miércoles, 20 de mayo de 2009

LA "CORREA" DE LA QUE EMPEZÓ A TIRAR GARZÓN

Blanqueo de capital, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias son los delitos de los que se acusa a buena parte de los imputados















De izquierda a derecha, Alvaro Pérez Alonso, responsable de la empresa Orange Market; Ramón Blanco Balín, ex consejero delegado de Repsol, y María del Carmen Rodríguez Quijano, tres de los imputados por la 'operación Gürtel'. / Archivo

REDACCIÓN |MADRID

El 'caso Gürtel' (correa en alemán) saltó a la luz el 6 de febrero pasado, justo una semana antes de que arrancase la campaña de las autonómicas en Galicia y el País Vasco. Los titulares de ese día hablaban de que, por orden de Garzón, se habían producido detenciones de empresarios vinculados al PP. El caso lo instruía Garzón y justo el fin de semana en el que se puso en marcha el operativo policial, el juez de la Audiencia compartió cacería con el entonces ministro de Justicia. Al final terminó por costarle el puesto a Mariano Fernández Bermejo.

A partir de entonces, y pese al secreto de sumario, comenzó un goteo de nombres que podrían estar implicados en la trama. Algunos dirigentes del PSOE apreciaron en lo que iba saliendo un caso de financiación ilegal del PP. Los 'populares' se aplicaron para explicar que no estábamos ante otro 'Filesa'; también para que el juez Garzón se apartara del caso. Al final -aunque tardó- lo hizo porque había indicios contra aforados del PP. Los afectados eran parlamentarios autonómicos en Madrid y en Valencia. Por eso el caso ha terminado en el TSJM y en el TSJCV.

En la vertiente madrileña los imputados 'más políticos' son tres diputados de la Asamblea: Alberto López Viejo, un hombre de Esperanza Aguirre que dimitió nada más saltar a la luz su nombre; Benjamín Martín Vasco, portavoz adjunto en la Asamblea que también dimitió como presidente de la comisión de investigación del espionaje a cargos de la Comunidad; y Alfonso Bosh. Se les atribuyen delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.

El caso también se ha llevado por delante a varios alcaldes de la región: el de Arganda: Ginés López; el de Pozuelo de Alarcón y ex marido de la dirigente del PP nacional Ana Mato, Jesús Sepúlveda; y el de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. También está implicado el ex regidor de Majadahona, Guillermo Ortega.

En la vertiente valenciana, y después de varios meses en la cuerda floja, está imputado el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y su número dos y secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. El juez les atribuye un presunto delito de cohecho.

El supuesto cabecilla de la trama es Francisco Correa, al frente de un conglomerado de empresas que organizaba actos para el PP. Las primeras imágenes que salieron de él habían sido captadas en la boda de la hija del ex presidente Aznar y Alejandro Agag, a la que asistió como invitado y testigo en la ceremonia. Del más de medio centenar de imputados (60), es uno de los tres que está en prisión. También está entre rejas su primo, Antoine Sánchez, y Pablo Crespo, que fue secretario de organización del PP gallego hasta 1999. En general, blanqueo de capital, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias son los delitos de los que se acusa a buena parte de los imputados.

ABC.ES

CORREA APUNTÓ PAGOS A OTRO DIPUTADO DEL PP Y AL EX JEFE DE GABINETE DE CASCOS



La investigación del 'caso Gürtel'

La 'caja B' indica que Jesús Merino, parlamentario y ex vicepresidente de Castilla y León, recibió 220.000 euros en varias entregas, y Álvaro de la Cruz, otros 30.000

JOSÉ MANUEL ROMERO / CARLOS E. CUÉ - Madrid

La investigación de la trama de corrupción masiva vinculada presuntamente a administraciones gobernadas por el PP sigue avanzando con el material que proporciona la contabilidad de las empresas de Francisco Correa y que implica a nuevos dirigentes del partido de Mariano Rajoy. Los apuntes de la caja B (contabilidad en dinero negro) de la trama, que registraba pagos a políticos a cambio de favores, han implicado hasta ahora a cuatro ex alcaldes, tres diputados autonómicos madrileños, dos valencianos (entre ellos, el presidente Francisco Camps), el tesorero nacional del PP y senador Luis Bárcenas, y el eurodiputado Gerardo Galeote.

* El tesorero niega que cobrara de la trama corrupta
* El presidente recibe el apoyo de sus fieles antes de ir a declarar
* Costa: "He contestado a más cosas de las que me preguntaban"
* El presidente valenciano retrasa un día su declaración judicial
* Las empresas de la trama declararon compras en Milano
* Milano registró los encargos de ropa para los políticos
* Los trajes de Camps los pagaba "un señor bajito llamado Álvaro"
* El juez pedirá todos los contratos del Gobierno de Camps con Orange Market

El PP valenciano arropa a Camps

Cospedal: "La mejor defensa de Camps será decir la verdad"

Francisco Álvarez-Cascos
A FONDO

Nacimiento:
01-10-1947

Lugar:
Madrid

Sáenz de Santamaría recuperó a Merino como portavoz adjunto en 2008

De la Cruz trató de lograr contratos del Gobierno de Madrid a través de Bárcenas

Esa contabilidad también registró pagos a Jesús Merino, ex vicepresidente, con Juan José Lucas al frente, de la Junta de Castilla y León -una comunidad también afectada por el caso Gürtel por adjudicaciones sospechosas de obras de carreteras- y ahora diputado nacional por Segovia y miembro de la dirección del grupo parlamentario; y a Álvaro de la Cruz, que fue jefe de gabinete con Francisco Álvarez Cascos en los primeros años noventa, cuando éste desempeñaba el cargo de secretario general del PP.

En los documentos requisados a la trama corrupta figura al menos un pago de 50.000 euros asignado a "Jesús Merino" y otras entregas de dinero que suman 170.000 euros a "J. M.", siglas que, según la investigación policial, corresponderían al mismo parlamentario popular.

Merino es un veterano dirigente muy conocido en la sede central del PP, en la calle Génova de Madrid. Unos años después de abandonar la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, en 2002 fue nombrado -en la época de Javier Arenas como secretario general- responsable de Política Autonómica del PP.

En aquellos años, en la dirección del partido coincidieron algunas de las personas implicadas ahora en el caso Gürtel: Francisco Camps era secretario de Estudios y Programas; y Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo (Madrid) era, como secretario de Política Electoral, el responsable de la organización de los actos del partido y el que tenía mayor vinculación personal con Correa, cabecilla de la trama.

De hecho, muchas de las investigaciones policiales del caso Gürtel parecen seguir lentamente la pista de las relaciones personales fraguadas en aquella época por el equipo de personas que controlaba el aparato de organización del PP y que, por tanto, contrataban y tenían una estrecha relación con la red de Francisco Correa.

A Merino lo relevó en 2004 en la dirección del PP Soraya Sáenz de Santamaría, y él pasó a un segundo plano. Sin embargo, ambos establecieron una buena relación y Sáenz de Santamaría decidió recuperarlo en 2008, cuando Mariano Rajoy la nombró portavoz parlamentaria. Ella incorporó a Merino a la dirección del grupo parlamentario, como portavoz adjunto, y allí sigue desde entonces, en una reducida cúpula de diputados que toman las decisiones más relevantes sobre la estrategia de la oposición.

Rajoy ha concentrado especialmente sus fuerzas en el Congreso, donde el PP ha llegado a ganar alguna votación, por lo que Merino es un dirigente destacado en ese contexto actual. Merino, que la semana pasada -cuando La Vanguardia publicó que estaba siendo investigado por este asunto- negó cualquier relación con Correa, no pudo ser localizado ayer por el equipo de prensa del PP para ofrecer su versión sobre estas investigaciones policiales.

En el caso de Álvaro de la Cruz, ex jefe de gabinete de Francisco Álvarez Cascos, la caja B de Correa apunta un pago de 30.000 euros que está siendo investigado. Álvaro de la Cruz se dedica al mundo de la Seguridad con su empresa Serygur. De la Cruz reconoció en enero pasado al diario El Mundo que Luis Bárcenas, tesorero del PP y presuntamente implicado en el caso de corrupción -recibió 1,3 millones de la red, según un auto del juez Baltasar Garzón-, intermedió a su favor ante la Comunidad de Madrid en varios concursos de seguridad.

