CINCO FIGURAS DE UNIÓ MALLORQUINA, EN LA CÁRCEL DE PALMA POR CORRUPCIÓN

M. A. Munar, M. Nadal y los exconsellers de Economía, M. A. Flaquer, y de Territorio, B. Vicens en la Audiencia Provincial de Palma, el 4 de julio. / EFE

Nadal cumple condena con Buils, Rebassa y Vicens

Munar está encarcelada por riesgo de fuga con condenas de 11 años

Andreu Manresa Palma de Mallorca

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María Antònia Munar

Miquel Nadal

Corrupción política

Hasta cinco presos, con condenas por corrupción que ejercieron cargos públicos con Unió Mallorquina (UM) en la anterior legislatura en Baleares, coincidirán desde este viernes en la cárcel de Palma. Cuatro de ellos para cumplir penas firmes dictadas por la Audiencia de Palma y ratificadas por el Tribunal Supremo mientras que la quinta persona recluida, Maria Antònia Munar, exlíder de UM y expresidenta del Parlamento, está en prisión por riesgo de fuga. Munar suma 11 años y medio de penas de cárcel por corrupción, que ella ha recurrido, por concesiones amañadas de contratos y ventas públicas.

Miquel Nadal, expresidente de UM y exconsejero de Turismo, ingresa este viernes para cumplir una pena de cuatro años de cárcel por malversar caudales públicos en un contrato menor de 15.000 euros para retribuir trabajos partidistas, al compensar a un activista local. Nadal tiene otras condenas y distintos casos pendientes de juicio y ya ha dado pasos ante fiscales y jueces para ser un pentito, un colaborador de la Justicia para aminorar su carga de cumplimiento entre rejas.

Otro exconsejero de Turismo, Xisco Buils, está en la cárcel por otro contrato malversado de 13.000 euros públicos de los que él firmó el pago de 2.900, con las mismas finalidades partidistas ilegales que en el caso de Nadal. Otro cargo intermedio de UM en la consejería de Turismo, Antoni Rebassa, ha de cumplir cuatro años de reclusión por el mismo episodio que Buils.

El más veterano de los reclusos de Palma que militaron en UM (el partido estalló y se disolvió en 2010), es Tomeu Vicens, exsecretario general del partido, que fue diputado balear, consejero del Territorio en el Consell de Mallorca y compañero de despacho de negocios con Maria Antònia Munar.

Vicens está liquidando las dos penas de tres años por malversación de caudales públicos los contratos menores de 12.000 euros que usó para compensar a su asesor fiscal y a sendos testaferros. Este reo ha devenido un colaborador de la Fiscalia Anticorrupción, a los tres años de estar preso, para lograr penas mínimas y evitar prolongar su estancia en el centro penitenciario.

El antiguo partido de Unió Mallorquina (UM), clave para decidir el poder en Baleares, Mallorca y muchos municipios entre los años 1980 y 2010, tenía 800 afiliados reales. En las últimas elecciones a las que acudió, las autonómicas de 2007 sumó 27.178 votos, el 6,88% sobre una población electora de 699.000. UM apoyó al PP y al PSOE-PSM-IU, indistintamente.

Los presos exPP llegarán a siete en Palma e Ibiza

Desde hace tres años años, excargos del PP cumplen condenas de corrupción en la cárcel del Palma. El exalcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, está al final de las distintas condenas acumuladas y reducidas hasta cuatro años por corrupción urbanística. Hasta ocho años carga Jaume Massot, exjefe de Urbanismo de Andratx y exdirector del Territorio del Gobierno de Jaume Matas (2003-2007). Un funcionario de la órbita de Massot e Hidalgo, el celador Jaume Gibert suma cinco años y es un ‘pentito’.

Un caso al margen es Rodrigo de Santos, exnúmero dos del Ayuntamiento de Palma y que fue gerente de la campaña electoral de Matas, que cumple pena de cinco años de cárcel por abusos sexuales y, anteriormente recibió una condena de dos años por malversar fondos con la tarjeta de la empresa pública de la capital. De Santos, con cinco hijos, era activista católico integrista y ya tiene permisos de salida. Perdió su condición de funcionario.

A su vez, en la cárcel de la isla de Ibiza, está preso también desde esta semana y por riesgo de fuga el exconsejero del Gobierno de Matas, José Juan Cardona. El exlíder del PP en Ibiza tiene fue condenado a 16 años de cárcel por la Audiencia de Palma por el llamado ‘caso Scala’, en el que se malversaron hasta 8 millones de euros públicos.

El exdirector general de Cardona, Kurt Viaene, condenado a más de cinco años en un pacto de conformidad, tiene previsto ingresar en horas en la cárcel de Palma, al igual que otra condenada del ‘caso Scala’, la exgerente de un consorcio de promoción, Antonia Ordinas , con más de tres años y medio, quien como Kurt Viane colaboró con la justicia y retornó parte de los malversado. Ambos asumieron las penas de la Audiencia y anunciaron su ingreso.

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PRISIÓN BAJO FIANZA DE 12.000 EUROS PARA EL EX VICEPRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

ALMERÍA | Por el caso de los viajes fantasma

Junto a Pérez Montoya, procesados María Teresa González y Joaquín Conde

El juzgado ha ordenado también la retirada del pasaporte a los tres

Miguel Cabrera | Almería

Un día después de tomarles declaración durante casi seis horas, el juez instructor del caso de las facturas por los viajes fantasma de la Diputación de Almería durante el pasado mandato ha dictado auto de prisión eludible bajo fianza de 12.000 euros para el ex vicepresidente de la institución supramunicipal, el socialista Luis Pérez Montoya; la ex secretaria del Patronato de Turismo, María Teresa González, y el empresario Joaquín Conde.

