imagen del Palacete de la calle San Feliu | El Mundo

* Concluye que la promotora Nova Labritja es una 'sociedad instrumental' suya
* Arguye que su objetivo era 'encubrir la transacción'
* Aseguran que el ex líder del PP se quedó el piso a un precio 'regalado'

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

La Guardia Civil da un paso más en la investigación patrimonial del ex president del Govern balear. La Unidad de Policía Judicial denuncia al juez José Castro en su último informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO/El Día de Baleares, que la promotora que compró, reformó y comercializó todo el edificio en el que se encuentra el piso de Jaume Matas, Nova Labritja, S.L., constituye en realidad una "sociedad instrumental" propiedad del ex líder del PP balear.

Una empresa tapadera que habría sido utilizada, siempre según explica la Guardia Civil, "para encubrir la transacción" mediante la que Matas se quedó finalmente con la planta noble del palacete de Can Sales Menor por un "precio regalado" de 950.000 euros que contrasta con la tasación elaborada por la Agencia Tributaria, que cuantifica su valor real de mercado en 2,4 millones de euros.

Es decir, que de confirmarse el argumento expuesto ahora ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Matas no sólo estaría vinculado con el inmueble de 500 metros cuadrados que se encuentra enclavado en el primer piso del edificio del número 8 de la calle San Felio de Palma.

Lo estaría con la operación mediante la que se adquirió la finca entera en la que luego él se quedó a un precio que podía justificar con sus ingresos tras vender su chalé de Cas Catalá con el mejor de los inmuebles que conforman la finca. Convirtiéndose así, siguiendo con la línea argumental del Instituto Armando, su compraventa en una operación presuntamente ficticia mediante la que se limitaba a adjudicarse un piso adquirido y reformado por él mismo con anterioridad mediante la referida "sociedad instrumental" en la que no figuraba oficialmente. La Guardia Civil ha llegado a esta conclusión, que revela que es compartida por el resto de "instructores" de la causa, tras analizar los datos que le ha facilitado Hacienda sobre la operación de adquisición del edificio, su reforma y las ventas posteriores de las viviendas que lo componen.

De hecho el ex presidente del Govern balear y ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, tendrá que prestar declaración como imputado el próximo 23 de marzo de 2010 por su presunta implicación en el llamado 'caso Palma Arena'.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye al ex presidente del Gobierno balear un cohecho de, "al menos, 1.527.550 euros en especie".

Las cifras de la operación
De los datos aportados por el equipo de inspectores fiscales, el principal elemento que le lleva a señalar esta posibilidad pasa por que la promotora sólo no ganó un solo euro con la operación de compra del palacete entero y posterior venta de los 6 pisos y 2 locales que lo integran. Es más, subraya la Guardia Civil que registró pérdidas. Destaca su informe que "el resultado final de dicha operación mercantil sería un saldo negativo que ascendería aproximadamente a unos 300.673,16 euros".

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"OPERACIÓN PONIENTE"; LA JUEZA MANTIENE AL ALCALDE DE EL EJIDO EN PRISIÓN TRAS PRESTAR DECLARACIÓN

ALMERÍA En prisión incondicional por cinco delitos

El furgón que trasladaba a Enciso, este miércoles, al llegar al juzgado. | Efe

Europa Press | Almería

La juez instructora de la llamada 'operación Poniente', Monserrat Peña, ha decidido este miércoles prorrogar la situación de prisión incondicional para el alcalde de El Ejido (Almería), Juan Enciso (PAL), después de que éste haya prestado declaración durante más de tres horas, aunque su abogado defensor ha pedido la puesta en libertad de su patrocinado.

Enciso, del Partido de Almería (PAL), es uno de los 23 detenidos en la 'operación Poniente', que investiga una presunta trama de malversación y blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de El Ejido.

El alcalde de El Ejido ha llegado al Juzgado a las diez de la mañana para prestar su segunda declaración ante la juez Montserrat Peña, que se ha prolongado hasta después de las 13.00 horas.

La familia del alcalde aguardaba en las inmediaciones del edificio esperando la conclusión de la actuación judicial, sobre la que su abogado, Francisco Torres, ha señalado que no había habido "ningún problema" y que había solicitado "por escrito" la libertad provisional, aunque no se le había concedido aún.

Enciso ha expuesto diversas razones para solicitar la libertad provisional y ahora la juez deberá estudiarlas antes de aprobar o denegar la petición, por lo que la resolución no se conocerá "hasta después de Navidad", según ha dicho Torres.

El alcalde de El Ejido deberá pasar en prisión lo que resta de fiestas navideñas, pero su entorno confía en que obtener pronto la libertad provisional.

La declaración de Enciso se ha producido un días después de que comparecieran ante la juez los tres últimos detenidos, los hermanos Gabriel, Francisco y José Carlos Lirola, propietarios de la empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras y limpieza de El Ejido, para los que se decretó prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros.

Además
* Los personajes clave de la trama de El Ejido
* Alcalde desde 1991 del municipio con la renta per capita más alta de España
* El PAL anuncia que el encarcelado Enciso será candidato a la Alcaldía

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; "EN EL ARMARIO HAY ZAPATOS DE VALENTINO, GUCCI, PRADA, CHANEL... SIN ESTRENAR"

Las actas de los registros del 'palacete'

La policía judicial tras incautarse de diversa documentación durante el registro del palacete de Matas | Alberto Vera

* La comisión que examinó los inmuebles de Matas detalla el 'fondo de armario'
* Hallan decenas de zapatos de señora de 600€ y bolsos de 3.000€

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

"Se hace constar que en el armario zapatero del hall de entrada se encuentran zapatos de mujer de distintas marcas como Valentino, Prada, Yves Saint Laurent, Chanel, Gucci, Blanco, Sergio Rossi, Christian Louboutin, Marc by Marc Jacobs, entre otras, estando algunos de ellos sin estrenar".