"Luis Bárcenas es amigo mío y me preguntó si podía ayudar a Serygur. Le dije que estábamos interesados en el contrato de la seguridad de la Ciudad de la Justicia y se ofreció a llamar a Alfredo Prada [entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid]. Fue un acto de buena voluntad y por pura amistad", declaró entonces De la Cruz.

Su empresa consiguió el contrato de la Ciudad de la Justicia por 400.000 euros. Sin embargo, el contrato que generó más polémica interna fue el de la seguridad de la sede del Gobierno autonómico en la Puerta del Sol. Al llegar el equipo de Esperanza Aguirre, que sustituyó a Alberto Ruiz-Gallardón, la empresa de De la Cruz temió perder el contrato, que debía renovarse. Entonces entró en liza el ex concejal del PP en Madrid Ignacio del Río, socio de De la Cruz en esta empresa. Entre los dos, y con el apoyo de Bárcenas, trataron de convencer al entorno de Aguirre para que renovara el contrato. Fracasaron, y Serygur perdió ese suculento pastel de seguridad.

Bárcenas y De la Cruz trabajaron juntos en la dirección nacional del PP, uno como mano derecha del entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, y otro como jefe de gabinete del secretario general, Francisco Álvarez Cascos.

De la Cruz ocupó, entre septiembre de 1989 y octubre de 1992, ese puesto de máxima confianza de Cascos, el que fuera número dos del PP en la década de los 90. Después recaló en Andalucía, donde llegó a ser diputado autonómico por Cádiz, pero durante un periodo muy breve, entre 1994 y 1995.

ELPAÍS.COM

EL JUEZ PEDIRÁ TODOS LOS CONTRATOS DEL GOBIERNO DE CAMPS CON ORANGE MARKET



La investigación del 'caso Gürtel'

Pueden ser citados la presidenta de las Cortes valencianas y cinco consejeros

L. GARRIDO / M. OLIVARES - Valencia

Altos cargos del Gobierno valenciano tendrán que declarar ante el juez y explicar los contratos adjudicados por la Generalitat a Orange Market, una de las empresas de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa. José Flors, instructor de la parte valenciana del caso Gürtel, dictó ayer una providencia en la que comunica que investigará todos los contratos de la Generalitat con esa empresa y con su responsable, Álvaro Pérez, El Bigotes, quien gozaba de la confianza de altos cargos de la administración autonómica, gobernada por el PP.



*
Adjudicaciones a Orange Market

* Correa apuntó pagos a otro diputado del PP y al ex jefe de gabinete de Cascos

El PP valenciano arropa a Camps

Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia

Dicha providencia, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), recoge específicamente que serán citadas a declarar las personas que autorizaron los contratos con Orange Market y aquellas que formaron parte de las mesas de contratación. Eso significa que tendrán que acudir ante el juez, en calidad de testigos, cargos de la máxima relevancia institucional y probablemente decenas de funcionarios.

En primer lugar, lo harán Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes y consejera de Turismo entre 2003 y 2007; Vicente Rambla, vicepresidente primero y consejero de Presidencia, responsable de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana; Angélica Such, actual consejera de Turismo; Alejandro Font de Mora, consejero de Educación; o Rafael Blasco, actual consejero de Inmigración, que era responsable de Territorio cuando la empresa pública Vaersa adjudicó a Orange Market una campaña publicitaria, en noviembre de 2004, por 138.678 euros en un procedimiento negociado sin publicidad.

Son sólo algunos de los cargos que podrán acudir. Orange Market ha conseguido, al menos, ocho millones de euros de la administración valenciana, una cuarta parte por adjudicación directa, sin concurso.

El instructor pretende así, con la pericial contable y los testimonios, comprobar la relación entre los apuntes de contabilidad, los regalos y los contratos, a través de documentos, declaraciones y grabaciones. Eso podría ampliar la investigación a tráfico de influencias y prevaricación. Vaersa ofreció el trabajo a tres empresas que tenían el mismo administrador único.

Adjudicaciones a Orange Market

- El pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur durante cinco años consecutivos, entre 2005 y 2009. El primero, por 1.344.000 euros. El último, por 916.000 euros.

- Los conciertos y actos con ocasión de la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante el pasado mes de octubre por un total de 445.000 euros.

- Una campaña de publicidad para el uso del contenedor amarillo por 140.000 euros en noviembre de 2004. Orange Market incumplió el contrato y cobró la mitad.

ELPAÍS.COM

ELTSJIB IMPUTA AL EX SECRETARIO GENERAL DE UM DAMIÁ NICOLAU POR SON OMS


CORRUPCIÓN | Declarará el 26 de mayo ante el juez


El ex secretario general de UM, Damià Nicolau. | Cati Cladera





El ex secretario general de UM, Damià Nicolau. | Cati Cladera

* Le imputa los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación
* También fue ex director insular de Ordenación del Territorio

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha citado a declarar como imputado al ex director insular de Ordenación del Territorio de Mallorca y también ex secretario general de Unió Mallorquina (UM) Damià Nicolau por el caso Son Oms. Además de Nicolau, por este caso está imputado también el diputado del grupo mixto y ex conseller de Ordenación del Territorio de Mallorca, Bartomeu Vicens.

El juez Antoni Capó imputa a Nicolau, los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Estos delitos hacen referencia al pago de 12.000 euros que efectuó Nicolau al contable particular de Vicens por la redacción de un informe sobre el valor del suelo en Mallorca. Este hecho fue desvelado por EL MUNDO El Día de Baleares, y es lo que podría haber provocado la imputación del ex director insular de Territorio y secretario general de UM.

Este informe y el pago de su elaboración fue autorizado por Vicens, cuando entonces era conseller de Mallorca. El dirigente de UM ha sido citado para declarar el próximo día 26 de mayo, jornada en la que también comparecerá ante el alto tribunal el diputado Vicens, entre otros.

Nicolau ocupaba hasta el pasado verano la dirección de la Gerencia Balear del Agua, cargo del que fue cesado por el actual conseller de Medio Ambiente, el dirigente de UM Miquel Àngel Grimalt.

Además:

Anticorrupción revela que el informe está fusilado
Grimalt anuncia otra candidatura si nadal opta a la presidencia

ELMUNDO.ES

EL PSOE EXIME DEL CASO MERCASEVILLA A SU DELEGADO Y ACUSA A EX DIRECTIVOS

TRIBUNALES | Cobro de comisiones ilegales

Europa Press | Sevilla

El secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, ha asegurado hoy que las diligencias incoadas por la titular del Juzgado de Instrucción número 6, Mercedes Alaya Rodríguez, en cuanto al supuesto intento de cobro de comisiones ilegales en la sociedad municipal Mercasevilla obedece a una "cuestión aislada" en la que sólo están implicados los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, recordando asimismo que "no hay ningún auto de imputación" contra el delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas.

Durante un acto informativo del PSOE con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo, Viera ha subrayado que Rivas "no está implicado" en el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales a dos empresarios del grupo hostelero La Raza.

En estes sentido, ha reiterado que "no hay ningún auto de imputación" contra Rivas, tras la denuncia formulada por el PP contra él; el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE); el primer teniente de alcalde y vicepresidente de Mercasevilla, Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA); el consejero delegado de la empresa, Alfonso Mir; el vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico (AIE) del Ayuntamiento, Manuel Marchena; el ex consejero de Mercasevilla Domingo Enrique Castaño y los propios Mellet y Ponce.

Por ello, el dirigente de los socialistas sevillanos se ha mostrado "plenamente convencido" de que Rivas y la Consejería de Empleo "no tienen nada que ver" con el caso, que según dijo obedece a "una cuestión aislada de dos personas -por Mellet y Ponce- que ya no forman parte del PSOE".

ELMUNDO.ES

COSTA, TRAS DECLARAR ANTE EL JUEZ: "HE PROBADO QUE LAS ACUSACIONES SON FALSAS"


POLÍTICA | Caso 'Gürtel'

Ricardo Costa accede al Tribunal junto a David

Serra. | Vicent Bosch

* El 'número dos' del PP valenciano 'satisfecho' tras una hora de declaración
* 'He contestado a todos y a más de lo que me han preguntado', ha asegurado
* Ha llegado al Tribunal Superior de Valencia junto a sus tres vicesecretarios
* Ha sido increpado por una persona a su entrada: '¡Ladrón, trajes para todos!

* El TSJ informa de que tanto Campos como Costa no tienen medidas cautelares

G. Peñalosa | J. Cavanilles | R. Terrasa | Valencia

Pasadas las 13 horas ha abandonado el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Ricardo Costa, "satisfecho" tras cumplir sus "obligaciones". "Quería que llegara este tiempo para poder presentar todos los documentos que prueban que las acusaciones carecen de fundamento", ha dicho el secretario general del PP valenciano.