Luis Durbán, titular del Juzgado de Instrucción número seis de Almería, ha fijado el 29 de julio como fecha tope para que los tres imputados en este caso, en el que investiga presuntos delitos de malversación, falsedad documental y prevaricación, aporten los 12.000 euros de la fianza y eludan su ingreso en prisión. Fuentes jurídicas han informado que el juzgado ha retirado el pasaporte a los tres, les prohíbe salir de España y les obliga a comparecer a primeros de mes en dependencias judiciales.

Aunque ninguno de los tres imputados quiso declarar a la salida de los juzgados –dos de ellos salieron del edificio de la Ciudad de la Justicia por una puerta trasera- el rostro compungido de Luis Pérez Montoya, quien sí usó la puerta principal, parecía ya indicar que no las tenía todas consigo tras responder al duro interrogatorio al que fue sometido, especialmente por el abogado de la Diputación, Antonio Abad.

No obstante, Pérez insistió en su inocencia al asegurar que en ningún caso había intervenido en una posible falsificación de facturas por viajes que, bien no se realizaron o en los que viajaron personas distintas a las que figuraban en la documentación oficial, como denunció el actual vicepresidente de la Diputación, Javier García, cuando presentó una denuncia en la Fiscalía el pasado enero. Hasta el momento, se han detectado más de un centenar de facturas supuestamente ficticias pagadas por la Diputación en el pasado mandato, cuando era gobernada por el PSOE, y que ascienden a un montante de más de 460.000 euros.

No obstante, algunos de los diez imputados en el caso han declarado ante el juez que las facturas podrían ascender a varios cientos, como ha dicho el ex gerente del Patronato de Turismo, Francisco Iglesias, quien también ha advertido que su nombre ha sido utilizado en esas facturas falsas para el enriquecimiento de otras personas.

Facturas falsas

Por su parte, María Teresa González, a quienes algunos imputados y testigos han señalado como la responsable de la gestión económica del Patronato, aún por encima del gerente, también volvió a negar ante el juez su participación en la falsificación de las facturas, aseguró que su labor no era la fiscalización y precisó que si se había producido alguna irregularidad, los responsables habrían sido sus superiores. Y entre ellos estaría el también imputado Luis Pérez Montoya.

El empresario Joaquín Conde, de Publifiestas Conde, empresa proveedora de la Diputación, declaró que no tuvo ninguna participación en el entramado de las supuestas facturas falsas, tras ser imputado a raíz de la declaración prestada la semana pasada por Francisco Javier Guerrero, gerente de la agencia de viajes que emitía las facturas, tras ingresar en prisión.

Guerrero informó al juez de que a través del Patronato de Turismo se pagaron facturas que el club Unicaja Voleibol - equipo patrocinado por la Diputación Provincial- adeudaba tanto a su empresa como a la de Conde, algo que éste desmintió rotundamente, tal y como ha explicado a ELMUNDO.es su abogado, Juan Marfil Castellano. Guerrero ha quedado en libertad bajo fianza de 6.000 euros, al atender el juez la petición de su defensa.

Aunque los tres imputados que declararon el miércoles defendieron firmemente su inocencia y su falta de responsabilidad en las facturas ficticias, el juez ha dictado contra ellos orden de prisión eludible bajo fianza, que se espera sea abonada por todos ellos en breve.

elmundo.es

ABREN JUICIO ORAL CONTRA DEL NIDO Y MUÑOZ POR EL CASO "FERGOCON"

MARBELLA | Investigan la irregularidad en la contratación de obras municipales

Otras once personas estarían implicadas

Europa Press | Málaga

El Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella (Málaga) ha acordado la apertura de juicio oral contra el letrado José María del Nido, el exalcalde marbellí Julián Muñoz y otras 11 personas más, en el caso 'Fergocon', sobre las presuntas irregularidades en contrataciones de obras por parte del Ayuntamiento de dicha localidad en 2001 y 2002. Además, insta a que paguen 3,8 millones de fianza como responsabilidad civil.

Además, a través de un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado declara a la Audiencia Provincial como órgano competente para el enjuiciamiento del caso. En esta causa se ha investigado una serie de obras contratadas a la empresa Fergocon, vinculada a dos hermanos de Del Nido; sociedad que supuestamente se habría creado con el único fin de realizar actuaciones para el Consistorio adjudicadas "sin expediente y sin procedimiento" adecuado.

Así, se ordena abrir juicio oral contra Del Nido y el exalcalde marbellí por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y falsedad en documento oficial y prevaricación, todos con carácter continuado. Para ambos, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Ayuntamiento, personado en este procedimiento como acusación particular, han pedido 11 años de prisión.

Además, el juzgado que ha instruido esta causa, que se inició a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, acuerda la apertura de juicio oral contra dos hermanos del letrado; así como contra varios técnicos entonces del Consistorio marbellí, exresponsables de sociedades municipales y el que era interventor municipal, al que sólo acusa el ministerio fiscal y no el Ayuntamiento. En total, 13 personas.

En cuanto a la responsabilidades civiles, en la resolución se requiere para que presten fianza en la cantidad global de 3,8 millones de euros "para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles". Así, se requiere 3,052 millones, que constituye un 80 por ciento, a la entidad Fergocon, Muñoz y los tres hermanos Del Nido; mientras que se requiere lo restante a los otros nueve acusados.