Este es sólo un extracto del extenso relato que elaboró la comisión judicial tras registrar por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma el pasado 6 de noviembre el piso de Madrid que ocupa la familia Matas y su céntrico palacete de Palma.

La Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil dejaron constancia en una serie de actas a las que ha tenido acceso EL MUNDO/El Día de Baleares de todos y cada uno de los elementos que albergan los dos lujosos inmuebles investigados por el juez José Castro en el marco del caso Palma Arena, que ha derivado en la investigación del espectacular incremento patrimonial del ex presidente del Govern balear y de su mujer Maite Areal durante la pasada legislatura.

Un sumario en el que el juez ya imputa al matrimonio la comisión de al menos nueve delitos castigados con penas de hasta 30 años de prisión. Entre ellos, los de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida o delito fiscal.

Además
* La verdad cocinada, Agustín Pery
* 'Los casos de corrupción provienen de otros tiempos'

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; IMPUTAN A MATAS Y A SU MUJER 9 DELITOS CASTIGADOS CON HASTA 30 AÑOS DE CÁRCEL

'CASO MATAS' | Las novedades judiciales

* Arguyen que poseen 'vehementes sospechas' de que incurrieron en cohecho
* Así como en apropiación indebida o blanqueo de capitales
* Aluden para ello a 'infinidad de documentos y declaraciones testificales'

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

El juez que investiga al ex presidente del Govern balear revela por primera vez los delitos que le imputa a él y a su mujer en el proceso judicial en el que investiga tanto el millonario desfase del velódromo Palma Arena como su espectacular y vertiginoso incremento patrimonial durante los últimos años. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma atribuye ya a Jaume Matas y a Maite Areal la comisión de al menos 9 delitos que llevan aparejados penas de cárcel que pueden alcanzar, en conjunto, los 30 años.

Lo hace en su último auto judicial, al que ha tenido acceso EL MUNDO/El Día de Baleares, y mediante el que ordenó la pasada Nochebuena la entrada y registro en el palacete del matrimonio Matas-Areal en la calle San Felio de Palma en busca de varias cajas de seguridad.

El magistrado José Castro considera que en estos momentos obran en su poder "infinidad de documentos y numerosas declaraciones testificales, unas ratificadas a la judicial presencia y otras pendientes de serlo" de las que "se infiere que existen vehementes sospechas" de que el ex líder del PP de Baleares ha podido incurrir en los delitos de "prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal y electoral".

Las imputaciones a Areal
En cuanto a su esposa Areal, el juez apunta que de los elementos que ha podido recabar hasta la fecha habría podido incurrir en los de "apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito fiscal". Castro no había especificado hasta ahora las conductas delictivas que atribuía a la pareja.

No en vano, cuando cursó la citación judicial mediante la que les emplaza a declarar en calidad de imputados el próximo mes de marzo, no los precisó. Ha sido ahora, tras tomar declaración a decenas de proveedores de la lujosa vivienda palmesana y del piso que ocupan sus hijos en pleno Barrio de Salamanca de Madrid cuando ha hecho pública dicha relación en los "fundamentos jurídicos" del referido auto judicial con objeto de justificar el segundo registro del piso que el matrimonio posee en la planta noble del palacete de Can Sales Menor en pleno centro de Palma.

No obstante, todavía no ha argumentado a qué conducta concreta de cada uno corresponde cada tipo penal. Quedando también pendiente de argumentar, y así ha sido requerido formalmente por una de las defensas, los elementos que le han llevado a conectar el caso Palma Arena con la investigación patrimonial del matrimonio, que había sido abortada por el fiscal general del Estado.

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* Opinión: Castro imputa a Matas unos delitos que hay que razonar
* Jaume Matas, el tercer mallorquín 'más bueno que el pan'
* Humor: El chiste de Alfie

elmundo.es

"CASO MACARENA"; EL PP PIDE QUE DECLARE COMO IMPUTADA LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN "UNIDAD"

FACTURAS FALSAS | Pagos a la federación provincial de vecinos

Efe | Sevilla

El PP de Sevilla ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 14 la declaración en calidad de imputados de todos los miembros de las juntas directivas de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos 'Unidad' que fueron elegidas desde el año 2000 hasta el 2006, todo ello dentro de la investigación por la supuesta duplicación de facturas de 'Unidad' en sendos programas de subvenciones del Ayuntamiento y de la Diputación.

En el escrito presentado el martes, el PP realiza esta petición al juez instructor, Manuel Ignacio Centeno, haciendo referencia para ello a las declaraciones realizadas el pasado día 29 de octubre por las ex trabajadoras de la Federación Provincial de Vecinos Josefa Prado -'Pepi'- y Susana Delgado, las cuales "residencian todas las decisiones sobre la gestión y justificación de las subvenciones" en los miembros de la junta directiva.

En este sentido, el grupo popular solicita además la realización de otras diligencias de investigación, como por ejemplo que, "ante la negativa" del PSOE a "facilitar" a la Policía Judicial la labor de investigación de las relaciones entre 'Unidad' y el PSOE, se ordene la entrada y registro de las sedes de dichas entidades.