Costa ha explicado que su defensa, durante una hora y cinco minutos, se ha articulado en "tres fases". Ante el juez ha recordado que es secretario general del PP valenciano desde junio de 2007 y portavoz del partido en las Cortes desde abril de 2008, "fechas posteriores a los hechos imputados". Según fuentes próximas al diputado, se trata de una precisión, en ningún caso la principal línea argumental de su declaración.

El dirigente valenciano ha explicado que sus abogados han presentado "todos los elementos probatorios", ha asegurado que su actuación siempre ha sido "acorde con la legalidad" y ha asegurado que, a continuación, ha contestado a "todas las partes y a más de lo que me han preguntado".

La suya ha sido la segunda declaración del día tras la del ex vicepresidente de la Generalitat Valenciana Víctor Campos.

Tras las dos comparecencias, el TSJCV ha emitido un comunicado para aclarar que "la causa sigue su curso". "Dada la situación actual del procedimiento, no se ha adoptado por parte del instructor ningún tipo de medida cautelar sobre los dos imputados que han declarado", asegura el Tribunal.

Costa, imputado también por su relación con la supuesta trama de corrupción en el partido, el denominado caso 'Gürtel', ha llegado al Tribunal a las 11.14 horas, apenas tres cuartos de hora antes de lo previsto. El 'número dos' del PP valenciano, como Francisco Camps, estaba citado por el juez instructor por un presunto delito de cohecho.

Ha llegado junto a su abogado y acompañado por sus tres vicesecretarios: David Serra, vicesecretario de Organización del PPCV, Marta Torrado, vicesecretaria de comunicación, y César Augusto Asencio, vicesecretario de política local.

Costa ha reconocido antes de declarar que estaba "muy tranquilo". De fondo, una señora le ha gritado "¡Ladrón, trajes para todos!". No ha habido más incidentes.

Según el auto preparado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de inhibirse en favor del TSJCV, Costa adquirió trajes en diferentes tiendas de ropa por un importe de 7.325 euros que fueron pagados por Orange Market, empresa gestionada por Álvaro Pérez 'El Bigotes' y una de las empresas vinculadas a la trama supuestamente dirigida por Francisco Correa.

Costa, que también es portavoz del PP en las Cortes Valencianes, ha reiterado en diversas ocasiones su disposición a colaborar con la justicia "para que se aclaren cuanto antes todas las infamias vertidas contra los populares".

Cuando conoció que el TSJCV había aceptado investigar estos hechos, Costa manifestó que se trataba del "principio para demostrar que todas las acusaciones son falsas e infundadas".

Además

Víctor Campos, tras declarar: 'Todo ha ido muy bien'
Reacciones: Partido Popular
PSPV
Compromís
La rama valenciana del caso 'Gürtel', paso a paso

ELMUNDO.ES

martes, 19 de mayo de 2009

RICARDO COSTA DEFIENDE SU COMPORTAMIENTO "CORRECTO" ANTE IMPUTACIONES "SIN FUNDAMENTO"



El 'número dos' de Camps está acusado de adquirir trajes por un importe de 7.325 euros abonados por una de las empresas de Correa

EFE - Valencia

Hoy no ha declarado Camps, pero si lo ha hecho el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, que ha mostrado ante el juez que le ha tomado declaración por su supuesta relación con el 'caso Gürtel' su convencimiento de que su comportamiento ha sido "absolutamente correcto" y legal, y ha dicho que las imputaciones no tienen "ningún fundamento".

A su salida del Palacio de Justicia, donde ha declarado como imputado por un supuesto delito de cohecho, Costa ha señalado a los periodistas que sus abogados tienen "todos los elementos probatorios" de que las fechas desde las que ostenta sus actuales cargos, tanto en el PPCV (2007) como en Les Corts (2008), son "posteriores" a las de los "presuntos trajes" que se le imputan.

Sus cargos son "posteriores" a los "presuntos trajes"

Costa, quien ha declarado ante el magistrado del TSJCV José Flors desde las 12.00 horas y después de que lo haya hecho durante media hora el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, ha recibido a su salida el aplauso y el apoyo de una docena de personas.
"¡Ladrón", trajes para todos!"

Tras la declaración de algo más de media hora del ex vicepresidente del Consell Víctor Campos , imputado en el denominado caso Gürtel, le tocó el turno a Costa, quien llegó al juzgado "muy tranquilo".

Costa, citado por un supuesto delito de cohecho, llegó al TSJCV a las 11.15 horas -45 minutos antes de la hora prevista para la declaración-, a pie y semblante sonriente, acompañado por el vicesecretario general del PPCV, David Serra, quien dijo que está "fenomenal de ánimos".

Pese a la aparente entereza, Costa ha tenido que escuchar como una señora le llamaba "ladrón", y pedía "trajes para todos". No ha habido más incidentes.

Sin embargo, la primera jornada de declaraciones ha levantado una gran expectación mediática. A las 8.00 horas, dos horas y media antes de la citación de Víctor Campos, ya había periodistas congregados en la puerta del TSJCV, dispuestos tras unas vallas habilitadas para regular el paso a las instalaciones únicamente a las personas relacionadas con la actividad del alto tribunal.

A las 9.30 horas, el número de representantes de medios llegaba casi al centenar, mientras efectivos policiales regulaban el paso de los peatones y supervisaban la seguridad. Hasta el TSJCV también se acercaron algunos diputados del PP como Sagrario Sánchez o Yolanda García o el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, Miquel Domínguez, entre otros.

El elevado número de medios de comunicación obligó a hacer un "ensayo" previo antes de que Costa saliera de prestar declaración ante el magistrado, y a designar a algunos periodistas para que sujetaran los micrófonos y las grabadoras, mientras los medios gráficos permanecían detrás de las vallas instaladas, tal y como se les había indicado.
Investigaciones

Según las investigaciones desarrolladas por el juez Baltasar Garzón antes de inhibirse en favor del TSJCV, Costa adquirió trajes en diferentes tiendas de ropa por un importe de 7.325 euros que fueron pagados por Orange Market, una de las empresas vinculadas a la trama supuestamente dirigida por Francisco Correa.

Costa ha reiterado en diversas ocasiones su disposición a colaborar con la justicia "para que se aclaren cuanto antes todas las infamias vertidas contra los populares".

Las declaraciones continuarán mañana con la comparecencia de Camps, a quien seguirán el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret y el responsable de la empresa Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez.

PÚBLICO.ES

UNA TRAMA IRREGULAR QUE REMITE AL "CASO GÜRTEL"

MARCO SCHWARTZ

Sólo la justicia puede dictaminar si un mecanismo de financiación política es ilegal. Lo que sí se puede afirmar sin necesidad del pronunciamiento de un tribunal, con la información que hoy aporta Público, es que el sistema de abastecimiento de fondos y pago de campañas electorales que montó el PP a través de la fundación Fundescam resulta, como mínimo, opaco e irregular.

Opaco, por cuanto Fundescam dejó de cumplir con su obligación de presentar las cuentas en el registro de fundaciones en el ejercicio del 2003, justo en el que sufragó las campañas electorales del PP correspondientes en el tiempo al escándalo del tamayazo.

Irregular, porque, entre otras cosas, Special Events -empresa que se encuentra en el corazón del escándalo de corrupción conocido como caso Gürtel- facturaba a Fundescam bajo dos ítems: el "concepto real" (las campañas electorales) y el "concepto factura", es decir, el ficticio; montaje de cursos, seminarios, etcétera.

Todo este entramado apesta. Y explica por qué el PP se mostró tan reticente para reformar la ley de financiación de partidos, que finalmente salió adelante en 2007. La nueva ley establece que las donaciones que reciban deben someterse al escrutinio del Congreso de los Diputados y fija un límite de 150.000 euros por donante.

Fundescam -presidida por Esperanza Aguirre y en cuyo patronato figuran destacados dirigentes del PP madrileño- recibió importantes aportaciones de empresarios madrileños, algunos de los cuales fueron después adjudicatarios de contratos con la Comunidad de Madrid. Resulta llamativo que en este engranaje, como se señalaba arriba, aparezca Special Events. No parece una mera casualidad.