El fiscal ya presentó sus conclusiones provisionales, en las que explicaba que la sociedad Fergocon, vinculada a los hermanos del letrado sevillano, se constituyó "para canalizar el traspaso de bienes de propiedad municipal a favor de la familia Del Nido y de Julián Muñoz" y también se creó otra empresa para facturar trabajos a través de la anterior, con personas vinculadas a uno de los hermanos del letrado.

El ministerio público sostiene que Muñoz y Del Nido realizaron actuaciones sucesivas en la adjudicación directa de obras, la "aparente ejecución" de las actuaciones y el pago de las facturas emitidas. En una primera fase, se estima que Muñoz, como alcalde accidental, estableció un acuerdo con los hermanos Del Nido y con el administrador único de Fergocon para adjudicar a esta empresa obras públicas "con perjuicio para los intereses municipales".

Estas contrataciones se hicieron a través de una empresa municipal de forma "directa y verbal, sin conocimiento ni autorización" del pleno o comisión. "Se prescindió absolutamente de los procedimientos establecidos por el ordenamiento administrativo en materia de contratación pública", dice el fiscal, ya que fue "sin presupuesto" previo, "sin publicidad ni concurrencia y con un fraccionamiento fraudulento de facturación como medio burdo y grosero de elusión parcial de la normativa administrativa aplicable". Así fueron adjudicadas 15 actuaciones, entre obras, servicios y suministros.

elmundo.es

"CASO CAMPEÓN"; EL SUPREMO ARCHIVA LA CAUSA CONTRA JOSÉ BLANCO POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El ex ministro socialista de Fomento José Blanco el pasado mes de junio. | Javier Barbancho.

TRIBUNALES

María Peral | Madrid

El Tribunal Supremo ha archivado la causa abierta en el 'caso Campeón' contra el ex ministro socialista de Fomento y diputado José Blanco por tráfico de influencias por haber ayudado al vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco, amigo suyo, a conseguir la licencia municipal imprescindible para construir una nave próxima al aeropuerto de El Prat.

La Sala de lo Penal sostiene que de la prueba practicada en el procedimiento no se derivan indicios de tráfico de influencias dado que no se aprecia que ejerciera ninguna presión relevante para conseguir torcer la voluntad de la administración.

En auto tras el recurso del abogado de Blanco, Gonzalo Martínez-Fresneda, la Sala de lo Penal afirma que el comportamiento que se atribuye a Blanco de "mediar para convenir una entrevista entre un alcalde [de Sant Boi] y un particular que actúa en interés propio de una empresa sin sugerir ni ofrecer una alteración de la resolución administrativa -la licencia medioambiental solicitada por Azkar- no cubre la tipificidad del delito de tráfico de influencias".

La decisión del Tribunal Supremo tiene como consecuencia que la propuesta de suplicatorio enviada a la Sala por el juez instructor, José Ramón Soriano, quedará sin efecto. En ella, pedía tramitar la petición al Congreso de los Diputados para juzgar al ex ministro. Fue entonces cuando el magistrado descartó un delito de prevaricación.

En la petición del suplicatorio, el juez instructor consideraba "determinante" el cambio de actitud del Ayuntamiento de Sant Boi después de las reuniones de Orozco con el alcalde, el socialista Jaume Bosch, "provocadas por Blanco". Tales reuniones buscaban una solución política al tema (el alcalde no es técnico en la materia) cuando la razón denegatoria de la licencia tenía su base en el incumplimiento de las condiciones técnicas", señala el juez.

"Estos hechos no son subsumibles en el tipo penal de tráfico de influencias", afirma tras este relato de hechos el Supremo, rechazando de manera rotunda la tesis de fiscal e instructor. Según el auto, el ex ministro no ejerció "predominio o fuerza moral" sobre el funcionario responsable y la resolución, finalmente favorable al amigo de Blanco, respondió a "criterios técnicos" y no a ninguna influencia exterior al funcionario responsable.

Tras conocer la decisión el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha mostrado su satisfacción por la noticia y ha recordado que siempre ha creído en la inocencia de Blanco y ha puesto "las manos en el fuego" por él. "Me alegro por él y por su familia", ha añadido durante una rueda de prensa en Santa Cruz de Tenerife, donde ha mantenido un encuentro con el presidente de Canarias, Paulino Rivero, según informa Efe

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EL JUEZ CONCLUYE QUE CDC COBRÓ MÁS DE 5 MILLONES EN COMISIONES A TRAVÉS DEL PALAU

CASO PALAU | Desvío 'a tres banda's a lo largo de una década

Convergència se repartía el 4% de las comisiones con Millet, según el juez

El dinero partía de Ferrovial y llegaba a CDC a través del Palau de la Música

Mantiene imputados a dos altos cargos del partido y otros dos de Ferrovial

Javier Oms | Barcelona

El juez del 'caso Palau' ha concluido al final de su instrucción que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se lucró con hasta 5,1 millones de euros a través de una trama de desvío de fondos "a través de un acuerdo a tres bandas" en la que también participaron la constructora Ferrovial y los máximos responsables del Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull.

En un auto de conclusiones de 47 páginas firmado cuando se cumplen cuatro años del primer registro de la institución cultural por parte de los Mossos d'Esquadra, el juez Josep Maria Pijuan ratifica hasta 17 imputaciones, entre ellas las de Millet y Montull y considera que de las investigaciones realizadas se desprende una trama que habría permitido a CDC cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública.