Así, solicita al juez instructor que "se practiquen todas aquellas averiguaciones que se estimaren necesarias" por la Policía Judicial, "especialmente la averiguación de la relación con el PSOE de las personas que han formado parte de los distintos órganos de dirección de 'Unidad' desde el año 2000", así como que se requiera al Banco Bilbao Vizcaya para que remita al Juzgado los movimientos de la cuenta abierta a nombre de 'Unidad' en la antigua Argentaria Caja Postal Banco Hipotecario desde el año 2000 hasta la actualidad, los cuales "no fueron facilitados en su día".

El caso
El caso de las facturas duplicadas de 'Unidad' salió a la luz en 2006 ante las presuntas irregularidades en subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento y la Diputación a la entidad vecinal, cuando estaba de presidenta de la misma Ángeles Nevado, esposa del ex asesor de Presidencia de la institución provincial Ángel Cervera.

Las facturas justificadas indebidamente fueron presentadas por Unidad por distinto concepto e importe ante la Diputación y el Consistorio con la misma documentación el 1 de junio y el 31 de julio de 2003. Tras la denuncia, Nevado presentó su dimisión, al igual que su marido, quien abandonó su cargo en la Diputación y achacó todo a un error.

Posteriormente, el PP amplió su demanda con un fax, de fecha abril de 2002, con instrucciones supuestamente enviadas desde el Grupo Socialista del Consistorio a 'Unidad' en el que se enseñaba a falsear una factora e instaba a la federación a "preparar un sobre con 1.218,90 euros y mandarlo al Ayuntamiento".

Hay que recordar que por este caso dimitieron un concejal y un director de área del Ayuntamiento de Sevilla tras admitir que pagaron facturas falsas.

Además
* Quién es quién

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"OPERACIÓN MALAYA"; ROCA NIEGA ANTE EL JUEZ QUE BLANQUEARA DINERO EN LIECHTENSTEIN

Juan Antonio Roca llega a los juzgados. | elmundo.es

Efe | Marbella

Juan Antonio Roca, ex asesor urbanístico y principal procesado en el 'caso Malaya', ha negado ante el juez haber instrumentalizado una fundación radicada en Liechtenstein para blanquear dinero, según han señalado a fuentes de su defensa.

Roca ha comparecido ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Óscar Pérez, para prestar declaración indagatoria por los nuevos delitos que el magistrado le atribuye en un segundo auto de procesamiento.

En este auto, el instructor del 'caso Malaya' imputa a otras 17 personas, con lo que el número de encausados en el procedimiento supera ya el centenar, y atribuye nuevos delitos a 14 personas procesadas con anterioridad, entre las que se encuentran Roca o el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz.

El juez incorpora a la causa principal varias piezas separadas e imputa al ex asesor urbanístico otros ocho delitos: tráfico de influencias, inducción a falsedad documental, cohecho, fraude, prevaricación, un delito fiscal y dos de blanqueo de capitales.

En su comparecencia, Roca se ha ratificado en sus declaraciones anteriores sobre las piezas separadas y ha precisado distintos aspectos en relación con el auto de procesamiento, según han apuntado fuentes de la defensa del ex asesor urbanístico.

En este sentido, ha negado haber instrumentalizado la fundación Melifero, radicada en Liechtenstein, con objeto de blanquear dinero y ha asegurado que la denominada 'operación Crucero Banús' la realizó a título personal a través de la citada fundación.

El juez mantiene que en dicha operación Roca obtuvo una ganancia patrimonial de casi un millón de euros, de los que habría dejado de pagar a Hacienda más de 465.000 euros.

Tráfico de influencias
Sobre su imputación por un delito de tráfico de influencias al recibir dos apartamentos por parte de Massimo Filippa -también procesado en el caso-, ha reiterado que dicha entrega se corresponde con la liquidación de bienes de una sociedad propiedad del padre de este empresario en la que él tenía un porcentaje, según las mismas fuentes.

Roca, que este martes cumple su tercer año en prisión, ha sido trasladado del centro penitenciario de Albolote (Granada) a los juzgados de Marbella alrededor de las 09.40 horas.

Tras su declaración indagatoria, el ex asesor urbanístico ha mantenido una reunión con el administrador judicial de casi una veintena de sus empresas, Juan Macías, encuentro que se ha prolongado durante varias horas y en el que, según las mismas fuentes, se ha tratado el estado de las cuentas de las sociedades.

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"CASO MALAYA"; EL JUEZ DECIDE DECLARAR CONCLUSO EL SUMARIO

TRIBUNALES | Cuenta con tres autos de procesamiento

Europa Press | Málaga

El juez del caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Óscar Pérez, ha dictado un auto acordando declarar concluso el sumario, que se remitirá a la Audiencia de Málaga, en concreto a la Sección Primera, que se encargará del enjuiciamiento.

En el auto, al que tuvo acceso Europa Press, se precisa que al "haberse practicado las diligencias decretadas de oficio y a instancia de las partes" para el esclarecimiento de los hechos se debe decretar la conclusión del sumario, que supone el fin de la fase de instrucción. Esta resolución es firme y, por tanto, no se puede recurrir.

En el escrito, notificado ya a las partes personadas, se señala que, además del sumario, se remiten a la Audiencia los autos y piezas separadas, así como los objetos intervenidos y cantidades consignadas y ocupadas, indicándose expresamente las apelaciones que quedan pendientes.

Asimismo, se señala que se han tomado ya todas las declaraciones indagatorias a los más de 100 procesados y que la causa cuenta con tres autos de procesamiento. El primero, dictado en julio de 2007, fue objeto de recursos que la Sección Primera desestimó en su totalidad.