PÚBLICO.ES

EL PP PAGÓ FACTURAS ELECTORALES A CORREA A TRAVÉS DE UNA FUNDACIÓN





Fundescam, que depende del PP de Madrid, recaudó casi un millón de euros entre empresarios y financió también gastos de las campañas de Esperanza Aguirre en el año del tamayazo

IGNACIO ESCOLAR ALICIA GUTIÉRREZ - MADRID -

El PP de Madrid creó un sistema de financiación paralelo con el que recaudó cerca de un millón de euros de algunos importantes empresarios durante los años 2003 y 2004. Con esos fondos, según los documentos a los que ha tenido acceso Público, se pagaron facturas de las campañas para las dos elecciones autonómicas del año 2003 en Madrid: la del 25 de mayo y después, tras el tamayazo, la del 26 de octubre. El sistema con el que el PP de Madrid obtuvo este dinero, que pagó después actos electorales de Esperanza Aguirre a la empresa de Francisco Correa Special Events, funcionaba a través de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam): una fundación del PP sin apenas actividad pública conocida que fue creada en el año 2000. Fundescam recaudó fondos en forma de donaciones privadas de los empresarios con los que después abonó parte de las facturas de los actos de campaña. Algunos de estos empresarios, que participan de sectores tan dispares como la energía, la hostelería, la construcción o los seguros, fueron después adjudicatarios de contratos con la Comunidad de Madrid

Entre los proveedores que facturaron actos de la campaña electoral a Fundescam está Special Events, una de las empresas de Francisco Correa que está siendo investigada dentro del caso Gürtel. A finales de 2005, Special Events demandó al PP de Madrid porque parte de las facturas aún no habían sido abonadas. Antes de la primera audiencia del juicio, el ex secretario de organización del PP de Galicia y administrador único de Special Events, Pablo Crespo, entregó a dirigentes del PP de Madrid un comprometedor documento al que ahora ha tenido acceso Público, que demuestra la existencia de ese canal paralelo de financiación.

Correa también facturó a FAES por la campaña de Esperanza Aguirre

Se trata de un listado de facturas emitidas por Special Events desde diciembre de 2002 hasta noviembre de 2004 a tres clientes: el PP nacional, el PP de Madrid y Fundescam. El listado distingue entre el "concepto real" de la factura elecciones autonómicas 2003, elecciones europeas 2004 y el congreso regional de 2004 y el "concepto factura", donde no se hace ninguna referencia a las elecciones. Según ese listado, Special Events cobró de Fundescam 258.253 euros en gastos electorales, aunque en las facturas aparecieron bajo otros conceptos como "montaje de cursos y seminarios" o "transporte, guía, manutención viajes".

Al pie del listado aparecen cuatro líneas más donde se detalla el día y la hora de la primera audiencia del juicio. El caso se cerró poco después de que Crespo hiciese llegar este documento al PP de Madrid: antes del juicio, ambas partes llegaron a un acuerdo. Según el auto del juez con el que se cerró la demanda, dictado el 18 de mayo de 2006, el PP de Madrid se comprometió a pagar la mayoría de las facturas que Special Events reclamaba; todas salvo una.

FAES también pagó
Los empresarios que pagaron al PP ganaron después contratos públicos

En el listado que entregó Pablo Crespo al PP de Madrid no figuran todas las facturas emitidas por Special Events por servicios contratados por el PP de Madrid o por Fundescam, sino solamente aquellas con "cambio de entidades y/o conceptos". Los importes y facturas que cobró la empresa de Francisco Correa del PP madrileño son mucho mayores y Fundescam no fue la única fundación del PP que corrió con los gastos de parte de la campaña electoral. También FAES, la fundación que ahora preside José María Aznar, pagó a la empresa de Crespo y Correa por la campaña que llevó a Esperanza Aguirre al gobierno regional de Madrid, según otro documento de la tesorería regional al que ha tenido acceso Público. En él se detalla que Special Events cobró 201.441,66 euros del PP de Madrid y otros 55.679,52 euros de la FAES, la fundación que preside José María Aznar, a cuenta de distintos actos para las elecciones autonómicas de Madrid del 26 de octubre de 2003 las que siguieron al tamayazo.

El dinero que pagó el PP de Madrid llegó a Special Events a través de cuatro cheques con la numeración 3.552.434-BPE (4.756 euros), 3.552.435-BPE (354,96 euros), 3.552.441-BPE (4.176 euros) y 3.552.450-BPE (192.154,70 euros). Sin embargo, según los datos que aparecen en este documento de la tesorería regional del PP de Madrid, aún figuraban como "pendiente de pago" a Special Events 233.489,31 euros por distintos actos de campaña: 216.785,31 euros los adeudaba el PP de Madrid y 16.704 euros los debía la FAES.
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PÚBLICO.ES

lunes, 18 de mayo de 2009

MONTESEIRÍN NO ORDENÓ INVESTIGAR EL FAX DE UNIDAD PORQUE NO LE DA "CRÉDITO" AL PP

El alcalde ha afirmado que dio instrucciones al interventor municipal de que investigara las presuntas facturas duplicadas y ha negado que no lo hiciera, como le reprocha el PP, que ha denunciado el caso






El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, esta mañana a la salida de los juzgados. EFE/EDUARDO ABAD





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El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, ha declarado hoy como testigo en la causa judicial por el presunto pago de facturas duplicadas por parte del Ayuntamiento a la federación vecinal Unidad, y ha asegurado que el PP sale "judicialmente derrotado" tras su comparecencia.

En la declaración, que se ha prolongado ante el juez de instrucción 14 de Sevilla durante casi 45 minutos, el alcalde ha afirmado que dio instrucciones al interventor municipal de que investigara las presuntas facturas duplicadas y ha negado que no lo hiciera, como le reprocha el PP, que ha denunciado el caso.

Tras la declaración, el alcalde, acompañado por varios concejales, se ha trasladado a la sede del PSOE de Sevilla para explicar en rueda de prensa su "experiencia novedosa y satisfactoria" como testigo.

Ha precisado que estaba en la sede socialista porque "se trata de una pelea puramente política; esto no tiene nada que ver con el Ayuntamiento de Sevilla, es un intento del PP de hacerle daño al PSOE" usando para ello las instituciones judiciales.

El alcalde ha indicado que el PP ha "pretendido" llevarle a declarar como testigo "contra el PSOE y el grupo socialista", tras lo cual ha subrayado que este caso es un intento del PP de "confundir" a la sociedad y a los medios de comunicación.

Acompañado por el secretario provincial del PSOE, José Antonio Viera, el alcalde ha enfatizado en que no da crédito a las denuncias del PP porque "no son rigurosas y no van a ningún sitio" y en algunos casos hechas con un "'show' mediático", en referencia a que el portavoz del PP, Juan Ignacio Zoido, exhibió "un documento" en plena campaña electoral y en un plató de televisión.

Monteseirín se refería a un fax que, según Zoido, remitió en abril de 2002 el Grupo Municipal del PSOE a Unidad en el que se daban "instrucciones claras" para falsificar sus facturas y enviar el dinero restante al propio grupo y a una caja fuerte.

Se enviaron los documentos al Tribunal de Cuentas
El alcalde ha reiterado que cuando supo de presuntas irregularidades en las subvenciones a Unidad le pidió al interventor que investigara, y éste le contestó que eso "no tenía sentido" porque suponía auditarse a sí mismo, por lo que se enviaron los documentos al Tribunal de Cuentas, que es lo que recomendó ese funcionario.

Ha agregado que a pesar de no dar crédito a las primeras denuncias del PP, cuando este partido acudió a los juzgados, sí dio instrucciones a los servicios municipales para que colaboraran con la Justicia, lo que asegura que se ha hecho con "diligencia" para "aclarar las cosas".

Respecto al fax, ha insistido en que no cree que "nadie" del Grupo Municipal Socialista hiciera algo así, extremo que le ha comunicado al juez.

El alcalde, que entró a los juzgados dos horas antes de la hora prevista para su declaración, intentó salir por la puerta de atrás del edificio judicial, aunque cambió de opinión cuando encontró a un fotógrafo, tras lo cual se fue por la entrada principal, donde había numerosos medios gráficos.

En la rueda de prensa, Viera ha revelado que se ha reunido con Zoido y el presidente del PP de Sevilla, José Luis Sanz, para intentar "acabar de una vez por todas" con la práctica que supone mezclar la crítica política con las insinuaciones permanentes de corruptelas, lo que afirma que aleja a los ciudadanos de las urnas.