El juez mantiene así a CDC como responsable civil por el desvío de fondos hacia sus arcas durante prácticamente una década, entre 2000 y 2009. Un sistema de financiación ideado, según el auto, por "altos cargos" de CDC en connivencia con directivos de Ferrovial y con Millet y Montull como intermediadores necesarios y encubridores.

Así, el titular del juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona acentúa la intervención de "al menos", los dos tesoreros del partido Carles Torrent -fallecido en marzo de 2005- y su sucesor en el cargo e imputado Daniel Osàcar, además del ex diputado en el Parlament de Catalunya Jaume Camps, también imputado.

Por parte de Ferrovial también permanecen imputados los dos ex altos cargos Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, responsables de haber abonado las comisiones ilegales al Palau que finalmente acababan en las arcas del partido. Así, el juez concreta que en total CDC recibió 5.187.199 euros de parte de Ferrovial, a cambio de la adjudicación de obras públicas como la construcción de la Ciudad de la Justicia; de varios tramos de la línea 9 del metro de Barcelona; del nuevo pabellón municipal de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y del revestimiento de la acequia Bellet en el margen izquierdo del río Ebro.

El auto de conclusiones del juez especifica el porcentaje de las 'mordidas' que supuestamente se habrían repartido los implicados. Así, en el caso de la construcción de la Ciutat de la Justicia de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, Ferrovial habría pagado una comisión del 4% que, según el juez, se habría repartido en un 3,5% para CDC y un 0,5% para Fèlix Millet y Jordi Montull.

El juez incluye en su escrito el sobreseimiento provisional de 12 de los imputados hasta el momento, entre ellos las hijas de Fèlix Millet, Clara y Laila, su ex secretaria personal Elisabeth Barberà o el responsable de inmigración e CDC Àngel Colom.

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Lea el auto completo (PDF)

elmundo.es

NIURKA MONTALVO DECLARA COMO IMPUTADA POR LOS CONTRATOS CON LA TRAMA "GÜRTEL" EN VALENCIA

La ex secretaria autonómica de Deporte Niurka Montalvo a su llegada al TSJ. | Efe

TRIBUNALES | Fue secretaria autonómica de Deporte

David Serra niega ante juez del caso Gürtel irregularidades en la contratación

El diputado no ha respondido a las preguntas del representante procesal del PSPV

La ex atleta no ha querido hacer declaraciones a su salida del Tribunal

Efe | Valencia

El diputado autonómico del PP David Serra ha afirmado este miércoles, en su declaración como imputado en una pieza separada del caso Gürtel, que, por lo que él sabe, no hubo "ninguna irregularidad en ninguna contratación de Deporte" en los años que él estuvo al frente de la Secretaría Autonómica de Deportes.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación tras declarar durante algo más de una hora en el Tribunal Superior de Justicia valenciano como imputado en la pieza separada número cinco de la rama valenciana del caso Gürtel, que investiga supuestos delitos de prevaricación en contratos con Orange Market, a excepción de los suscritos por la Agencia de Turismo.

Según ha manifestado a los periodistas, su declaración ante el magistrado instructor "ha sido breve y ha ido muy bien", y se ha mostrado "muy contento" con el resultado de su comparecencia, en la que no ha respondido a las preguntas del representante procesal del PSPV.

"Creo que hemos podido ayudar al magistrado y a las partes en la instrucción y evidenciar que, lógicamente, por lo que yo sé, no ha habido ninguna irregularidad en ninguna contratación de Deporte en los años que yo estuve", ha señalado.

Serra es diputado autonómico del PP y actualmente está imputado en otras dos piezas separadas de este mismo caso que investigan supuestos delitos electorales del PP durante 2007 y 2008, años en los que ocupó el cargo de vicesecretario de los populares valencianos.

Se le cita a declarar en relación a las contrataciones relacionadas con el Open de Tenis 2006 que realizó la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte con sociedades de la trama.

Niurka Montalvo ha acudido también a declarar como imputada por los mismos contratos del Open de Tenis, pero en su edición de 2007, y los suscritos para la presentación del Circuito Europeo de Golf 2008, años en los que ocupó el cargo de secretaria autonómica de Deporte.

El calendario de declaraciones de esta pieza dentro de la investigación sobre la supuesta financiación irregular del PPCV incluía también la comparecencia de Joaquín Fernando Tomás Font de Mora, quien fue director del gabinete jurídico de Vaersa.

Tanto Montalvo como Tomás Font de Mora no han realizado declaraciones a los medios de comunicación, a pesar de sus preguntas.

Además

Montalvo: 'Yo no tengo nada que ver con este circo'

La rama valenciana del caso 'Gürtel' | Quién es quién

Imputada otra ex alto cargo por los contratos con 'Gürtel'

elmundo.es

IMPUTADA OTRA EX ALTO CARGO DEL CONSELL POR LOS CONTRATOS CON EMPRESAS DE LA TRAMA "GÜRTEL"

TRIBUNALES | Paula de Cubas

Paula De Cubas fue asesora de prensa con el ex vicepresidente Víctor Campos

Ocupó luego el mismo cargo en las Consellerias de Industria y Turismo

Ha sido citada a declarar como imputada el próximo 23 de julio

Efe | Valencia

El juez que instruye la rama valenciana del caso Gürtel ha imputado a otra ex alto cargo del Gobierno valenciano, Paula de Cubas, en la pieza separada número cinco, que investiga supuestos delitos de prevaricación en contratos con Orange Market, a excepción de los suscritos por la Agencia de Turismo.