En dicha resolución, el Tribunal de apelación enumera una serie de indicios, como los archivos Maras, las escuchas, las agendas del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca; los incrementos patrimoniales o las declaraciones de imputados, y considera que "no tiene formado criterio alguno sobre la viabilidad" de los mismos.

"Será en el plenario donde el Tribunal, tras analizar a fondo la documentación aportada y la testifical que se practique, esté en condiciones de formar un criterio sobre lo realmente acontecido en Marbella", apuntaba dicho auto, en el que se indicaba que la Sala permitirá entonces "el más amplio ejercicio del derecho de defensa".

Asimismo, el auto dictado por el hasta ahora instructor precisa que hay otros dos autos de procesamiento dictados en 2009, uno en marzo, que también ha sido recurrido y cuyos recursos están pendientes de resolver por la misma Sala, y otro de septiembre, que amplía imputaciones para varios procesados e incorpora uno más.

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CRONOLOGÍA DEL "CASO ANDRATX"

Madrid, 28 dic (EFE).- El ex alcalde de la localidad mallorquina de Andratx Eugenio Hidalgo (PP) y el ex director general de Ordenación del Territorio del Govern balear (PP) Jaume Massot han ingresado en prisión esta tarde dentro del denominado caso Andratx.

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma que en mayo del año pasado condenó a cuatro años de prisión al ex alcalde de Andratx por construirse un chalé ilegal en el municipio, y a Massot a tres años y seis meses por colaborar en dicho delito.

El Supremo también ha confirmado la pena de un año de cárcel para el ex asesor legal del Ayuntamiento de Andratx Ignacio Mir, pero no ingresará en prisión al no superar su condena los dos años y no contar con antecedentes penales.

El "caso Andratx" es la primera gran causa de corrupción urbanística en Mallorca y repercutió de lleno en la vida política de Baleares.

Estos son los hechos clave del caso:

2006 - 27 NOV.- El alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo (PP), el director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, y el celador de obras del Consistorio, Jaume Gibert, son detenidos por los presuntos delitos de prevaricación, blanqueo de capitales, contra la ordenación del territorio y por actos prohibidos a funcionarios públicos.

- El presidente del Gobierno balear, Jaume Matas (PP), anuncia la destitución de Massot, y la suspensión de militancia de Hidalgo.

- 30 NOV.- El juez decreta prisión incondicional, incomunicada y sin fianza para Hidalgo y Gibert, mientras Massot queda en libertad con cargos. Días más tarde, el juez decreta prisión comunicada y sin fianza para Hidalgo y Gibert, a instancias de la Fiscalía.

- 13 DIC.- El juez decreta la puesta en libertad bajo sendas fianzas de Hidalgo y Gibert de 100.000 y 60.000 euros, respectivamente, que satisficieron.

2007 - 1 FEB.- Hidalgo y Gibert reingresan en prisión por orden de la Audiencia de Palma, a fin de impedir que puedan dificultar la investigación del caso. Se suspende el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Andratx.

- 5 FEB.- Detenido el constructor Felipe Seguí y puesto en libertad con cargos. En los días siguientes serán también detenidos Juan Carlos Hidalgo, hermano del ex alcalde Eugenio Hidalgo y el promotor inmobiliario Manuel Zapata. Serán puestos en libertad con cargos.

- 20 FEB.- EL Parlament rechaza, con los votos del PP y Unió Mallorquina, constituir una comisión que investigue la actividad en el Govern de Massot.

- 22 MAR.- El juez decreta libertad provisional para ex alcalde Hidalgo y para Gibert.

- 11 MAY- presidente del Consejo Consultivo de Baleares, Miquel Coll, declara ante el juez en calidad de imputado por un presunto delito de tráfico de influencias.

2008 - 26 MAY.- Sentencia primera pieza del caso, relativa a la construcción por parte de Eugenio Hidalgo de un chalet en un área protegida. Condenados Eugenio Hidalgo (cuatro años de prisión), Jaume Massot (tres años y medio de prisión), José Ignacio Mir (un año de cárcel) y Jaume Gibert (cuatro meses de prisión).

- 19 NOV.- Sentencia segunda pieza del caso, relativa a la construcción de un restaurante en un área protegida por parte del hermano del ex alcalde, Juan Carlos Hidalgo. Condenados Jaume Massot (cinco años de prisión y ocho de inhabilitación para cargo público), Eugenio Hidalgo (siete de inhabilitación para cargo público), Juan Carlos Hidalgo (un año y seis meses de prisión).

- 19 DIC.- La Audiencia de Palma dicta prisión para Jaume Massot, eludible con una fianza de 200.000 euros, tras solicitar la Fiscalía el agravamiento de las medidas cautelares, en virtud de las condenas que acumula.

- 23 DIC.- Massot sale de prisión tras satisfacer la fianza.

2009 - 22 JUL.- Jaume Massot, que había declarado ante el juez a primeros de mes, es condenado a dos años y medio de suspensión de empleo o cargo público y a una multa de 6.750 euros como autor responsable de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.

- 30 OCT.- La denuncia contra el ex alcalde de Andratx en el caso de la gestión de la torre de Sant Elm se amplía al ex presidente del gobierno de Baleares, Gabriel Cañellas.