En el caso por el que ha declarado el alcalde figuran como imputados los ex presidentes de Unidad Ángeles Nevado y Manuel Gómez Lobo, éste también ex edil, presuntos responsables de las facturas falsas y duplicadas presentadas por la federación vecinal al Ayuntamiento de Sevilla y a la Diputación provincial.

ABCDESEVILLA

EL ALCALDE EXPLICA HOY A UN JUEZ POR QUÉ NO INVESTIGÓ LAS FACTURAS IRREGULARES DE UNIDAD


Una terminal del PSOE

Tras Macarena y antes de Mercasevilla

El proceso y la declaración del alcalde por el «caso Unidad» están intercalados en el tiempo entre otros dos asuntos muy turbios que afectan a la gestión municipal. Hace unos meses la Audiencia dictó sentencia por el «caso Macarena», el de las facturas falsas elaboradas por los responsables municipales, que ha acabado con la condena del contratista José Pardo y del que fuera secretario del distrito y hombre de confianza del alcalde José Marín. Alfredo Sánchez Monteseirín quedó muy tocado cuando se destapó el asunto, pero su proverbial aguante lo mantiene con el bastón incluso tras la condena. En lontananza aparece otro asunto que puede darle quebraderos de cabeza y por el que ha sido denunciado desde el PP, el de las comisiones a empresarios en Mercasevilla, empresa municipal.

E. BARBA. SEVILLA

La política de Sevilla capital vivirá hoy un acontecimiento inédito: un alcalde declarando en los juzgados. El socialista Alfredo Sánchez Monteseirín está citado esta mañana en el Juzgado de Instrucción 14 de la capital hispalense para declarar como testigo en el llamado «caso Unidad», que la Justicia investiga desde hace varios años a causa de las irregularidades contables en la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos con las subvenciones recibidas de las administraciones públicas. En concreto, el magistrado que instruye esta causa indaga en torno a varias facturas duplicadas que aparece en expedientes de justificación de actividades de Unidad pagadas tanto desde el Ayuntamiento de Sevilla como desde la Diputación Provincial.

La aparición de la misma factura —con cantidades distintas—, con número similar e idéntico concepto en dos expedientes distintos provocó la denuncia del PP en los juzgados y el inicio de esta causa, por la que han declarado ya los dos ex presidentes de Unidad imputados, los socialistas Manuel Gómez Lobo y Ángeles Nevado, así como los interventores de las dos administraciones implicadas. Precisamente a raíz de la declaración judicial del interventor del Consistorio, José Miguel Braojos —tal y como refleja el propio auto de citación del alcalde—, el juez decidió llamar a Monteseirín, ya que el alto funcionario expuso al magistrado que ignoraba si el Ayuntamiento sevillano había encargado investigación interna alguna para fiscalizar los expedientes irregulares. Braojos testificó que a él no se le habían dado órdenes para que lo hiciera pese a conocerse la duplicidad de facturas tras ser publicado por los medios y denunciado por el PP, de modo que el juez ha decidido preguntar al máximo responsable municipal sobre la posibilidad de que se hubiera investigado y, de no haberse hecho, por los motivos de esta pasividad ante hechos irregulares. Para el PP, el alcalde no actuó ni exigió una investigación interna pese a la gravedad de los hechos. Además, el interventor aseguró que Unidad debe todavía unos 6.000 euros al Consistorio.

Interventor y viceinterventor de la Diputación especificaron al juez, por su lado, que la organización vecinal —politizada del todo por el PSOE— debe devolver aún 10.632 euros por facturas que no cumplían los requisitos formales, que se referían a «compras genéricas sin especificar conceptos» y que, además, se presentaban también al Ayuntamiento de la capital andaluza. Además, expusieron que también comprobaron que «el Ayuntamiento de Sevilla les daba dinero por esas mismas actividades», lo que supone una de las bases de la denuncia del PP, los ingresos «duplicados».

Braojos testificó que a él no se le habían dado órdenes para que lo hiciera pese a conocerse la duplicidad de facturas tras ser publicado por los medios y denunciado por el PP.

El asunto de los expedientes, de las facturas dobles y de la escasa intención municipal de aclarar el asunto es la base del interrogatorio a Monteseirín, si bien el juez indicó en su auto de citación que deberá responder a «otros que puedan surgir». En ese sentido, parece claro que, de no hacerlo el propio juez, serán los letrados del PP, acusación particular, los que interpelen al regidor sobre el otro punto destacado de la instrucción, el fax con instrucciones para falsear una factura y poder cobrar el dinero negro que se envió en abril de 2002 desde el Grupo Municipal Socialista a Unidad. El documento fue hecho público por el portavoz municipal del PP, Juan Ignacio Zoido, en el debate televisivo de la última campaña electoral ante el mismo Monteseirín, al que los populares preguntaron por el fax al ser él el principal responsable de su grupo municipal en la fecha en que se envió el papel a la Federación vecinal.

En dicho fax se indica que se prepare «un sobre con 1.218» para mandar al Ayuntamiento y «el resto a caja fuerte». En ese documento se detalla el «importe de la factura que nos expiden» y, por otro lado, el «gasto real», sensiblemente inferior. Esto está siendo investigado también por el juez instructor, que llamó en su día a declarar a la contable y la secretaria de la entidad vecinal, quienes mostraron su desconocimiento del asunto. Tras este documento el PP entiende que hay una trama de la que podría concluirse que existe una financiación ilegal del PSOE.

ABCDESEVILLA

EL TSJ DE VALENCIA RETRASA UN DÍA LA DECLARACIÓN DE CAMPS





POLÍTICA | Caso 'Gürtel'

















Camps, rodeado de microfonos al finalizar un acto en Valencia. | Vicent Bosch

* Tras el cambio de calendario, acudirá al TSJ el miércoles a las 10.00 horas
* En su lugar declarará mañana a las 10.30 h. el ex vicepresidente Víctor Campos
* El juez llama a declarar a quienes autorizaron contratos con Orange Market
* El magistrado también ha ordenado que se practique una pericial contable

Rodrigo Terrasa | Valencia

La declaración del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, prevista para este martes, ha sido suspendida y trasladada al día 20, tal y como ha solicitado el abogado defensor de Camps al magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. Según ha informado el TSJ, "el letrado tiene que estar presente en otra declaración señalada con anterioridad por otro órgano judicial".

De esta forma, mañana martes, a la hora en la que debía declarar Camps, a las 10.30 horas, prestará declaración el ex vicepresidente del Consell Victor Campos. Sí se mantiene la comparecencia del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, que acudirá a las 12.00 horas.

Tras el cambio de calendario, Camps acudirá al TSJ el miércoles a las 10.00 horas. A continuación, a las 11.00 horas, comparecerá Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, y a las 12.00 horas, Álvaro Pérez 'El Bigotes', responsable de Orange Market.

Por otra parte, José Flors, magistrado instructor de la causa abierta por supuesto delito de cohecho atribuido a las cinco personas imputadas, ha acordado también llamar a declarar como testigos a todas las personas que han autorizado contratos entre la Generalitat Valenciana y la empresa Orange Market y a quienes formaron parte de las mesas de contratación. También ha acordado que se practique una pericial contable.

El Consell, satisfecho

Por su parte, el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, ha valorado "de forma muy positiva" la decisión de citar a altos cargos y funcionarios de la Generalitat. En su opinión, responde a una solicitud expresa del propio presidente Camps.

Rambla ha recordado que en su declaración institucional del 19 de febrero, Camps manifestó su intención de pedir "la comparecencia de todos los funcionarios que han trabajado conmigo en mis distintas etapas; concejal, teniente de alcalde, conseller, secretario de Estado, vicepresidente del Congreso, delegado del Gobierno y actualmente presidente de la Generalitat, para que puedan claramente decir si alguna vez he pedido alguna decisión al albur de cualquier circunstancia".

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ELMUNDO.ES


LA ACUSACIÓN DE FALSIFICAR PERMISOS PARA HERBICIDAS ACERCA A FABRA AL BANQUILLO

Los escándalos que afectan al PP

Las autorizaciones beneficiaban a la empresa de la que era socia su esposa

MARÍA FABRA - Castellón

"Iba vestido con traje oscuro y corbata y no llevaba maletín ni carpeta". De esta manera se presentó el ex subdirector de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura Domingo Cadahía a un encuentro en el Hotel Palace de Madrid, entre finales de 1999 y principios de 2000, según el empresario Vicente Vilar. En la reunión estaba también el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. El objetivo era que el entonces ya jubilado cargo de Agricultura les asesorara ante los infructuosos intentos de que el ministerio aprobara herbicidas y plaguicidas. Los tres, junto a otras cinco personas, están ahora imputados.