De Cubas fue asesora de prensa con el exvicepresidente del Consell Víctor Campos y posteriormente ocupó el mismo cargo en la Conselleria de Industria y en la de Turismo.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Paula de Cubas ha sido citada a declarar como imputada el próximo 23 de julio.

El calendario de declaraciones de esta pieza dentro de la investigación sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular de la Comunitat Valenciana incluye la comparecencia este miércoles como imputados de David Serra y de Niurka Montalvo.

Serra es diputado autonómico del PP y actualmente está imputado en otras dos piezas separadas de este mismo caso que investigan supuestos delitos electorales del PP durante 2007 y 2008, años en los que ocupó el cargo de vicesecretario de los populares valencianos.

Se le cita a declarar en relación a las contrataciones relacionadas con el Open de Tenis 2006 que realizó la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte con sociedades de la trama.

Niurka Montalvo ha sido citada por los mismos contratos del Open de Tenis, pero en su edición de 2007, y los suscritos para la presentación del Circuito Europeo de Golf 2008, años en los que ocupó el cargo de secretaria autonómica de Deporte.

Para este miércoles también ha sido citado como imputado Joaquín Fernando Tomás Font de Mora, quien fue director del gabinete jurídico de Vaersa.

El 16 de julio declarará como imputada Pau Aviñó, quien ocupó un cargo de la Conselleria de Sanidad, en relación con la investigación de supuestas irregularidades en la contratación administrativa de los premios Salud y Sociedad de 2006 y 2007, adjudicados a Orange Market y sociedades vinculadas.

También lo hará el ex secretario autonómico de Familia y Solidaridad Enrique Navarro Alejandro, por su supuesto "papel relevante" en la contratación del acto "Tolerancia cero balance general 2007" entre Orange Market y la Conselleria de Bienestar Social.

El 17 de julio declarará el ex director general de la sociedad pública Vaersa Juan Miguel Bellver, ya que durante su mandato (2004) se contrató con Orange Market la grabación de varios documentales para la realización de una campaña de sensibilización sobre el uso del contenedor amarillo.

Ese mismo día comparecerán como imputados el exdirector de gabinete del Sepiva Enrique Bort y el ex alto cargo de varias Consellerias y extrabajador de la empresa Orange Market, ligada a la red Gürtel, José Manuel Vidal.

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Cronología: La rama valenciana del caso Gürtel

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"CASO MERCASEVILLA"; LA GUARDIA CIVIL DETIENE A UN EX ASESOR DEL ALCALDE MONTESEIRÍN POR PRESUNTO COHECHO

Castaño, oculto bajo una chaqueta, en el coche junto a un agente. | Carlos Márquez

También han sido detenidos su esposa y dos empresarios

Los agentes registran el chalé del ex asesor de Monteseirín en Las Pajanosas

La operación continúa abierta y se podrían producir nuevas detenciones

Castaño pudo haber recibido sobornos por parte de la empresa Fitonovo

También pudo cobrar 300.000 euros en comisiones ilegales en Mercasevilla

El PP dice que la detención es una prueba del 'pasado negro del PSOE'

María Rionegro / Sebastián Torres | Sevilla

La Guardia Civil ha detenido este martes al ex responsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y ex asesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño y a su esposa, la abogada Maria V.S., dentro de una investigación iniciada a raíz de las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla que investiga la juez Mercedes Alaya. La detención se ha producido en el marco de la llamada 'operación Madeja'.

Castaño habría recibido presuntamente sobornos por parte de la empresa Fitonovo, un importante contratista del Ayuntamiento de Sevilla en la etapa del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, según han confiramado a ELMUNDO.es fuentes de solvencia.

La Guardia Civil ha registrado un chalé que la pareja tiene en Las Pajanosas, en la localidad sevillana de Guillena. Además de Domingo Enrique Castaño y su esposa, también han sido detenidos al menos dos empresarios, el directivo de Fitonovo Rafael González Paloma y el administrador de Fiverde, Ángel Manuel Macedo. Además de estos detenidos, hay dos imputados.

La Guardia Civil tambien está registrando la sede de Fitonovo y tiene previsto inspeccionar a lo largo del día el domicilio de Castaño en la calle González Cuadrado de Sevilla, un local de su propiedad y la sede de la sociedad Fiverde, en la calle José Laguillo, además del despacho en el que trabaja la esposa de Castaño.

Una agente conduce a la esposa de Castaño. | Carlos Márquez

'Operación Madeja'

La operacion desplegada hoy deriva de una de las ramas del caso Mercasevilla, en concreto de la investigación por la subasta de un derecho de opción de compra sobre los suelos del mercado adjudicada a Sando. La titular del Juzgado de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, ya había imputado a Castaño en esa investigación, ya que era miembro de la comision ejecutiva y del consejo de administración de Mercasevilla cuando se celebró la subasta y posteriormente fue contratado por la empresa Sanma, participada por Sando, como directivo.

Ahora hay nuevos indicios contra él. Según ha podido conocer este periódico, la investigación del patrimonio de Castaño y su familia por el caso Mercasevilla destapó la existencia de un vehiculo de la marca Audi que habría sido pagado en el concesionario por Fitonovo.