- 28 DIC.- El Tribunal Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Mallorca contra Eugenio Hidalgo, Jaume Massot e Ignacio Mir. Los dos primeros ingresaron en prisión. EFE Bfg-doc/sll/jrr

elconfidencial.com

"CASO ANDRATX"; HIDALGO Y MASSOT INGRESAN EN PRISIÓN

El Tribunal Supremo ha confirmado esta mañana la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma

Ver la sentencia

REDACCIÓN / EUROPA PRESS. PALMA El ex alcalde de Andratx y Jaume Massot han ingresado en prisión después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo haya confirmado, esta mañana, la condena de cuatro años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en mayo de 2008 al ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo, por la construcción de una vivienda en una zona de interés paisajístico (ARIP) con una licencia de ampliación de nave agrícola.

Del mismo modo, el alto tribunal también ha desestimado los recursos presentados por el ex director general de Ordenación del Territorio Jaume Massot y el ex letrado municipal de Andratx Ignacio Mir, condenados respectivamente a tres años y medio y un año de prisión, como autores directos de un delito de prevaricación. Además, Massot fue considerado cooperador necesario en un delito contra la ordenación del territorio.

El ex alcalde fue condenado a un año de prisión como inductor de un delito de prevaricación administrativa y a tres años como autor directo de un delito contra la ordenación del territorio, concurriendo en este segundo la circunstancia agravante de prevalerse de su cargo público.

Asimismo, el ex primer edil fue inhabilitado para empleo o cargo público en la administración estatal, autonómica o local por un periodo de ocho años por el primer delito y a las penas de tres años de cárcel e inhabilitación especial para la promoción urbanística por un tiempo de tres años.

Por otro lado, se le condenó a pagar una multa de 20 meses, con 100 euros de cuota diaria por el delito contra la ordenación del territorio, así como a satisfacer dos sextas partes de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular personada.

Además, la Audiencia Provincial ordenaba a Hidalgo demoler a su costa o sufragar los gastos de la demolición de la vivienda unifamiliar que se construyó en la finca que compró para tal fin, a pesar de saber que se trataba de suelo rústico protegido, y tras solicitar los permisos correspondientes bajo la premisa de que iba a levantar un almacén agrícola.

"INOPERANCIA DE LA DISCIPLINA ADMINISTRATIVA"

En su sentencia, el Tribunal Supremo echa por tierra la pretensión del ex edil de que la conducta enjuiciada no sea merecedora de reproche penal, al considerarla una infracción administrativa.* El escrito argumenta que "la desastrosa situación a que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajística, justifica que, ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda al Derecho Penal".

Además, critica que el recurrente plantee que el suelo donde se levantó el chalet careciera de protección especial por su proximidad a zonas de nula o menor protección y destaca la importancia en la paisajística de la "perspectiva".

De hecho, afirma que "el desconocer la importancia de tal elemento ha llevado a la situación desastrosa de algunas partes de España en orden a la ordenación del territorio" e insiste en que la fijación topográfica de los límites de una protección "no puede ser reputada como algo baladí".

Del mismo modo, desestima los argumentos de Hidalgo acerca de que no pueda ser considerado sujeto activo de los delitos que se le imputan porque no es promotor o constructor con carácter profesional" e insiste igualmente en que "se aprovechó dolosamente de su condición de alcalde para ejecutar el delito con mayor facilidad, sirviéndose en su propio interés del cargo que los ciudadanos le habían encomendado, en vez de servir en él".

Su "continuado e insistente desprecio por la legalidad", argumenta el Supremo, revelan "lo ajustado" de la extensión de las penas que para él fijó la Audiencia Provincial de Palma.

DEMORA DE LA SENTENCIA POR LA "COMPLEJIDAD DEL ASUNTO"

El fallo se hizo público hoy, algo más de tres meses después de que el Tribunal Supremo celebrara una vista privada para estudiar la sentencia de la Audiencia Provincial. El alto tribunal explica que "no se ha dictado sentencia en plazo por la complejidad del asunto".

Por lo que se refiere al ex director general de Ordenación del Territorio, el alto tribunal insiste en que ha quedado probado que a Massot y al ex alcalde les unía "una estrecha relación" y sostiene que en su actuación no se observa "una mera irregularidad administrativa", sino que "informó favorablemente de manera injusta, por sus conscientes arbitrariedades, en el procedimiento urbanístico, con vulneración de la correspondientes normas".

Además, al confirmar su condena como cooperador en un delito contra la ordenación del territorio, vuelve a insistir en que no cabe desconocer que "con la sanción penal a la prevaricación urbanística no sólo se trata de proteger la ordenación del territorio sino también la administración pública como en toda prevaricación administrativa".

En relación a José Ignacio Mir, el alto tribunal le recuerda al ex letrado municipal que la Audiencia Provincial "apreció fundadamente" cómo el expediente relativo a Hidalgo "afectaba a normas de ordenación territorial, disimulando lo que realmente consistía en la edificación de una vivienda bajo la apariencia de que se trataba de una mera ampliación de construcción rústica".

Todo el expediente, recalca, estaba "impregnado de injusticia en una secuencia unitaria de informes y resolución, que infringía no sólo formalmente las normas aplicables, sino también el valor ordenación del territorio".

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"OPERACIÓN PONIENTE"; LA POLICÍA DETIENE A OTROS TRES EMPRESARIOS

ALMERÍA | Contra el blanqueo de capitales en El Ejido

Miguel Cabrera | Almería

Tres empresarios relacionados con subcontratas que trabajan para la empresa mixta de servicios municipales de El Ejido, Elsur, y para el Ayuntamiento de la ciudad han sido detenidos esta mañana por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en una nueva fase de la operación Poniente, según ha informado la Comisaría almeriense.

En la detención también participó personal de la Fiscalía Anticorrupción, al igual que sucedió el pasado 20 de octubre, cuando detuvieron a 20 personas, entre ellas el alcalde, Juan Enciso, el ex interventor municipal, José Alemán, familiares de ambos y empresarios acusados de tejer una red en torno a Elsur que habría malversado unos 150 millones de euros a las arcas municipales.