Carlos Fabra Carreras
A FONDO

Nacimiento:
1946

Lugar:
Castellón

Las pesquisas de Agricultura acabaron en la retirada de los plaguicidas

La juez, que ha incoado procedimiento abreviado, decidirá en los próximos días si abre el juicio oral, lo que sitúa a Fabra más cerca del banquillo de lo que él mismo esperaba. De momento, a él y a los demás se les acusa de haber falsificado sellos y analíticas y de haberlas presentado "a sabiendas de su falsedad" ante el Ministerio de Agricultura, "con el fin de agilizar y obtener las autorizaciones" de diversos plaguicidas. La sociedad beneficiaria era Artemis 2000, de la que eran socias las ahora ex esposas de Fabra y Vilar, ambas imputadas.

Cadahía había montado una asesoría, Consultores Agroquímicos, para encarrilar los trámites para la obtención de permisos. Vilar, fabricante del sector, acudió a él y, según la versión del empresario, éste les sugirió falsificar la composición de las materias primas. Cadahía declaró ante la juez que, "seguramente", la reunión trató sobre las dificultades para obtener los permisos y la necesidad de presentar una "documentación adecuada", pero negó haber sugerido la falsificación de análisis.

El caso es que Vicente Vilar sostiene que "decidimos hacerlo". El sistema consistía en cambiar, sobre papel, la composición de las materias primas y firmar los análisis con rúbricas y sellos de firmas chinas e indias falsificados. Shengua Group Company, de Zheijang (China), o la india Sharda Internacional fueron algunas de las firmas utilizadas. También presentaron la acreditación falsa de un laboratorio, el Fredrik Institute, que avalaba los compuestos ante el Ministerio de Agricultura.

La trama precisó de un impresor jubilado, Manuel Martínez, ahora imputado, que recibía los logotipos en un folio y los transformaba en sellos de caucho. Vilar dice que los primeros fueron aportados por el chófer de Fabra. Mientras, dos químicos, Hadmi El Azouzi y Mohamed Chakir, también imputados, rehacían los análisis.

Los productos, aprobados con documentación falsa, fueron comercializados durante más de dos años. En 2005, el Ministerio de Agricultura inició una investigación que halló indicios de la manipulación. En 2006, el Gobierno suspendió su comercialización.

ELPAÍS.COM

¿QUIEN ES LUIS "EL CABRÓN"?

Los escándalos que afectan al PP

J. A. H. - Valencia

Uno de los motivos por los que la Fiscalía Anticorrupción se opuso a que el juez Garzón elevase la causa del caso Gürtel directamente al Tribunal Supremo fueron sus dudas de que las siglas "L. B." o el apodo "Luis, El Cabrón", que aparecen en la contabilidad opaca de Correa, correspondan al senador Luis Bárcenas. En la contabilidad B de Correa hay anotaciones sobre pagos de dinero a "L. B." y a "Luis, El Cabrón". Para Garzón no hay duda de que se trata de Bárcenas. Pero la fiscalía sólo entendería como un indicio sólido contra el tesorero del PP que alguien directamente relacionado con la trama declarara que las citadas anotaciones se refieren a Luis Bárcenas. El contable de las empresas de Correa, José Luis Izquierdo, ha indicado que son muchas las anotaciones y que no recuerda a quién se refería cuando escribió esas siglas.

La 'contabilidad B' de la trama de Correa revela el pago de viajes al tesorero del PP

Isabel Jordán, directiva de una de las empresas de la trama de Correa -y la persona que reveló al ex concejal Peñas (así figura en una grabación incorporada al sumario) que desde las sociedades de Correa se habían pagado trajes al presidente de Valencia, Francisco Camps-, tampoco ha aclarado a quién corresponden esas siglas. Jordán se ha distanciado de sus ex jefes y principales implicados en el caso Gürtel y ha corroborado la existencia de pagos a altos cargos del PP de Madrid a cambio de lucrativas contratas de Administraciones del PP. Francisco Correa la ha tachado de desleal.

ELPAÍS.COM

LA "CONTABILIDAD B" DE LA TRAMA DE CORREA REVELA EL PAGO DE VIAJES AL TESORERO DEL PP



Los escándalos que afectan al PP

El cabecilla de la red corrupta, ahora en prisión, entregó supuestamente en 2002 al senador Luis Bárcenas 3.500 euros para que visitase Reino Unido y Suiza

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Valencia -

El cerco de indicios delictivos sobre el senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, se estrecha. La contabilidad B de la trama corrupta vinculada al PP revela que Francisco Correa, cabecilla del caso Gürtel, entregó unos 3.500 euros a Bárcenas para pagar viajes que éste habría hecho, a comienzos de 2002, a Reino Unido y Suiza. Las cuentas opacas de Correa, actualmente encarcelado, reflejan que pagó esos viajes. Y que, además, en los tres meses anteriores, el tesorero del PP recibió de la trama, siempre por orden de Correa, en torno a 650.000 euros.

* ¿Quién es Luis 'El Cabrón'?
* El juez investiga los contratos de la Generalitat valenciana con la trama de Correa

Bárcenas, amigo de Correa, recibió casi 650.000 euros en apenas tres meses

El senador popular niega haber cobrado dinero del jefe de la trama

Bárcenas se remitió ayer, a través de una portavoz, al comunicado que emitió el 2 de abril y en el que niega haber recibido "jamás" dinero de Correa, "ni directa ni indirectamente".

El juez Baltasar Garzón sostiene que Bárcenas recibió de las sociedades de Correa más de 1,3 millones de euros. La investigación, sin embargo, eleva ya esa suma a 1,6 millones. A esto hay que unir las inversiones inmobiliarias que Bárcenas ha realizado en los últimos diez años y que, según la investigación, no se corresponden con sus ingresos como tesorero nacional del PP.

Correa es el jefe de la trama corrupta que destapó un ex concejal del PP de la localidad madrileña de Majadahonda, José Luis Peñas, y que, hasta el momento, implica a tres diputados regionales de Madrid, al presidente valenciano, Francisco Camps, a su número dos en el PP valenciano, Ricardo Costa, y a cuatro ex alcaldes de grandes municipios de Madrid. También están presuntamente implicados dos aforados nacionales: Bárcenas y el eurodiputado Gerardo Galeote.

En una de las conversaciones que el ex concejal Peñas grabó a Correa, éste se jacta de haber entregado a Bárcenas 1.000 millones de las antiguas pesetas. Tras ser encarcelado por Garzón, Correa ha declarado que esa afirmación sólo era una forma de hablar, y que lo que realmente quiso decir es que sus empresas ahorraron mucho dinero al PP organizándole actos de partido a precios muy bajos.

La Agencia Tributaria está tras los pasos de Bárcenas. Él ha pedido públicamente que le investigue. Los primeros datos revelan que el tesorero del PP ha amasado un patrimonio muy superior al que le permitiría su sueldo. Es propietario, junto a su esposa, de dos pisos en la madrileña calle de Príncipe de Vergara, de otros dos en Ibiza y Marbella y de plazas de garaje en Madrid. Además, vendió un lujoso apartamento en Sierra Nevada y compró otro en Baqueira-Beret. Su patrimonio conocido puede superar los cinco millones.

Bárcenas también es investigado por el ingreso de 330.000 euros que efectuó en un banco en enero de 2003. Al contado y en billetes de 500 euros. Hacienda lo descubrió y le pidió explicaciones. Bárcenas explicó al fisco que el dinero procedía de un crédito que había pedido un mes antes para una compra de cuadros que había resultado fallida. Es decir, Bárcenas pidió un préstamo para unos cuadros (con los consiguientes gastos que genera la recepción de todo crédito) y luego se arrepintió y devolvió el dinero.

En la contabilidad de la red de Correa aparecen supuestos pagos a "L. B." [supuestamente Luis Bárcenas] anteriores al crédito. Algunos pagos son muy similares al dinero que Bárcenas dice haber pedido al banco para comprar los cuadros.