Fuentes consultadas por este periódico han apuntado que las consecuencias de la investigación del patrimonio de algunos de los implicados en la venta de suelo de Mercasevulla y en esta nueva rama del caso Fitonovo pueden ser imprevisibles.

Quinta rama del 'caso Mercasevilla'

Tras esta operación, la juez podría abrir una nueva rama en el caso Mercasevilla, que sería la quinta instrucción después de las comisiones ilegales, la venta "ilegal" de los suelos de la lonja, el delito societario y la gestión irregular de la guardería del mercado central de mayoristas.

La 'operación Madeja' tiene su origen en un atestado elaborado por la Guardia Civil sobre el posible "enriquecimiento sospechoso" de Castaño debido "al elevado gasto realizado en un periodo reducido de tiempo". Hace algunos meses, la magistrada ordenó "profundizar sobre la investigación patrimonial" de Castaño "y de su entorno", todo ello "por si pudiera haberse debido dicho enriquecimiento al pago de algún tipo de comisión ilegal, ya sea dineraria o en especie", y a fin de "confirmar o descartar la comisión de otros delitos distintos de los hasta ahora investigados".

Los investigadores creen que el ex asesor de Monteseirín pudo haber cobrado, supuestamente, unos 300.000 euros en comisiones ilegales por su participación en la venta "ilegal" de los terrenos de Mercasevilla a la compañía filial de Sando Sanma Desarrollos Urbanísticos, que se alzó con la adjudicación a pesar de que en el concurso público concurría una oferta superior por parte del Grupo Noga.

Socios en la caseta de Feria

Fitonovo es una empresa que ha estado muy vinculada al gobierno de Monteseirín. De hecho, durante el último mandato PSOE-IU, esta sociedad recibió al menos 21,7 millones de euros en adjudicaciones del Ayuntamiento de Sevilla. Un dato curioso, es que el dueño de esta empresa era socio de la caseta de feria que se apropió el concejal socialista Alfonso Mir y a la que pertenecía también Domingo Enrique Castaño.

La empresa Fitonovo fue la segunda que más adjudicaciones recibió dentro del Plan 8.000, el fondo anticrisis del Gobierno central de Zapatero para inversiones extraordinarias en los ayuntamientos. Entre marzo y abril de 2009, la empresa resultó adjudicataria de la construcción de once de los doce campos de césped artificial programados en la ciudad dentro de este plan de inversiones y de cuatro contratos para podas de arbolado en los distritos Cerro-Amate, Macarena, Nervión y San Pablo-Santa Justa. Esas 15 adjudicaciones suman 8.172.788,62 euros, pero hay que añadirles otros dos contratos obtenidos por Fitonovo formando UTE con otras empresas. En total, fueron casi once millones.

El delegado de Turismo y responsable de Mercasevilla, Gregorio Serrano, que se encuentra en Bruselas en un viaje de promoción turística, ha asegurado que estas nuevas irregularidades ponen de manifiesto el "pasado negro del PSOE y el cúmulo de corrupciones e irregularidades" que se cometieron en la lonja sevillana. Por ello, confió en que nueva investigación "se haga lo más rápido posible y los sevillanos sepan que pasó en el periodo negro en el que PSOE e IU gobernaron la ciudad".

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Vea las imágenes de la 'operación Madeja'

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LA JUEZ DE LOS ERE IMPUTA A LA EX MINISTRA MAGDALENA ÁLVAREZ

La ex ministra Álvarez, en su comparecencia ante el Parlamento por los ERE. | C. Márquez

TRAMA DE LOS ERE | Nuevas acusaciones

Citado también como imputado el ex interventor que dio la voz de alarma

La magistrada amplía en una veintena el número de encausados

Antonio Salvador / Sebastián Torres | Sevilla

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, ha llamado a declarar en calidad de imputada a la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, que fue consejera de Economía y Hacienda en el Gobierno de Manuel Chaves desde 1994 al 2004. Aún no hay fecha prevista para su declaración.

Álvarez, actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), forma parte de la veintena de personas que la instructora del caso ha imputado en un auto notificado a las partes este martes. Con éstos, son ya cerca de un centenar los encausados por las irregularidades detectadas en la trama de los ERE.

Junto a la ex consejera de Economía y Hacienda, en cuya etapa se firmó el convenio marco que dio pie al nacimiento del 'fondo de reptiles', la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha citado también a declarar en calidad de imputado al interventor general de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez . Gómez Martínez hizo al menos 15 advertencias de que el procedimiento administrativo que se estaba utilizando para pagar las ayudas a las prejubilaciones era irregular, pero no surtieron efecto.

En un auto notificado a las partes personadas en la causa, la juez cita, por otro lado, a declarar al abogado Carlos Leal, del despacho Estudios Jurídicos Villasís, que comparecerá este jueves día 4. Con éste último se cierran las declaraciones derivadas de la denominada 'operación Heracles' que realizó la Guardia Civil el pasado mes de marzo.

Además de los ya citados, la magistrada llamará a declarar como imputados a los ex viceconsejeros José Salgueiro (Economía y Hacienda), Justo Mañas (Empleo), Gonzalo Suárez (Innovación, Ciencia y Empresa) y Jesús María Rodríguez Román (Innovación, Ciencia y Empresa). A estos se suman los secretarios generales técnicos, Javier Aguado y Lourdes Medina (Empleo), Antonio Estepa (Hacienda); los director generales de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera; así como los responsables de la Agencia Idea Miguel Ángel Serrano, Juan Francisco Sánchez, Jacinto Cañete, Pablo Millán, Juan Vela y Antonio Valverde (actual director general de Idea). Por último, serán citados Antonio Lara Revilla y Francisco Mencía, ambos ex directores generales del IFA, y el actual interventor delegado de Empleo, Juan Luque Alfonso.