Con estas nuevas detenciones puede dar comienzo la segunda fase de imputaciones de la operación Poniente, puesto que se espera que sean más las personas llamadas a declarar ante la juez Montserrat Peña en los próximos días. De momento, el martes lo hará de nuevo Isabel Carrasco, la mujer de José Alemán, quien está en libertad bajo fianza de 90.000 euros. Y el miércoles hará lo propio Juan Enciso.

Además
* Los personajes clave de la trama

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"CASO MAQUILLAJE"; LOS 40 MILLONES DE EUROS QUE MUNAR DIO "A DEDO" SON UN FRAUDE DE LEY

Denuncia de Hacienda

* Lleva por primera vez ante un juez los informes de la Sindicatura
* Avisa que pudo haber 'prevaricación' y 'tráfico de influencias'

Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

La Agencia Tributaria apunta al Juzgado de Instrucción nº 2 de Palma que la política de subvenciones del Consell Insular de Mallorca entre 2004 y 2006, con Maria Antònia Munar como presidenta, supuso un sistemático «fraude de ley». Que al adjudicar en aquella legislatura en torno a 40 millones de euros a dedo y sin ningún tipo de convocatoria pública se vio «afectada» de forma recurrente la «transparencia, la publicidad y la eficiencia en el empleo de los recursos públicos» que marca la normativa vigente.

Y que, «en caso de probarse la colusión entre los gestores públicos y los perceptores de las subvenciones», alguna vinculación de «amistad, familiaridad o asociación» entre quienes daban las ayudas y quienes las recibían, se habría incurrido en una «prevaricación» que podría llevar aparejada el «tráfico de influencias». Unos hechos presuntamente delictivos que afectarían a al menos 14 millones de euros, que es el dinero público adjudicado en el escándalo de subvenciones conocido como La Piñata de UM y en la llamada Operación Maquillaje.

De hecho, este informe ha sido incorporado a la instrucción judicial de este último caso. Una investigación impulsada por la propia Agencia Tributaria, la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional en la que se investiga el desvío de más de 7 millones de euros públicos del Consell de UM mediante este tipo de subvenciones a productoras audiovisuales controladas por familiares o testaferros de tres de sus principales dirigentes en aquellos años (Munar, Miquel Nadal y Bartomeu Vicens). Pagos que se realizaron con el pretexto de financiar programas para la radiotelevisión pública insular, que en algunos casos ni se llegaron a emitir. Y siguiendo mayoritariamente la fórmula denunciada por Hacienda.

De hecho, este caso ya mantiene imputada a la ex presidenta insular, Maria Antònia Munar (la familia de su marido controla una cuarta parte de la principal productora regada con aquellas subvenciones), Miquel Nadal (su gestor y primo de su mujer tiene otra cuarta parte de esa misma productora) y Bartomeu Vicens (los testaferros que cobraron en su nombre comisiones por Son Oms se llevaron más de 4 millones de euros públicos en subvenciones a dedo para montar la radio).

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"CASO ANDRATX"; EUGENIO HIDALGO ENTRA EN PRISIÓN

URBANISMO

Eugenio Hidalgo fue condenado a 4 años de cárcel

El ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo momentos antes de su ingreso en prisión. | Pep Vicens

* El Tribunal Supremo confirma la primera sentencia del caso Andratx
* El órgano judicial desestima los recursos de Hidalgo, Massot y Mir
* La sentencia correspondía a la primera pieza del juicio oral
* Era relativa a la construcción de un chalet ilegal en una caseta de aperos

Hugo Sáenz | Esteban Urreiztieta | Palma

Eugenio Hidalgo ha ingresado en prisión por orden de la sección segunda de la Audiencia, tras recibir este lunes la notificación de la sentencia del caso Andratx, por la que fue condenado a 4 años de cárcel.

El ex jefe del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx y ex director autonómico de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, también ha ingresado en prisión.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que en su día interpuso Hidalgo, en relación a la citada sentencia que correspondía a la primera pieza del juicio oral por el caso Andratx.

Esta pieza es la relativa a la construcción de un chalet ilegal en una caseta de aperos, en un terreno propiedad del ex alcalde Eugenio Hidalgo considerado área protegida, y cuya vista se celebró entre el 5 y el 8 de mayo de 2008.

En este sentido, el máximo órgano judicial considera que "no ha lugar a los recursos de casación de Eugenio Hidalgo, por vulneración constitucional e infracción de ley, Jaime Massot Sureda, por vulneración constitucional e infracción de ley, José-Ignacio Mir Buades, por infracción de ley" por lo que ha decidido desestimarlos todos ellos y confirmar la sentencia impuesta hace ya más de año y medio.

Más de dos años
La sección segunda de la Audiencia ha recibido este mismo lunes la notificación de la sentencia del caso, por lo que puede decretar en cualquier momento -al ser ya una sentencia en firme- el ingreso en prisión de los que tienen pena de cumplimiento mayor a dos años, es decir, Eugenio Hidalgo y Jaume Massot.

La sentencia (de mayo de 2008) consideró probado que Hidalgo adquirió una parcela en Andratx, con una superficie de 3.930 metros cuadrados por un precio de 30.050 euros con la finalidad de construir en la misma una vivienda unifamiliar, pese a que cuando compró este solar tenía perfecto conocimiento de que el mismo se hallaba en suelo rústico protegido, estando calificado como Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP).