No son sólo los viajes a Suiza y Reino Unido y el extraño préstamo. La investigación arroja fuertes evidencias contra el tesorero del PP. Garzón le implicó en la trama, pero no pudo tomarle declaración porque, además de tesorero, Bárcenas es senador y aforado. Sólo puede interrogarle el Supremo. Garzón quiso inhibirse directamente en favor del Supremo, tras llegar a la convicción de que Bárcenas había percibido de la trama al menos 1,3 millones. Pero la Fiscalía Anticorrupción lo rechazó alegando que los indicios contra el tesorero carecían de suficiente solidez. Y forzó a Garzón a inhibirse del caso Gürtel en favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia para que se indagaran las implicaciones de aforados de esas comunidades.

Contra estos aforados, Anticorrupción sí aprecia sólidos indicios de que habrían recibido sobornos de la trama a cambio de contratas de obras públicas.

ELPAÍS.COM

EL JUEZ INVESTIGA LOS CONTRATOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA CON LA TRAMA DE CORREA



Los escándalos que afectan al PP

El PP valenciano improvisa un acto de desagravio a Camps la víspera de su declaración ante el juez

MIGUEL OLIVARES / MARÍA FABRA -

El magistrado instructor de la causa abierta contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, por un supuesto delito de cohecho ha dictado esta mañana un auto por el que llama a declarar, en calidad de testigos, a todas las personas que han autorizado contratos entre la administración autonómica valenciana y Orange Market S.L., una de las empresas que figura en la trama de empresas corruptas que investiga el juez Garzón en el llamado caso Gürtel.

La 'contabilidad B' de la trama de Correa revela el pago de viajes al tesorero del PP

Cospedal: "La mejor defensa de Camps será decir la verdad"


Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia

Entre otros encargos, la sociedad fue contratada por la Generalitat para la realización del expositor de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), desde 2006. Además, elaboró una campaña de publicidad para una empresa pública de la administración valenciana y realizó otros trabajos para la empresa pública Sociedad Gestora para la Imagen Promocional y Estratégica de la Comunidad Valenciana, como la cabalgata de la salida de la vuelta al mundo de veleros Volvo Ocean Race, desde Alicante.

El juez quiere escuchar también a todos aquellos que formaron parte de las mesas de contratación, que habrán de acudir igualmente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El portavoz del grupo parlamentario socialista en las Corts, Ángel Luna, ha indicado en un comunicado que la decisión del TSJCV supone "un cambio que viene a agravar considerablemente la situación procesal" del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, informa Europa Press. "Ya no estamos hablando de tres trajes, de unos regalos, de unas pulseras, estamos hablando de poner en cuestión una forma de contratación administrativa del gobierno de Camps", ha explicado.

El PP valenciano arropa a Camps

Horas antes de que el TSJV llamara a declarar a todos los miembros de la Generalitat que contrataron con Orange Market, Francisco Camps se ha rodeado de decenas de altos cargos, alcaldes y otros responsables institucionales del PP para firmar un pacto por la integración local de los inmigrantes. El acto se improvisó a finales de la pasada semana, cuando se supo que Camps debía acudir a declarar esta mañana. La citación, prevista para el martes se ha trasladado al miércoles debido a que el abogado del presidente valenciano tenía ya una causa mañana. Por tanto, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa y el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, acudirán mañana ante el juez, mientras que Camps y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret lo harán el miércoles.

Representantes de diversas organizaciones de inmigrantes han aportado el color y la excusa para la ocasión. Rafael Blasco, consejero de Inmigración, ha ocupado un lugar protagonista como organizador del evento. Pero ha estado seguido de cerca por el traje blanco de Rita Barberá, alcaldesa de Valencia. El cierre de filas en torno al presidente de la Generalitat fue de tal calibre que han respondido a la invitación tanto Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y objeto de un procedimiento abreviado por el delito de falsedad documental, como José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante y máximo exponente del sector zaplanista del PP de la Comunidad Valenciana.

Barberá rompe una lanza

Los presidentes de la Cámara de Comercio de Valencia y de Cierval, la confederación empresarial de ámbito autonómico, han sido los únicos representantes de la sociedad civil que han acudido al acto junto al responsable de la Asociación Valenciana de Agricultores. Francisco Camps no ha hecho ninguna declaración al margen de su discurso institucional, que ha sido aplaudido durante cinco minutos. Rita Baberá, alcaldesa de Valencia, ha sido la única que ha augurado que a partir de mañana, los socialistas se quedarán sin argumentos para atacar al presidente de la Generalitat.

Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha expresado desde Madrid el apoyo de los populares a Camps porque su defensa "consistirá en decir la verdad". Tras una reunión del Comité de Dirección del partido en la que se ha tratado la comparecencia de Camps ante el juez José Flors, Cospedal ha asegurado que "Camps está completamente tranquilo" y que "tendrá la posibilidad de defenderse" de los "ataques e injurias".

No ha asistido al acto en Valencia ningún representante sindical ni de ningún partido de la oposición parlamentaria o municipal. Un portavoz socialista ha comentado que no se oponen a la integración de los inmigrantes, sino a los actos para "arropar" al presidente de la Generalitat y "debilitar al juez" la víspera de su declaración como imputado.

ELPAÍS.COM

domingo, 17 de mayo de 2009

EL JUEZ INVESTIGA EL SUPUESTO USO DE FONDOS PÚBLICOS EN EL CASO DEL ESPIONAJE

Los escándalos que afectan al PP

El titular del Juzgado número 5 de Madrid abre diligencias por supuesta "malversación de caudales públicos" por los seguimientos a dirigentes del PP

FRANCISCO MERCADO - Madrid

El Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid ha incoado diligencias previas por "un presunto delito de malversación de fondos públicos". Es la respuesta judicial a la denuncia presentada por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo (PP), número dos de Alberto Ruiz-Gallardón, el pasado 20 de febrero. Cobo denunció tras destapar EL PAÍS el espionaje supuestamente cometido por funcionarios de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid en abril y mayo de 2008 contra el vicealcalde y contra Alfredo Prada, entonces consejero de Justicia y vicepresidente segundo del Gobierno de Esperanza Aguirre. El juez investigará también el seguimiento a Prada, quien presentó denuncia ante la fiscalía.

Espionaje político en la Comunidad de Madrid
A FONDO

Con su decisión de abrir diligencias por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, el juez no sólo da paso a una investigación en toda regla sobre el espionaje a ambos políticos, sino que pone el foco de la sospecha en la posible procedencia pública de los fondos que sustentaron dicha actividad y su supuesta vinculación con la Comunidad de Madrid.

Los seguimientos a Cobo y Prada se desarrollaron en los meses previos al congreso del PP en Valencia de junio de 2008. En dicho congreso, la presidenta madrileña amagó con disputar a Mariano Rajoy el timón del PP. Ambos espiados, Cobo y Prada, son afines a Rajoy y contrarios a Aguirre. Prada fue apartado del Gobierno de Madrid y ahora es responsable del PP en el exterior.

Hay un segundo frente de la justicia en el caso del espionaje: el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix. A lo largo de cinco meses ha impulsado una discreta investigación policial -tan sigilosa que ha sido malinterpretada como pasividad-, tras recibir las denuncias de Prada y de Cobo (quien luego acudió a los juzgados).

Moix, con una unidad de élite policial a sus órdenes, ha acumulado medio millar de folios de pesquisas. Lejos de pedir el archivo de la causa por no hallar verosímil o delictivo lo denunciado, lo ha indagado a fondo y ahora ha incorporado sus actuaciones al Juzgado número 5 de Madrid, dada la conexión de ambas causas. En estos meses de investigación policial han sido interrogados diversos funcionarios de la Consejería de Interior señalados como los presuntos autores materiales del espionaje. Todos lo han negado.

Como no es el espionaje en sí el delito de la causa actual, sino su financiación, el papel de los posibles ejecutores de los seguimientos no acarrearía, salvo sorpresa, problema legal. Ahora bien, si a lo largo del proceso que ahora se abre por supuesta malversación de fondos públicos se demostrase que esos ejecutores han mentido, su situación penal se agravaría. Y podrían incurrir en delito por su supuesta labor obstructiva. El abanico de minas es amplio: que el juez compruebe que sí recabaron unas matrículas que no tenían por qué identificar y que investigaron un día sí y otro también para saber quiénes eran interlocutores de Prada; que, en contra de su versión inicial, sí estuviesen en los escenarios donde fueron espiados Prada o Cobo; que documentación interna de la consejería acredite unos desplazamientos o gastos de tales funcionarios sólo explicables en función de tales actividades ilegales; o el relato como testigo protegido de otros funcionarios.