Todas estas nuevas imputaciones se conocen apenas cinco días después de que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, anunciara su intención de no volver a ser candidato a la Junta y de que pusiera en marcha un procedimiento urgente de primarias para elegir a su sustituto.

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LA AUDIENCIA DE LUGO ORDENA INVESTIGAR POR PREVARICACIÓN AL ALCALDE DE BARREIROS

El Tribunal Superior anuló la legalización masiva de viviendas en el municipio

Xosé Hermida / Pepe Seijo Santiago / Lugo

Alfonso Fuente / XOSÉ MARRA

Al alcalde de Barreiros (Lugo), Alfonso Fuente, del PP, se le acumulan los problemas judiciales por la masiva concesión de licencias de obras —para más de 5.000 pisos en un municipio de 3.200 habitantes— que firmó en 2006 pese a varias advertencias de ilegalidad. Mientras el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anulaba el plan sectorial aprobado por la Xunta para legalizar una buena parte de esas viviendas, la Audiencia Provincial de Lugo ordenaba días atrás reabrir la investigación penal a Fuente tras una denuncia de la organización ecologista Adega, que le acusa de un delito de prevaricación urbanística.

La denuncia de Adega fue sobreseída por el juzgado de Mondoñedo, pero ahora la instancia judicial superior le enmienda la plana y sostiene que hay datos suficientes para realizar una investigación. La Audiencia argumenta en un auto que tanto la secretaria municipal como la Xunta advirtieron de la posible ilegalidad de las licencias de obras y, pese a eso, el alcalde y los miembros de su junta de gobierno autorizaron las urbanizaciones. Además, señala que en el municipio costero se produjo en su momento “un problema de muy considerable trascendencia” ya que el Ayuntamiento dio luz verde a las promociones “pese al conocimiento que se llevó por parte de la Xunta de que no existía infraestructura para dotar a la gran cantidad de edificios y viviendas que se pretendían construir”.

Adega también fue la promotora del recurso que ha logrado que el TSXG anule el plan sectorial con el que la Xunta pretendía legalizar cientos de viviendas en Barreiros y destinar 14 millones de euros a dar servicios a las urbanizaciones. Los ecologistas se felicitaron ayer por una sentencia que “restaura la legalidad urbanística frente a la arbitariedad de la Administración”. “De producirse una legalización por esa vía, sería toda una invitación a municipios y promotores a saltarse la normativa”, señaló Adega, que exige dimisiones de los responsables del Plan Sectorial. AGE personalizó la solicitud de dimisión en el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández. El alcalde de Barreiros se mostró confiado en que la Xunta recurrirá el fallo mientras el portavoz local del BNG, Antonio Veiga, exigió explicaciones al presidente Feijóo como impulsor de la legalización masiva.

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elpaís.com

EL TSJ INVESTIGARÁ LA DENUNCIA CONTRA COSTA POR PREVARICACIÓN Y COHECHO

Juan Climent asume la competencia en este nuevo caso contra el ex secretario general del PP

EP Valencia

La Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se ha declarado competente para investigar una denuncia contra el diputado autonómico y ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, por posibles delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. El instructor del caso será el magistrado Juan Climent.

Esta investigación se remonta a la denuncia que presentó un particular ante la Fiscalía de Castellón contra Ricardo Costa, y ésta se remitió al juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad. Dado que los hechos denunciados habían transcurrido en Valencia, este órgano judicial remitió la causa al decanato de Valencia, según ha informado el tribunal valenciano en un comunicado.

Por reparto, la denuncia recayó sobre el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, quien tomó declaración al denunciante para ratificar la denuncia.

Una vez cumplimentado ese trámite, este magistrado elevó exposición motivada a la sala de lo Civil y Penal del TSJCV porque los hechos afectaban a un diputado que cuenta con aforamiento y, por tanto, su investigación es competencia del tribunal valenciano.

La sala del tribunal valenciano ha aceptado la competencia de la investigación en los términos remitidos por Instrucción 5, y ha nombrado instructor al magistrado Juan Climent.

Ricardo Costa ya está imputado en el caso Gürtel que se instruye en el TSJCV, en concreto, por un delito electoral y otro de falsedad documental, en relación con la presunta financiación ilegal del PP valenciano a través de empresas investigadas en la trama como Orange Market.

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elpaís.com

EL JUICIO A CARLOS FABRA ARRANCARÁ EL 2 DE OCTUBRE TRAS NUEVE AÑOS DE INVESTIGACIÓN

Carlos Fabra, en la Diputación de Castellón en una imagen de archivo. / ÀNGEL SÁNCHEZ

La fiscalía le acusa de delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal

El mismo tribunal que rechazó la acusación de cohecho ha sido elegido para juzgarle

Lorena Ortega Castellón

Carlos Fabra, el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, se sentará en el banquillo de los acusados a partir del próximo 2 de octubre para ser juzgado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales. Lo hará cuando hayan pasado más de nueve años desde que el empresario Vicente Vilar, hasta entonces amigo íntimo, le denunciara y acusara de cobrarle “cantidades millonarias” a cambio de que el expolítico mediara para obtener los permisos para comercializar productos fitosanitarios. Desde entonces, nueve jueces y cuatro fiscales han pasado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules. La Fiscalía Anticorrupción pide penas de hasta 15 años de prisión para el expolítico.