Además de las penas de cárcel e inhabilitación, la sentencia obligaba al ex alcalde de Andratx a pagar una multa durante 20 meses a razón de 100 euros diarios (60.000 euros en total).

Tras conocer la sentencia, Rafael Perera, el abogado del ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo, ya anunció que presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aduciendo que no la consideraba ajustada "a hechos ni a derecho".

Además
* Lea la sentencia completa (PDF)
* Cronología del Caso Andratx

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"CASO PALMA ARENA"; INVESTIGAN SI MATAS UTILIZÓ AL DOCTOR BELTRÁN PARA COMPRAR CUADROS

Matas alquiló al comunicador, que también trabajó para IB3, un local en campanet

En el piso de Madrid aparecieron tres obras de arte adquiridas por la empresa del famoso médico y comunicador

Matas asistió a la inauguración del centro cultural que dirigía el doctor Beltrán. Foto: Lorenzo

J.F. MESTRE/F.ARMENDÁRIZ. PALMA. La Guardia Civil está investigando si el ex president del Govern, Jaume Matas, utilizó al popular médico y comunicador doctor Bartolomé Beltrán, como testaferro para adquirir una serie de obras de arte que forman parte de su colección privada.

En el registro realizado el pasado mes de noviembre en el piso de la calle Ramón de la Cruz de Madrid, que figura a nombre del ex conseller Bartomeu Reus, aparecieron colgados en las paredes una serie de obras de arte. En concreto, había tres cuadros que llamaron la atención de los investigadores. Son obras de un determinado artista cuyo valor en el mercado rondaría los 25.000 euros. En el reverso de los cuadros apareció un certificado sobre su autenticidad firmado por una conocida galería de arte de una de las más selectas calles de Madrid.

Se aprovechó la presencia de la comisión judicial en Madrid, para tomar declaración a varios testigos relacionados con el piso donde viven los hijos de Matas, para realizar una visita a esta galería de arte. A través de la documentación entregada se comprobó que las obras de arte se habían comprado a través de una sociedad cuyo titular es el conocido médico y presentador de televisión Bartolomé Beltrán. Estas obras se pagaron en efectivo y la compra data del año 2003, cuando Matas dejó de ser ministro y fue nombrado president del Govern balear.

Los investigadores están intentando aclarar si el dinero con el que se pagó las obras de arte se lo entregó Matas a Beltrán, o si fue el médico quien por iniciativa propia decidió hacerle un regalo personal al ex president del Govern. Si se demuestra que fue un regalo, se intenta ahora averiguar a cambio de qué.

A los investigadores no les escapa la pública y notoria buena sintonía que existe entre Jaume Matas y Bartomeu Beltrán. En mayo de 2005 el Govern balear, con el patrocinio de una entidad bancaria y con la ayuda del Ayuntamiento de Campanet, firmó un convenio por el que el Ejecutivo se comprometía a gestionar como centro cultural y de exposiciones la Posada de Biniatró, propiedad del doctor Bartolomé Beltrán, que abrió sus puertas meses después. Por el uso de este edificio Beltrán recibía un alquiler mensual de 5.000 euros, cantidad que fue elevada hasta 8.497 euros al mes en la revisión de las condiciones del alquiler. A este elevado precio por el uso de este edificio rehabilitado de Campanet había que añadir los gastos de las nóminas del personal y el precio de las exposiciones u otras actividades culturales que se organizaban en el centro.

Con la entrada del nuevo ejecutivo del Pacte de Progrés se dio por terminado el contrato con Beltrán, al entender que era un precio exagerado por la falta de iniciativas culturales que se organizaban en este casal de 4.000 metros cuadrados.

Sin programación
La Posada de Biniatró nunca contó con una programación cultural estable que llenara la superficie del edificio. De vez en cuando se organizaba alguna exposición y conciertos de música, pero carecía de una programación ordenada.

En el acto de inauguración, celebrado en el mes de junio de 2005, asistió la plana mayor del Partido Popular y a la cabeza se colocó el president Jaume Matas. El Ejecutivo justificó la alta inversión en dinero público en la intención de dinamizar y descentralizar la oferta cultural de Mallorca, trasladándola a este edificio de Campanet. En el acto de inauguración los invitados pudieron disfrutar de la importante colección artística de Beltrán, compuesta por unas 200 obras entre pintura, escultura y cerámica.

Con esta operación el famoso médico se habría embolsado, al parecer, unos 240.000 euros.

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"CASO PALMA ARENA"; LAS CAJAS FUERTES DE MATAS ESTÁN EN SA POBLA

Las cajas fueron compradas por el aparejador que decoró el palacete

El carpintero del palacete declaró el día de Nochebuena que había instalado un sistema de seguridad en un armario

J.F. MESTRE/F.ARMENDÁRIZ. PALMA.. Jaume Matas adquirió en el año 2006 dos cajas de seguridad, pero no llegó a instalarlas en su ya famoso palacete de la calle San Felio. Esta compra ha sido confirmada por la Guardia Civil a través de la empresa que vendió las cajas fuertes y con el testimonio de uno de los albañiles que trabajó en la reforma de la lujosa casa del ex president.

Los investigadores ya han localizado las cajas. Están depositadas en un almacén del constructor de sa Pobla, el mismo que fue contratado por Matas para que realizara la obra y el mismo que declaró ante el juez que una parte de su trabajo lo había cobrado en negro. Estas cajas fueron compradas por el aparejador de la empresa de decoración Denario, que fue el encargado de dirigir toda la reforma de la nueva casa del matrimonio Matas-Areal.