Y, por último, que se realice, como se prevé, un cotejo pericial de la grafía de los 35 partes de seguimiento con la letra de la media docena de funcionarios de la Consejería de Interior sospechosos de haber participado en el espionaje a cargos públicos. No en vano, la policía ya tiene en su poder los partes originales, imprescindibles para hacer una pericial caligráfica.

ELPAÍS.COM

BOSCH DEMANDA AL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA POR SU DESTITUCIÓN TRAS SER IMPUTADO EN LA GÜRTEL




El diputado popular quiere hacer caja también con su despido

Es el colmo de la caradura. El diputado popular Alfonso Bosch Tejedor, que fue destituido como gerente de la Empresa Muncipal de la Vivienda tras ser imputado por varios delitos de cohecho y tráfico de influencias, pretende ahora que el Ayuntamiento le indemnice por despido improcedente. Según la demanda presentada a la que ha tenido acceso la Cadena SER, este aforado madrileño que figura como imputado en la trama Gürtel, pide la mediación de la Comunidad de Madrid para que se le restituya en su puesto de trabajo o, en su defecto, que se le indemnice. De ser considerado un despido improcedente, en total podría cobrar 43.000 euros de indemnización.

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La reclamación, según explica la cadena de Prisa, fue presentada hace dos semanas ante la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid. El acto de conciliación tendrá lugar el próximo lunes.

Más de 5.000 euros mensuales
El diputado pide también que se le pague el salario no percibido en este tiempo. La demanda ha servido además para saber que cobraba del erario público nada más ni nada menos que 5.123,98 euros brutos mensuales.

Objetivo, sacar tajada
En su momento, cuando el alcalde de Boadilla del Monte, epicentro de la trama corrupta, le reclamó que dimitiera de su puesto en el municipio, Bosch Tejedor se negó según confirmaron a El Plural fuentes conocedoras del asunto. Su intención era ser despedido con el fin de cobrar una indemnización.

Nombrado a dedo por El Albondiguilla
Alfonso Bosch fue nombrado a dedo por el anterior alcalde, Arturo González Panero, también imputado en la trama Gürtel, en sustitución del también imputado Tomás Martín Morales, conocido hasta entonces como el acalde en la sombra de Boadilla. Este último se fue a Arganda, otro de los municipios madrileños implicados en la red Correa. La cercanía entre Bosch y Panero, más conocido como El Albondiguilla era tal que le hizo Secretario General del PP local en diciembre de 2008 y aspiraba a sustituirle como alcalde en las próximas elecciones municipales.

250.000 euros de la trama
Alfonso Bosch fue el primer aforado madrileño en ser imputado por el juez Baltasar Garzón. Según el auto del magistrado, durante su etapa como gerente de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla, se llevó supuestamente de la red de Correa al menos 250.562 euros por facilitar determinadas operaciones. En una de las conversaciones que forman parte del sumario se le define como uno de los "malos".

Suspendido en el PP pero sigue de diputado
Pese a haber sido destituido de sus cargos públicos y suspendido de militancia en el PP de Madrid, Bosch sigue conservando su puesto como diputado regional en la Comunidad de Madrid.

Medió en el bodorrio de la hija de Aznar
Fue un hombre muy cercano a Aznar cuando era presidente del Gobierno. El pasado 28 de abril, el diario El País publicó una carta en la que se demuestra que Alfonso Bosch, que era entonces segundo teniente alcalde de El Escorial, participó en la organización del bodorrio entre Ana Aznar y Alejandro Agag, celebrada en aquella localidad en 2002. La misiva está dirigida al que fuera secretario personal del ex presidente José María Aznar, Antonio Cámara Eguinoa -quien trabajó para Correa posteriormente-, y de ella se deduce que se utilizaron medios públicos –Comunidad y ayuntamientos de Madrid y El Escorial- y Gobierno central para celebrar el enlace.

Elecciones 2003
Bosch formó parte en las elecciones de 2003 del Comité Electoral de Génova que organizaba los actos del partido.

ELPLURAL.COM

INDICIOS DE UN SUPUESTO COHECHO

REPORTAJE: Los escándalos que afectan al PP

Grabaciones y facturas sustentan la investigación a Camps

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid

Francisco Correa era un empresario con muchos contactos. Sus años de organizador de eventos para el PP de José María Aznar le habían regalado amigos en los confines más poderosos del partido. Correa llegó a ser uno de los testigos con frac en la boda de la hija de Aznar. Con esas conexiones era fácil hacer negocios: en muchos casos los amigos manejaban presupuestos multimillonarios y en otros mandaban sobre quienes tenían la caja del dinero público. ¿Quién se iba a fijar en unos pocos millones de euros en una Administración que adjudicaba cada año miles de millones?

* Papeles en un sótano

* El PP duda entre relevar a Camps o adelantar elecciones si el caso se agrava

Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia

La llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del PP, a finales de 2003, amenazó de muerte el negocio de Correa, que terminó perdiendo los contratos para organizar los eventos del partido. Así que en 2004 planeó su expansión a otros territorios, aunque siempre relacionados con los resortes de poder del PP. Echó raíces en la Comunidad de Madrid, gobernada por Esperanza Aguirre, y en Valencia, presidida por Francisco Camps. Fue colocando a sus hombres en empresas que se dedicaban a arañar concesiones municipales para montar oficinas públicas, pabellones de turismo o campañas de imagen. Y de aquellos negocios surgieron otros más tentadores: Correa se convirtió en intermediario para cobrar comisiones de adjudicaciones supuestamente amañadas de suelo.

Toda esa estructura empezó a desmoronarse entre los disgustos o el arrepentimiento de quienes habían sido amigos de Correa. Uno de ellos, José Luis Peñas, ex edil del PP en Majadahonda (Madrid), libró una batalla silenciosa grabando conversaciones de los jefes de la trama. Así comenzó la crónica de una corrupción masiva. Y la crónica de un supuesto cohecho: el del presidente valenciano, Francisco Camps.

- "Los trajes los pagué yo". El 15 de octubre de 2007, Isabel Jordan, directiva de Easy Concept, una de las empresas de la red, se lamenta en una conversación de las dificultades que atraviesa pese a su ingente trabajo. "Incluso he pagado", cuenta a otros miembros de la trama, "una factura de 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagarle los trajes al presidente Camps. Yo tengo la factura y yo la he pagado". La grabación llegó a manos de la Fiscalía Anticorrupción.

- Consulta a la Agencia Tributaria. El 17 de junio de 2008, la Agencia Tributaria envía a Anticorrupción un informe sobre Easy Concept. Es la primera evidencia de que la frase grabada sobre los trajes para Camps tenía base: en los archivos de Hacienda figuraba un pago de Easy Concept a Milano por 34.336 euros.

- Preguntas a la tienda. A finales de año, la fiscalía pregunta a los responsables de Milano por esa factura que había declarado a Hacienda la empresa de Isabel Jordan. Los auditores de Milano no encuentran la factura por ningún lado, así que escriben a los directores de todas las tiendas preguntando por la factura. Dos de ellos identifican ese gasto con las ventas que hacía José Tomás -director de la tienda de Serrano en Madrid- a Álvaro Pérez, El Bigotes, para cargos del PP.

- "Lo que te debo". Entre diciembre de 2008 y enero de 2009, Álvaro Pérez, que ya está siendo investigado por Baltasar Garzón y tiene pinchados los teléfonos, habla en dos ocasiones con Camps. De las conversaciones se deduce una estrecha amistad. Pérez ha enviado a la familia de Camps regalos supuestamente muy cuantiosos y le comenta al presidente: "Para que sepas lo que te debo".

- Habla el sastre. En febrero, la declaración de José Tomás ante el fiscal, la policía y Garzón va haciendo encajar las piezas. Camps telefonea repetidamente a Tomás mientras éste está declarando, y ahí se produce una confusión: Tomás le tranquiliza: "No se preocupe, usted devolvió los trajes de Milano". Camps entiende que tiene coartada y la difunde; pero olvida que hay otros trajes que le sirvieron, por mediación de Pérez, desde la tienda Forever Young.

Papeles en un sótano

- El dueño de la tienda de ropa Forever Young colaboró con la justicia y un día se presentó en el juzgado con las facturas de los trajes de Francisco Camps que había encontrado en el sótano de la tienda. Esas facturas, según la documentación aportada, habían sido pagadas por tres empresas de la trama corrupta. Una de ellas, Orange Market, la dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, amigo íntimo de Camps.

- El Bigotes ha logrado para su empresa contratos por más de seis millones de euros en los cuatro años que lleva instalado en la Comunidad Valenciana.

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