La Audiencia Provincial de Castellón ha puesto ahora fecha para el juicio del exbarón del PP y ha dictaminado los magistrados que le juzgarán: Esteban Solaz (presidente), junto a Pedro Luis Garrido y Aurora de Riego. Los tres magistrados son los mismos que en mayo de 2012 instaron al instructor a anular la acusación de cohecho una vez se había dictado ya la apertura de juicio oral. Son los únicos que quedaban en la Sección Primera después de que el presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez, decidiera apartarse voluntariamente del caso. Su nombramiento revela que ninguno de ellos ha seguido los pasos de Domínguez y no han pedido apartarse.

La decisión de retirar el cohecho llevó al juez Jacobo Pin, titular del juzgado 1 de Nules, a pedir amparo ante el Consejo General del Poder Judicial al ver “perturbaba” su independencia en la instrucción del caso. El Tribunal Supremo revocó el auto y dio vía libre a Pin para que Carlos Fabra fuera también juzgado por este presunto delito.

Solaz también participó en la resolución de un recurso vulnerando las normas de reparto. En dicho recurso también participó Garrido y el presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez. De hecho, Domínguez argumentó en el escrito en el que decidió retirarse voluntariamente del caso Fabra que su relación con el proceso se limitó a formar parte del tribunal que resolvió dicho recurso, del que dijo que “resulta absolutamente inocuo a los fines de preservación de imparcialidad”.

La Sección Primera ha fijado los del 2 al 4 de octubre para el interrogatorio de todos los acusados. Junto a Carlos Fabra se sentarán en el banquillo quien fuera su mujer, María de los Desamparados Fernández; el empresario que le denunció (Vicente Vilar) y su exmujer, Monserrat Vives; y el exsenador Miguel Prim. El juicio se ha dividido en diez sesiones más que se prolongarán hasta el 30 de octubre para la toma de declaraciones de setenta testigos y de varios peritos.

Tras años de instrucción y de recursos, Carlos Fabra se sentará en el banquillo para enfrentarse a una pena de 15 años de cárcel que le reclama la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal.

Será en octubre cuando tenga la oportunidad de responder ante el magistrado por las acusaciones sobre la presunta utilización de su cargo al frente de la Diputación y del PP castellonense para beneficiar a Vicente Vilar (el empresario que le acusó y que también se sentará en el banquillo junto a su ex esposa y la entonces mujer de Carlos Fabra) en la obtención de los permisos necesarios para comercializar productos sanitarios. Vilar le acusó de cobrarle “cantidades millonarias” por estas supuestas gestiones. El expolítico también está acusado de defraudar, junto a su exmujer, 1,5 millones de euros entre 1999 y 2004.

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elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; LA GERENTE DE LA LUZ DE LAS IMÁGENES DEFIIENDE LA LEGALIDAD DE LOS CONTRATOS CON ORANGE

Adjudicaciones a Orange Market

Una funcionaria de Sanidad dice que no oyó nunca la empresa Orange Market

Atribuye a Peset y Batallar la firma de los contratos

Europa Press | Valencia

La gerente de la fundación La Luz de las Imágenes, Carmen Díaz Quintero, ha defendido ante el juez del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que en los contratos firmados con Orange Market S.L. -una de las mercantiles investigadas- no había nada irregular.

Carmen Quintero estaba citada este jueves para declarar, en calidad de imputada, por la pieza 5 del 'caso Gürtel' -en total hay seis-, en la que se investigan presuntas irregularidades en la firma de contratos entre administraciones de la Generalitat Valenciana y empresas de la trama.

La imputada, quien todavía continúa en su puesto de gerente de la fundación, ha estado declarando durante algo más de una hora, y durante el interrogatorio ha defendido -al igual que han hecho otros ex altos cargos imputados en el procedimiento- la legalidad de los contratos y ha reiterado que no había irregularidades.

Según consta en la documentación de la causa, la Luz de las Imágenes suscribió con Orange Market un total de tres contratos por más de 74.000 euros para organizar exposiciones culturales en los Open de Tenis de 2005, 2006 y 2008.

Al respecto, la Intervención General del Estado informó sobre supuestas irregularidades, puesto que solo le constaba una factura sin expediente de contratación, lo que podía llevar a pensar a que los mismos se tramitaran como contratos menores, pese a exceder el límite establecido de 12.020,24 euros.

Una funcionaria

Previamente a Quintero, ha prestado declaración en el tribunal valenciano, en calidad de testigo, una funcionaria de la Conselleria de Sanidad. Su interrogatorio se ha prolongado durante algo más de una hora y media, y ha tenido que responder sobre los contratos suscritos por los 'Premios Salud y Sociedad' en los años 2006 y 2007.

La testigo ha explicado que se encargaba de la sección de negociado, y ha defendido que ni ella ni sus compañeros tienen nada que ver con este asunto. Ha indicado que no firmó nada con ninguna empresa, y se ha sorprendido de que le llamaran a declarar por aparecer sus siglas en algunos documentos.

Asimismo, ha asegurado que no oyó nunca ni recibió instrucciones de nada respecto a Orange Market S.L., y a este respecto ha señalado que los que se encargaban de las contrataciones eran los entonces subsecretarios de la Conselleria, es decir, Rafael Peset en 2006 y Alfonso Bataller en 2007.

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