Pero no fue esta pista la que llevó al juez Castro a tomar la decisión de realizar un registro en la pasada Nochebuena. La misma mañana del jueves, en una declaración escrita ante el juez, el carpintero que también trabajó en el palacete declaró por escrito que él había construido un artilugio en un armario empotrado. Montó un sistema en el que, empujando la madera, se abría una pequeña puerta y se accedía a un lugar oculto. Además, el carpintero afirmó él mismo había instalado la caja de seguridad. Este sistema, según su declaración, estaba instalado en el armario de la habitación personal del matrimonio.

El juez y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach decidieron actuar de inmediato, a pesar de que se trataba de la noche más familiar del año. El juez Castro dictó un auto de entrada y registro. Se avisó al abogado Rafael Perera para que abriera la puerta del palacete de la calle San Felio.

La comisión judicial, acompañada por la Guardia Civil, fue directamente hacia la habitación del matrimonio. Se abrió la puerta del armario y se buscó el escondite. Pero no apareció. Ante estas circunstancias el juez ordenó que fueran a buscar al carpintero, que esa mañana había dado detalles de este escondite, para que indicara el lugar exacto dónde había instalado la caja de seguridad. El carpintero fue llevado al palacete y una vez allí se desdijo de sus palabras. Dijo que no se le había entendido y que nunca había hablado de la existencia de este doble fondo de armario. El juez Castro le mostró su declaración escrita, realizada la misma mañana, en la que afirmaba todo lo contrario y en la que contaba con todo tipo de detalle dónde había construido el escondite, que había cubierto con madera. El carpintero, tras leer lo que había firmado, justificó que no le habían entendido.

No le esperaban
Fuentes próximas a la investigación confirman que en ningún momento se planteó la posibilidad de que Matas y su familia pudieran estar en el palacete durante la pasada Nochebuena. No había constancia oficial de que el ex president hubiera viajado a Mallorca para pasar las navidades. La prioridad del juez, ante la aparición de esta nueva información, fue la localización inmediata de la caja de seguridad y no tuvo en cuenta que se tratara del día previo a Navidad. Los investigadores consideraron que era más lógico realizar un registro ese día, con la presencia del juez, del fiscal y del abogado Rafael Perera, en lugar de ordenar a la Guardia Civil que realizara una permanente vigilancia del edificio durante varios días.

La actuación de la comisión judicial no agradó al abogado defensor de Matas, que se quejó de que el registro practicado en Nochebuena hubiera provocado un nuevo quebranto de la imagen pública del ex president. Perera consideró que a su cliente había recibido el mismo trato que "un capo de la droga o un terrorista".

El letrado explicó que durante el primer registro judicial de la casa habló por teléfono con Jaume Matas y le confirmó que no había ninguna caja fuerte en la vivienda. Perera lamentó que el juez hubiera considerado que el ex president había "pretendido engañar al juzgado".

El abogado señaló que el ex president "deplora el nuevo quebranto que su imagen pública ha padecido" y que confía en que, cuando haya prestado declaración ante el juez y haya aportado pruebas, "quedarán aclarados suficientemente los nuevos hechos delictivos que ahora le son achacados".

diariodemallorca.es

LA SINDICATURA FACILITA AL CONSELL LAS EXCUSAS PARA TAPAR EL "CASO GÜRTEL"

Informe de la Sindicatura de Comptes

J. FERRANDIS / A. BELTRAN - Valencia

Los vacíos en las auditorías que ha realizado la Sindicatura de Comptes de las cuentas de la Generalitat de 2008 han facilitado al Consell las excusas que necesitaba para tapar el caso Gürtel. La decisión de la Sindicatura de no auditar la Sociedad Gestora de la Imagen Promocional, ni las contrataciones de Turismo o de la empresa Circuito del Motor, cuyas actividades se relacionan en el sumario de la trama Gürtel con los nichos de negocio que buscaba Orange Market y su responsable Álvaro Pérez, han permitido afirmar al Consell que son "transparentes". "Aquí no se esconde nada" ha insistido el vicepresidente económico, Gerardo Camps, que se ha escudado sistemáticamente en la Sindicatura para negar a la oposición toda clase de contratos.

Una posición que contrasta con la reacción del Gobierno catalán que, tras estallar el caso Pretoria en Santa Coloma de Gramenet, decidió reforzar la capacidad y los medios del órgano auditor.

Tanto Camps, como el resto de miembros del Consell, se han negado este mismo mes a dar información en el Parlamento sobre distintos contratos con el argumento de que tienen cláusulas de confidencialidad o podrían vulnerar el secreto profesional. Para el Consell, la Sindicatura es "la que tiene legitimidad para consultar y fiscalizar la documentación".

Pero la realidad es que la Sindicatura de Comptes no ha auditado las empresas vinculadas a Gürtel y que en las contrataciones que sí ha fiscalizado existen quejas sobre falta de información y transparencia.

La socialista Cristina Moreno recordó ayer que el PP votó en contra, el pasado febrero, de una petición para emplazar a la Sindicatura a fiscalizar las cuentas de las empresas públicas afectadas por la trama de corrupción.

Tras calificar de "déficit, derroche y mucha opacidad", el panorama que describe el informe, Moreno añadió: "Es inadmisible que el PP no haya permitido a la Sindicatura auditar las empresas donde los Gürtel campaban a sus anchas". Para la diputada de Compromís Mireia Mollà, "las denuncias de la Sindicatura son una demostración de que la extensión del caso Gürtel va más allá de trajes y contratos defectuosos". "Es insostenible que diga que la mayoría de los contratos fiscalizados tienen irregularidades y no pase nada".

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